México debe cumplir su Ley General de Cambio Climático

agosto 1 2018

El 6 de junio del 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático. En ese momento era una de las pocas leyes nacionales al respecto, que sólo Inglaterra y México tenían. Ya pasaron casi seis años y el actual gobierno federal ignoró de un plumazo las metas establecidas en nuestra propia Ley, que en su artículo transitorio segundo dice:

El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000.

Y ante el Acuerdo de París ofreció compromisos diferentes, definidas como Contribuciones Intencionales Determinadas a nivel nacional, donde nuestra nación compromete una Reducción no Condicionada para disminuir el 25 % de sus emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), es decir 22 % de emisiones de GEI y 51 % de carbono negro hacia el 2030. También reducir sus emisiones del sector industrial, generando el 35 % de energía limpia en el 2024 y 43 % al 2030. Se comprometió a promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares; a eliminar 25 de cada 100 fugas y quemas controladas de metano; a homologar la normatividad ambiental para vehículos y tener gasolinas y diésel de ultra bajo azufre y a la recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y plantas de tratamiento de aguas residuales, además de la instalación de biodigestores en granjas agropecuarias y recuperación de los pastizales, así como la tecnificación del campo mexicano. En cuanto a las medidas de adaptación, México se comprometió a garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua; reducir 50 % el número de municipios vulnerables; aumentar la participación de la sociedad en la preparación de políticas públicas.

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Además de alcanzar una tasa 0 (cero) de deforestación para 2030; reforestar cuencas altas, medias y bajas; conservar y restaurar ecosistemas, y garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos humanos mayores a 500 mil habitantes. Mediante el aumento de capacidades, transferencia de tecnología y financiamiento para adaptación.

Para alcanzar las metas aspiracionales, la Ley General de Cambio Climático en su Artículo Tercero transitorio, dice: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias”, como el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático, un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático; programas locales para enfrentar al cambio climático, el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio y el Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático; y estrategias, políticas, medidas y acciones para transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales; la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano; para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles; también para el 2020, deberán tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar y la minihidráulica y promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024.

El Artículo Cuarto transitorio dice:

El Ejecutivo federal publicará las disposiciones para la operación y. administración del Registro o cualquier otra disposición necesaria para la aplicación de esta ley dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación.

El Artículo Noveno dice:

El Fondo para el Cambio Climático deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus reglas de operación aprobadas por su Comité Técnico, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación.

Y el Artículo Décimo dice:

El gobierno federal, las Entidades Federativas, y los Municipios, a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, deberán promover las reformas legales y administrativas necesarias a fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que dichos órdenes de gobierno cuenten con los recursos que respectivamente les permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la presente Ley.

En este aspecto nuestro Gobierno Federal que ya termina no asignó los recursos necesarios para que el Fondo de Cambio Climático pudiera ayudarnos a financiar los enormes retos que plantea la propia Ley General de Cambio Climático, a pesar de que fue instituido el impuesto federal al carbono que se aplica desde el año 2014. Sabemos que a la fecha debe haber recaudado más de 50 mil millones de pesos, pero solamente unos 360 millones de pesos fueron canalizados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Ley General de Cambio Climático también señala que tanto las entidades federativas como los ayuntamientos deberán promulgar sus Leyes Estatales de Cambio Climático y sus Planes de Acción Climática municipales, que deberán estar alineados con la Ley General, para lograr los objetivos planteados. En este camino, debo decir que todavía tenemos un rezago importante.

Se creó el Registro Nacional de Emisiones (Rene), con un retraso de cuando menos 16 meses, por una mala gestión de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al equivocar términos técnicos de la redacción del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático. Luego a partir del 2016 (con un año de retraso) se comunica la obligación de todas personas físicas y morales de reportar sus emisiones directas e indirectas de sus fuentes móviles y fuentes fijas ante el Registro Nacional de Emisiones y la Cédula de Operación Anual.

Además en el actual acuerdo para calcular emisiones, que se muestra en la página web del Registro Nacional de Emisiones (Rene), se recomienda un factor de emisión Tier 1, que es un factor de emisión general, sugerido para países que no cuentan con factores de emisión. Esto es una recomendación equivocada, ya que tanto Pemex como CFE cuentan con factores de emisión Tier 2 y Tier 3, para determinar valores de emisiones más exactas que nos permitirán desarrollar una base real de las emisiones de México ante el Acuerdo de París. Por lo que se debe modificar el uso de Tier 1 para usar Tier 2 y Tier 3.

Estas nuevas obligaciones se refieren a prácticamente todas las actividades industriales, de servicios, de gestión de residuos sólidos urbanos, actividades agropecuarias, instituciones educativas, todos los gobiernos, instituciones financieras, señaladas en los Artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático, que rebasen las 25 mil toneladas de emisiones de GEI, según el Artículo 6 del mismo reglamento, serán sujetos de reporte. Los primeros obligados son generadores de más de 1 millón de tons/CO2eq/año, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y otras 117 grandes empresas, que desde 2017 realizaron sus primeros inventarios verificados. En 2018 deberán reportar sus emisiones verificadas unos 450 generadores de gases de efecto invernadero que emitan 100 mil tons/CO2eq/año y hasta 1 millón de tons/CO2eq/año y en 2019 deberán hacerlo otras 2 mil 400 personas físicas y morales que emitan 25 mil tons/CO2eq/año y hasta 100 mil tons/CO2eq/año.

 

La verificación de los inventarios de GEI será llevada a cabo por entidades autorizadas para ello, me refiero a los Organismos de Certificación y Verificación, acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación AC (EMA), que con una probada capacidad técnica, independencia y transparencia nos permitirá tener la credibilidad necesaria ante el exterior de nuestro sistema de Medición, Reporte y Verificación que ayude a cumplir nuestros compromisos ante el Acuerdo de París, y sobre todo que podamos acceder a bonos verdes y a partir de 2021 podamos acceder a bonos de carbono, que son indispensables para el financiamiento de proyectos de mitigación y de adaptación.

Photo by Chester Ho

De acuerdo con los Artículos 111, 112, 114 y 115 de la Ley General de Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la encargada de vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los reportes de las personas físicas y morales sujetas a reporte, verificando que lo hagan correctamente, mediante la revisión de los reportes que deberán cumplir las exigencias técnicas de cálculo y en caso de no hacerlo, podrán sancionarlos hasta con 10 mil unidades de medida y actualización (antes salario mínimo vigente en la Ciudad de México) esto independientemente de otras responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse. Como podemos ver, los objetivos de nuestra Ley General de Cambio Climático son muy claros y ambiciosos. Nuestra responsabilidad global nos obliga a cumplirlos cabalmente. Ojalá que los nuevos gobiernos de los tres niveles de gobierno, que se renovarán este primero de julio de 2018, comprendan la magnitud del reto que debemos realizar para colaborar en la lucha contra el calentamiento global y actúen en consecuencia.

 

 

Carlos Álvarez Flores

Carlos Álvarez Flores

Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Concejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat en dos Períodos: 1998-2000 y 2008-2011. Articulista y editorialista en Revistas Especializadas. Presidente de la asociación “México, Comunicación y Ambiente, A.C.” y Asesor Ambiental.
Carlos Álvarez Flores
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