Venezuela: El desafío Ético-Político

diciembre 12 2018

Venezuela es hoy un titular frecuente en las noticias internacionales, pero como ocurre en situaciones históricas, dichas noticias no dan del todo cuenta de lo que realmente ocurre. No obstante, Venezuela sigue allí evidenciando los signos de su declive, mostrando el mayor colapso económico y socio-político de su historia. A los gritos de protesta extendidos en todo el territorio nacional en demanda de alimentos, medicinas, agua, luz, gas, aseo urbano, respeto a derechos humanos, se suman los lamentos del éxodo de la enorme cantidad de migrantes venezolanos que atraviesa Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Ante el ocultamiento sistemático y la falta de información gubernamental sobre la crisis sanitaria, alimentaria y violación de derechos humanos en el país, distintas organizaciones no gubernamentales y gremios de distintos sectores, así como defensores de los derechos humanos, exponen datos, cifras, testimonios ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)1, quien recomienda al gobierno venezolano aceptar asistencia técnica, proporcionar cifras oficiales que permitan precisar y atender la magnitud de la crisis, que según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI)2 reporta un 81.8% de los hogares venezolanos viviendo en condiciones de pobreza y 9.6 millones de habitantes comiendo dos o menos comidas al día, situación que empeora en un contexto de hiperinflación.

A las diversas sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios gubernamentales, se agrega la petición formulada por Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Francia, Perú y Paraguay ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde abril del año 2014. Dichas denuncias y acciones se suman a distintos llamados, pronunciamientos y resoluciones adelantados por la OEA, Grupo de Lima, Mercosur, entre otras instancias a nivel mundial.

Paralelamente, a estas acciones institucionales, grupos artísticos y figuras del espectáculo global se suman hoy a las denuncias, cuando recién celebraban la “Revolución espectáculo” en el Palacio Presidencial en Caracas, en la pantalla cinematográfica y en las redes sociales.

Venezuela

En vista de esta intensa y extendida movilización nacional e internacional, valdría la pena preguntarse por qué ha resultado tan difícil manejar constructiva y pacíficamente el conflicto político en Venezuela a lo largo de 20 años y el abordaje de la crisis socio-económica que agobia a la población. Las causas estructurales, coyunturales, pero sobre todo el tipo de régimen político de que se trata, podrían ofrecer algunas pistas comprehensivas a estas cuestiones.

El actual régimen venezolano, simultáneamente denominado “estafa populista”, “neodictadura”, “neopopulismo” y/o “neototalitarismo del siglo XXI”, socavó progresivamente la democracia, debilitó sus instituciones mientras construyó su propia legalidad y legitimidad neopatrimonial, a través de sinuosos y variados mecanismos anticonstitucionales.

Yolanda Quijano

Dimensiones ocultas, mixta, 0.50 X 0.35 m.

La Revolución Bolivariana en una creciente militarización de la vida social y deriva mesiánica caudillista, ha estado signada por un corrupto esquema clientelar que permitió enriquecer una nueva élite política, económica y militar, amparada en el viejo modelo rentista del Estado venezolano.

El petroEstado venezolano favoreció el auge y ocaso, tanto de la democracia representativa, como de la Revolución Bolivariana, que perseguía una democracia participativa y protagónica. El modelo de Estado rentista, el papel del petróleo y sus implicaciones en la sociedad venezolana siguen hoy limitando la profundización democrática en el país, y jugando un importante rol en las disputas e intereses geopolíticos a nivel mundial.

Si bien la instrumentalización política de la industria petrolera caracterizó la llamada Cuarta República y fue una constante en la Venezuela rentista a lo largo de su sistema democrático, ha asumido visos extremos en el gobierno bolivariano. El rentismo revolucionario ha empobrecido a la nación y enriquecido a corruptos funcionarios y grupos de poder de la Quinta República. De hecho, recientemente, la Procuraduría General de la República de México3 desmanteló una red con participación de empresarios mexicanos y venezolanos, que vendían alimentos de baja calidad al gobierno de Venezuela, quien los revendía a los sectores populares a un precio 112 % mayor a su costo real, sin modificar un ápice su retórica antiimperialista y anticapitalista, difundida a través de la hegemonía comunicacional oficial.

Adicionalmente, el rol extractivista del Estado-partido en Venezuela se extiende actualmente con megaproyectos en el Arco Minero del Orinoco. Además de las luchas por la extracción y comercialización del oro por parte de compañías nacionales e internacionales, esta megaminería de otras reservas (diamantes, hierro, coltán, bauxita, entre otros) extendida a lo largo de 111.843 kms2 (12 % del territorio), tiene efectos devastadores a nivel socioambiental en poblaciones indígenas y espacios patrimoniales4.

Esta “nueva renta” impacta gravemente la democracia, pues el aparato clientelar de gobierno la despliega en diferentes modalidades de “bonos”, “ayudas”, etc., para coptar o comprar el voto popular, estableciendo una relación de sumisión Estado-ciudadanos, la cual privilegia a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), o a sectores vulnerables de la población, que se ven obligados a aceptar estas prebendas, dada la situación de precariedad en la que viven.

En este contexto, es mucho el malestar social y los sentimientos de indignación, impotencia, incertidumbre, angustia, frustración, dolor, miedo y tristeza. Este profundo impacto psicosocial ha afectado la población, que durante dos décadas ha hecho frente a la arremetida autoritaria y desarrollado diversas formas de resistencia cívica.

Además de las luchas y reclamos cotidianos en distintas regiones del país, un importante ciclo de protestas se registró a partir de abril de 2017. La actual sensibilización mundial frente a la grave situación venezolana, se debe en buena parte a esta rebelión ciudadana, donde miles de ciudadanos se mantuvieron en la calle durante 120 días ininterrumpidos. Dicha rebelión también visibilizó la feroz represión del Estado venezolano que, junto con fuerzas paramilitares, intentó controlar y detener las protestas. El saldo fue de 133 personas asesinadas, un gran número de arrestos arbitrarios, heridos, presos políticos y civiles presentados a juicio en tribunales militares5.

Nuevas violaciones a los derechos humanos y las sospechas en torno a la muerte reciente de un concejal opositor, dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), han elevado el tono de las exigencias de organismos internacionales y la demanda de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente6.

A pesar de la creciente presión interna y externa, de la crisis estructural y humanitaria, de fracturas dentro de la coalición dominante, de una presencia mayoritaria de sectores opositores y de una prolongada resistencia ciudadana, aún no se vislumbran signos de transición democrática en Venezuela.

El gobierno bolivariano niega la realidad, institucionaliza la mentira y arriesga permanentemente una escalada de la confrontación. El presidente Maduro, cuya legitimidad se reconoce únicamente hasta enero de 2019, cuando finaliza su primer mandato alcanzado en elecciones libres y transparentes, busca ganar tiempo a través de llamados al diálogo.

Diálogo enfrentado a varios intentos fallidos, descalificado y negado por la mayoría de los líderes y partidos opositores, inhabilitados, perseguidos e ilegalizados por la represión gubernamental. Diversidad y debilidad opositora, enfrentada en una estéril y profunda división interna.

Venezuela

Paralelamente, la herida colectiva causada por la vivencia prolongada de esta violencia extrema, a nivel político, económico y social, está generando en términos de Freire, un nuevo saber y una acción transformadora en la ciudadanía y en la realidad social. De a poco se produce la recuperación crítica de la memoria histórica, se va definiendo un horizonte común, reconstruyéndose el tejido social, fracturado por el conflicto y la polarización; por el odio, el fanatismo y la intolerancia. La acción ciudadana en Venezuela tiene ante sí su mayor desafío ético-político: rescatar y profundizar la democracia, la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en un modelo de desarrollo posrentista, así como emprender la delicada tarea de la reparación social.

La reparación social, proceso simultáneamente sociopolítico y psicosocial, persigue atender el impacto de la violencia y luchar contra sus causas, incentivando o acompañando iniciativas sobre memoria, verdad y justicia.

Son muchos los aprendizajes derivados de la solución ofrecida a los conflictos políticos en otros países, que permiten defender la tesis que debe ser la propia sociedad en conflicto la que articule y debata las vías para enfrentar los problemas. Todos aquellos procesos gestados de espaldas a la población generan graves costos sociales tarde o temprano. Es necesario reconocer a la sociedad como sujeto fundamental de los cambios. Los actores políticos deberían ser agentes capaces de plasmar en acuerdos esas iniciativas surgidas de la sociedad en conflicto.

Además de los puntos sobre los que habitualmente se pone el acento en las agendas de dialogo, se requiere incluir las prioridades que supone la reconstrucción de una sociedad democrática, que garantice bienestar económico y social a todos los sectores sociales, el respeto irrestricto de los derechos humanos y garantice una amplia participación política y ciudadana.

Sólo un orden político, económico y jurídico más equitativo y democrático puede garantizar una paz duradera y una disminución de la violencia política y social. Sólo un régimen democrático sustentado en valores de diálogo, inclusión y justicia, capaz de construir ciudadanía y una cultura de paz, podrá enfrentar el descrédito de los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de las instituciones, el deterioro del sistema sociopolítico y económico, la militarización de la sociedad, la personalización del poder, los altos niveles de desempleo, violencia y corrupción e impunidad, que caracteriza el actual panorama social, político y económico venezolano.

Se trata pues de asumir el desafío de la convivencia, de ejercer una ciudadanía responsable y crítica comprometida con la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento del Otro, con la creación y preservación de espacios plurales de debate y participación, que garanticen una convivencia pacífica y democrática.

 

1 https://bit.ly/2yylRJq Igualmente, la OPS llama a asumir reformas urgentes para detener la transmisión de enfermedades otrora erradicadas como sarampión y difteria.

2 https://bit.ly/2HjfU7k

3 https://bit.ly/2R5JJsv

4 https://bit.ly/2Bv5OeN

5 Uzcategui, R. comp. (2018). 2017 Año de protesta en rebelión. El Estilete, PROVEA, Espacio Público.

6 https://bit.ly/2AjJIKC

 

 

 

Mireya Lozada Santelis

Mireya Lozada Santelis

Doctora en Psicología por la Université de Toulouse, Francia; Magister en Psicología Social y Licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela.
Mireya Lozada Santelis
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