Trascendencia de la inclusión de los Derechos Humanos en la Constitución

Categoría: El punto es, EPSI08
septiembre 1 2013

A partir de la promulgación, el 10 de junio de 2011, del decreto que modifica la denominación del capítulo primero, y reforma 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, prevalece una amplia coincidencia tanto entre organizaciones sociales de derechos humanos, de la diversidad académica y especializada, como de organismos internacionales, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de su trascendencia, por el impacto que tiene en todas las instituciones del Estado. Constituye un avance en la instrumentación de medidas que hacen plausible el cumplimiento de los tratados vinculantes que México, como Estado parte del derecho internacional, ha aprobado.

Es verdad que la sociedad entera debe conocer, desde las tareas de las dependencias e instituciones públicas y privadas, las bondades de gozar en su cotidianeidad todos y cada uno de sus derechos humanos inscritos en la Carta Magna y en los tratados y normas de derechos humanos. Hay, por lo tanto, una permanente discusión y reformulación sobre cómo debe ser la actuación de quienes están al frente de las instituciones y las dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como de los tres poderes de la Unión, incluidos, por supuesto, los organismos constitucionalmente autónomos de todo tipo.

¿Cómo debe revalorarse diagnósticamente la etiquetación de los recursos de la nación para el logro de políticas inscritas desde la perspectiva de derechos humanos, género y desarrollo humano, para lograr la concreción de la igualdad sustantiva, no discriminación, interés superior de la niñez, así como el fomento de la libertad, democracia, justicia, desarrollo y la paz? La repercusión de la inclusión específica en la Constitución del precepto del Artículo 1 abarca a todo el Estado mexicano; pone énfasis en que los derechos humanos son esenciales a la persona por su condición de humanidad, ningún derecho puede ser cuestionado, menoscabado, limitado, violentado o anulado a ninguna persona, independientemente de su edad, sexo, origen étnico, color de piel, idioma, discapacidad, opinión filosófica o política, credo religioso, preferencia u orientación sexual, cultura, o cualquier otra condición.

En México, su efecto político y ético ha motivado diversas interpretaciones sobre la manera de cómo debe transformarse la actuación del Estado, tomando en consideración los principios rectores fundamentales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación. Todos los derechos son derechos humanos, una consigna que suena bien, que lo mismo caracterizó a la IV Conferencia de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, que los preámbulos de la Declaración del Hombre y Ciudadano de 1789, en Francia, o la Carta de los Derechos, de Estados Unidos en 1791. O más atrás en la historia de la Persia antigua para la liberación de los esclavos, la igualdad racial, o a escoger determinada religión. Los que fueron concebidos como derechos naturales, hoy se inscriben como derechos garantistas, que son concretados por las acciones específicas del Estado para lograr su protección.

Todos los derechos son derechos humanos, por cierto, no solo aquellos que son violentados por acciones emprendidas por agentes del Estado en la detención de quienes presumiblemente cometen un delito, y son señalados por hechos de tortura o malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes; lo que ha dado pie a una de las críticas más severas hacia los organismos autónomos de derechos humanos por su parcial actuación y miopía en el alcance de su responsabilidad constitucional, sin demérito de que estas atrocidades, que cometen autoridades como forma o método, arcaico y deleznable, de interrogatorio en la investigación del hecho imputable son injustificables. Parte del señalamiento de ineficiencia o ineficacia, y parcialidad de las personas responsables de los organismos autónomos de derechos humanos, además de su poca o nula autonomía del gobernante en turno o parlamentarios que les eligen, a quienes en ocasiones les deben estar en el encargo, también lo es que circunscriben sus acciones a recomendaciones que no cambian sustancialmente la actuación de las y los servidores públicos. Por eso, el artículo transitorio séptimo de la reforma en comento hace énfasis en la autonomía de los organismos locales de derechos humanos.

Estas modificaciones, aunadas a todas las normas relativas a los derechos humanos inscritas en la Constitución Política, dan como resultado en todo tiempo y circunstancia que las personas ejerzan sus derechos con la más amplia protección, así como la reparación del daño que pudieran haber sufrido por la violación a los mismos. El avance para que el Estado reconozca violaciones a los derechos humanos ha concretado la promulgación de la Ley General de Víctimas y las posteriores reformas imprescindibles a esta ley para el logro de su implementación. Asímismo, ha motivado que el Senado apruebe reformas a la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, minuta enviada a la Cámara de Diputados que está esperando la conclusión del proceso legislativo.

Para el cumplimiento de los artículos transitorios de la referida reforma constitucional es necesario que se abunde en las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 102 constitucional en materia de investigaciones graves a los derechos humanos, en función de la nueva atribución que se le ha conferido a este organismo autónomo de derechos humanos. De igual forma, es necesario, como lo he señalado, que los organismos de derechos humanos del ámbito local logren plena autonomía fundada en la ley respectiva.

El mandato de los artículos cuarto y quinto transitorios, para expedir leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 sobre suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, y sobre la expulsión de extranjeros, respectivamente, debe cumplirse a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre. Es verdad que el Congreso de la Unión está en falta, respecto al estricto cumplimiento de los transitorios de esta reforma trascendental, que había determinado un año de vacatio legis. Sin embargo, a un año de retraso, es importante señalar que ya se tienen redactadas ambas iniciativas que esperamos presentar conjuntamente con todos los grupos parlamentarios desde el Senado de la República.

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Título: Templos perdidos. Técnica: Ensambles/alta temperatura. Medidas: 123 x 36 cm. Año: 2010.

Es necesario decretar una ley reglamentaria del Artículo 1 para establecer con mayor puntualidad los conceptos y lineamientos, para que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, observando lo que hemos denominado como bloque de constitucionalidad, control difuso de convencionalidad, y la interpretación del principio pro persona característica del primer precepto constitucional. Es indispensable definir en una ley específica la interpretación del bloque de constitucionalidad, como el cuerpo normativo de rango constitucional integrado por normas relativas a los derechos humanos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte, las leyes secundarias, recomendaciones, observaciones y resoluciones de organismos o tribunales nacionales e internacionales, y cualquier otra fuente del derecho nacional o internacional que constituya una unidad integral e indivisible.

El control difuso de convencionalidad es lo que toda autoridad está obligada a realizar para verificar y garantizar la compatibilidad entre su actuación y sus obligaciones convencionales derivadas de los tratados, y considerando un criterio hermenéutico que interprete y garantice la unidad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, a partir de su proceso histórico y evolutivo. Además, es necesario que este criterio hermenéutico se aplique desde un método de interpretación y armonización acorde al bloque de constitucionalidad para favorecer la protección más amplia de las normas relativas a derechos humanos, contenidas o derivadas del derecho internacional o nacional, desde el enfoque del principio pro-persona.

¿Cómo deben concretarse en la vida de cada persona, desde que nace hasta que fenece, cada uno de los preceptos que inscriben la promoción de todos los derechos que le son inherentes a cada ser humano, y de cuya tarea el Estado solo puede regular como va a garantizar su ejercicio? Ese es el gran dilema que debe resolverse en función del buen ejercicio de la política, que sin duda debe sustentarse en la transparencia, honestidad, acceso a la información, eficiencia y rendición de cuentas.

Lograr que cada niño, desde que nace, tenga asegurado amor, nutrición, salud, vivienda, educación, la protección libre de su personalidad, su proyecto de vida, el aseguramiento lo mismo de su patrimonio futuro como de su libertad y seguridad, significa, sin duda, un reto para toda la sociedad. Es aspirar a la utopía como algo que todavía no es.

Lo que nos manda la Constitución ahora es que puntualicemos la utopía en acciones concretas, metodológicamente medibles desde las leyes y desde el ejercicio de la política, desde los cambios sociales y culturales que debemos emprender para la erradicación de estereotipos discriminatorios que impiden esta evolución hacia el bienestar y el desarrollo, simplemente porque nos lo merecemos en función de nuestra dignidad humana.

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Título: Templos perdidos. Técnica: Ensambles/alta temperatura. Medidas: 123 x 36 cm. Año: 2010.

 

 

 

 

 

 

Angélica de la Peña Gómez

Angélica de la Peña Gómez

Senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática. LXII Legislatura.
Angélica de la Peña Gómez
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