Renta básica incondicional: su justicia y su viabilidad

mayo 23 2018

La renta básica (RB) es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Es una propuesta formalmente laica; se percibiría, en efecto, independientemente del sexo al que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la religión que se profese (si alguna) y de la orientación sexual que se tenga. Palabra clave: incondicional.

Desde que empezó a discutirse hace ya más de 30 años entonces en ambientes casi exclusivamente académicos, la RB tuvo que superar dos decisivas cuestiones: ¿es justa? y solamente en caso de responder afirmativamente a esta pregunta, entonces ¿es viable?

Si hace 30, 20 y aun 10 años la RB era una propuesta proporcionalmente muy poco conocida, desde hace no más de tres años ha obtenido la atención creciente de medios de comunicación, activistas sociales, partidos políticos y académicos. En este artículo voy a exponer estas tres cuestiones: la justicia, la viabilidad y las razones de esta “explosión” de la RB.

Justicia

Actualmente son varias las teorías de la justicia liberales que han intentado justificar la RB. Pero la que me interesa no es la justificación liberal académica sea del tipo propietarista, igualitarista o cualquier otra variante. Como partidario de la más de dos veces milenaria libertad republicana, voy a exponer brevemente en qué consiste esta longeva tradición, y la justificación de la RB a partir de ella.

El republicanismo es una tradición de más de dos mil años. Y ha encarnado en realidades muy diferentes y con autores muy alejados históricamente. Nombres que se han asociado al republicanismo antiguo son, en la versión democrático-plebeya, los de Efialtes (?-461 a.n.e.1), Pericles (495-429 a.n.e.), Protágoras (485-411 a.n.e.) o Demócrito (470/460-370/360 a.n.e.); en la versión antidemocrática, los de Aristóteles (384-322 a.n.e.) o Cicerón (106-43 a.n.e.), si bien este último es un representante extremo de la concepción oligárquica, constatación que ni mucho menos puede hacerse de Aristóteles. Estas dos grandes variantes aparecen también en el mundo moderno. La variante democrática aspira a la universalización de la libertad republicana y a la consiguiente inclusión ciudadana de la mayoría pobre, e incluso al gobierno de esa mayoría de pobres. La antidemocrática pretende la exclusión de la vida civil y política de quienes viven por sus manos y el monopolio del poder político por parte de los ricos propietarios. Algunos nombres que deben relacionarse, aunque muchas sean las diferencias entre ellos, con el renacimiento moderno del republicanismo son, entre otros, los de Marsiglio de Padua (? -1342), Maquiavelo (1469-1527), cierto Montesquieu (1689-1755), John Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778), Kant (1724-1804), Adam Smith (1723-1790), Jefferson (1743-1826), Paine (1737-1809), Madison (1751-1836), Robespierre (1758-1794) y Marx (1818-1883).

La tradición republicana democrática hay que buscarla en la Atenas posterior al 461 antes de nuestra era. Allá triunfó el programa democrático revolucionario del mundo clásico de los pobres libres que podemos resumir en: 1) la redistribución de la tierra; 2) la supresión de la esclavitud por deudas; y 3) el sufragio universal acompañado de remuneración suficiente (misthón) para los cargos públicos electos. Importante es señalar que, para los griegos, la democracia significaba el gobierno de los pobres (libres). Recuérdese que la democracia ática llegó, después del -461, a conceder igual libertad de palabra en el ágora (isegoria) a las mujeres y a los esclavos.

Cualesquiera que sean sus diferencias en otros respectos, todos los autores citados comparten al menos dos convicciones. Una: que ser libre es estar exento de pedir permiso a otro para vivir o sobrevivir, para existir socialmente; quien depende de otro particular para vivir, es arbitrariamente interferible por él, y por lo mismo, no es libre. Quien no tiene asegurado el derecho a la existencia por carecer de propiedad, no es sujeto de derecho propio, sui iuris, vive a merced de otros, y no es capaz de cultivar ni menos de ejercitar la virtud ciudadana, precisamente porque las relaciones de dependencia y subalternidad le hacen un sujeto de derecho ajeno, un alieni iuris, un alienado.

Y la otra: que sean muchos (democracia plebeya) o pocos (oligarquía plutocrática) aquellos a quienes alcance la libertad republicana, ésta, que siempre se funda en la propiedad y en la independencia material (o el “derecho a la existencia”) que de ella deriva, no podría mantenerse si la propiedad estuviera tan desigual y polarizadamente distribuida, que unos pocos particulares estuvieran en condiciones de desafiar a la república, disputando con éxito al común de la ciudadanía el derecho a determinar el bien público. Como famosamente observó Maquiavelo, cuando el grueso de la propiedad está distribuido entre un puñado de gentilhuomi (de magnates), no hay espacio para instituir república alguna, y la vida política sólo puede hallar alguna esperanza en la discreción de un príncipe absolutista.

La tradición republicana oligárquica (y antidemocrática) se negó, por distintos motivos, a universalizar la propiedad. El republicanismo democrático y no democrático (u oligárquico) comparten la perspectiva de que la propiedad es condición de libertad. Sin embargo, así como el republicanismo no democrático sostiene que los no propietarios deben ser excluidos de la ciudadanía, el republicanismo democrático defiende que deben asegurarse los medios para que toda la ciudadanía sea materialmente independiente.

La propiedad, como ya debe resultar obvio, es fundamental para la tradición republicana. La definición de propiedad que hoy ha triunfado y sobre la que muchos filósofos y políticos liberales y libertarianos han construido su cuerpo doctrinal fue la que en el siglo XVIII William Blackstone caracterizó como “el dominio exclusivo y despótico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con exclusión total de cualquier otro individuo en el universo”. El liberalismo la hizo suya. Esta concepción es sólo una de las formas históricas de la propiedad, pero de gran importancia puesto que constituye la base de gran parte de los Códigos civiles actuales. Y tiene sus orígenes remotos en el derecho civil romano. Pero no ha sido, volvamos a repetirlo, la única forma histórica de propiedad. Otra forma es la propiedad entendida como “control” sobre el recurso poseído, control que confiere independencia material. Este es la forma de propiedad que interesa al republicanismo. En esta tradición, la independencia que confiere la propiedad no es un asunto de mero interés propio privado, sino de la mayor importancia política, tanto para el ejercicio de la libertad como para la realización del autogobierno republicano, pues tener una base material asegurada es indispensable para la propia independencia y competencia políticas.

Compárese la concepción de la propiedad “despótica y excluyente” de Blackstone con la de un republicano eminente, Robespierre, para el cual para establecer la legitimidad de la propiedad proponía los siguientes artículos:

Art. 1. La propiedad es el derecho que tiene cada ciudadano de disfrutar y disponer de la porción de bienes que le garantiza la ley.

Art. 2. El derecho a la propiedad está limitado, como todos los demás, por la obligación de respetar los derechos ajenos.

Art. 3. No puede perjudicar ni la seguridad, ni la libertad, ni la existencia, ni la propiedad de nuestros semejantes.

Art. 4. Toda posesión, todo tráfico que viole ese principio es ilícito e inmoral.”

El republicanismo gira en torno a la idea, central en dicha tradición, de que los individuos no pueden ser libres si su existencia material no se halla garantizada políticamente.

Una RB es la mejor forma, en las sociedades contemporáneas, de garantizar la existencia material al conjunto de la población, de acuerdo con el ideario del republicanismo democrático. La independencia, la existencia material, la base autónoma (son expresiones aquí perfectamente permutables) que confiere la propiedad es condición indispensable para el ejercicio de la libertad. De ahí la idea sugerida por parte de los defensores republicanos de la RB: “universalizar la propiedad”. Universalizar la propiedad debe entenderse de forma metafórica. O reconvertir la propiedad de la concepción blackstoniana a la robespierrista: no como “dominio exclusivo y despótico” sino de manera que “no pueda perjudicar ni la seguridad, ni la libertad, ni la existencia, ni la propiedad de nuestros semejantes”. Con otras palabras: universalizar la propiedad debe ser entendido aquí de forma equivalente a garantizar a toda la población la existencia material. Tal como se ha mostrado, el republicanismo democrático se halla fuertemente comprometido con la causa de la independencia socioeconómica de los individuos. Su objetivo principal es la garantía de que éstos sean independientes tanto de la caridad –pública y privada– como de la posible arbitrariedad de los llamados “empleadores”, es decir, de los propietarios.

¿Cuáles son las esferas de libertad (republicana) que una RB podría abrir? Solo la independencia material que se lograría a través de una RB daría a la mujer mayores posibilidades reales para liberarse de no ser dominada por su marido o amante, que con frecuencia es su agresor. La independencia económica que se alcanza con una RB puede actuar como una suerte de “contra-poder” doméstico capaz de modificar las relaciones de dominación y subordinación entre sexos e incrementar el poder de negociación de las mujeres en el hogar, especialmente el de aquellas que dependen de sus compañeros o que perciben rentas muy bajas provenientes de empleos discontinuos o a tiempo parcial. Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a los jóvenes elegir rechazar un salario bajo o un empleo precario. Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a la persona sin empleo optar por cierto trabajo no remunerado que pudiera aportar beneficios a la sociedad y, así, evitar el estigma social que conlleva el estar percibiendo el subsidio de desempleo –cuando lo hay–. Sólo la independencia material que se lograría a través de una RB permitiría a un trabajador asalariado elegir entre un abanico más amplio de empleos, quizás alguno de ellos más gratificante o mejor pagado. La independencia material, pues, incrementa la libertad, lo que sugiere que una RB suficientemente generosa, al universalizar un grado de independencia significativo, ensancharía el espacio para el goce de relaciones sociales en un contexto de ausencia de dominación.

Es oportuno insistir en el análisis de todas estas consideraciones en relación con la realidad de los trabajadores asalariados. La RB, al conferir a los trabajadores un mayor poder de negociación –o, dicho en términos más drásticos pero quizás más precisos, un mayor poder de resistencia frente a las repetidas agresiones por parte de los “empleadores”–, les permitiría enfrentarse a los procesos de negociación laboral con mayores posibilidades de lograr sus objetivos, o una parte de los mismos. En efecto, parece evidente que a los trabajadores les resultaría más fácil –y más seguro– amenazar con abandonar la negociación si tuvieran unos recursos económicos a su disposición. Es sabido: la capacidad para realizar amenazas creíbles presenta una alta correlación positiva con el poder de negociación de los agentes. En suma, parece razonable pensar que la seguridad en los ingresos monetarios lograda a través de una RB permitiría que los trabajadores no se viesen forzados a aceptar cualquier tipo de oferta de empleo. Michal Kalecki, que mantuvo una relación intelectualmente muy estrecha con otros grandes economistas como Joan Robinson, Piero Sraffa, John Maynard Keynes, entre otros, que realizó importantes contribuciones a la teoría del ciclo económico, se refirió al “efecto disciplinador” del desempleo. Este autor aseguraba que cuanto más nos apartamos del pleno empleo más aumenta el efecto disciplinador de la fuerza de trabajo. A mayor vulnerabilidad en las posibilidades de perder el puesto de trabajo, mayor es la disposición a aceptar el empeoramiento en las condiciones laborales, no sólo salariales. Una situación como la que podemos constatar a mediados de 2018 con una experiencia de varios años de deterioro de las condiciones de vida y trabajo de gran parte de la población. Se dispara este efecto disciplinador al que se refería Kalecki: la alternativa de quedarse sin empleo siempre es peor a la de aceptar condiciones de trabajo cada vez peores. Incluso algunos economistas han llegado a justificar esta situación afirmando tan pimpantemente que “peor que tener un mal trabajo es no tener ninguno”. Con una RB, el efecto disciplinador al que se refería Kalecki quedaría enormemente debilitado cuando no cortado de raíz. Efectivamente, el poder de negociación de la clase trabajadora aumentaría con una RB. Muchos trabajadores se sentirían más protegidos que ahora para negarse a aceptar condiciones de trabajo que se han llegado a calificar de semiesclavas.

La RB, pues, podría actuar como una suerte de caja de resistencia sindical. De este modo, desde el momento en que la salida del mercado de trabajo resultara practicable, las relaciones laborales se mostrarían menos coercitivas. Así, la seguridad en los recursos económicos capacitaría a los individuos, primero, para rechazar de forma convincente y efectiva situaciones alienantes, lo que implicaría un descenso de los niveles de dominación; y, segundo, para planificar y llevar a la práctica formas de organización del trabajo alternativas, lo que, a la postre, se traduciría en mayores grados de autorrealización.

En otras palabras, la seguridad de los recursos económicos capacitaría a los individuos para rechazar, en determinadas circunstancias –y de acuerdo con los propios deseos–, lo que el derecho civil romano dio en llamar locatio conductio operarum. El derecho civil romano hacía una clara distinción entre dos tipo de contratos de trabajo: la locatio conductio operis y la locatio conductio operarum. El primero era un “contrato de obra” por el que un particular contrataba a otro particular –un orfebre, por ejemplo– para que realizara una labor que se especificaba en el contrato. El segundo era un “contrato de servicios” por el que un particular contrataba a otro particular para que, durante un indeterminado período tiempo, el segundo realizara las actividades indeterminadas que el primero quisiera encomendarle. La locatio conductio operis se veía como un contrato que republicanamente en ningún caso ponía en peligro la dignidad del trabajador, porque establecía que éste se limitaría a realizar el servicio que razonablemente podía ofrecer de acuerdo con las particulares calificaciones que poseía las propias de unorfebre o de un tintorero o de un curtidor–: el contrato se realizaba, pues, entre hombres libres. En cambio, la locatio conductio operarum ponía en cuestión la idea misma de libertad. En efecto, este segundo tipo de contrato se consideraba indigno de hombres libres –y se veía como el signo de la pérdida de su libertad– porque conllevaba que un particular se hiciera dependiente de otro particular durante cierto período de tiempo. De ahí que Aristóteles considerara que el “obrero manual” estaba bajo una “servidumbre limitada”. Así, el que un individuo pusiera a disposición de otro individuo su fuerza de trabajo para lo que el segundo quisiera disponer significaba incurrir en una relación de dependencia que la tradición republicana no podía sino condenar.

Resulta interesante observar en este punto que fue el propio Cicerón, un republicano oligárquico sin fisuras, quien, en su De Officiis, aseguró que la disponibilidad general, por parte de un individuo, de la fuerza de trabajo de otro, unida al salario por ello satisfecho, constituye un auténtico título de servidumbre. Y resulta también altamente reveladora la similitud del enfoque (republicano, sin duda) del John Locke del Second Treatise on Government, de 1690, con respecto al de Aristóteles y Cicerón: “Un hombre libre se hace siervo de otro vendiéndole, por un cierto tiempo, el servicio que se compromete a hacer a cambio del salario que va a recibir”.

El auténtico sentido político de una medida como la RB radica, pues, en el reconocimiento de la existencia de relaciones de poder que siembran toda la vida social –las relaciones de poder que explican la “decisión” por parte de los trabajadores de firmar “contratos de servicios”, aunque actualmente diríamos con más propiedad cualquier tipo de contrato de mierda– y en la concesión a la parte más débil de dichas relaciones de los recursos necesarios para poder hacer frente con solvencia y en condiciones de (mayor) igualdad el proceso de toma de decisiones con respecto a los planes de vida propios.

Viabilidad

A finales de 2017 publiqué con Jordi Arcarons y Lluís Torrens un estudio (La renta básica incondicional, una propuesta racional y justa. Serbal, 2017) sobre cómo se podría financiar una RB en el Reino de España. Un brevísimo resumen es el siguiente.

Los resultados están basados en una muestra de casi dos millones de liquidaciones o perceptores de rentas del trabajo o asimiladas no declarantes pero retenidas por el IRPF. Los datos de esta muestra fueron cedidos por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La RB que pretendemos financiar es una asignación monetaria incondicional a toda la población: ciudadanía y residentes acreditados. Todo miembro de la ciudadanía y toda persona residente acreditada recibiría esa cantidad monetaria incondicionalmente. Los criterios que queríamos que cumpliese la propuesta fueron los siguientes:

1) Que la implantación de la RB se autofinancie, es decir, que no genere un déficit neto estructural.

2) Que su impacto distributivo sea muy progresivo.

3) Que más del 50 % de la población con menos ingresos gane renta neta respecto a la situación actual.

4) Que los tipos impositivos reales o efectivos tras la reforma del modelo (es decir, una vez considerados no sólo los nuevos tipos nominales del IRPF, sino también el efecto de la RB) no sean excesivamente elevados.

Además, el modelo econométrico y el microsimulador que diseñamos para analizar los resultados se sustenta en los siguientes criterios:

1) La cantidad de RB transferida es igual o superior al umbral de riesgo de pobreza. Garantiza pobreza cero en términos estadísticos para toda la ciudadanía.

2) La RB transferida no está gravada por el IRPF.

3) La RB transferida sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior y hasta esa cantidad.

4) La RB transferida deberá ser complementada, cuando sea inferior a la prestación pública monetaria.

5) La RB transferida no debe suponer la detracción de ningún otro ingreso público por la vía del IRPF. O dicho a la inversa: el modelo deberá financiar lo que ya se financia actualmente (sanidad, educación… y todas las otras partidas de gasto público), además de la RB que se propone.

La cantidad de RB para los mayores de 18 años es de 7 mil 471 euros anuales (622.5 euros mensuales), para los menores de edad es el 20% de la anterior (124.5 euros mensuales). Los 622.5 euros mensuales era el umbral de riesgo de pobreza del Reino de España para el año 2010 (cálculos más recientes para el año 2017 no hacen variar excesivamente las conclusiones).

Los resultados muy resumidos de nuestro estudio de financiación, a partir de las especificaciones mencionadas, se pueden esquematizar de la siguiente manera:

Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en el Reino de España de 7 mil 471 euros al año, y de mil 494 euros al año para los menores de edad.

Un porcentaje superior al 80% de la población total saldría ganando con la reforma. El 20% más rico sería la parte de la población que saldría perdiendo. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7 mil 471 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos en el resto de la población.

Hay que insistir que la financiación de esta propuesta de RB se concreta mediante una gran redistribución de la renta, no mediante creación de masa monetaria ni deuda. Se produce transferencia de renta del 20% más rico al resto de la población. El efecto más visual de esto es que se consigue una drástica reducción de la desigualdad de renta: el índice de Gini disminuye más de 11 puntos, situándose en el 0.25, un nivel muy similar al de los países escandinavos.

¿Financiar la RB es cara? Para algunos partidarios de la política económica mainstream lo es, y extraordinariamente desconcertante sería que no lo fuera. Para aquellas personas que consideran que la izquierda solamente debe hacer propuestas que no suponga nada que pueda ser sospechoso de radicalismo, la RB no es nada agradable o, a lo sumo, un proyecto a muy largo plazo que no compromete a nada más allá de algún brindis al sol según exijan las razones de oportunidad del momento. Permítaseme solamente una curiosidad: el porcentaje del PIB del Reino de España que se estima en paraísos fiscales es del 12%2. Es decir unos 171 mil 585 millones de dólares en el año 2017. Venezuela bate récords: 65%, el segundo país del mundo. Si el PIN nominal de Venezuela fue de 215 mil 307 millones de dólares estadunidenses, significa que estamos hablando de 139 mil 949 millones de dólares. Y en México un 7% del PIB, lo que significa 2 mil 478 millones dólares. Una barbaridad. El estudio mencionado concluye que la mayor parte de estas fortunas en los paraísos fiscales corresponde al 0.01% más rico.

¿Nos hacemos a la idea de lo que decimos cuando afirmamos que financiar la RB es “cara”? Algo que sería deseable que respondieran los que aseguran que es cara: El coste de no implantar la RB, ¿no es caro?

Razones de la “explosión” de la RB

Son varias las razones de que, desde hace aproximadamente unos tres años, la RB haya obtenido la atención creciente de medios de comunicación, activistas sociales, partidos políticos y académicos. Expondré solamente algunas.

1. El fracaso de los subsidios condicionados.

Para ser precisos, por fracaso debe entenderse la diferencia entre lo que pretendían y lo que han conseguido estos subsidios condicionados. Hay quien se siente muy molesto con esta crítica porque considera que los subsidios condicionados “han hecho mucho”. Sí, no se trata de negar una evidencia. Comparados con no tener nada está muy bien tenerlos. Pero eso es trivial. El punto realmente interesante es: los subsidios condicionados han mostrado sus limitaciones que son muy grandes. ¿Qué limitaciones? Muchas, solamente apuntaré tres, por otra parte muy conocidas.

La primera es la trampa de la pobreza. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la RB funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. Por cierto, se observará que indirectamente relacionado con este problema está el del pequeño fraude fiscal (para compatibilizar subsidio e ingreso remunerado) cuyo incentivo desaparece con una RB.

La segunda se refiere a los costes administrativos inmensos de los subsidios condicionados. Esto es un viejo problema conocido. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración.

Y la tercera es la estigmatización asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse, en las ventanillas de la administración, como “pobres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpables” de ser unos “fracasados”.

Una consideración general sobre los subsidios condicionados. La concepción de los subsidios condicionados es, básicamente, ayudar a los que han fracasado. A los que han caído. Porque se han quedado en el paro, porque no llegan a determinado nivel de renta, porque tiene algún problema de ingresos… Se supone que es algo más o menos extraordinario. Lo ordinario es vivir de un trabajo asalariado. La RB, como he intentado explicar en su justificación normativa republicana, en claro contraste supone garantizar la existencia material de entrada, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana. Garantizada la existencia material, podemos entrar en otras consideraciones, pero en primer lugar se trata de establecer esta garantía básica. No es algo que interese a liberales, cuya concepción de la libertad es tan poco interesante, sí en cambio interesa a los que somos partidarios de la libertad republicana. Para aquellos que consideran que es inviable plantearse reformas fiscales y políticas un poco ambiciosas o simplemente que merezcan el nombre de reformas… tampoco es algo que les interese mucho.

2. El trabajo asalariado ya no es garantía de salvarse de la pobreza.

El incremento de los working poor es una constatación. Esto es, la población que, a pesar de contar con empleo legal, puede considerarse pobre. Tras las desregulaciones industriales y la destrucción del tejido productivo de amplias zonas geográficas acometidos principalmente a raíz de la Gran Recesión de 2008, además de las políticas económicas de recortes y austeridad impuestas desde la UE más que en Estados Unidos, la pobreza se ha extendido a nuevos sectores de la población, la mayoría de los cuales habían gozado de una posición socioeconómica relativamente cómoda durante los 30 años posteriores a la II Guerra Mundial, cuando el Estado de bienestar conoció su época más gloriosa en Europa. Cambio drástico: en el año 2015 la UE registraba un 13.2 % de trabajadores pobres.

3. Aumentaría el poder de negociación de los trabajadores y de muchas mujeres.

Esta vieja razón a favor de la RB requeriría de una cuidadosa explicación, pero de forma escueta puede apuntarse: la seguridad en los ingresos que la garantía de una RB supone impediría que los trabajadores se viesen impelidos a aceptar una oferta de trabajo de cualquier condición. En cuanto a las mujeres: una RB conferiría a una buena parte de este gran y heterogéneo grupo de vulnerabilidad social que forman las mujeres una independencia económica de la que actualmente no disponen. Y sabemos que muchas mujeres no se liberan de su pareja maltratadora porque dependen económicamente de ella. Escribía Amelia Womack diputada del Green Party:

A diferencia de los subsidios o pagas condicionadas, los pagos de RB serían personales e individuales, independientemente de las circunstancias vitales o de la situación laboral. Para las mujeres que dejan una relación de maltrato, ya no habrá papeleos sin fin o esperas para poder tener acceso a una ayuda económica.

Puede decirse de distintas formas, pero esta es clara y sin ambigüedades.

4. Proliferación de experimentos sobre la RB.

En los últimos años se están poniendo en marcha experimentos (muy parciales) de RB. Finlandia, Barcelona, Utrech, Namibia… Eso hace mucho ruido y ha motivado que la RB aparezca a veces de forma sensacionalista en muchos titulares de prensa. En breve: son experimentos que pueden ilustrar sobre algunos aspectos muy parciales de la RB, como la actitud ante el trabajo remunerado. Pero es evidente que no pueden informar sobre los efectos fiscales, la libertad para toda la población que supondría y los cambios en la vida de muchas personas, el poder de negociación de trabajadores y muchas mujeres en sus puestos de trabajo, los efectos sobre unos salarios (que aumentarían) y sobre otros (que disminuirían), la disminución de la aversión al riesgo para emprender pequeños negocios… Pero, como queda dicho, estos proyectos al menos han servido para dar a conocer, aunque sea deformadamente, la RB.

5. La mecanización (robotización) de muchos puestos de trabajo.

Proliferan los informes y estudios sobre la substitución en un período de tiempo más o menos corto de multitud de puestos de trabajo. Y no todos de baja calificación. Aunque hay opiniones discrepantes, un porcentaje muy importante de estudiosos se inclinan a concluir que las máquinas supondrán más pérdidas de empleo que los puestos de trabajo que serán creados debido a esta mecanización. Esta perspectiva ha motivado que la RB sea vista como una alternativa a tener en cuenta.

6. Las condiciones de vida y trabajo cada vez peores de buena parte de la población no rica.

Aunque se habla de recuperación económica, las condiciones de la gran mayoría de la población son peores que antes del estallido de la gran crisis hace una década. Aquí la evidencia estadística es tan abundante que no vale la pena detenerse. Esta realidad también ha motivado que la RB sea vista por cada vez más personas como una medida de aplicación inmediata para hacer frente a esta situación.

Finalmente, la RB seria una parte, desde mi punto de vista muy importante, pero solamente una parte, de una política económica. Toda política económica es una opción política aunque algunos economistas se encaprichen en asegurar que la Tierra es plana o que la política económica es básicamente una cuestión técnica. La RB no puede “solucionar” todos los problemas que cada uno de nosotros pueda tener de forma más o menos razonable en la cabeza. Problemas graves como el gran poder de las transnacionales y de las grandes fortunas que condicionan la libertad de millones de personas y que imponen su concepción privada de la buena vida como “la” concepción pública, el apabullante fraude y evasión fiscales, la enorme desigualdad, la división sexual del trabajo… precisan de otros componentes adicionales de política económica y de, simplemente,


1 Antes de nuestra era.
2 “Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality”, Annette Alstadsæter, Niels Johannesen, Gabriel Zucman.

Daniel Raventós

Daniel Raventós

Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, editor de Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC.
Daniel Raventós

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