¿Qué es el Ingreso Básico Universal?

El pueblo de Israel en su largo viaje para escapar de la esclavitud, recibió maná del cielo. Sin embargo, eso no los convirtió en holgazanes, antes bien, les permitió continuar su camino.
Zephania Kameeta, obispo namibio

La campaña electoral Por México al Frente, encabezada por su candidato presidencial Ricardo Anaya, sorprendió al dar a conocer como una de sus primeras propuestas el ingreso básico universal, IBU. Aunque México es un país con una de las experiencias más ricas y amplias con el enfoque universalista del IBU, sorprendió que una coalición de “derecha e izquierda”, tomara como bandera una de las propuestas más radicales y progresistas. Y que en contrapunto, la coalición de Morena no se atreviera ni a mencionarla. Pero a todo esto, ¿qué es el ingreso básico universal?

El ingreso básico universal (IBU), renta básica o renta ciudadana es una propuesta cuyos orígenes se remontan siglos atrás: aparece por primera vez en la Utopía de Tomás Moro, libro que acaba de celebrar los 500 años de su publicación y luego en los escritos de Juan Luis Vives y San Agustín. Vuelve a aparecer con fuerza en los escritos de Thomas Paine, uno de los pensadores de la Revolución Americana; está implícita en la idea del “reino de la libertad” elaborada en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx; emerge luego durante los experimentos utópicos de fines del siglo XIX, reaparece en los años sesenta y setenta del siglo pasado y se instala en el siglo XXI como una de las propuestas clave para enfrentar la creciente desigualdad y el desempleo acelerado que vienen aparejados con la revolución de la robótica y la inteligencia artificial.

Algo muy interesante es que la propuesta no tiene una raíz ideológica de izquierda o derecha, tal como esas definiciones dividieron el espectro político durante el siglo XX. La han propuesto dos premios Nobel de Economía, cuyas tesis están en las antípodas: el monetarista Milton Friedman, en la forma de un impuesto negativo, y James Tobin, conocido por su propuesta de un impuesto a la transferencia de capitales. El universalismo progresivo abreva en la tradición humanista y libertaria que impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, surgida de la convicción de que nunca más se repitiera una tragedia como la del Holocausto. Hacia finales del siglo XX se fortalece con nuevas teorías sobre la justicia distributiva e igualdad sustantiva que animaron la reflexión sobre una nueva cultura de derechos humanos.

La idea esencial es que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a una vida digna y a tener acceso de manera igualitaria y proporcional a los recursos del planeta, vía la vivienda, alimentación, un medio ambiente sano, etc. Al mismo tiempo, aunque se ha venido haciendo más compleja la definición de pobreza, no hay duda de que, en primer lugar, la pobreza implica una falta de ingreso. Y aunque multitud de programas busquen llevar educación, alimentación, salud y vivienda a los pobres, la falta de ingreso continúa siendo una cárcel de la que es muy difícil salir. Un ingreso básico, modesto, pero regular y seguro representaría un elemento fundamental para la libertad de la persona, romper el destino fatal de nacer pobre, vivir pobre y heredar pobreza a los hijos. Antes de pasar a examinar las principales características del IBU, es importante señalar enfáticamente que la implementación de un ingreso universal de ninguna manera significa que el Estado se desentienda de sus responsabilidades como educador y proveedor de salud y seguridad social.

Como su nombre lo indica, el IBU es una cantidad de dinero que el Estado entrega a los habitantes de un país o región que comprobadamente viven ahí, cumpliendo idealmente cinco características:

1) Se entrega en efectivo, preferentemente vía medios electrónicos. Es decir, no en especie, ni en bienes o vales de ningún tipo. La entrega en efectivo permite que el consumo anime la economía local a diferencia de los programas que llevan bienes a las comunidades pobres. Más importante, entiende que los pobres conocen sus necesidades y les reconoce la libertad de gastar ese ingreso como mejor les parezca.

2) Se entrega individualmente, no por familia. Se entrega a la madre, al padre y, dependiendo del diseño del programa, a todo joven mayor de cierta edad, por ejemplo, 15 o 18 años.

3) Es universal: se entrega a todas las personas, independientemente de su condición laboral (empleado, desempleado o jubilado) o de pobreza o riqueza personal. Esta característica permite combatir la manipulación política a la que se prestan los programas focalizados, al tiempo que ahorra los recursos humanos y físicos que se requieren para seleccionar poblaciones, etc. Impide la división y el resentimiento sociales entre quienes reciben los programas y quienes son excluidos de éstos.

4) No está condicionada: no estipula cómo se debe gastar; tampoco exige a cambio alguna labor o actividad para recibirlo. Reconoce la libertad de las personas y sobre todo su derecho a recibir un piso mínimo de bienestar, simplemente por el hecho de ser humano.

5) Es recurrente, se entrega periódicamente. Esta característica garantiza seguridad y la posibilidad de ahorrar y planear emprendimientos, como se ha probado en programas pilotos en África e India.

Las dos objeciones más frecuentes son aquellas que identifican al IBU con “dinero gratis” y la que le parece injusto que lo reciba gente que no lo necesite o que no haya contribuido a la creación de riqueza. Voy con la primera.

La primera objeción nace de la cultura judeocristiana en la que crecimos y en la que estamos inmersos y que vincula indefectiblemente trabajo con ingreso. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, dice la sentencia bíblica con la que Jehová castiga a la primera pareja por haberle desobedecido al comer del fruto del bien y del mal. Escrito unos mil años antes de nuestra era, no podemos seguir interpretándola de manera literal.

El derecho a la vida digna no puede estar vinculado como con cadenas de hierro al empleo, y menos cuando la revolución tecnológica desemplea a millones de seres humanos, los sustituye con robots o convierte en obsoletos los productos o servicios que producían o atendían. Tampoco puede condenar a la miseria a millones de seres humanos que ganan un ingreso precario e inseguro, especialmente a partir de la debacle financiera de 2008. Por la propia sustentabilidad de la especie o de una sociedad en particular, un piso mínimo para todos sus integrantes garantiza mejores condiciones de salud, menor desigualdad y un mayor potencial productivo. En cuanto al argumento de que un ingreso “gratis” incentivaría el ocio y la holgazanería, refleja más bien prejuicios contra los pobres. El IBU puede permitir que una persona rechace un trabajo odioso, prolongue la búsqueda de un mejor empleo o posponga la entrada al mundo del trabajo para prepararse mejor y privilegiar el estudio o el entrenamiento. Un ingreso básico no sustituye todos los beneficios de reconocimiento social y seguridad social que puede brindar un buen empleo o la independencia económica que brinda un emprendimiento propio.

Respecto al argumento que objeta que el IBU también lo puedan recibir los ricos, sólo me referiré a los aspectos más pragmáticos pues éstos hablan por sí mismos. El hecho de que el IBU sea universal, es decir, no estaría focalizado hacia un grupo determinado como estudiantes, mujeres, etc., evita la bien conocida “trampa de la pobreza”, es decir, que las personas evitan aquellas conductas que los sacarían del programa. Contar con un programa universal disminuye dramáticamente los costos de administración del programa pues no se requieren ni los costosos estudios para decidir quiénes si y quiénes no lo merecen, la numerosa burocracia que valida méritos ni se complica su distribución; se evita el peligro de la manipulación política, el uso clientelar del programa y la duplicación tramposa de padrones. Su distribución universal tiene un efecto dramático sobre la desigualdad: para los muchos, la mayoría pobre, un ingreso extra tiene un efecto importante; para los ricos, los menos, un ingreso modesto, no cambia su status ni los incentiva a inscribirse en la lista de beneficiarios.

El IBU en México

Cuando se menciona la propuesta de la coalición Por México al Frente de proponer el IBU, inmediatamente se argumenta que “ningún país lo ha implementado”, como advirtiendo que México incursionaría en un territorio pleno de riesgos fatales. Sin embargo, además de numerosos experimentos de implementación del IBU a lo largo de los últimos 50 años en diversos países desarrollados o emergentes, también ha habido experiencias contemporáneas relevantes:

Recientemente ha habido tres grandes experiencias con el IBU:

1) La entrega anual de un ingreso a todos los habitantes de Alaska, desde hace 30 años. Este ingreso proviene de las ganancias de las inversiones del fondo petrolero local y ha oscilado entre 2 mil 200 y 1 mil 100 dólares anuales. Se entrega a todos los habitantes de Alaska que tengan un tiempo de residencia de por lo menos cinco años.

2) El IBU entregado en Irán de 2011 a 2016. Hacia finales de 2010, el gobierno iraní decidió quitar los subsidios a los energéticos, los segundos más baratos del mundo, que habían propiciado patrones de consumo poco sustentables, con un impacto muy negativo en el ambiente. Más de 50 millones de personas recibieron un IBU por más de cinco años. El programa ha venido reduciendo su alcance por el efecto de la difícil situación geopolítica de la región.

3) La pensión alimentaria a los adultos mayores que habitan en la CDMX, que se detalla más adelante.

Por otra parte, no sería la primera vez que nuestro país innova con programas de largo aliento que se diseñan e implementan sin un antecedente conocido. Tal fue el caso del programa de transferencias condicionadas implementado por primera vez en el mundo en 1997, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Este programa sorprendió a los expertos internacionales en programas sociales con dos elementos: la focalización del programa, escogiendo con cuidado a los beneficiarios y la exigencia de pedir a cambio que los niños asistieran a la escuela y el cumplimiento con el esquema de vacunas y visitas periódicas a los servicios de salud. El programa se implementó cuidadosamente. Primero con un piloto amplio de unos 300 mil beneficiarios en 357 municipios y su crecimiento cuidadoso hasta alcanzar 24 millones. El Seguro Popular inició con un piloto de 1 millón de personas en cinco estado y creció a 55 millones de personas.

En contraste con el enfoque de programas focalizados, nuestro país también tiene la valiosa experiencia de un programa universalista: la pensión alimentaria a Adultos Mayores implementada desde 2001 por el gobierno del PRD en el Distrito Federal, encabezado por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Más allá de tener que demostrar la residencia en la actual Ciudad de México, el programa es un ejemplo de ingreso básico universal: se entrega a todos los adultos mayores de 68 años en adelante (inició con 70 años) que lo soliciten, sin necesidad de demostrar condición económica o sin averiguar si se recibe otro tipo de pensión; se da en efectivo y no se condiciona su uso. De tal manera, que contamos con recursos humanos que han tenido la valiosa experiencia de implementar programas innovadores y de largo alcance.

Existen numerosas modalidades para diseñar un programa nacional de IBU según las condiciones locales y nacionales. ¿Cómo queremos calcular el monto del IBU? ¿Podemos iniciarlo nacionalmente? Si lo implementamos por etapas, ¿qué criterios utilizaremos? ¿Debemos iniciar por grupos etarios, por mujeres, por estudiantes? ¿Por regiones? ¿Existen los recursos fiscales para implementarlo? ¿El IBU podría sustituir otros programas sociales?

Salomón Chertorivski, quien ha sido nombrado por el candidato Ricardo Anaya como el responsable del contenido programático de Por México al Frente, ha planteado que el programa del IBU deberá seguir un cuidadoso diseño e implementación escalonada. Primero con un experimento piloto muy amplio, que se extienda a partir del segundo año de gobierno a estados de mayor pobreza, probablemente los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El ingreso mensual debería rondar la línea de bienestar para un adulto (aproximadamente 1 mil 500 pesos mensuales) y contar con una fórmula de crecimiento anual para mantener el poder adquisitivo.

Incluir a toda la población de México requeriría aproximadamente 6 % del PIB y sería un objetivo a largo plazo, hacia 2040. Pero durante el sexenio de la presidencia de Ricardo Anaya, todos los beneficiarios de Prospera, así como los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, todos los municipios de alta marginación y los adultos mayores de 65 años, podrían ser incluidos, con un costo aproximadamente cinco veces mayor al valor de Prospera, es decir, unos 400 mil millones, financiado con un menor desperdicio en la administración pública y racionalización de programas.

La idea del IBU no sólo es centenaria sino milenaria: ya la Biblia lo menciona como maná. Hoy sabemos cómo financiarla e implementarla para llevar una vida digna y libre a todos no sólo a los privilegiados.

Cecilia Guadalupe Soto González

Cecilia Guadalupe Soto González

Diputada federal integrante del GPPRD, LXIII Legislatura. Constituyente CDMX. Ex candidata presidencial.
Cecilia Guadalupe Soto González

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