Rentismo, neoautoritarismo y resistencias en Venezuela

junio 1 2017

A juicio de los historiadores, Venezuela contemporánea y su modelo rentista enfrenta hoy su más grave crisis. En medio de la baja de los precios del petróleo, el país que posee las mayores reservas del mismo sufre altos niveles de escasez de alimentos y medicinas, los índices de inflación, violencia e impunidad más altos del mundo1, y la agudización de procesos de polarización que han sido instrumentalizados como mecanismo de dominación política y social.

Sumida en una crisis general, en la anomía y anarquía, Venezuela transita también la consolidación del aparato autoritario y militar en todos los ámbitos; la indolencia, cinismo, represión y control de los gobernantes, frente a las demandas constitucionales de los ciudadanos, y el sufrimiento de la población, atrapado en la lucha entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Nuevamente el Estado petrolero hecho crisis. Ahora en nombre de la llamada Revolución Bolivariana, el rentismo y la práctica autoritaria orientada a intervenir, someter la economía y la opinión pública.

Pero de nuevo, también, el despliegue de novedosos y creativos procesos de resistencia social frente a los desafíos que se plantean a la transición democrática en un escenario post-rentista. De una parte, el cambio de modelo económico, la resignificación y ruptura de lazos simbólicos y alianzas clientelares construidas entre el petro-Estado y distintos actores económicos, políticos y sociales, y de otra parte, la reconstrucción del tejido social fragmentado por la ruptura del imaginario socialdemócrata de la Cuarta República y la polarización político-social de la Quinta República.

Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Veamos…

La convocatoria de una Asamblea Constituyente, aprobada en 1999, constituyó una de las principales promesas de Hugo Chávez al acceder a la presidencia por vía electoral en diciembre de 1998, seis años después de protagonizar un golpe de Estado. La proposición de transformar la desprestigiada democracia representativa en Venezuela en una democracia participativa y protagónica, permitiría alcanzar el poder constituyente fundacional de la Quinta República. En esta propuesta de Quinta República (República Bolivariana de Venezuela), liderada por el presidente Chávez, jugará –al igual que en la Cuarta República– un rol fundamental la instrumentalización política de la industria petrolera. La riqueza del subsuelo quedó atrapada en la lucha hegemónica que se libró entre seguidores y opositores de la propuesta gubernamental, la cual incluyó entre otros eventos, el “paro” adelantado en la petrolera estatal PDVSA, el paro nacional (2002-2003) y el golpe de Estado del 11 de abril 2002.

Después del golpe de Estado y superar el “paro”, Hugo Chávez tomó el control de la industria petrolera y estableció el control de cambios. Progresivamente limitó el poder económico de la empresa privada y el Estado concentró buena parte de la actividad productiva. Paralelamente, inició una agresiva política exterior a partir de los altos precios del petróleo.

A su carisma y liderazgo, se sumó el valor del crudo. Con esos ingresos, manejados con poca transparencia, según denuncias posteriores de sus exministros2, el gobierno inició programas sociales en vivienda, salud y educación, y redistribuyó parte de esta renta a sectores sociales antes excluidos, sin producir transformaciones estructurales que favorecieran la organización política-productiva de la sociedad y profundizara la democracia.

En una diferenciación paradoxal de las experiencias socialistas y revolucionarias a nivel mundial, subrayó formas hegemónicas de un socialismo del siglo XXI, confuso e incierto ideológicamente, cuya deriva mesiánica caudillista ha estado signada por un corrupto militarismo clientelar que permitió enriquecer una nueva élite política y económica.

Capitalismo de Estado en un país con una enorme extensión de recursos naturales y posición estratégica, donde se juegan intereses económicos y geopolíticos mundiales, en medio acusaciones de intervencionismo de Estados Unidos, China, Rusia, Cuba, entre otros.

Hoy, en un contexto de altísima inflación y dramática reducción del gasto social en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la población sufre la escasez de toda clase de productos y debe pagar el sobreprecio de los productos en el mercado negro. El presidente Nicolás Maduro se niega a introducir cambios en el modelo heredado de Chávez y rechaza las recomendaciones de los especialistas, acusando una “guerra económica”, producto de una conspiración nacional e internacional. Trata de ganar tiempo y espera el repunte de los precios del petróleo, mientras otorga a empresas trasnacionales la explotación petrolera y la minería en zonas indígenas, con grave daño patrimonial y al ecosistema3.

Estas decisiones persiguen mantener el poder de la nueva y corrupta élite político-económica, alineándose con mecanismos de dominación internacional, control de mercados y recursos naturales, canalizadas a través de instituciones nacionales y extranjeras.

Paralelamente, en un conflictivo y polarizado contexto social y político a lo largo de estos casi 20 años de Revolución Bolivariana, se fue socavando la democracia y legitimando nuevas formas de autoritarismo en una creciente militarización de la vida social.
La agresión contra la institucionalidad democrática se evidencia en:

-Cambios e irrespeto a la constitución propuesta y aprobada por el mismo gobierno en la Asamblea Constituyente de 1999.

-La alteración de los períodos presidenciales

-La imposición de la reelección indefinida

-El afianzamiento del modelo cívico-militar con vocación hegemónica

-El regreso al estatismo centralista: capitalismo de Estado que deja intacta la estructura liberal del Estado.

-El afianzamiento de un rentismo revolucionario, bajo la retórica del Socialismo del siglo XXI, la lucha antiimperialista y anticapitalista.

-Afianzamiento del populismo clientelar, militar y autoritario, a través de la relación Estado-ciudadanos que privilegia a las personas leales a la revolución y militan en el PSUV.

-La cooptación de los poderes públicos

-Deslegitimación y represión de sectores opositores

-La criminalización de la protesta popular y la disidencia política, que niega la “democracia participativa y protagónica”.

 

Levantando el vuelo, mixta/papel, 87 x 107 cm, 2012., Margarita Chacón

Levantando el vuelo, mixta/papel, 87 x 107 cm, 2012., Margarita Chacón

Los neoautoritarismos que se vienen extendiendo a nivel mundial en las últimas décadas han reemplazado las viejas dictaduras. Así, los nuevos líderes populistas, caudillos pop o políticos asociados a la farándula o al crimen organizado y aclamados por las masas, sustituyen la antigua imagen del “gorila con bota militar”.

Resguardando los revestimientos democráticos mediante ciertas formalidades, los neoautoritarismos erosionan y pervierten desde adentro las ya frágiles instituciones, mientras reacomodan a su antojo el ordenamiento legal y jurídico. Bajo esta nueva modalidad de ejercicio político y poder autoritario, el entramado legal se usa para castigar a disidentes, censurar a los medios, expropiar y comprar empresas, perseguir el pensamiento plural y toda forma de resistencia.

El régimen neoautoritario, que cuida las formalidades democráticas pero subvierte la democracia, puede pasar inadvertido al ciudadano común, porque además de sus sinuosas expresiones en la formalidad institucional, cuenta con un excelente aliado: las palabras, el discurso que seduce, miente y promete falsamente.

Es implacable el ejercicio neoautoritario del gobierno bolivariano en Venezuela durante los últimos años, pero también es mucha la capacidad de resistencia contra el poder que busca doblegar la voluntad y la dignidad de la gente. Diversas y creativas formas de protestas son expresadas por distintos sectores que resisten con fuerza y tenacidad las crecientes formas de autoritarismo y militarismo en Venezuela.

A lo largo de casi dos décadas, se han expresado diversas formas de resistencia social y política, donde destacan las masivas acciones emprendidas en 2007 por sectores de jóvenes y estudiantes en contra del cierre del canal de TV: RCTV, así como las masivas protestas de sectores de oposición convocados por el llamado a “La salida” en febrero 2014. Dicha oposición ha ido expresándose electoralmente, hasta llegar a la nueva correlación de fuerzas que logra una mayoría en los comicios parlamentarios el 6 de diciembre de 2015.

Además de las múltiples expresiones de protesta social, el Referéndum Revocatorio a la presidencia de Nicolás Maduro, durante el año 2016, se convirtió en una cruzada por el rescate de la democracia, tanto de sectores opositores, como por grupos disidentes y voceros críticos del chavismo, quienes fueron superando los obstáculos y artificios legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El referendo, concebido como una forma de resolver electoral, constitucional y pacíficamente el conflicto que vive el país, fue paralizado el 20 de octubre de 2016, por una decisión judicial. Igualmente el CNE también anunció, sin dar explicaciones, que las elecciones regionales, que debían convocarse a finales de año, se harían al final del primer semestre de 2017, y aún no han sido convocadas.

Una nueva escalada del conflicto y de extendidas protestas sociales se produce a principios de abril de 2017, a raíz de las decisiones judiciales emanadas de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) referidas a la supresión de la inmunidad parlamentaria, de la auto atribución de dicho tribunal de las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN) debido a una supuesta situación de «desacato»4 y de la ampliación de poderes y facultades constitucionales al presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció en contra de dichas sentencias, asegurando que el texto «evidencia varias violaciones al modelo constitucional. Las sentencias del TSJ constituyen una ruptura del orden democrático constitucional», afirmó5. Adicionalmente, en el mismo período, la Contraloría General de la República inhabilita por 15 años al líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski y amenaza con cárcel y apertura de juicios a otros dirigentes opositores.

En el marco de las manifestaciones en contra de estas sentencias y decisiones judiciales, se ejerce una brutal represión policial y militar produciendo un número creciente de detenciones, heridos y muertes6.

El tan temido desborde colectivo, rastros del imaginario del Caracazo de febrero de 1989, empezó a mostrar su expresión en estas manifestaciones de abril, que expresan un sentido malestar y hartazgo social. Las mismas, resisten y se amplían, cobijadas o no en el liderazgo de los partidos de oposición, cuya credibilidad disminuyó sensiblemente luego del fracaso del diálogo adelantado por el Vaticano y mediadores internacionales a finales de 2016, donde distintas voces acusaron al gobierno de usarlo para ganar tiempo sin cumplir los acuerdos, y a la oposición de falta de estrategias, asesoría en mediación y unanimidad de criterios internos.

Tal vez la apuesta de este movimiento emergente, de este quehacer político que va tomando expresión en todas las regiones del país y distintos sectores políticos, movilice la conciencia ética de la sociedad contra la impunidad, la corrupción, el militarismo, la violación de los derechos humanos, e impulse y presione la búsqueda de salidas pacíficas y democráticas a la crisis.

Ello contribuirá igualmente, a superar resistencias y dificultades en el desmontaje de prácticas autoritarias e institucionalización de nuevas exclusiones que niegan tanto la democracia representativa como la participativa-protagónica, a la par de hacer seguimiento a los procesos de conciliación, diálogo y negociación, que favorezcan el reconocimiento del Otro desde visiones inclusivas no antagónicas.

Solo en democracia, desde su crítica y profundización pueden favorecerse los procesos mediadores y consensos sociales que reconozcan las diferencias sociopolíticas y el abordaje colectivo de la compleja problemática confrontada. Ello supone favorecer procesos de despolarización, reconstrucción del tejido social y el desarrollo de programas de reparación social que ofrezcan apoyo a las víctimas y garantías de no repetición en la lucha por la justicia, contra la impunidad y la superación de las causas estructurales de los conflictos y violencia política.

Asimismo, el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva del conflicto ofrecerá miradas más amplias y comprensivas de distintos grupos y sectores políticos, al margen del esquema maniqueo de la polarización. Dicha memoria nos permitirá ahondar en la discusión sobre el tema democrático-constitucional, la pérdida progresiva de los derechos fundamentales y la negación de la pluralidad de lo social, en el marco de formas autocráticas y plebiscitarias de aclamación a líderes que dicen reivindicar el pueblo o la patria. Ella también permitirá constatar, con mirada crítica, la vigencia de la misión redentora y libertaria de Bolívar sacralizado en la sociedad venezolana, así como la instrumentalización política de la “teología bolivariana” y el patetismo en torno a su culto, destacado por Castro Leiva.7

En fin, todo el país construyendo las condiciones que permitan resignificar el imaginario democrático como proyecto participativo e inclusivo, sentido y compartido por distintos sectores sociales y políticos en Venezuela.

Mireya Lozada Santelis

Mireya Lozada Santelis

Doctora en Psicología por la Université de Toulouse, Francia; Magister en Psicología Social y Licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela.
Mireya Lozada Santelis
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