Las agendas de la diversa Sociedad Civil en México ante la coyuntura política 2018

agosto 1 2018

El logro de la plena democracia en nuestro país ha sido, sin duda, el horizonte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y otras expresiones articuladas como frentes, movimientos sociales o comunitarios, que desde su causa, territorio o sector social, la promueven cotidianamente. Por eso es que en la presente coyuntura político-electoral tan importante, se produjeron posicionamientos, propuestas y/o agendas de la sociedad civil, con la esperanza de que sean consideradas por el nuevo gobierno, en el ámbito de los tres poderes, tanto federales como locales (estatales y municipales). En tal sentido, la presente colaboración se propuso recuperar y dar cuenta de diversas iniciativas de la sociedad civil, integradas y divulgadas, algunas de ellas incluso presentadas a quienes compiten por distintos cargos.

Como lo expresamos en otras colaboraciones, hay que partir de reconocer la diversidad y pluralidad de la sociedad civil mexicana, por lo que no podemos hablar de una sola agenda social o ciudadana, ya que algunas están focalizadas y otras referidas al ámbito nacional e internacional. Tomamos cuatro iniciativas cuyo valor radica en que son producto de espacios articulados de organizaciones civiles, sindicales y/o comunitarias que pasaron por procesos amplios de reflexión y consenso.

Encuentro Nacional de Dirigentes y Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil

El Encuentro Nacional de Dirigentes y Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil dio a conocer su posicionamiento el pasado 6 de junio, donde destaca como eje el establecimiento de un modelo alternativo al “neoliberal” que ha prevalecido en nuestro país y mostrado su inviabilidad para responder a los problemas nacionales.

Del posicionamiento del Encuentro destacamos —de manera resumida—  algunos aspectos relevantes1:

  El Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones  Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil ratifica que nos unifica un proyecto de transformación para nuestra nación que va más allá de la coyuntura electoral. Somos un bloque de organizaciones amplio y plural por lo que existen al interior de nuestro movimiento opiniones diversas sobre el tema electoral.

  Valoramos, sin embargo, el actual proceso electoral que la sociedad civil ha convertido en un plebiscito en contra de los gobiernos neoliberales que han prevalecido en nuestro país en los últimos años.

  Condenamos las campañas negras de cierto sector de empresarios en contra de los supuestos candidatos populistas, los mecanismos de coacción y compra de voto, los asesinatos de periodistas y de candidatos a puestos de elección popular y los feminicidios, así como la acción del crimen organizado para desalentar la participación popular en las elecciones de julio próximo pues a través de estos procedimientos se pretende torcer la voluntad ciudadana.

Consideramos que, en este contexto, adquiere relevancia el compromiso que establecimos en este encuentro para impulsar nuestro proyecto alternativo de nación en cada uno de los espacios en los que participaremos durante la contienda electoral, fortaleciendo el proceso unitario en el que estamos inmersos, pues sólo una sociedad civil movilizada en torno de una agenda social para el cambio puede contrarrestar las maquinaciones del capital transnacional y la oligarquía nacional quienes buscan preservar sus intereses y sus privilegios.

Durante la jornada electoral promoveremos la más amplia participación ciudadana en la perspectiva de cambiar el rumbo del país pues es necesario terminar con el largo y contraproducente ciclo de gobiernos neoliberales.

Las organizaciones de este encuentro trabajaremos en el perfeccionamiento de nuestro proyecto de nación y en el fortalecimiento de la unidad de nuestro movimiento de manera que, desde una sociedad civil movilizada defendamos la voluntad popular expresada en las urnas e impulsemos los cambios que el país requiere.

Ventana a la Inmensidad, óleo sobre tela, 70x 50 cm.

En la etapa posterior a los comicios, además de los planes de acción específicos en relación con la reforma laboral, la ley de seguridad interior y las luchas emblemáticas de distintos sectores, propondremos una ruta para relanzar nuestro Proyecto Alternativo de Nación, realizar un balance del proceso electoral posterior a los comicios de julio en la que se definirá la siguiente fase del plan de acción para entrar a una etapa superior en la consolidación de nuestro movimiento.

Paralelamente se trabajará en el enriquecimiento de nuestro proyecto alternativo de nación considerando entre otros ejes los siguientes: abajo las reformas neoliberales, auditoría de la deuda pública y privada, renta básica universal, programa para recuperar el poder adquisitivo del salario, combate a la impunidad y la corrupción, defensa de los derechos de las comunidades y los territorios, etcétera.

Promotores del posicionamiento: las elecciones y las luchas del pueblo

Un grupo de activistas, académicas y académicos, militantes de organizaciones populares y trabajadores del arte ofrecen una reflexión colectiva sobre la situación actual de la democracia en México y llaman a una participación informada a partir del complejo camino que ha seguido la democracia. Recuperamos aquí de manera puntual, algunos de sus planteamientos, difundidos en junio de 20182:

En el último medio siglo, en México ha crecido y tiende a consolidarse un movimiento popular opositor a la estrategia económica y política vigente, el que además de brindar de manera cotidiana luchas reivindicativas en todos los estados del país, en las últimas tres décadas también participa cada vez más activamente en los procesos electorales.

Sabemos que la lucha por la transformación de nuestro país tendrá que transitar una larga ruta, y que escoger los métodos de lucha debe corresponder en cada momento a las condiciones existentes; y las elecciones son, en la situación actual, un campo de lucha más que no debiera menospreciarse por quienes pretendemos esa profunda transformación. Sustraerse a ellas representa, pues, en nuestros días, abandonar un espacio de lucha política, lo que no parece la mejor opción en la perspectiva de nuestro pueblo por acumular fuerzas e impulsar desde todos los frentes posibles, esas grandes transformaciones que México requiere.

La capacidad productiva y organizativa del país es cada día más dependiente y endeble; por ello, la caída de la economía en 2007-2009 fue la más grave de prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. El país lleva más de tres décadas de un crecimiento sumamente lento; comparado con la tasa de crecimiento de la población, el crecimiento de la economía ha sido realmente de cero. El deterioro social por la crisis y por las políticas neoliberales dominantes genera un agravamiento sin precedentes de la desigualdad.

En nuestro país se libran hoy múltiples luchas locales, sectoriales, de mujeres y de jóvenes, sindicales, campesinas, de los pueblos indios, por los derechos humanos, contra la violencia y la injusticia, populares en general y libertarias en los más diversos campos culturales. Sin embargo, en nuestros días los intentos de coordinación y articulación de estas luchas son incipientes y desiguales, con avances y retrocesos. Los procesos unitarios y de alianzas para avanzar juntos en una sola dirección son ejemplares, pero escasos.

En el campo de los partidos y de las organizaciones políticas progresistas, la situación no es mejor. El sistema tradicional de partidos vive una profunda crisis no sólo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo capitalista; y a pesar de ello, no es imposible cerrarle el paso a la continuidad y el continuismo de las políticas antipopulares y antinacionales dominantes ya por décadas.

Nosotros pensamos que, para lograr un cambio favorable en la correlación política de fuerzas hoy, es importante no depender exclusivamente de la acción de los partidos, sino además reforzar el reconocimiento y la aceptación del carácter diverso de las luchas que se libran en México, ya que ello no obstaculiza, sino que, por el contrario, puede enriquecer los procesos unitarios.

El posicionamiento concluye: Hoy es necesario cerrarle el paso a la política antinacional y antipopular neoliberal de los gobiernos de las últimas décadas y frenar el deterioro creciente de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo… apoyar las demandas de las mujeres y las de los jóvenes, así como abrirles las oportunidades de estudio y trabajo digno que se cierran cada día más con la política económica y social prevaleciente; promover el empleo para todos y apoyar el movimiento obrero en sus demandas de mejora en las condiciones de vida y de trabajo, hacer nuestras las dignas y dignificantes luchas y demandas de los millones de indígenas, tanto en sus comunidades como en su presencia cada vez mayor en las ciudades y en las actividades productivas, a los campesinos y a los millones de productores independientes del campo y la ciudad, así como rescatar su aporte cultural que le brinda una identidad fundamental a nuestro país, así como es también necesario apoyar a las decenas de miles de empresarios que trabajen honestamente y beneficien con su esfuerzo al país… Es también fundamental no abandonar a los millones de migrantes que se ven obligados dejar su tierra y familia y sobre todo a los adultos mayores, creadores principales de la riqueza material y cultural con la que hoy contamos.

Cumbre Ciudadana

 Agenda por un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad

La Cumbre Ciudadana es un proceso participativo de reflexión, diálogo y deliberación entre organizaciones de la sociedad civil para lograr incidir en política pública por medio de una agenda con propuestas precisas y consensuadas para la construcción de un país “a favor de un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad.”

El evento interno sostenido el 7 de marzo de 2018 reunió más de 65 organizaciones de la sociedad civil teniendo como objetivo el conocer, analizar y buscar el consenso de las propuestas de los siete ejes temáticos que conforman la Agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana. A continuación se presenta una síntesis del documento que fue divulgado y puesto a consideración de las y los candidatos, en el marco del proceso electoral 2018.

1.  Ambiente en el desarrollo sostenible

En la actualidad ha quedado consensuado que, al hablar del desarrollo de un país, éste tiene que ser sostenible. Se entiende que los tres ámbitos que deben abordarse de manera armónica en el desarrollo sostenible incluyen lo económico, lo social y lo ambiental.

Es, en ese sentido, que el proyecto de nación de las personas que contienden a la Presidencia de México debe considerar el ambiente como una prioridad directamente vinculada al desarrollo del país, lo que dio fundamento a realizar diversas propuestas a través de este eje.

2. Cohesión comunitaria y desarrollo participativo

La cohesión comunitaria es el proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial. Dicho proceso es multidimensional y multifactorial y su fortalecimiento o debilitamiento depende de varias dimensiones o componentes que están interrelacionados y son interdependientes. En síntesis, la cohesión comunitaria busca que se asuman los derechos, responsabilidades y obligaciones, que las diferencias no se conviertan en desventajas, que la interacción propicie la identificación, pertenencia y orgullo, que los sujetos participen activamente en su propio desarrollo y que las divisiones, tensiones y conflictos se detectan y procesan de manera pacífica.

Entre las diversas demandas de este segundo eje, destacamos la que exige: Mecanismos institucionalizados para la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones durante las etapas de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, instrumentos de política pública y programas presupuestarios que afectan su vida. Además coloca el tema del Registro Nacional Ciudadano; la recuperación de los espacios públicos; el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada en leyes y reglamentos de sectores clave; un sistema nacional para la inclusión de personas con discapacidad; entre otros directamente referidos a la inclusión y el derecho de participación para la incidencia en la política pública.

3. Derechos humanos

México es uno de los países más progresistas en cuanto a la firma y ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que aún enfrentamos retos importantes debido a las fallas institucionales en la procuración de justicia, así como en la garantía y protección a los derechos humanos. Los numerosos casos de graves violaciones han sido los últimos años los motivos que han colocado a México con un foco de alerta en el ámbito internacional.

El eje de derechos humanos está construido por propuestas que resultan de la agenda de organizaciones especializadas en la materia, que encuadran en las principales preocupaciones y pendientes que las organizaciones suscritas consideran como prioritarias para ser integradas en la agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana. Entre ellas destacamos: Eliminar la Ley de Seguridad Nacional; Ley General en materia de desaparición forzada de personas; Niñas, niños y adolescentes en movilidad; Programa de reinserción de mujeres privadas de su libertad; adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la protección del DH de personas mayores.

4.  Educación de calidad

Se debe concebir a la educación como un proceso holístico, que salva y transforma vidas, lo que obliga a generar las condiciones necesarias para un aprendizaje pertinente. Influir desde tempranas generaciones hasta la juventud debe contemplar aprendizajes cognitivos y no cognitivos que propicien conocimientos, capacidades, valores y actitudes para afrontar y resolver los problemas que hay en el mundo. Se debe robustecer la función que desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local y mundial, la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia y la salud.

Hoy es imperativo diseñar, fortalecer e implementar en conjunto, sociedad civil y gobierno, mecanismos en el Sistema Educativo Nacional que permitan asegurar oportunidades educativas equitativas de calidad, universalidad de principios de alcance y de cobertura geográfica.

Destacamos la propuesta de una efectiva participación de la sociedad: La participación en educación se ha promovido desde la década de los noventa. Sin embargo, no fue sino hasta este sexenio que la participación social se puso en la agenda pública. Aunque existe legislación para promover la participación, hace falta el ejercicio de la misma y una transformación cultural, tanto en la sociedad en general, como en los actores educativos y la propia estructura administrativa de la educación. Por lo que se deben impulsar espacios de participación efectiva en educación desde las escuelas y en los tres ámbitos de gobierno, con la inclusión de todos los actores escolares.

Al impulsar espacios de participación en educación, efectiva e incluyente, desde las escuelas y en los tres ámbitos de gobierno, con la inclusión de todos los actores escolares (hasta ahora los estudiantes han quedado fuera de cualquier estrategia) estaremos contribuyendo a la promoción de una vida más sostenible, en paz, con conciencia de ciudadanía mundial.

Poseedor del Dogma, acrílico sobre relieve en madera, 100 x 80 cm.

5. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una función fundamental en la promoción del desarrollo social, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía plena en un Estado democrático de derecho. Brindan servicios fundamentales a los sectores más vulnerables de la población, contribuyen a visibilizar problemáticas que no están siendo atendidas, construyen diagnósticos cercanos a las necesidades locales y propuestas innovadoras, y promueven mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.

En ese sentido, contar con una sociedad civil organizada fuerte y diversa, con capacidad de movilizar esfuerzos, recursos y conocimiento de diversas fuentes y de proponer y aportar al beneficio público debe ser un objetivo de cualquier agenda de desarrollo para México.

En torno a este eje de la Agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana se consensuaron 10 puntos de demanda relacionados con un mejor entorno para nuestra participación acreditada en lo público. Algunas son referidas al marco jurídico, fiscal-hacendario, otras que impactan directamente a la acreditación de las donatarias autorizadas; piden la simplificación de los requisitos de información sobre donantes establecidos por la conocida como Ley Anti Lavado; transparencia en el apoyo con recursos públicos; especialmente se reiteran demandas en el marco de políticas públicas para su fortalecimiento y asegurar un ambiente propicio para su desarrollo, sostenibilidad y actuación como actoras de interés público, para lo que es fundamental el incremento del presupuesto federal dirigido a apoyar las actividadesproyectos de las OSC.

El último punto de este eje demanda la creación de un Consejo Asesor Ciudadano para abrir la participación de la sociedad civil organizada en el monitoreo y evaluación de los Mecanismos de Participación Ciudadana.

6. Justicia

México atraviesa por una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad sin precedentes. En los últimos cinco años, hemos llegado al promedio más alto de homicidios de las últimas dos décadas, 20.5 por cada cien mil habitantes. En materia de percepción de seguridad, el 83 % de las personas se sienten inseguras en el lugar en el que viven y en el tema de administración y procuración de justicia, el 93 % de los delitos no se denuncian y del 7 % restante, sólo el 2 % llega hasta una sentencia en favor de las víctimas. Nuestro país ocupa el cuarto lugar global en “máxima impunidad”, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, con una calificación de 69.2 (en una escala de 0 a 100, donde 100 es impunidad total y 0 es impunidad nula), sólo detrás de Filipinas, India y Camerún.

Aunado a lo anterior, existe un alto nivel de desconfianza y poca eficiencia en las instituciones. En 2017, el 45 % de los mexicanos no confiaban en los jueces y al mismo tiempo, respecto de los casos conocidos por la autoridad, sólo se inició una investigación en el 65.2% de los casos y de estos, en el 49% no pasó nada o no se continuó con la investigación. En este contexto, las víctimas del delito no identifican incentivos adecuados para acercarse a las autoridades a denunciar, ya sea por “pérdida de tiempo”, “desconfianza”, o bien por “temor” a enfrentarse con actos de corrupción o situaciones de revictimización. Por tales motivos, los procesos para acceder a la justicia en México se consideran parciales, largos, costosos y poco efectivos.

Ante ese panorama, se considera fundamental que ciudadanía y gobierno orientemos y coordinemos esfuerzos hacia la transformación de la forma en que se procura e imparte justicia en el país, para asegurar una administración objetiva y para evitar su posible uso como herramienta política. Se busca garantizar un acceso a la justicia en igualdad de condiciones, el respeto al debido proceso y establecimiento de mecanismos de vigilancia que permitan evaluar la calidad de la justicia. Entre las 10 propuestas, medidas planteadas en la Cumbre, destacamos algunas: Reforma constitucional al 102 por una Fiscalía que sirva; un enfoque diferenciado por género en la procuración e impartición de justicia; justicia integral para adolescentes; una política de drogas bajo otro paradigma del actual (prohibicionista); mecanismos alternativos de solución a controversias; un sistema nacional de impartición de justicia consultivo y propositivo; una justicia cercana a las personas; mecanismos de transparencia y apertura; generar buenas prácticas en el servicio público relacionadas con el código de ética.

7. Seguridad

Las propuestas en materia de seguridad que se presentan, se enmarcan en el proceso más amplio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la organización de las Naciones Unidas, en particular con el Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Especialmente ante las metas del objetivo que se relacionan con el eje:

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada; 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades; 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística, Georgrafía e Informática (INEGI), para el 70 % de los mexicanos la inseguridad y la delincuencia son de los principales problemas sociales del país. Para revertir esta situación, es necesario el trabajo colaborativo entre la sociedad civil y las autoridades de gobierno.

Ante ello las OSC participantes presentaron propuestas en materia de seguridad, entre las que destacamos: Un nuevo diseño a nivel de la Administración Pública Federal que coloque la seguridad pública como un tema de Estado; una instancia con competencia nacional para estandarizar y administrar procesos de desarrollo policial; rescatar Plataforma México creada por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2007 y se le definió “como un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio de la función policial”; establecer mecanismos de mejora de condiciones laborales y otros de supervisión de la policía; lineamientos eficientes y transparentes en el presupuesto y gasto público en materia de seguridad pública; crear una oficina en Presidencia que desarrolle intervenciones integrales ante el problema de las violencias.

Repensar la ciudadanía después del 1 de julio3

 Desde Oaxaca Educa, Servicios para una Educación Alternativa, AC, en su análisis político alude a la experiencia vivida en el estado con la alternancia experimentada e igual que los otros posicionamientos ven hacia adelante un arduo y complejo trabajo de la sociedad civil para que el gobierno se oriente bajo otros paradigmas.

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo primero de julio –afirma Educa– este proceso político quedará marcado por el conflicto, la polarización social y la violencia. La violencia política ha alcanzado números alarmantes, 132 personas vinculadas a partidos o agrupaciones políticas, incluyendo 48 candidatos, han sido asesinadas desde el inicio del proceso electoral, en comparación con los nueve del proceso electoral anterior. El estado de Oaxaca se encuentra entre las entidades donde se han cometido el mayor número de crímenes, según Etellekt Consultores, hasta el 3 de junio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuanto a violencia electoral, con 18 asesinados antecedido por Guerrero con 24, sin sumar los seis asesinatos de los últimos días de junio.

Esa problemática no ha sido analizada por ninguno de los candidatos o candidatas a puestos de elección popular. En su excesivo pragmatismo por ganar elecciones prefieren hacer la vista a un lado. Los partidos políticos, así como los grupos económicos, tampoco se han pronunciado por una alternativa a la devastación socioambiental, ni por una agenda distinta a la industria extractiva. Todo lo contrario, se han fortalecido los mecanismos judiciales para la privatización de los bienes naturales. Una muestra de ello es la aprobación de decretos para levantar la veda a 300 cuencas acuíferas en el país. La disputa político electoral de 2018 es también la disputa por los bienes naturales.

En suma, durante las campañas proselitistas, ninguno de los candidatos, ni de la izquierda ni de la derecha, presentaron propuestas de fondo para modificar la situación estructural en el país. En la campaña electoral los y las candidatas únicamente anunciaron una lista de propuestas o buenas intenciones en los temas de salud, educación, justicia, economía, etcétera. La mayoría de los candidatos/as menciona el ¿qué? pero no el ¿cómo? afrontar los problemas. Las y los candidatos se dedicaron más a desmentir o descalificar a sus contrincantes convirtiendo las campañas en un “circo electoral” y una dilapidación de los recursos económicos, que para este proceso rebasaron los 38 mil millones de pesos.

Después del 1 de julio debemos seguir construyendo ciudadanía, independientemente de quien llegue al poder. Los verdaderos cambios son los que suceden desde abajo y los que nos animan a construir una nueva cultura democrática. También apremia reconstruir el tejido social, dañado por el ambiente electoral.

Educa reafirma que el verdadero cambio se realizará con la movilización de las personas, con la exigencia de los derechos de la ciudadanía, con la incidencia a nivel local, con el pleno ejercicio de los derechos humanos. La ciudadanía hoy más que nunca debe estar en movimiento, tiene que estar vigilante de lo que realice el gobierno electo, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Puntos comunes de la agenda social-ciudadana

Considerando los temas-eje y propuestas de Agenda de estos espacios articulados, frentes y movimientos de la sociedad civil, de los que hicimos un breve recuento y resumen, que sin duda deja solo enunciados los argumentos esenciales, nos atrevemos a enumerar lo que parecen puntos de coincidencia que no pueden soslayar quienes asuman el poder:

El modelo económico “neoliberal” está altamente cuestionado y se coincide en que se debe repensarmodificar el paradigma del desarrollo, no sólo por las crecientes brechas de desigualdad, sino por los privilegios de los actores económicos y las/os tomadores de decisión.

Igual se pone en cuestión el sistema político-partidario y se sugiere repensar la ruta–proceso que sigue la toma de decisiones en el que es fundamental la participación efectiva de la sociedad civil para una genuina democracia.

La aplicación de justicia deja mucho que desear por lo que hace falta un replanteamiento del sistema de justicia. Diseñando políticas públicas y protocolos para erradicar la corrupción e impunidad.

 La promoción, defensa y ejercicio pleno de los derechos humanos es el marco de las demandas e iniciativas de las distintas expresiones de la sociedad civil.

Se coincide igual en que el primero de julio es el punto de partida (no el punto de llegada) para que la sociedad civil, sus organizaciones y movimientos tomen decisiones e impulsen estrategias para seguir defendiendo sus agendas, en el marco de la gobernabilidad democrática.

 

1 Tomado del Posicionamiento del Encuentro Nacional de dirigentes y organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil, México, Junio 2018.

2 Tomado del documento Las elecciones y las luchas del pueblo, firmado por decenas de activistas, investigadores/as, defensores y defensoras de los DH, México, Mayo, 2018.

3 Análisis político sobre las elecciones en México: Repensar la ciudadanía después del 1 de Julio, EDUCA, Oaxaca, 28, junio 2018.

 

 

 

Laura Becerra Pozos

Laura Becerra Pozos

Maestra en Planeación y Desarrollo. Fundadora de Familia y Sociedad, AC; Miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de Causa Ciudadana (APN); Socia y Directora Ejecutiva de DECA, Equipo Pueblo, AC(2000-2004), Presidenta de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, AC (IDEMO).
Laura Becerra Pozos
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