Libertad de expresión en México, vista desde la CIDH y la ONU

octubre 9 2018

“Catastrófica” es la palabra utilizada por los relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para describir la situación de los periodistas en México en su último informe de 2017.

De manera inédita, en 2010 se hizo una primera visita conjunta por los relatores de la CIDH y de la OEA a México. Décadas atrás se tenía presente la primera agresión a un periodista, con el asesinato de Manuel Buendía, crimen que, 34 años después, sigue impune el responsable intelectual. Con la alternancia de 2000 surge para no cesar, la escalada de agresiones directas e indirectas a la libertad de expresión. Ausente estuvo en el discurso electoral el reconocimiento a la urgencia de atender este clima de ataques a la libertad de expresión (cuestión que preocupa al considerar que sin libertad de expresión no se puede aspirar a consolidar una democracia).

En 2011 se presentó el informe resultado de la visita conjunta de las relatorías. No es de sorprender que se necesitara otra visita igual en 2017, cuando menos del 80% de lo que se recomendó dejó de ser atendido. Hagamos una revisión de esos pendientes, que ahora de manera reiterada y actualizada se presentaron el año pasado. Lo anterior, para que se tenga presente su inserción en las decisiones de política pública de los gobiernos locales y del próximo gobierno federal.

El informe conjunto de 2011

En 2010 la ONU y la OEA catalogaron a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Asimismo, recomendaron a nuestro país implementar acciones de prevención y protección a periodistas. Desde 2013, el Comité de Expertas de la CEDAW recomendó a México poner como prioridad la prevención de la violencia contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.

En 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, realizaron una visita oficial conjunta a México del 9 al 24 de agosto, en la que luego de confirmar la situación de vulnerabilidad y violencia en la que periodistas ejercían su labor, definieron a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el continente.1

Entonces reportaron que 64 comunicadoras y comunicadores habían sido asesinados y 11, desaparecidos en los 10 años anteriores. Hoy esa cifra se ha incrementado a 105 según datos de la organización internacional Artículo 192. Cada año las agresiones aumentan y en el caso de las mujeres el número de ataques tuvo un incremento del 70 % entre 2014 y 20153, en comparación con los dos años anteriores.

El contexto actual

México ocupa el lugar 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) en 2017:

México sigue siendo el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Cuando cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo de los gobiernos locales) o con el crimen organizado, los periodistas padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría.4

El informe señala también que estos crímenes suelen permanecer impunes y que esto se explica por la corrupción que reina en el país, ya que “algunos políticos tienen vínculos estrechos con el crimen organizado”.5

La organización Freedom House sostiene en su Informe Libertad de prensa 2016, que México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas, así como para trabajadores de los medios y que la libertad de prensa enfrenta amenazas persistentes. Detallan que con frecuencia, periodistas y medios de comunicación enfrentan acoso, intimidación y agresiones físicas6.

Refieren que la impunidad y la violencia afectan la libertad de expresión en México y que periodistas y medios sufren una escalada de ataques que en la última década se han incrementado progresivamente, y que la situación ha alcanzado tal magnitud que desde hace varios años el país se ubica en los primeros lugares del mundo en torno a asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas. En su opinión, las instituciones de procuración de justicia son débiles y se han visto rebasadas, por lo que los agresores siguen sin castigo por sus crímenes. En ese sentido, califican la respuesta del Estado mexicano como incierta y pobre y que de hecho hay servidores públicos que amedrentan y persiguen periodistas. 7

En palabras de los relatores de la CIDH y la ONU: Los datos que recolecta la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentan una situación de los periodistas en México que no se puede describir de otra forma más que catastrófica. Desde 2010, han sido asesinados 73 periodistas; 12 periodistas han sufrido desaparición forzada, mientras que 44 han sufrido intentos de asesinato. Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 52 ataques contra medios.

Informe conjunto 2018

Por invitación del gobierno de México, los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas realizaron una visita conjunta oficial en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017. El objetivo de la visita fue evaluar la libertad de expresión en el país, en específico, como un asunto de primera importancia, la seguridad de los periodistas. La misión también tuvo como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones de nuestros predecesores, Frank La Rue y Catalina Botero, después de su visita conjunta oficial al país en 2010.

Estas fueron algunas de sus observaciones preliminares:

8. México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente… El sufrimiento es generalizado, sin embargo, la violencia frecuentemente ha señalado a aquellos que son esenciales para contar la historia de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas.

11. El Gobierno, aunque reconoce los problemas, no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política. Reconocemos el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero incluso la coordinación de esa protección en los estados no es suficiente.

12. Los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México hoy en día.

III. Seguridad de los periodistas

15. Los ataques en contra de los periodistas, en un contexto de violencia generalizada, requiere una forma específica de reconocimiento, atención y respuesta. México ha introducido legislación e instituciones a niveles federal y estatal dedicadas a la protección de periodistas.

17. La difamación se despenalizó a nivel federal en el 2007, pero los periodistas siguen enfrentando la amenaza de demandas civiles, frecuentemente de funcionarios públicos. Una definición restringida de quienes son considerados “periodistas” puede excluirlos de la protección o de las estadísticas relacionadas con ataques a periodistas.

18. No existe un sistema único para obtener y recolectar datos sobre ataques contra periodistas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recolecta datos sobre esto, y los criterios y metodología para obtener esos datos difieren entre las instituciones federales y estatales.

19. El desplazamiento interno de periodistas también se ha convertido en una característica importante de la situación nacional. Aunque los datos no incluyen la cifra de periodistas desplazados a nivel nacional, encontramos que muchos vienen a la Ciudad de México, mientras que otros son desplazados a otros estados.

22. Las mujeres periodistas enfrentan contextos amenazantes particulares. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento del 200 % en ataques contra periodistas mujeres.

A. Protección

23. La urgencia de crear un mecanismo nacional para proteger a los periodistas motivó las recomendaciones que realizaron los Relatores durante la visita del 2010 a México. Pero los ataques persisten hoy en día, acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad. La naturaleza sistemática de la violencia requiere no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza estructural.

24. Después de los esfuerzos notables de la sociedad civil mexicana, el Gobierno adoptó en 2012 la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La Ley creó el Mecanismo para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (el Mecanismo), la política pública más importante para la protección de periodistas en México. Desde su creación, el Mecanismo ha proporcionado protección a 349 periodistas.

B. Procesamiento e impunidad

31. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de dirigir investigaciones oportunas, efectivas y exhaustivas de actos de violencia contra periodistas y tomar las medidas adecuadas para asegurar la rendición de cuentas por estos delitos… La impunidad priva a las víctimas y a sus familias de la justicia, pero también promueve más violencia.

32. Observamos que México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad.

C. Prevención

42. Seguimos enfatizando la importancia de una política comprehensiva para combatir la violencia en contra de periodistas, que incluye la adopción de medidas de prevención para tratar las causas raíz y promover un ambiente habilitador para la libertad de expresión.

IV. Vigilancia

45. Una serie de informes bien documentados este año han demostrado que el Gobierno de México y un número de gobiernos estatales compraron o utilizaron software diseñado para vigilar individuos mediante sus teléfonos celulares. Estos informes han mostrado, de manera convincente, que los objetivos del spyware —producido por el Grupo NSO basado en Israel llamado “Pegasus”— incluye, entre otros, a políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, expertos en salud pública y anticorrupción, e incluso el organismo internacional establecido para investigar la desaparición masiva de los estudiantes en Iguala en 2014.

V. Amenazas legales y restricciones de la libertad de expresión

49. El marco legal de un país debe llevar a asegurar que la libertad de expresión no sólo se garantiza, sino que tampoco se crean restricciones arbitrarias o desproporcionadas mediante la adopción de leyes. Varias iniciativas de ley que se discuten actualmente en el Congreso, y la falta de regulación de ciertos aspectos en relación con la libertad de expresión, tienen el potencial para reducir sustancialmente la libertad de expresión en México.

50. La iniciativa de ley sobre seguridad interior tiene disposiciones que van en contra con las normas de derechos humanos, en particular en relación con el acceso a la información, la supervisión suficiente para la recolección de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones.

52. También estamos preocupados con las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 304) y el Código Penal Federal (artículo 172 TER), que, de ser adoptado, restringiría la libertad de expresión de manera incompatible con la ley internacional de derechos humanos.

53. Varios periodistas a lo largo del país han enfrentado demandas frívolas que les demandan pagar montos exorbitantes por daños causados en relación con lo que han publicado. La falta de regulaciones sobre el uso de demandas frívolas contribuye al efecto escalofriante entre los periodistas expuestos a este tipo de amenaza. Hacemos un llamado a las ramas legislativa y judicial para asegurar que esa práctica se puede regular, ya sea mediante leyes que sancionen demandas estratégicas en contra de la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) o la adopción de criterios para que jueces puedan excluir estas demandas frívolas después de cuidadosa consideración.8

55. En una decisión de suma relevancia, la Suprema Corte recientemente ordenó al Congreso desarrollar regulaciones para la práctica de publicidad oficial… Acogemos la decisión de la Suprema Corte e instamos al Congreso a no sólo adoptar reglas claras y públicas que rigen la publicidad y aseguran reportajes frecuentes y específicos, sino que también desarrollan un plan para limitar de forma progresiva esos gastos en conjunto, en consulta con la sociedad civil y los expertos pertinentes.

56. Por último, se plantearon preocupaciones sobre la iniciativa de Ley General de Archivos nacional, que bajaría los estándares de la Ley General sobre Acceso a la Información. La legislación propuesta, de ser adoptada, restringirá el acceso a la información contenida en archivos históricos con base en la protección de datos en maneras que serían inconsistentes con el requerimiento de la necesidad y proporcionalidad.

Recomendaciones

De las observaciones preliminares se desprenden diversas recomendaciones sistematizadas en siete temas: Protección a periodistas

64. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar una protección efectiva para los periodistas a nivel nacional:

a. Adoptar las reformas legales necesarias para asegurar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos.

b. Proveer al mecanismo federal de protección con los recursos humanos y económicos necesarios para llevar a cabo su mandato.

c. Mantener una comunicación regular entre el mecanismo de protección y los periodistas que tienen medidas de protección para monitorear su situación y evaluar críticamente el resultado de la efectividad de las medidas provistas.

d. Los estados visitados durante esta misión (Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz) y otros que se encuentren en una situación similar, deberían adoptar una serie de medida para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas, restaurar la confianza con el gremio periodístico y los medios en dichos estados y consultar a la sociedad civil. Los periodistas deberían establecer redes para fortalecer la cooperación con el mecanismo federal de protección.

e. Los medios deberían tener un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y auto-protección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers, proveyendo un equipo de seguridad adecuada, condiciones adecuadas de trabajo y seguro de vida.

Rendición de cuentas en los crímenes contra periodistas

65. El Estado debería adoptar una serie de medidas sustantivas y sostenibles para abordar la situación estructural de impunidad en la que residen los crímenes contra periodistas, algunas de las cuales son:

a. Incrementar el financiamiento de la FEADLE y asegurar que las líneas presupuestarias estén ubicadas en concordancia con su principal obligación de investigar las violaciones a la libertad de expresión.

b. Priorizar de manera estratégica la investigación de una serie de casos de periodistas cuya contribución haya sido fundamental para sus comunidades.

c. Establecer un programa de participación de expertos externos dirigido a asesorar y capacitar a los investigadores de la FEADLE, que diseñe planes de investigación de casos prioritarios ligados a la práctica profesional de los periodistas.

d. Establecer, dentro de la FEADLE, un programa de testigos protegidos.

e. Incorporar un punto focal o unidad sobre género o especialistas en violencia contra las mujeres periodistas y establecer un programa de capacitación dentro de la FEADLE que se enfoque en particular en los ataques contra las mujeres periodistas.

f. Asegurar que la FEADLE siga siendo una fiscalía especializada en el organigrama del marco autónomo de la nueva Fiscalía General de la República.

g. Fortalecer las capacidades de la CEAV para garantizar una asistencia integral tanto legal como psicosocial a las víctimas y familiares de las víctimas que hayan sufrido crímenes concernientes a violaciones contra la libertad de expresión.

Vigilancia

66. Asegurar la independencia de la investigación sobre la compra y uso de malware (incluyendo “Pegasus”) para vigilar periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

67. Establecer un marco legal para proteger a las personas ante interferencias arbitrarias y/o clandestinas en su privacidad, incluyendo la protección de sus fuentes periodísticas, en línea con los estándares internacionales en la materia.

Libertad de expresión y seguridad

68. Abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita, reafirmando el papel de las agencias civiles de seguridad al abordar los retos de seguridad pública. Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades relacionadas con el acceso a la información o los estándares sobre acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos debería ser aprobada.

Acceso a la información

69. Continuar fortaleciendo el marco para el acceso a la información, incluyendo:

a. Garantizar el acceso a la información pública por parte de comunidades en riesgo, particularmente los pueblos indígenas.

b. Facilitar el acceso de las víctimas y sus representantes a los expedientes judiciales en casos de graves violaciones de derechos humanos, en línea con el derecho internacional de los derechos humanos.

c. Asegurar la preeminencia del interés público en la clasificación de información que involucre violaciones de derechos humanos, casos de corrupción e información de interés público.

d. Asegurar que la clasificación de los archivos históricos esté basada en el principio de máxima publicidad y el derecho a la verdad, tomando en cuenta el principio de “no hacer daño”.

Publicidad oficial

70. Adoptar una ley general para regular la publicidad oficial para reducir la discrecionalidad de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Los recursos de la publicidad oficial deberían ser asignados de acuerdo con criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes.

71. Hacer cumplir la obligación legal de publicar proactivamente información relevante sobre los criterios de contratación, razones de asignación de presupuesto, gastos y contratos de publicidad de las entidades públicas.

Diversidad y pluralismo en los medios

72. Establecer políticas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios y abstenerse de criminalizar las frecuencias radiofónicas puesto que sería una restricción innecesaria y desproporcionada para la libertad de expresión.

73. Adoptar medidas para ampliar el acceso de los pueblos indígenas y las áreas rurales a la radiodifusión comunitaria, y continuar fortaleciendo el acceso al ancho de banda en áreas que carecen de accesos confiables Pertinentes y detalladas son cada una de ella, que sólo cabe esperar sean atendidas a la brevedad por los gobiernos de los estados y se tomen como eje ineludible del plan nacional de desarrollo del próximo gobierno. Esperemos no sea necesaria una tercera visita para dar cuenta de la constante omisión que tiene catalogado el ejercicio del periodismo como catastrófica.

ONU. México: ONU Urge a reforzar protección de periodistas. 2010, disponible en: https://bit.ly/2wSTen7

2 Articulo 19. Periodistas asesinados durante sexenios presidenciales. 2017. https://bit.ly/2Cyapj0

3 CIMAC. El poder del cacicazgo. México. 2017. p. 8

4 Reporteros Sin Fronteras. Clasificación Mundial 2017. México. Disponible en: https://rsf.org/es/mexico

5 Ídem

6 Freedom House. Informe Libertad de prensa 2016. México. Disponible en: https://bit.ly/1T1H4PJ

7 Freedom House. Protección de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Freedom House México. Consultado el 21 de mayo |de 2017. Disponible en: https://freedomhouse.org/nosotros

8 Mención especial merece la demanda que el político hidalguense Gerardo Sosa Castelán sostiene desde hace 14 años contra el periodista cultural Alfredo Rivera Flores, en donde fueron absueltos Miguel Ángel Granados Chapa en su calidad de prologuista, el editor Miguel Ángel Porrúa, el formador tipográfico, quien diseñó la portada e incluso quien tomó la fotografía del autor en la contraportada del libro: La sosa nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo. A sus 77 años el periodista Rivera sigue sometido a ese ataque indirecto por una figura pública que a la fecha goza de los beneficios del poder, sin afectación alguna. Perversidad del uso judicial como forma de ataque certero a quien se atrevió a escribir una situación de interés público.

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