Las batallas por la emancipación de nuestra ciudad capital.

Categoría: CDMX, El punto es, EPSI23
abril 13 2016

 

Si alguna ciudad de nuestro continente ha vivido acotada y limitada en cuanto a sus derechos políticos y en cuanto a los derechos políticos de su  ciudadanía es la Ciudad de México. Esta afirmación no deja de entrañar una gran paradoja, pues sin duda se trata de la ciudad capital más antigua de América, y siempre ha sido –y lo seguirá siendo– un portentoso símbolo del poder público.

Lo primero que se debe razonar es que nuestra gran ciudad trasciende en el espacio histórico a nuestro país. Esta afirmación, que puede incomodar a muchos, es tan cierta como la rotación de la Tierra. Fundada en 1325, no en un valle, sino en una cuenca hidrográfica –hoy casi seca– Tenochtitlán fue en su tiempo y es en nuestra historia símbolo de poder terrenal y cosmogónico.

Quizás esto detone entusiasmos y rechazos, pero desde una perspectiva más rigurosa, rastreando el origen propiamente de la Ciudad de México, sabemos que el cabildo de Tenochtitlan–México se fundó en 1522, como consta en la tercera carta relación de Hernán Cortés[1] y la primer acta de ese Cabildo que se logró conservar data del 8 de marzo de 1524.[2] Finalmente, el documento que claramente le da rango formal –porque en los hechos lo fue siempre– de ciudad capital es la Cédula Real que se recibió en el Cabildo el 23 de Octubre de 1531, en el cual se le menciona como el lugar de residencia del Virrey, del Gobierno y Audiencia de la Nueva España y se le da el carácter de “muy noble, insigne, leal e imperial Ciudad de México, cabeza de todas las provincias y reinos de la Nueva España.” Para Cortés, el Cabildo era un arma de dominación en esas tierras pero también un instrumento de legitimación para sus actos y de emancipación respecto al Emperador español y sus virreyes.

La Ciudad de México, símbolo de poder imperial en aquella época, se asentó como la capital de la Nueva España y territorios de ultramar, y desde su inicio se topó con una cuestión principal: la convivencia entre sus poderes, que eran muy amplios y que incluían facultades legislativas y de gobierno sobre todas las provincias de la Nueva España, y los poderes propios del Virrey y de la Real Audiencia. La pugna entre esas dos esferas de poder, entre la sujeción de la Corona y la emancipación del Cabildo que aspiraba a conducir los destinos de aquellas tierras y de sus habitantes, fue permanente pero con diferentes intensidades a lo largo de los tres siglos que duró la Colonia. Uno de los resultados de esa lucha cotidiana y centenaria fue que el poder municipal logró enraizarse en la tradición de las formas de gobierno de nuestra ciudad.

Justo es recordar que fue en el Cabildo de la Ciudad de México, precisamente, en 1808, donde germinó la primera semilla de la lucha de nuestra Independencia, tras la causa emancipadora que impulsó Primo de Verdad y Ramos, siendo Síndico del Ayuntamiento, al desconocer a la corona francesa como cabeza del imperio español y esgrimir la muy revolucionaria idea de que la soberanía reside, esencialmente en el pueblo. Huelga decir, que esa afirmación lo colocó en la más absoluta herejía a los ojos de la Inquisición, y lo condujo a la persecución, traición y muerte, pero el legado de esa visión y de esa lucha está vigente hasta nuestros días.

Los días del Reino de la Nueva España terminaron con la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México. Nuestra ciudad no perdería en aquellos años de 1821 a 1823 su carácter imperial, heredado de 1521, o si se quiere, desde 1325. Aquí mismo se fundó un imperio muy sui generis, puesto que tendría un Congreso con mucha fuerza y legitimidad. Al igual que en Francia, nuestra revolución devino en imperio, y el imperio en locura, nada más que el nuestro fue efímero.

Poco tiempo después, el emperador Iturbide fue depuesto y nació, por fin, nuestra República, representativa, popular y federal, hasta hoy vigente[3]. El 18 de noviembre de 1824, se expidió el decreto por el que se creó el Distrito Federal, en un radio de “dos leguas a partir de la plaza mayor”[4], donde se alojarían los poderes federales. Ese nombre poco agraciado, Distrito Federal, inspirado por el diseño institucional ya consolidado exitosamente en los Estados Unidos de América[5] –cuya capital se asentaba en el llamado “Distrito de Columbia” (Washington D.C.)– nunca tuvo la fuerza, ni logró forjar la identidad de los capitalinos como desde siempre sí lo hizo el nombre ya entonces centenario de la Ciudad de México.

Los nacientes y poco originales Estados Unidos Mexicanos se toparon también con el problema de lograr una sana convivencia entre los poderes federales y los poderes locales propios de la Ciudad. En 1826, la Hacienda Pública de la Ciudad pasó a formar parte de las arcas federales, y los ciudadanos adquirieron, en contra partida, el derecho de elegir –por la vía indirecta propia de la época– a sus diputados federales.

En la Constitución de 1824, no existe ninguna referencia al régimen municipal, solo habla de “distritos”, sin embargo, sí existen disposiciones que facultan a los estados para instituir su organización política, misma que fue adoptada, curiosamente, de la Constitución de Cádiz, que sí menciona al régimen municipal y la figura de los Ayuntamientos. Aquí es importante ponderar la tradición municipalista a la que me he referido, la cual se construyó y se consolidó durante la colonia, ya que fue éste el modelo de régimen para el primer nivel de gobierno que adoptó el país naciente; no abrazó el de su referente jurídico formal, que era el de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Con la Ley del 18 de abril de 1826 se aclararon los límites del Distrito Federal  y la conformación de los Ayuntamientos por elección.

 

La joven república enfrentó en su primer medio siglo, guerras civiles, amenazas e invasiones extranjeras y la disputa entre los bandos federalistas y centralistas, y en medio de toda esa “polvareda” la Ciudad de México, afincó aún más su fama y su prestigio como símbolo de poder. El bando que ganara la capital, ganaba el país. La Ciudad de México fue lo mismo capital para la República Federal, que para la República Centralista, y en ambos esquemas, no era sencilla la convivencia entre el poder nacional y el poder local.

En 1836, con el advenimiento del régimen centralista, que recogía las Bases Constitucionales de 1835, “desapareció” el Distrito Federal y los estados; éstos fueron sustituidos por Departamentos, y sus gobernadores eran nombrados por el Presidente. El Distrito Federal se convirtió en el vasto Departamento de México, que llegaba incluso hasta el Océano Pacífico, y, sin embargo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, ciudad capital, subsistió a este régimen y a todos los vaivenes que hubo en esos años entre gobiernos federalistas y centralistas.

Todavía nuestra ciudad volvió a ser capital imperial, “la muy noble, leal e imperial Ciudad de México”, del Segundo Imperio, antes de llegar a ser, en definitiva, y por mandato del Constituyente de 1857, la capital de la República Federal Mexicana, llamada así en el texto referido. No se puede obviar que hubo un debate muy acalorado en el constituyente de 1956-57 en torno a la residencia de los poderes federales. La determinación de que fuera la Ciudad de México el asiento de estos poderes fue de 45 votos a favor y 43 en contra. En otro debate del mismo constituyente la diferencia de diez votos, 48 contra 38, impidió que existieran simultáneamente en la Ciudad de México, el presidente de la República y el gobernador del estado del Valle, con su respectivo personal administrativo; el Congreso General y la legislatura del estado; tribunales federales y tribunales locales. En cuanto a la delimitación territorial, en un decreto expedido en 1861 se especificó que el Distrito Federal abarcaría las municipalidades de Xochimilco y Tlalpan[6].

No olvidemos tampoco, que Benito Juárez instaló en distintas ciudades la sede del poder durante esos años de invasión francesa (1862-1867). Sin embargo, los símbolos no lo fueron nunca esas ciudades, hoy difusas en nuestra memoria, sino la Constitución, el carruaje negro maltrecho, el propio Presidente, unas arcas del tesoro casi vacías y un grupo compacto de legisladores que conformaban la Comisión Permanente del Congreso, esta última olvidada por muchos también, incluso historiadores.

En el Constituyente de 1917 se discutió con mayor amplitud el derrotero del gobierno local de la ciudad frente al gobierno federal, y también sobre el futuro de las municipalidades. Curiosamente la idea del primer jefe del Ejército Constitucionalista, heredada por cierto de Porfirio Díaz, era la de acabar con los municipios de la ciudad, pero esta idea fue derrotada en la Asamblea Constituyente, y la embestida fue contenida por un gran movimiento que le dio fama a la expresión hasta hoy conocida como “Municipio Libre”.

Estas municipalidades sobrevivieron hasta 1928, es decir, 11 años, pero totalmente asediadas políticamente y estranguladas económicamente, con la ira y el desprecio del presidente Carranza y sus sucesores. Fue justamente el ex presidente Álvaro Obregón quien llevó al Congreso –cosa rara–, en su calidad de presidente electo (reelecto) apoyado por una bancada mayoritaria de sus seguidores, la iniciativa de eliminar los municipios de la ciudad. No le alcanzó la vida para ver cristalizada su propuesta, pero, a su muerte, y casi sin discusión, pasó esta iniciativa en el Congreso, y el presidente Plutarco Elías Calles, promulgó y publicó esta reforma al término de su mandato presidencial, dictando en los hechos el acta de defunción de la autonomía municipal en la capital de la República y dando paso a la peor etapa de la ciudad, bajo el asfixiante esquema del Departamento Central y luego el Departamento del Distrito Federal, como expresión máxima del centralismo autoritario.

El grupo dominante y victorioso de la Revolución mexicana nos hizo dar un salto hacia atrás en la historia a los capitalinos, en un retroceso que sepultaba las ideas fundamentales que anidaban en la memoria de nuestros pueblos: soberanía popular, autonomía municipal y representación política.

Este ominoso esquema de carácter administrativo perduró intacto más de medio siglo, hasta que se produjo la reforma que creó la Asamblea de Representantes, que era una representación popular acotada, solo con capacidad de dictar bandos y reglamentos. No fue hasta que, poco tiempo después, las tremendas sacudidas geológica y política de la segunda mitad de los años ochenta (con el sismo de 1985 y el movimiento democrático de 1986-1988), las que lograron resquebrajar el centralismo  autoritario que pretendía contener a una sociedad que representaba la consolidación de la migración del campo hacia la ciudad, el desarrollo del urbanismo contemporáneo, el tránsito del poder militar al civil, la expansión de la educación pública y la extensión de la matrícula universitaria, la irrupción de las mujeres en la vida pública, la cada vez más libre expresión de la pluralidad y la reconquista de los espacios públicos.

Por eso no podemos acudir al debate del Constituyente de la Ciudad de México sin tener nuestra historia presente. La reforma política de la ciudad no es un acto administrativo ni político, ni es una arena de medición de fuerzas, se trata de una auténtica reforma del Estado, de un acto fundacional del corazón de nuestra República, que es la Ciudad de México, cuya tradición municipalista, libertaria y soberana data desde antes, incluso de la fundación de nuestra nación; se trata de una oportunidad de refundar la República desde su centro, para que desde ahí emprendamos el camino hacia una nueva Constitución local, que será semilla y ejemplo para la nueva Constitución que el país requiere con urgencia, si hacemos las cosas bien y con altura de miras.

La reforma política de la Ciudad de México tiene que ver, como aquella causa de la soberanía popular que enarboló el síndico de la Ciudad, Primo de Verdad y Ramos en 1808, y que hacía tambalear a todo el régimen colonial, con la reforma política del Estado.

Las sucesivas reformas del esquema del poder en la Ciudad han avanzado de la mano de la presión social y de la pluralidad política de la sociedad representada en los partidos políticos, y cada vez con más vigor, representada en las organizaciones sociales, civiles y en las redes sociales. Hemos transformado la capital y el país, pero falta mucho por recorrer, y lo logrado se tambalea porque las resistencias al cambio son enormes, y el poder del dinero, de los grandes intereses y ahora del crimen organizado es brutal.

La pluralidad política que incidió en la transición democrática de los últimos años del siglo pasado y de los primeros años del presente siglo ha sido tragada por las prácticas que tanto combatió. La infección del autoritarismo, el clientelismo y la corrupción han tocado y han contagiado a todas las agrupaciones políticas. No podremos transformar absolutamente nada desde las prácticas del viejo autoritarismo y desde la simulación democrática.

Curiosamente estamos en una encrucijada sin precedentes. Habiendo logrado finalmente el mandato constitucional para redactar nuestra propia Constitución Política, nos encontramos en una etapa de máxima descomposición económica, política y social. En un Estado que ha sido tocado y penetrado por las redes del crimen organizado y en particular del narcotráfico, atrapado en un fallido modelo neoliberal que ha multiplicado la pobreza y profundizado la desigualdad.

Pero, ¿cuál es el reto y el alcance del Constituyente de la Ciudad de México? El reto es gigantesco, porque se trata de acabar con vicios añejos que nos tienen sumidos en el subdesarrollo y en la mediocridad; y el alcance es formidable, porque pondríamos en marcha un instrumento capaz incluso de refundar el entramado constitucional del país en su conjunto.

Fórmulas para éxito-fracaso
Al cabo de un año nos daremos cuenta si en este ciclo histórico podremos transformar este país en una generación. Tenemos que romper la politiquería del acarreo, compra y coacción del voto, sustituirla por la política de altura, aquella que aspira a detonar una auténtica reforma del Estado, en donde el bien más preciado no es la fuerza sino la legitimidad, no son las consignas y las obediencias, sino la razón, el conocimiento, la crítica fina y el más amplio de los consensos.

Lo primero que hay que entender, entonces, es que si el proceso por comenzar es exitoso, habrá esperanzas de transformar a la ciudad y al país en su conjunto. Cómo sabremos si el proceso y el resultado es exitoso? Aquí anoto unas claves para ser analizadas con absoluta objetividad, en el arranque. Me atengo a la máxima de que lo que bien empieza bien acaba y viceversa, el lector tendrá la última palabra.

La Constitución Política de la Ciudad de México no puede ir más allá de los límites que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso también hay que tenerlo claro, pero sí puede subrayar aspectos de gran modernidad, de visión progresista, libertaria, que abrace los preceptos internacionales de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de la inclusión social, y puede y debe ser un texto congruente y no contradictorio; un texto ligero y no farragoso; un texto contemporáneo y no lleno de arcaísmos como sí lo es la Constitución General, debido a que se redactó hace un siglo y a que ha sufrido más de 600 enmiendas. La Constitución de la Ciudad de México deberá incluir por lo menos los principios enumerados en la siguiente página.

  1. Estado laico.
  2. Estado multicultural y pluriétnico.
  3. Preeminencia de los derechos humanos y de los derechos pro persona como eje transversal en el texto constitucional.
  4. Libertad de expresión, de manifestación y de asociación.
  5. Inclusión y cohesión social.
  6. Perspectiva de género e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres
  7. Diversidad sexual
  8. Matrimonio igualitario
  9. Estado libertario
  10. Interrupción legal del embarazo
  11. Cuidados paliativos para muerte digna
  12. Matricula estudiantil universal desde preescolar hasta educación superior, presencial o virtual.
  13. Becas salarios para estudiantes
  14. Salario digno
  15. Equilibrio republicano entre los tres poderes del Estado
  16. Órganos autónomos en materia electoral, de derechos humanos, de acceso a la información y de procuración de justicia.
  17. Definición precisa del funcionamiento de las alcaldías con apego a los principios de equilibrio de poderes, rendición de cuentas y transparencia.
  18. Definición de las atribuciones de la o del alcalde y de las y los concejales.
  19. Definición precisa de cuando menos 20 demarcaciones territoriales.
  20. Sistema local de anticorrupción.
  21. Plataforma local de transparencia.
  22. Gobierno abierto.
  23. Austeridad republicana.
  24. Remuneraciones austeras para servidores públicos, sin privilegios ni pensiones vitalicias para nadie.
  25. Servidores públicos y representantes populares sin inmunidad constitucional.
  26. Sistema judicial acusatorio oral y adversarial.
  27. Acceso a una justicia expedita e incluyente, profesionalización de la defensoría de oficio y servicios de traducción de lenguas indígenas.
  28. Justicia cotidiana.
  29. Fiscalía y ministerio público autónomo.
  30. Instrumentos reales de participación ciudadana: plebiscito, referéndum y revocación de mandato.
  31. Presupuesto participativo barrial.
  32. Derecho a la movilidad universal, integrando transporte público con bicicletas.

La mano negra

Pero insisto, más que adelantar el debate de lo que debe de tener esta Constitución, que para eso habrá venturosamente, muchas cabezas y plumas brillantes, el asunto central es ver esta gran oportunidad en su perspectiva histórica y con la profundidad con la que debe abordarse, ya que estando en juego el futuro y el diseño político, jurídico y constitucional de la Ciudad de México, y los derechos humanos, los derechos políticos y las libertades de la ciudadanía, puede abrirse una perspectiva más democrática, ética y luminosa para el conjunto de la nación, o cancelarse hasta un futuro lejano.

 

[1] Fechada en la Ciudad de Coyoacán, de Nueva España del Mar Océano, a 15 días de mayo de 1522.

 

[2] Fue Hernán Cortés –que había realizado estudios jurídicos en Salamanca- su fundador, al igual que años antes fue fundador del primer Ayuntamiento continental que fue el de la Villa Rica de la Vera Cruz el 19 de abril de 1519 y poco después,  fundó el Ayuntamiento de la Villa de Coyocán, lugar de su residencia.

 

[3] Ahora ya es laica también.

 

[4] Unos 11 kilómetros y medio. En esa primera delimitación, los poblados como Coyoacán, San Ángel, Tlalpan y Xochimilco, quedaron en el Distrito de México (estado de México) cuya capital fue Tlalpan, en esa época conocido como San Agustín de las Cuevas. Fueron los pobladores del Estado de México que quedaron dentro de los límites del Distrito Federal los que resintieron y se quejaron en aquel lejano 1824 por haber sido despojados de sus derechos políticos al haber sido privados del derecho de elegir a sus gobernantes, una vez que fueron integrados al territorio del Distrito Federal.

 

[5] De hecho todo el diseño de nuestra república, hasta nuestro nombre, fue una calca del de los Estados Unidos de América.

 

[6] Tras casi 100 años de historia, la capital había trascendido al hoy “primer cuadro” –ya que la Alameda Central llegó a ser el parque de las “afueras” de la Ciudad– y había engullido a pueblos y poblados aledaños, como Mixcoac, Tacubaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena e incluso Tlalpan y Xochimilco.

 

Ricardo Álvarez

Ricardo Álvarez

Maestro en Ciencia Política por la London of Economics and Political Scince (LSE) Secretario Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
Ricardo Álvarez
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