MÉXICO DEBE PROTEGER SU DIÁSPORA ANTE LA PROPUESTA MIGRATORIA DE TRUMP

febrero 13 2018

La administración del presidente estadunidense Donald Trump impulsa una reforma migratoria en el Congreso en la que se privilegia la ampliación del muro fronterizo, la deportación masiva de personas indocumentadas, la creación de un sistema de ingreso basado en méritos, la acotación de reunificaciones familiares y la utilización del tema de la regularización de los llamados “soñadores” como moneda de cambio para obtener mayores recursos en materia de seguridad fronteriza, situación que obliga de nueva cuenta al Estado mexicano a estar preparado ante diferentes escenarios negativos para proteger su diáspora en ambos lados de la frontera.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una serie de órdenes ejecutivas tendientes a criminalizar a los migrantes indocumentados, por su origen étnico o religioso, así como para mantener el apoyo de sectores importantes de la población estadunidense que lo llevaron a ganar la elección presidencial en 2016 y que comparten el “metarrelato” de que los extranjeros son culpables de todos los males económicos, políticos y sociales que aquejan a Estados Unidos y por ende es necesario limitar su presencia y evitar nuevos ingresos.

Durante el primer año de su gestión, el empresario neoyorquino ha optado por órdenes ejecutivas para formular una política migratoria agresiva y restrictiva, centrada en agilizar las deportaciones, contratar más agentes de migración, presionar e intimidar a las ciudades declaradas como santuarios para migrantes, prohibir el ingreso de personas provenientes de seis países musulmanes, disminuir el número de refugiados aceptados y concluir con el programa de reunificación familiar dirigido a niños centroamericanos. Sin embargo, varias de sus acciones han sido detenidas parcialmente por jueces federales, específicamente las dirigidas en contra de los extranjeros originarios de países con mayoría musulmana, y es por ello que, a partir del mes de octubre, la administración federal inició una cruzada en el Congreso para alcanzar una reforma que dé validez normativa a sus acciones en contra de los migrantes.

La propuesta de reforma migratoria del gobierno estadunidense que fue enviada a inicios de octubre de 2017 al poder Legislativo para su análisis se basa en tres elementos: garantizar la seguridad fronteriza, reformar el actual sistema de inmigración y proteger a los trabajadores y contribuyentes estadunidenses ante la llegada de más inmigrantes. Ninguno de ellos es nuevo, pues fueron promovidos por el propio Trump desde la campaña presidencial, y ratifican la obsesión de los sectores más conservadores de Estados Unidos por revivir una nación bajo el modelo WASP (White Anglo-Saxon Protestant)1 aun en contra de la realidad económica y social de ese país, que sigue requiriendo de los inmigrantes para sustentar su dinamismo y papel como la principal economía del mundo.

Respecto al primer punto, Trump promueve la ampliación del muro fronterizo con México y aumentar los recursos para contratar agentes y adquirir equipo militar con el propósito de evitar el ingreso por tierra de “terroristas”, “violadores” y “narcotraficantes”. La medida, además de costosa (entre 15 mil y 25 mil millones de dólares) y de carecer del apoyo de la mayoría de los legisladores demócratas en el Congreso, resulta demagógica y disfuncional ya que los principales actos de terrorismo efectuados en ese país han sido perpetrados por estadunidenses blancos, como lo demuestran el tiroteo en Las Vegas, que dejó en octubre de 2017 unos 59 muertos y más de 500 heridos, o el atentado con bombas en un edificio de Oklahoma en 1995, con un saldo de 168 personas muertas.

A pesar de que se sigue repitiendo, una y otra vez, la versión de que presuntos terroristas podrían ingresar a Estados Unidos desde México, la realidad es que de la veintena de hombres pertenecientes a la red Al Qaeda que participaron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, ninguno de ellos ingresó por la frontera mexicana; en su mayoría arribaron a la Unión Americana con visas de turistas o de estudiantes y solo cuatro llegaron a territorio estadunidense por tierra, pero desde Canadá. Por otro lado, las rutas del narcotráfico no se circunscriben solo a las terrestres y mientras continúe el alto consumo de drogas por parte de los estadunidenses, la mercancía seguirá fluyendo. Finalmente, los índices de actos criminales cometidos por extranjeros en Estados Unidos son menores proporcionalmente hablando a los cometidos por nativos estadunidenses,2 así que el “bello muro”, como lo ha llamado Trump, solo serviría para enriquecer a contratistas, afectar los ecosistemas en los que se ampliaría, aumentar los precios que cobran los polleros y llevar a rutas más peligrosas a los migrantes indocumentados.

En cuanto a la intencionalidad de reformar el actual sistema de inmigración, la propuesta del gobierno federal se basa en un modelo de ingreso conforme a méritos, como el aplicado por Canadá y Australia, es decir, se otorgarían tarjetas de residencia solo a aquellas personas que califiquen en un sistema de puntos. Aunque no se ha detallado cómo estaría conformado el sistema, en agosto de 2017 el propio Trump se manifestó en favor de un proyecto de ley patrocinado por los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdeu que busca reducir a la mitad el número de migrantes regulares recibidos en Estados Unidos durante la siguiente década.3

Lo anterior podría significar que se cierren las puertas no solo para los migrantes laborales poco calificados, también impondría una serie de restricciones a trabajadores especializados en el desarrollo de nuevas tecnologías, que en los últimos años han dado un gran impulso a la economía estadunidense, particularmente al llamado Valle del Silicio. La propuesta se da a pesar de la reiterada oposición de los directivos de las compañía tecnológicas más importantes del país.

Otro de los elementos considerados en la propuesta para impedir el ingreso de indocumentados a Estados Unidos y agilizar su deportación es la contratación de 10 mil agentes más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de 300 jueces y fiscales federales adicionales.

En el mismo tenor, la propuesta también pretende: limitar el ingreso y permanencia de refugiados, según cuotas y orígenes nacionales, en demérito de los compromisos internacionales de los que forma parte Estados Unidos; obstaculizar las reunificaciones familiares para aquellos que cuenten con residencia o ciudadanía; e impedir que infantes centroamericanos puedan acogerse a programas de protección en la Unión Americana, esto último con el fin de expulsarlos lo más pronto posible sin importar que están huyendo de la pobreza y de la violencia ejercida por grupos del crimen organizado trasnacional, involucrados con el trasiego de narcóticos tan apreciados por consumidores estadunidenses.

El tercer elemento pretendido en la propuesta, el de proteger a los trabajadores y contribuyentes estadunidenses, se circunscribe en una lógica populista de “compra estadunidense, contrata estadunidense”, impulsada por Trump desde su campaña presidencial y que está en completa coordinación con los dos objetivos previos en la intención de criminalizar al extranjero para culparlo de los problemas políticos, sociales y económicos que vive Estados Unidos.

Seguir a pie juntillas la lógica de solo comprar productos estadunidenses y de contratar solo estadunidenses significaría, por una parte, encarecer los productos que día a día consume el ciudadano promedio de ese país, además, terminaría con el importante dinamismo aportado por los extranjeros en el desarrollo de nuevos negocios o para complementar el mercado laboral de Estados Unidos.

A pesar de la retórica, la economía del vecino país del norte requiere tanto de migrantes no calificados como de emprendedores. Los primeros realizan las tareas que los locales no están dispuestos a asumir debido a que son trabajos mal remunerados o considerados de bajo prestigio (limpieza, jardinería y servicios en general), mientras que los segundos se incorporan a las medianas y grandes empresas estadunidenses o abren sus propios negocios.

En el caso de los mexicanos, por sí solos, representan 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos, y son propietarios de alrededor de 570 mil empresas, que generan en promedio unos 17 mil millones de dólares al año.4

Estas cifras sobresalen más si se considera que el número más importante de inmigrantes que empiezan nuevos negocios en Estados Unidos provienen de México, cuyos connacionales inician alrededor de 50 mil nuevos negocios al mes. Lo anterior ha permitido que uno de cada 25 negocios en la Unión Americana sea propiedad de mexicanos.

A pesar de que la evidencia empírica desmiente a Trump, su propuesta de reforma tiene un trasfondo fundamentalista –basado en creencias de supremacía racial y en el deseo de regresar a una economía proteccionista–, pero también político, ya que pretende mantener el apoyo de esa parte de la población ultra conservadora y resentida con la globalización que lo llevó a la Presidencia de Estados Unidos a finales de 2016 y que será vital para alcanzar más escaños en el Congreso durante las elecciones de 2018.

Ni siquiera el tema de los llamados «dreamers» o soñadores queda fuera de esta lógica, ya que el presidente Trump busca utilizar la posible regularización de los soñadores como moneda de cambio para obtener más recursos destinados a la ampliación del muro y a la contratación de más agentes fronterizos.

El 5 de septiembre pasado, la administración federal estadunidense anunció el fin del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), con lo que unas 780 mil personas que llegaron de forma indocumentada al país cuando eran menores de edad corren el riesgo de ser deportados.

Los soñadores, de los cuales unos 585 mil son mexicanos, podrían empezar a ser detenidos en Estados Unidos y regresados a sus países de origen a partir del marzo de 2018 si en el Congreso no se aprueba una amnistía que les dé la residencia temporal, situación que en México reavivó el debate sobre si el gobierno mexicano debe destinar recursos para proteger y apoyar a connacionales que han hecho la mayor parte de su vida en otro país.

Los argumentos esgrimidos por algunos sectores de la sociedad mexicana se han centrado en que los hasta ahora beneficiados con el programa DACA, son personas que no tienen mayores vínculos con México y que es necesario apoyar a los jóvenes que se encuentran en territorio mexicano antes de pensar en dedicar esfuerzos dirigidos a personas que decidieron salirse de su país de origen.

No es la primera vez que se vierten este tipo de comentarios o se generan posturas contrarias a la diáspora mexicana en Estados Unidos. Hasta mediados de la década de 1980, a los migrantes se les veía como “traidores” a México, pues “habrían preferido irse” al Norte en lugar de quedarse en su país “a sufrir” para sacarlo adelante. Es a inicios de la década de 1990 que la percepción sobre los emigrados empieza a cambiar en nuestro país gracias a tres factores fundamentales: el peso de las remesas enviadas, la influencia social y política que tienen en sus comunidades de origen y a la lucha organizada que realizaron para ser reconocidos por el Estado mexicano.

En cuanto a las remesas, vale la pena destacar que tan sólo en 2016 alcanzaron casi los 27 mil millones de dólares, cifra superior a los ingresos de divisas a México por concepto de petróleo y de turismo.

De forma paulatina, el Estado mexicano ha ido reconociendo la relevancia de los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo de forma normativa e institucional, y es por ello que desde 1998 se cuenta con una Ley de no Pérdida de la Nacionalidad, se permite el voto de los mexicanos en el exterior desde 2006, y se han creado una serie de programas y organismos para estar vinculados con la diáspora mexicana, entre ellos el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), surgido en 2003 tras la fusión del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME) y la Oficina Presidencial de Atención a Migrantes.

El reconocimiento de los migrantes no ha sido gratuito y es producto de su relevancia económica, política y social, y si bien es cierto que las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de colaborar para ofrecer oportunidades a todos los jóvenes que se encuentran en México, particularmente para aquellos que no están estudiando ni encuentran trabajo. De la misma forma es responsabilidad del Estado mexicano velar por los intereses de sus “soñadores” en la Unión Americana, porque son mexicanos que fueron llevados de pequeños a Estados Unidos por sus padres, en un contexto en el que su propio país de origen no les ofreció alternativas de desarrollo.

Los emigrados mexicanos, documentados e indocumentados, poseen los derechos y obligaciones que marca la Constitución en igualdad de condiciones que los presentes en México, así que existe una obligación por parte del Estado mexicano para con ellos sin importar que se encuentren más allá de las fronteras nacionales.

El arribo de Trump a la Casa Blanca ha tenido una serie de consecuencias directas para México, entre ellas la incertidumbre generada por su postura radical al momento de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la conformación paulatina de una política migratoria xenófoba. Sobre el último elemento, el Estado mexicano también debe de prepararse ante la posibilidad de que los soñadores mexicanos empiecen a ser deportados a partir de marzo de 2018 de un país que sienten suyo y en el que se encuentran sus lazos familiares, de amistad, académicos y profesionales, pero cuyo presidente les ha dado la espalda.

El gobierno mexicano ya anunció una serie de medidas para brindar asesoría legal a los “soñadores” y a sus familias a través de la red consular de México en Estados Unidos, así como becas, revalidación de estudios y bolsas de empleo en caso de que sean deportados, sin embargo aún falta conocer los detalles de estos programas y lo que es más importante, es necesario generar una política pública en la que participen los tres niveles de gobierno, la academia y organizaciones civiles para atender no solo a los “dreamers”, también a la gran cantidad de connacionales que no son beneficiarios de DACA y son expulsados todos los días de la Unión Americana. La mayoría de los mexicanos deportados no recibe apoyos reales para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que provoca exclusión y la posibilidad de que sean reclutados por el crimen organizado.

La lucha por los “soñadores”, y por los migrantes mexicanos en general, se debe de dar en dos planos, el primero de ellos corresponde a su protección en Estados Unidos y al cabildeo que se deberá de realizar con actores clave en la discusión de una nueva ley en el Congreso para que puedan continuar sus vidas académicas y profesionales junto a sus familias. El segundo se desarrollará en México, en caso de que fueran repatriados, para reintegrarlos a este que también es su país.

Sobre el último punto, se destaca la existencia en México de al menos 29 oficinas de atención a migrantes estatales, que realizan labores de asesoramiento y apoyo a sus paisanos en Estados Unidos; empero, falta una coordinación real encabezada por el nivel federal que permita unificar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para alcanzar una inserción educativa, laboral y social de los mexicanos que sean repatriados o que deseen regresar a sus comunidades de origen por voluntad propia. De no lograr lo anterior, se corre el riesgo de fragmentar más el tejido social, de crear resentimientos y desigualdades y de generar oportunidades para el crimen organizado de reclutar a personas desamparadas y sin futuro.

 


1 El WASP es un modelo impulsado en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos para dar prioridad a la llegada de inmigrantes de origen europeo, blancos, anglosajones y protestantes, en demérito de asiáticos, judíos, africanos y latinos. El argumento para impulsar esta política era que los primeros se podrían integrar con éxito a la sociedad estadunidense por compartir los mismos rasgos raciales, valores y creencias.
2 Diversos estudios corroboran que los índices de criminalidad de los inmigrantes son más bajos que los presentados por los nativos estadunidenses. Uno de ellos es el elaborado por Ewing, Walter, Martínez, Daniel y Rumbaut, Daniel (2015). The criminalization of immigration in the United States. Special Report, Estados Unidos, American Inmigration Council
3 Ver Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca (2017). “Remarks by president Trump, Senator Tom Cotton, and Senator David Perdue on the RISE ACT and Green Card Reform”, en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/02/remarkspresident-trump-senator-tom-cotton-and-senator-david-perdue, consultado el 5 de octubre de 2017.
4 Fairlie, Robert W. (2012), Open for Business. How immigrants are driving small business creation in the United States, p. 22.

Tomás Milton Muñoz Bravo

Tomás Milton Muñoz Bravo

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM.
Tomás Milton Muñoz Bravo
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