¿De qué se ríe, señor presidente? *

Categoría: EPSI16, Otros puntos
enero 1 2015

*En colaboración con Juan Carlos Solís Martínez, Maestro en Derecho penal por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma Metropolitana.

 “…aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde…
después de todo usté es el palo mayor de un barco que se va a pique…
seré curioso señor ministro de qué se ríe de qué se ríe.”

Mario Benedetti (fragmento)

Debemos señalar que escribimos estas notas durante la peor crisis humanitaria que se haya producido en México en los últimos años. La desaparición ―y probable homicidio― de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y la ejecución extrajudicial de 22 personas en el Estado de México, constituyen la rúbrica del nuevo régimen priista. No resulta, sin embargo, una sorpresa que estas situaciones se presenten, dado que toda la política pública tiene su origen en el presupuesto de egresos. A dónde y cómo se gasta el dinero público nos proporciona el indicativo fehaciente, y sin contradicción retórica alguna, respecto a las intenciones de quienes detentan el poder. Y son ellos los que, bajo el argumento de garantizar el derecho humano a la seguridad, construyen un régimen autoritario. Los señalamientos en relación a las violaciones a los derechos humanos que se producen en México hechos por organizaciones nacionales e internacionales, se han quedado cortos, dado que lo que observamos no constituyen hechos aislados, constituyen una política de Estado que involucra a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión, avalados por todas las fuerzas políticas.

La determinación del presupuesto es, entonces, una de las tareas primordiales que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, y es en este acto que convalida todos los actos de gobierno que el Ejecutivo Federal realiza a partir de los recursos financieros con los que cuenta. Es aquí en donde reside la importancia que la discusión presupuestal tiene para el país. No resulta innecesario, por ello, realizar un análisis minucioso del proyecto presentado por el Ejecutivo, dado que en él se contiene el proyecto de Nación que estamos viviendo.

En el caso específico que nos ocupa, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año fiscal 2015, en el rubro de seguridad, que abarca a las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y a la todavía Procuraduría General de la República, corresponde a poco más de $193,270 millones de pesos, es decir, presenta un incremento de casi $11,140 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2014, que respondió al orden de los $182 mil millones pesos. Cabe señalar que, porcentualmente, la dependencia más favorecida es la Secretaría de Marina, pero en términos reales, la que presenta un mayor incremento es la Secretaría de la Defensa Nacional. Llama nuestra atención que, dados los altos índices de impunidad, la Procuraduría General de la República no sólo no presente un incremento presupuestal sino que, al contrario, disminuya su proyecto de gasto en casi $34 millones de pesos, lo cual indica que, sin duda alguna, la garantía del derecho al acceso a la justicia no es una prioridad de este gobierno.

No obstante, quisiéramos comentar primeramente, el caso del proyecto de presupuesto para la Secretaría de Gobernación. Las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública federal, dieron grandes atribuciones a esta dependencia, a las cuáles se suman las que en otras materias se le han otorgado, sólo por mencionar una, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el momento de su discusión, señalamos que no considerábamos conveniente la amplísima concentración de funciones en una sola persona, el Secretario de Gobernación, y que resultaba peligroso para la gobernabilidad democrática que un solo funcionario tuviera bajo su responsabilidad; las funciones de seguridad pública, el Sistema de Seguridad Nacional, de Protección Civil, de Migración, de Población, de atención a víctimas, de la política penitenciaria, atribuyéndole funciones en materia de seguridad interior y convirtiéndolo en un intermediario entre el Presidente y las Fuerzas Armadas. Lo anterior, no obstante que fue propuesta y exigencia de la izquierda mexicana que la policía dejara de estar bajo el mando del secretario de gobernación, porque el antiguo régimen priista la había convertido en una policía política que únicamente se encargaba de perseguir a la disidencia y convertía a los dirigentes sociales en delincuentes organizados.

A pesar de la retórica gubernamental, es menester señalar que la política de seguridad de este gobierno es exacta copia de la implementada en el sexenio anterior. Las fuerzas armadas siguen en las calles; sólo del Ejército, se encuentran desplegados más de noventa mil efectivos en el territorio nacional, sin contar aquellos que atienden los desastres naturales. Las fuerzas armadas han sido expuestas a la infiltración criminal y sufrido un desgaste innecesario porque el gobierno no ha sido capaz de fortalecer las estructuras institucionales de los cuerpos policiacos, que siguen siendo hogar de la criminalidad organizada, debido a la permisividad de los controles de confianza y a los gravísimos niveles de corrupción. Los índices de profesionalización de los elementos policiales son ínfimos y el 70% de los ciudadanos siguen considerando que la inseguridad es su principal problema, según cifras del INEGI, de tal manera que el Ejército se ha convertido, en muchos lugares de nuestro territorio, en el último baluarte del Estado y la gobernabilidad democrática. Eso debería preocuparnos.

En sus delirios de grandeza, Felipe Calderón creó, por decreto, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, cuerpo militar que auxiliaría a las entidades federativas con mayores índices de inseguridad, bajo el mando directo del Presidente de la República y después del Secretario de Gobernación; primero, se decía que contaría con el personal suficiente para hacer afrontar la guerra que se habría declarado al crimen organizado. Desde esta cámara, cuestionamos su constitucionalidad, su propósito y hasta su mando. Enrique Peña Nieto ha creado, con el mismo objetivo, su Gendarmería Nacional, que pasó de cuarenta mil efectivos, según la promesa de campaña, a únicamente cinco mil elementos, no obstante que el gasto público que hemos invertido en este proyecto, desde 2013, asciende a más de seis mil millones de pesos sólo para su creación. Actualmente, la Gendarmería resulta el cuerpo de policía más caro para el pueblo mexicano, ya que estamos invirtiendo en cada gendarme más de un millón de pesos para el próximo ejercicio fiscal, cuando en cada soldado del multihomenajeado y centenario Ejército Mexicano invertimos poco más de trescientos mil pesos al año. La proporción es alarmante, la legalidad cuestionable y hasta ahora, sólo hemos visto los bonitos uniformes en el desfile de la Independencia.

Esta secretaría es la encargada de preservar la gobernabilidad y la democracia. Debemos señalar que, en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2015, esta dependencia ejercerá el setenta por ciento de los más de setenta y siete mil millones de pesos en acciones de seguridad, pública y nacional, acciones coercitivas de persecución del delito y, en cambio, sólo destina el 0.87% de su gasto a la defensa y promoción de los derechos humanos. En este pequeño porcentaje está encuadrada la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuya asignación presupuestal es sólo de poco más de 79 millones de pesos, ¿pretende el Presidente Peña que ésta sea sólo una oficina de trámite y foto publicitaria? ¿Es esta la gobernabilidad democrática que pretende implementar el gobierno federal?

Lo anterior nos conduce a examinar el proyecto de presupuesto para el programa social estrella del Presidente Peña. La primera acción de gobierno anunciada por el entonces presidente electo fue la prevención social del delito que, como programa, en la Secretaría de Gobernación únicamente ocupa el 3.76% del proyecto de gasto. Es decir, de los más de setenta y siete mil millones de pesos que esta Secretaría ejercerá, no dedicarán a este programa ni tres mil millones de pesos. Los programas de prevención de la delincuencia no han dado resultado. Las Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos que, con tanto énfasis, ha promocionado el Presidente Peña Nieto son programas sustantivos que ya existían y que no aportan ningún elemento novedoso en materia de prevención y, muy al contrario, han constituido factores de cooptación política electoral que en nada contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es menester recordar que, no obstante los más de ciento ochenta y dos mil millones de pesos destinados al sector seguridad en el presupuesto federal de 2014, las condiciones de violencia en muchos territorios no han mejorado. El crimen organizado y la delincuencia común siguen siendo quienes gobiernan de facto en muchos lugares de la República Mexicana. La gobernabilidad democrática que nos ofrece Peña Nieto es la violación consuetudinaria de la legalidad, la desaparición de poderes autocrática y la falta de transparencia en el gasto público. Así lo evidencia la creación de una nueva oficina en la Secretaría de Gobernación, la oficina de la comisión para la seguridad y el desarrollo integral en el estado de Michoacán, con una asignación presupuestal de poco más de 154 millones de pesos, más del doble que a la Coordinación Nacional Antisecuestro. Cuestionamos esta decisión cuando se nombró al Comisionado, un poder supra constitucional que agrede la soberanía y la independencia del Estado, estableciendo una desaparición de poderes de facto que no se había visto en ninguna época de la historia de nuestro país. Sin embargo, el descaro presidencial es impresionante. Asignarle dinero público a este acto de autoritarismo resulta, de verdad, impensable, ¿o será ésta una oficina más para la administración electoral del PRI en los comicios del próximo año, a costa de los derechos de todas y todos los michoacanos?

En relación a la Procuraduría General de la República, debemos señalar que la pequeña disminución presupuestal contrasta sobremanera con las amplísimas facultades que pretenden dársele a partir de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En este contexto, debemos recordar que, en el año 2009, la Auditoría Superior de la Federación señaló que “el costo promedio de las averiguaciones previas fue de 63.9 miles de pesos; el del presupuesto ejercido de 10,590,312.0 miles de pesos y el de averiguaciones previas de 166,946.5. El costo de las averiguaciones previas tuvo un decremento de 18.3%, al pasar de 73.7 miles de pesos en 2006 a 60.2 miles de pesos en 2009, pero se debe considerar que la reducción en los costos no necesariamente implica una mejor planeación del gasto, por lo que en el incremento de las averiguaciones previas también influye el comportamiento de los índices delictivos”. Siguiendo la metodología del órgano superior de fiscalización, podemos señalar que:

Relación anual de Averiguaciones previas Salario mínimo vigente, El Punto Sobre la i 16

Relación anual de Averiguaciones previas Salario mínimo vigente.

Lo anterior indica que el número de averiguaciones previas despachadas disminuyó, de 131,471 en el año 2008 a únicamente 109,758 en el 2013, según cifras del II Informe de Gobierno. Si a esto sumamos que únicamente una tercera parte de estas averiguaciones previas termina en la consignación de una persona, esto indica que la justicia en México no sólo es ineficiente, es cara.
En cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional, debemos señalar que, a pesar de los constantes y consistentes incrementos presupuestales del Ramo, aún nos encontramos lejos de poder llevar al Ejército al grado de competitividad que requiere el control de la expansión territorial del crimen organizado y las demás tareas que le han sido encomendadas. Es por lo anterior que resulta muy preocupante la disminución del presupuesto asignado a los programas de equidad de género y al de derechos humanos que, en la actualidad, cuentan únicamente con 143 millones de pesos, de los más de 71 mil millones de pesos del total de recursos asignados a esta Secretaría y que representan el 0.2% de su gasto total, como podemos observar en la gráfica:

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2015- El Punto sobre la i 16

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2015

Aún con ello, debemos indicar que el Ejército Mexicano no es la institución más favorecida proporcionalmente hablando, si nos atenemos al número de elementos que lo integran y al presupuesto que reciben, dado que son los elementos de la Gendarmería y la Policía federal, incluyendo el Servicio de Protección Federal, quienes absorben una mayor cantidad de recursos como podemos ver en la gráfica siguiente:

Presupuesto de la Secretaría de la Defensa de la Nación- El Punto Sobre la i 16

Presupuesto de la Secretaría de la Defensa de la Nación

Costo por elemento Secretaría de la Defensa Nacional- El Punto Sobre la i 16

Costo por elemento Secretaría de la Defensa Nacional

En este sentido, resulta importante señalar que, en las áreas operativas se presentan incrementos que van desde el 3 hasta el 4%, robusteciendo la fuerza del Ejército, principalmente en aquellos lugares de alto conflicto. Es por ello que resulta interesante que las Regiones Militares más favorecidas presupuestalmente sean la II Región Militar (Baja California, Baja California Sur, Sonora), la V Región Militar (Aguascalientes, Colima, Jalisco Nayarit y Zacatecas), la VI (Puebla, Tlaxcala, Centro y Norte de Veracruz) y la XII Región Militar (Guanajuato, Michoacán y Querétaro).

En cuanto a la Secretaría de Marina, no obstante su carácter ambivalente (civil-militar), debemos mencionar que es, justamente, en la parte militar en donde se perciben los mayores incrementos presupuestales, en detrimento de las áreas que pueden proporcionar algún tipo de desarrollo tecnológico, como son las Direcciones Generales de Construcciones Navales y la de Investigación y Desarrollo. Es por ello que llama nuestra atención que el incremento porcentualmente moderado que sufre la URG 116 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales, del 10.05%, pero que, en términos reales representan poco más de 1,410 millones de pesos.

Hemos observado cómo el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2015 privilegia, de manera contundente, las áreas que implementan acciones de coerción, las cuales han duplicado su gasto desde el año 2010 y hasta el 2015, cuando en el mismo lapso, aquellas dependencias encargadas de mejorar el nivel de vida de los mexicanos, aquellas dependencias que debieran garantizar el derecho a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano y a un trabajo digno, sólo lo han incrementado en un 30%, sin considerar los índices de inflación, como lo podemos observar en las siguientes gráficas:

Evolución presupuestal Coerción vs Desarrollo- El Punto Sobre la i 16

Evolución presupuestal Coerción vs Desarrollo

Comparativo coerción desarrollo anual-El Punto Sobre la i 16

Comparativo coerción desarrollo anual

Debido al manejo corporativo, faccioso y electoral de los programas e instituciones federales que garantizan el acceso a derechos, no podemos afirmar que el presupuesto federal se encuentre diseñado como un instrumento de política pública que tienda a la satisfacción y ejercicio de los derechos. Es más, sostenemos que debe propugnarse por un rediseño del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 ya que, de lo contario, estaremos fortaleciendo a las instancias coercitivas del Estado y convalidando las políticas autoritarias que tienden a la conformación de un Estado persecutorio, bajo el falaz argumento de la lucha contra el narcotráfico y el privilegio del respeto y ejercicio de los derechos humanos, estrategia que ―está por demás decirlo― únicamente ha acrecentado los índices de violencia, ya que no atiende las causas fundamentales del crecimiento de este fenómeno, sino exclusivamente su manifestación antisocial, causas que serán abatidas únicamente con justicia social. Asimismo, deben fortalecerse los mecanismos de control del gasto y de erradicación de la corrupción que favorezcan el correcto ejercicio de los recursos públicos. Por último, debe tomarse en consideración que la aplicación del gasto en las instancias garantes de derechos incidiría, de manera directa, en la disminución de los índices delictivos y, por lo tanto, en la disminución de los presupuestos de las instancias coercitivas del Estado.

Los derechos humanos siguen siendo consuetudinariamente violados por las fuerzas de seguridad. Las quejas ciudadanas se incrementaron pero las recomendaciones de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, servil y sin autonomía, se disminuyeron. Los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen sin ser garantizados y el Mecanismo que debe protegerlos no funciona con la prontitud y atinencia que corresponde, por lo cual aún siguen sufriendo de agresiones en contra de su vida y amenazas por motivo de su trabajo, según lo acreditan los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la organización civil Artículo 19. Las prácticas como la desaparición forzada y la tortura son constantes y consuetudinarias de las instituciones de seguridad y la impunidad las cobija. El número de personas desaparecidas es alarmante y no existe una política pública encaminada a resarcir los daños causados a las víctimas. Pero esto no nos sorprende porque ésta es la política del régimen peñista reflejada en el presupuesto.

 

 

Victoria Livia Unzueta Reyes

Victoria Livia Unzueta Reyes

Doctora en estudios políticos europeos y euroamericanos por la Universidad de Turín, It., especialista en temas de seguridad nacional y asesora parlamentaria.
Victoria Livia Unzueta Reyes
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México: Militarismo y Guardia Nacional


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