LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES MEXICANAS EN LA ERA DEL ANTROPOCENO

septiembre 9 2015

La crisis de la modernidad, junto a todas sus expresiones (pobreza, desigualdad, desequilibrio ecológico, inseguridad, etc.), demanda a los gobiernos del planeta, incluyendo a la sociedad civil, la construcción de instituciones robustas y duraderas, capaces de atender los impactos y las trasformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sobre todo, medioambientales que genera. Particularmente, ante los problemas ambientales, se requiere contar con instituciones capaces de dinamizar y activar el capital humano y social de los Estados.

México, además de encontrarse inmerso en la crisis ecológica global, presenta factores distintivos que profundizan dicha crisis. En específico, la vulnerabilidad socio-económica en la que viven millones de mexicanos exacerba los impactos del cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y la contaminación atmosférica. Es decir, el país enfrenta un doble problema. Por un lado, sufre los estragos de los fenómenos ambientales transnacionales como el cambio climático; y, por el otro, ha mantenido un modelo de crecimiento económico y un ejercicio del gasto social adversos a cualquier diseño e implementación de planes de desarrollo sustentable encaminados a la conservación y al uso racional de los recursos naturales.

Para nadie es nueva la noticia de que la izquierda mexicana se encuentra en crisis. Han sido muchas causas de la debacle de esta propuesta ideológica, administrativa y, en buena medida, utópica; sin embargo, su oferta, incluyendo su versión de utopía, sigue vigente y se mantendrá así mientras las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria de millones de mexicanos sea la constante en las evaluaciones de desarrollo1. En la izquierda se arropan las causas socio-económicas que han enarbolado las revoluciones de base en este país y del mundo entero. En consecuencia, le corresponde a la izquierda incorporar los temas ambientales en su agenda de trabajo, pues de no hacerlo se podría alejar, aún más, de la población. Si bien la problemática ambiental afecta y, por lo tanto, debería preocupar a la humanidad en su conjunto, es en la población pobre donde más impacta la crisis ecológica.

Objetivo

Identificar y discernir sobre las debilidades de las instituciones en el sector ambiental mexicano, así como los obstáculos políticos y culturales que enfrentan en la promoción y ejecución de políticas públicas en pro del desarrollo sustentable.

Desarrollo

 El antropoceno2 consiste en una época geológica de la tierra caracterizada y dominada por la alta incidencia de las actividades humanas en la tierra. El término antropoceno se asocia con la crisis ambiental, pues la presencia de los grupos humanos en la tierra, particularmente después de la revolución industrial, han puesto en riesgo el equilibrio ecológico global. Algunas expresiones de la crisis que destacan en la agenda de las políticas estatales son: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el estrés y la contaminación hídrica y las prácticas extractivistas de la minería y otros recursos naturales.

El cambio climático es un fenómeno natural y antrópico. Es natural porque siempre ha existido, la variabilidad de los patrones climáticos forma parte de la propia historia del planeta. Y es de origen antropogénico, porque son los gases de efecto de invernadero (GEI) emitidos por los humanos (generación de energía, transporte, agricultura, urbanización, etc.) los causantes del calentamiento global y los desequilibrios del clima global. En una reciente evaluación3, el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) concluyó que existe hasta un 95% de probabilidad de que el calentamiento global y la alteración del clima sea producto de las actividades de los humanos y no sólo un fenómeno natural; asimismo, el grupo ha realizado una proyección de incremento de la temperatura del planeta de hasta 4°C para finales del siglo. Por su parte, Nicholas Stern, en su famoso Informe Stern sobre la economía del cambio climático publicado en 2006, subraya que los costos económicos del clima serán muy altos y, en un pronóstico alto, podrán alcanzar hasta 20% del PIB global.

La pérdida de biodiversidad ocasiona la disminución de bienes y servicios ambientales. Los ecosistemas, las especies y la diversidad genética nos proporcionan servicios de protección y regulación, bienes materiales, espacios de esparcimiento e insumos para el desarrollo científico. Es decir, en la biodiversidad se encuentra el sustento de la vida misma y, en la medida en que ésta de extinga, menores serán las probabilidades de los pueblos de desarrollarse. Según la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) entre 1970 y 2000 la variedad y abundancia de especies se redujo en un 40%.4  El incremento del ritmo de extinción de especies se ha exacerbado a tal grado que las investigaciones, como la desarrollada por Elizabeth Kolbert, en su libro The Sixth Extinction: An Unnatural History hace un llamado de alerta en cuanto a la actual desaparición masiva de especies.

Otra de las manifestaciones de la crisis climática dentro de la agenda de las políticas públicas a nivel mundial es el estrés y la contaminación hídricos. El problema del agua consiste en dos frentes. Primero, el cambio climático ha generado problemas de acceso y gestión del recurso, provoca sequías prolongadas e incremento de las precipitaciones derivando en frecuentes inundaciones; y, segundo, no se cuenta con la capacidad física, tecnológica y humana, particularmente en los países en desarrollo y atrasados, para llevar a cabo una gestión integral hídrica y tener abasto suficiente de agua potable para la población.

En el caso de la minería, el daño ambiental es más serio de lo que se cree. Ante la necesidad de atraer inversión extranjera y generar un polo de desarrollo económico, el gobierno mexicano, en todos sus niveles, ha facilitado el auge de las industrias mineras -nacional y extranjera- en la última década. Sin embargo, son pocos los referentes oficiales en cuanto a los impactos ambientales de esta industria en el entorno natural, por ejemplo, la contaminación del río Sonora en agosto de 2014, generada por la minera Grupo México. No obstante, éste no es el único incidente en el país, ya que las concesiones territoriales para la extracción de oro, plata, cobre, zinc, entre otros minerales, equivalen al 26% del territorio nacional, y son más que frecuentes las movilizaciones de la sociedad civil demandando suspensiones e indemnizaciones por afectaciones a los ecosistemas, cuencas y mantos hídricos y, lo más preocupante, a las salud de los habitantes.

Son muchas las expresiones de la crisis ecológica, más allá de las hasta ahora señaladas, es importante sólo mencionar otras de interés para la agenda de la política ambiental, particularmente en México: manejo de residuos sólidos, contaminación atmosférica urbana, comercio de especies de flora y fauna en peligro de extinción, degradación de los suelos, obsolescencia programada y cultura del consumo, contaminación por organismos genéticamente modificados e introducción de especies exóticas y plagas.

En México el panorama de degradación, contaminación y pérdida de recursos naturales no es ajeno al que hasta ahora se ha expuesto de forma global. México pierde alrededor de 155 mil hectáreas de bosques anuales5, contribuye con el 1.67% de las emisiones globales de GEI6, presenta una alta contaminación de cuencas y mantos hídricos, ha elevado la extinción de especies de flora y fauna por la destrucción de su hábitat, e intensificado la degradación y erosión de los suelos.

En la medida en que más se contaminen y se pierdan los ecosistemas, la disminución de bienes y servicios coloca a la población en un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica. La inseguridad alimentaria y la migración ambiental son dos retos del México contemporáneo exacerbados por la crisis ecológica. Es decir, el carácter multidimensional de los sistemas ecológicos, así como su transversalidad, no pueden soslayarse de las políticas públicas.

Respondiendo a la trascendencia del tema ambiental en la política, México cuenta en el sector con un andamiaje jurídico e institucional robusto. A pesar de una evolución desarticulada, durante las últimas dos décadas del siglo XX se alcanzó un régimen nacional ambiental con amplios recursos cuyo propósito, al menos en la letra, consiste en alcanzar la conservación y el uso sustentable del capital natural. Desde la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) hasta la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se ha buscado fortalecer la institucionalidad y las leyes ambientales para la consecución del desarrollo sustentable.

Sin embargo, la existencia del régimen ambiental no se ha traducido en una mejora de las condiciones del capital natural para las futuras generaciones de mexicanos. Es más, en ocasiones pareciera que las reformas políticas en el país están orientadas a obstaculizar y, en algunos procesos, dinamitar el puente hacia el desarrollo sustentable. Tal es el caso de la reforma energética que, en vez de impulsar la producción energética baja en carbono, establece como soporte central de la futura matriz energética la extracción de petróleo y gas no convencionales, es decir, fuentes energéticas con un elevado costo ambiental.

Como propuesta en la construcción de una agenda de desarrollo sustentable en México. La hoja de ruta para las instituciones ambientales mexicanas y las políticas públicas en el sector puede centrarse en la búsqueda de los siguientes tres propósitos: incrementar la eficacia, trabajar en términos de eficiencia y generar inercias y sinergias altamente incluyentes y equitativas. El modelo de las tres “e” (eficacia, eficiencia y equidad) persigue que los proyectos ambientales no sean ejercicios políticos y administrativos a corto plazo y de coyuntura electoral.

En cuanto a la eficacia, las instituciones ambientales deberán establecer metas y objetivos específicos, cuantitativos y cualitativos, susceptibles de medición y evaluación permanente. Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se jacta de la disminución de las tasas de deforestación de los bosques y selvas mexicanas. Sin embargo, son pocas las referencias sobre la incidencia de dicha disminución sobre la biodiversidad de los suelos forestales. La disminución de las tasas de deforestación no se refiere exclusivamente a la pérdida de árboles, sino también a la de biodiversidad. Pero lo que se reporta como ganancia bosque no contiene la biodiversidad de un bosque natural o primario. Los bosques secundarios y las plantaciones forestales no cuentan con la biodiversidad de un bosque natural, es más, en muchas ocasiones el propósito de uno de estos modelos (plantaciones forestales) es exclusivamente productivo y comercial y no persigue la sustentabilidad del ecosistema.

Otro ejemplo en el cual se debe fortalecer la eficacia es el del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP). La existencia de 177 áreas decretadas por la federación no significa que éstas cumplan con las características necesarias y, mucho menos, que el ordenamiento territorial considerado en el decreto no carezca de lagunas y contradicciones legales en cuanto a la propiedad de los predios y las actividades que en éstos se realizan, particularmente de las reservas de la biósfera. El problema aún es mayor si consideramos la falta de personal para respaldar la vocación de la reserva, debilidad aprovechada por los grupos de tala clandestina y tráfico de especies de flora y fauna.

En lo que corresponde a la eficiencia, es decir, hacer más con menos, debemos considerar que eventualmente habrá mayores problemas financieros para atender los efectos de la crisis ecológica, por lo tanto, es necesario que el dinero público sea etiquetado, se incremente la fiscalización, la trasparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de este presupuesto.

Por último, pero no por ello menos importante, la ejecución del proyecto ambiental bajo el principio de equidad, es una condición para el éxito de los proyectos ambientales. Aquellas políticas ambientales que mantengan una dinámica de exclusión de las mayorías y concentración de beneficios en unas cuantas manos, sin duda, tendrán pocas posibilidades de llevar a buen puerto su proyecto.

La crítica a la política ambiental se puede hacer en dos sentidos. Primero, la incorporación de los habitantes locales, de comunidades y pueblos indígenas, en el diseño y aplicación de proyectos no representa un proceso completo de justicia social ambiental. Las propuestas de creación de infraestructura de aeropuertos internacionales y el establecimiento de aerogeneradores en terrenos ejidales son una prueba de la anterior aseveración, pues la compra de los predios o el pago de una renta, según sea el caso, no son suficientes para hablar de equidad y justicia social ambiental en los proyectos. En la mayoría de los casos los pagos no representan el valor real de estos predios y, peor aún, los habitantes no son incorporados como beneficiarios de los proyectos sino considerados como actores pasivos que, subsecuentemente, entrarán en la dinámica de migrantes ambientales o desplazados económicos, aunque éstos tengan una orientación hacia la sustentabilidad, pues de nada sirve contar con islas de desarrollo sustentable si los habitantes de los territorios son marginados en el proceso.

CLAUDIA GALLEGOS

Jardín emocional, óleo / tela, 56 x 113 cm, 2009

Conclusiones

El debate sobre la construcción de una agenda de desarrollo sustentable estará en el centro de las preocupaciones de las instituciones ambientales, con toda seguridad, para siempre. La crisis ecológica no dará tregua, orientará la política hacia la construcción de opciones de adaptación más que de mitigación, es decir, tendremos que vivir con los impactos de esta crisis ecológica en todas las áreas de la vida humana.

La economía estará presionada por los desastres ambientales, pues estos dejarán daños invaluables en las regiones de alta vulnerabilidad; la población mundial enfrentará por el cambio climático un mayor estrés hídrico y un incremento de la seguridad alimentaria; la pérdida de biodiversidad limitará las opciones de desarrollo humano; y, de forma preocupante, el incremento en el consumo energético no dará tregua a las energías alternativas y renovables en su intento por incrementar su participación en la matriz de producción y en la de consumo energético. En los próximos años seremos testigos de una sobreoferta en el mercado mundial de energéticos fósiles (petróleo y gas), muchos obtenidos a través de prácticas poco sustentables como el fracking y la trasformación de arenas bituminosas.

Sin embargo, a pesar de la prospectiva de crisis ecológica generalizada, la propuesta es, y deberá ser, hacia el fortalecimiento de las instituciones ambientales. Las instituciones deben concebirse en una acepción amplia, rebasar la naturaleza gubernamental con la que las asociamos frecuentemente, y mantener como principios de su actuar: la eficacia, la eficiencia y la equidad (las tres “e”). La actividad institucional debe ser multiescalar, desde las instituciones internacionales hasta las locales. Muchas de estas últimas, particularmente de ejidos y comunidades indígenas, tienen un carácter informal, sin embargo, como la institución del tequio en Oaxaca, son de trascendencia para el cuidado del entorno natural.

Las instituciones deberán incrementar su resiliencia ante el antropoceno. Es decir, deberán adaptarse a los cambios, los cuales no serán pocos y no estarán exclusivamente asociados a los fenómenos ambientales; los cambios científicos, políticos, económicos y culturales generarán una enorme presión hacia la naturaleza, por ejemplo: la socialización de los organismos genéticamente modificados y el aumento de la urbanización. Las instituciones también tendrán que desarrollar capacidades de auto-organización y respuesta inmediata a los desastres naturales, pues se presentarán con mayor frecuencia e intensidad. En términos generales, la resiliencia, otrora asociada al análisis del comportamiento individual, ahora será una condición insoslayable de los grupos y sus instituciones en el escenario de crisis ambiental generalizada.

En este contexto, de crisis ecológica y esperanza institucional, la izquierda mexicana tiene un nicho importante de trabajo para desarrollar estrategias y ejecutar acciones con objetivos precisos y de interés público. Cualquier grupo político, independientemente de su corriente ideológica, que soslaye la importancia de política e instituciones ambientales en el desarrollo humano de las personas, no sólo quedará marginado de las preferencias electorales, sino que no podrá, siquiera, considerarse como una opción política en un mundo donde el desarrollo sustentable no sólo debe ser un objetivo del desarrollo, sino una condición insustituible del quehacer humano.

Fausto Quintana Solórzano

Fausto Quintana Solórzano

Analista internacional y ambientalista. Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM.
Fausto Quintana Solórzano

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