Repensar el contrato social nuevo acuerdo político para un México multicultural

diciembre 1 2017

México se encuentra en la más difícil etapa de su vida contemporánea; en muchos sentidos parte del conflicto se encuentra en la multiculturalidad de la sociedad. En los últimos años, las reivindicaciones indígenas nos han dejado ver que los grupos más desfavorecidos de la sociedad son aquellos con diferencias étnicas. Es posible decir que en nuestro país, ser indígena es un condicionante para vivir en pobreza. En el mismo sentido, el creciente número de crímenes por feminicidio en la última década nos ha mostrado que aún hay una gran resistencia a los nuevos roles y prácticas de las mujeres en nuestro país. Adicionalmente, los movimientos promotores de la diversidad sexual no han logrado encontrar un espacio de consolidación en una sociedad aún conservadora, y los jóvenes reclaman cada vez con más fuerza políticas públicas que les permitan plantearse un mejor futuro. En resumen, la sociedad mexicana cambió y se ha vuelto plural desde los años setenta. Sin embargo, las instituciones políticas no se han actualizado para hacer frente a los nuevos retos que ello representa.

La falta de acuerdos políticos institucionalizados, en los cuales se definan los pesos y contrapesos que coordinen adecuadamente la repartición de recursos y la toma de decisiones en una sociedad multicultural ha permitido el florecimiento de prácticas que se articulan fuera del orden institucional, dando como resultado un Estado fallido; es decir, que el conjunto de instituciones y reglas no cumplen con el propósito de generar un círculo virtuoso en el cual se reproduzca con éxito la sociedad mexicana. El pacto social se ha desgastado y es momento de firmar un nuevo contrato.

Como resultado de lo anterior, hay quienes han puesto en duda la legitimidad del Estado e incluso su utilidad para garantizar la vida social armoniosa. Es por ello que la intención de este ensayo es mostrar al lector el origen y las bases ideológicas del Estado moderno en el pensamiento de Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau y John Rawls, así como los actuales debates sobre la necesidad de incluir en el contrato social el reconocimiento de las minorías y su representación en los espacios de la toma de decisiones a través de instrumentos como la ciudadanía diferenciada en las novedosas ideas de Iris Marion Young y Nancy Fraser.

Foto de Bernardo Ramonfaur

Las ideas del contrato social

Puede afirmarse que las bases del Estado moderno se encuentran en las ideas del contrato social, las cuales se encuentran encadenadas a dos sucesos esenciales: a) el tránsito del feudalismo al capitalismo y b) la intención de la naciente burguesía de extender su poder hacia la esfera pública. Quizá el hecho citado en segundo término, sea el que mayormente impactó en el desarrollo de las ideas sobre la libertad y la igualdad, que posteriormente constituirían las fortalezas del liberalismo político.

Sobre este punto, es necesario comprender que la naciente burguesía se observó a sí misma como un grupo generador de riqueza que se encontraba asfixiado por los aranceles e impuestos instaurados por las monarquías de ese tiempo. En su punto de vista, ello afectaba el comercio global, por lo que al plantearse un proyecto de expansión económica, fue necesario idear una forma de modificar las regulaciones sobre el comercio. Esto representaba una tarea difícil, debido a que los burgueses no tenían acceso a las decisiones de gobierno. La estrategia fue desmantelar el aparato gubernamental enquistado en la nobleza.

Es necesario recordar que, cada vez que un Rey asumía la Corona, la Iglesia, a través del Papa o sus Obispos, realizaban la ceremonia de investidura en la cual se reconocía la voluntad de Dios sobre el nuevo soberano; ello significaba que ir en contra del Rey era ir en contra de Dios. La burguesía encontró entonces que habría que terminar con aquel discurso de la soberanía divina para arrebatar el poder a los monarcas, y para ello era necesario uno nuevo que fuera convincente y prácticamente incuestionable.

Las bases para la construcción de este nuevo discurso estuvieron en los antiguos reclamos de igualdad y justicia. La burguesía comprendió que habría que sumar a este proyecto a todos los habitantes de los reinos para abrirse paso bajo un nuevo paradigma que les permitiera el arribo al poder. La respuesta que encontraron fue el liberalismo, ideología bajo la cual todos los individuos gozan de una serie de derechos y libertades por igual.

La idea del liberalismo descansa sobre una tesis ampliamente compartida por tres principales pensadores: Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Todos los hombres nacen libres con una potestad sobre los recursos, sobre la tierra; y al darse cuenta de que, en su estado de naturaleza, el riesgo y la incertidumbre es lo permanente, deciden firmar un pacto y ceder esa soberanía a un cuerpo político para garantizar la estabilidad.

El primero en cuestionar el poder divino de los reyes fue Thomas Hobbes, quien, en su gran obra El Leviathan, prácticamente desterró el poder de la Iglesia de los asuntos públicos y de gobierno. Para él, los seres humanos pueden tener un vínculo personal con la divinidad; sin embargo, el gobierno de la sociedad es un asunto que solo le compete a ellos a partir de un acuerdo que se convierte en el acto más racional, como aquel que lo une con Dios mismo, ”Dios es rey de toda la tierra por su poder, pero de su pueblo escogido es rey en virtud de un pacto”.

Hobbes pensó que por derecho natural el hombre apareció en la tierra en igualdad de circunstancias y capacidades, y con la posibilidad de obrar con total libertad, lo cual desencadena el conflicto. A este estado de cosas lo llamó estado de naturaleza, en el cual todos se encuentran en peligro de ser atacados por los otros en sus posesiones y en su vida:

si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y privarle, no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o de su libertad.

Fuera del acuerdo social, es decir del acuerdo civil, todo es un combate permanente por la sobrevivencia, por lo tanto no hay lugar para pensar en la certidumbre, en la tranquilidad y en lo que es justo, el buen vivir.

En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe; donde no hay ley, no hay justicia.

Por ello, la única forma de garantizar la vida es dejando el estado de naturaleza y arribando al estado civil a partir  del acuerdo de todos los que están dentro del conflicto, por lo que el pacto social es el último y único recurso. Este pacto o contrato hipotético contempla la cesión de los derechos ilimitados del estado de naturaleza hacia un cuerpo político para mantener el orden, aparece entonces el Estado en su concepción moderna. Es así que los hombres renuncian a su libertad y potestad sobre los recursos para alcanzar la paz, otorgando la soberanía sobre los recursos al Estado, quien establecerá por medio del uso de la fuerza los mecanismos para alcanzar la paz: “el fin del Estado es, particularmente, la seguridad”.

John Locke, en su obra Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, retomó la idea principal de Hobbes sobre el pacto social como una forma de instaurar la paz entre los individuos; sin embargo, más allá de que la principal tarea del Estado deba ser la seguridad, este debe preocuparse por la preservación de la propiedad privada, en la cual se incluye la vida humana, “aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean a todos los hombres comunes, cada hombre, empero, tiene una ‘propiedad’ en su misma ‘persona’. A ella, nadie tiene derecho alguno, salvo él mismo”.

Sin embargo, es Juan Jacobo Rousseau quien señaló que el contrato social debe tener como fin terminar con la desigualdad generada en el estado de naturaleza y sentar las bases de la justicia. Rousseau, consideró también que el hombre anterior al estado civil se encontraba en una comunidad social no del todo conflictiva pero que podría arribar a la justicia a partir del pacto. “Este tránsito del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, al sustituir en su conducta la justicia al instinto y al dar a sus acciones la moralidad que antes les faltaba”.

En suma, lo que estos tres pensadores plantearon es la creación del Estado moderno con el fin de garantizar la seguridad y bienes de las personas. Podemos decir que tenemos Estado porque necesitamos un cuerpo político que nos gobierne, y para ello renunciamos a nuestras libertades y nos sometemos a las leyes. Como bien afirma Rousseau en el Contrato Social, ganamos perdiendo.

Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar: lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee.

Hasta el siglo XX no se puso en duda la necesidad y legitimidad del Estado, las ideas sobre el contrato social fueron incuestionables. Un Estado que nace de la voluntad general y es refrendado a través de los mecanismos democráticos del voto universal. Sin embargo, hacia los años sesenta el filósofo Político John Rawl reavivó la discusión sobre las bases del pacto; en sus palabras, se había discutido todo pero no se habían sentado las bases morales de la teoría del contrato social.

Foto de Jezael Melgoza

La teoría de la Justicia

John Rawls planteó en su libro Teoría de la Justicia, la necesidad de repensar el contrato social más allá de la lógica instrumentalista; es decir, dejar de verlo solamente como un mecanismo por el cual se evite el estado de guerra y se conserve la propiedad privada; según él, debe haber algo más que nos lleve a seguir refrendando el contrato sucesivamente. Por ello, planteó un imperativo moral que será la justicia, no en términos jurídicos, sino de acceso a los recursos, a los mecanismos de distribución, la justicia social. De esta forma, el Estado debe tener como fin una sociedad justa; y para ello las instituciones jugarán un papel fundamental al determinar los resortes de la distribución. Este acuerdo sobre la distribución de los recursos debe ser acordado al establecer el contrato social, determinando a quién le corresponde más y a quién menos; las desigualdades solo deben estar permitidas cuando favorecen al interés mayoritario.

Esta nueva idea de entender el contrato social fue fundamental en el debate sobre la desigualdad en el mundo, sentó las bases de una nueva discusión sobre la razón de ser del Estado. Posteriormente al trabajo de Rawls, diversos teóricos han discutido la teoría de la Justicia, abonando y criticando sus planteamientos en la búsqueda de una sociedad más justa. En este mismo sentido, dos grandes pensadoras, Iris Marion Young y Nancy Fraser, han señalado que, adicionalmente a la distribución de los recursos, el pacto social debe contemplar mecanismos de reconocimiento de la diversidad cultural y su representación en los espacios de la toma de decisiones. Estos planteamientos rompieron con la idea del igualitarismo, propio de las sociedades liberales, es decir, terminar con la idea de la igualdad jurídica y dar paso a los derechos diferenciados.

Una Teoría de la Justicia en tiempos de pluriculturalidad

Para Iris Marion Young, en el libro Justicia y Políticas de la Diferencia, plantearse una verdadera teoría de la justicia basada en un contrato social, necesariamente obliga a reconocer que en la actualidad existen dispositivos jurídicos que favorecen la dominación y la explotación, los cuales deben ser replanteados; de caso contrario, la teoría de la justicia acaba siendo una teoría de la injusticia.

En principio, Young afirma que debe abandonarse la idea de la igualdad jurídica, que si bien después de la revolución iluminista permitió construir sociedades más equilibradas, también abandonó la realidad de que estas se componen de grupos identitarios que merecen un trato distinto para permitir su reproducción cultural. ”La gente es tratada como individuos, no como miembros de grupo; sus opciones de vida e incentivos deben ser basadas solamente en sus logros individuales”; es el caso de las minorías indígenas, de género, sexuales, raciales y migrantes.

Por ello es necesario proponer un andamiaje jurídico que les reconozca estas diferencias y les ofrezca derechos especiales, ya que al negar la diferencia se permite la desventaja de estos grupos. “Donde existen diferencias de grupos sociales y algunos son privilegiados, mientras otros están oprimidos la justicia social requiere reconocer explícitamente y atender esas diferencias de grupo con el fin de disminuir la opresión” y evitar el asimilacionismo.

Una de las propuestas de Young en su texto Política y Grupos Diferenciados es transitar del concepto de ciudadanía universal al de ciudadanía diferenciada, aquella a la cual la adscripción se da a partir de la identificación de las minorías. “La génesis de estos desafíos se encuentra en un concepto de ciudadanía diferenciada como la mejor manera de realizar la inclusión y participación de todos en una plena ciudadanía”. La ciudadanía diferenciada encuentra lugar en la representación de grupo, es decir, que las minorías deben tener un trato institucional particular para resolver las tensiones causadas por el conflicto derivado de sus diferencias con la población dominante.

Finalmente, Nancy Fraser profesora de The New School for Social Research, en su libro Escalas de Justicia, afirma que si bien Rawls y Young han atendido el tema de la distribución y el reconocimiento, la representación sigue siendo un tema pendiente; es decir, la forma en la que las minorías son representadas en los espacios de la toma de decisiones. La teoría de la justicia debe contemplar el problema de la representación. Para Young las dos primeras dimensiones, distribución y reconocimiento, no pueden garantizarse eficazmente si estos grupos no logran defender sus derechos e intereses.

Cuando no están bien representados dentro de los centros de toma de decisiones, estos grupos minoritarios sufren una especie de desenmarque, es decir están fuera de la esfera de lo político; no existen. Por ello afirma que quedan fuera de la discusión del contrato social, similar a la pérdida de lo que Hannah Arendt llamó «el derecho a tener derechos», ese tipo de desembarque es una especie de «muerte política”. De esta forma el desenmarque, la falta de representación, es la nueva modalidad de injusticia en los tiempos de la globalización.

Conclusiones

Desde el renacimiento hasta nuestros días se ha consolidado la idea de que el Estado es resultado de un acuerdo para proteger la vida y propiedades de las personas. He querido rescatar las raíces teóricas de este planteamiento, debido a que la crisis actual que enfrentamos ha levantado bastantes voces que se cuestionan la existencia y necesidad del Estado mismo.

El México actual, compuesto por distintas etnias, culturas e identidades, requiere de un nuevo pacto social que contemple una forma más justa en la repartición de la riqueza, sobre todo cuando casi el 50% de la población vive en pobreza. Asimismo, es necesario replantearnos nuestro liberalismo igualitario, reconocer que es un modelo que muestra signos de agotamiento que se sostiene entre los alfileres de los Derechos Humanos. Es necesario plantearse esquemas de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como se ha hecho hasta ahora y atrevernos a avanzar hacia esquemas como el de la ciudadanía diferenciada, tal como lo ha planteado Iris Marion Young.

Es necesario pensar un nuevo pacto en el que haya cabida para la ciudadanía indígena, aquella en la que quepa, como en el caso canadiense, un lugar para una Ley India, una Ley de Educación Indígena y ordenamientos que permitan la reproducción cultural de estos grupos. Muchas voces preguntarán por qué los grupos indígenas tendrían que tener derechos distintos al resto de la población; la respuesta halla su razón de ser en que estos grupos ya se encontraban antes del arribo de los europeos en el continente americano y ya contaban con una cosmovisión propia que distaba de la occidental y la cual tienen el derecho a conservar bajo la tutela del Estado.

Foto de Alice Donovan Rouse

Finalmente, los grupos minoritarios como los integrantes de la comunidad LGBTTTI, jóvenes y discapacitados, deben encontrar en el nuevo pacto la representación necesaria para la defensa de sus derechos. Sería muy loable que en las próximas legislaturas se tuvieran mecanismos de discriminación positiva para garantizar una cuota para estos grupos.

 

Bibliografía

Campbell, T. (2002). Justicia: los principales debates contemporáneos. Barcelona: 2002.

 

Fraser, N. (2010). Scales of justice. New York: Columbia University Press.

 

Hobbes, T. (1980) Leviatán, México: Fondo de Cultura Económica.

 

Locke, J. (2000). Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Madrid: Alianza.

 

Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

 

Rawls, J. (2007). Lectures on the History of Political Philosophy. USA: Harvard University Press.

 

Rousseau, J.J. (2010). El contrato social. México: Porrúa.

 

Young, I. M. (2004). Responsibility and global labor justice. The Journal of Political Philosophy: Volume 12, Number 4, 365-388.

 

Young, I. M. (2001). Justice and the politics of difference. Princeton, New Jersey. United State of America: Princeton University Press.

 

Young, I.M. (1989). «Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship.» Ethics, no 99, 250-274.

 

 

Jesús Rivero Casas

Jesús Rivero Casas

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Presidente de la RED de Analistas y Evaluadores de Políticas Públicas, AC.
Jesús Rivero Casas

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