La seguridad alimentaria y los monopolios agroindustriales en México

Categoría: El punto es, EPSI26
octubre 1 2016

La seguridad alimentaria es un derecho humano universal y “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”.1 En el caso de los mexicanos, este derecho lo garantiza la Constitución en el artículo 4º, párrafo tercero, en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

A pesar del mandato contundente de la Carta Magna, en México 53 millones de personas se encuentran en situación de pobreza; de ellos, 28 millones viven en vulnerabilidad alimentaria y 14 millones en pobreza extrema y padecen hambre. Las causas tienen que ver con la insuficiencia en la producción agropecuaria nacional, con los monopolios que controlan vertical y horizontalmente las cadenas agroalimentarias, con la tremenda desigualdad en los ingresos de los hogares y con políticas públicas que privilegian las ganancias privadas antes que la alimentación de la población.

Es una verdad reconocida oficialmente que en México no se explotan en todo su potencial las tierras agrícolas. Menos del 20% de las mejores tierras concentran los créditos, el riego, los insumos, los subsidios del gobierno, y generan alrededor del 60% de la producción agrícola nacional; el 80% restante de los predios, en su mayoría menores de cinco hectáreas, constituidos por tierras de temporal ejidales, comunales y minifundistas, están abandonados a su suerte, descapitalizados, con tecnología rudimentaria, sin apoyos y con rendimientos mínimos por hectárea. Este contraste en la estructura agropecuaria ha llevado a calificar al campo mexicano como “bipolar”. Aun así, la producción primaria, agropecuaria y pesquera alcanza un volumen cercano a los 280 millones de toneladas anuales, de las cuales más de 250 millones es producción agrícola y el resto pecuaria y pesquera;2 con un valor comercial total superior a los 900 mil millones de pesos. Sin embargo, México está calificado como importador neto de alimentos al producir menos del 70% de lo que consume.

Pese al discurso oficial optimista porque México alcanzó una balanza agropecuaria favorable en los últimos 18 meses, lo cierto es que sigue importando alimentos por un valor aproximado de 13 mil millones de dólares (no incluye importación de productos agroindustriales), equivalentes, en valor actual del dólar, a 240 mil 500 millones de pesos. Ello significa que México gasta en importación de alimentos 3.5 veces los recursos que el Estado invierte en el fomento de la producción agropecuaria.

En el cultivo de maíz, con mucho el alimento principal del pueblo de México, se cosechan 22 millones de toneladas, pero importamos alrededor de 10 millones; en el caso del frijol, producimos poco más de un millón de toneladas e importamos 120 mil; apenas producimos 150 mil toneladas de arroz, por lo que importamos ente 700 y 800 mil; producimos 3.2 millones de toneladas de trigo, pero importamos 4 millones… Incluso, para no ir más lejos, el programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se sostiene con importaciones de leche en polvo por aproximadamente el 20% del consumo nacional.3 Es opinión generalmente aceptada que la dependencia alimentaria del país se ubica entre el 35 y el 42 por ciento.

Ahora bien, no puede hablarse de la seguridad alimentaria en México, sin mencionar un pequeño conglomerado de grandes empresas agroindustriales trasnacionales, mexicanas y extranjeras, que dominan monopólicamente en los diferentes segmentos de la cadena alimentaria, como lo han señalado diversos estudios de especialistas y lo denuncian de manera recurrente los productores del sector agropecuario.

Dos grandes compañías internacionales con origen en México controlan la cadena de valor de la masa y la tortilla. La empresa mexicana Gruma-Maseca, asociada con la estadunidense Archer Daniels Midland acaparan un 25% del mercado nacional; y el Grupo Minsa, un 8%; más se reconoce –con datos de estas mismas empresas– que el 64% de la producción se realiza todavía de manera tradicional.4

Roberto O. Portillo Georgge

Sueño Estelar, mixta s/tela, 150 x 80 cm, 2006.

En la industria panificadora, el Grupo Bimbo, “la panificadora más grande del mundo” como gusta llamarse, no tiene mayor competencia. De acuerdo con su portal, Grupo Bimbo cuenta con más 10 mil productos y más de 100 marcas diferentes, dominando el mercado de manera preponderante.

Por su parte, declaraciones de organizaciones campesinas colocan a las empresas “El Alazán”, “La Costeña” y “Valle Verde” con el control del 80% del acopio y comercialización de frijol.

El mercado de la carne de bovino, tanto en consumo nacional como en exportación, lo controla mayoritariamente la empresa sinaloense Sukarne; mientras que en carne de pollo y producción de huevo, Bachoco domina el mercado con un 35%; seguido de Pilgrim’s-Tyson, con el 25 por ciento.

Los productos lácteos están dominados por el Grupo Lala y Grupo Alpura. Lala tiene una participación del 46% del mercado de la leche; mientras que Alpura tiene el 22% en ese mercado. “De cada 10 vasos de leche que se beben diariamente en México, cinco son de Lala, tres de Alpura y dos, del resto de las marcas.”

Otra poderosa empresa del sector agroalimentario en México es Cargill, la número uno del mundo en los agronegocios de acuerdo con algunos reportes. Produce y comercializa carne de bovino, porcino y pavo, trigo grano y harina de trigo, maíz grano y harina de maíz, aceites, huevo, azúcar, fertilizantes, semillas, etc. “Abarca casi todo lo salado, dulce, conservado, fortificado, emulsionado o texturizado”, dicen dos analistas de esta empresa multinacional.5

El grupo Femsa de México (Coca-Cola) y PepsiCo controlan más del 70% de los refrescos, aguas de sabor y naturales, frituras, jugos, yogurt; son propietarios de ingenios azucareros y participan en la comercialización de cítricos, entre otros productos.

En las semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas, los amos del mercado son las trasnacionales Monsanto, Syngenta y Dupont.

Estos monopolios organizan verticalmente toda la cadena agroalimentaria: las semillas para la siembra, los fertilizantes y plaguicidas, créditos y seguros agrícolas, las investigaciones científicas, la tecnología y las innovaciones, el agua, compra anticipada de cosechas, capacitación y organización de productores, industrialización y canales de distribución, importaciones y exportaciones y, por supuesto, a raíz de todo ello, los precios en el mercado. Toda la infraestructura de almacenamiento, portuaria, de ferrocarriles y carretera, está a su servicio. Incluso, los centros de investigación del Estado y de algunas universidades públicas, bajo convenios de colaboración, trabajan a sus órdenes; además de ser los principales beneficiarios de los estímulos fiscales y de los subsidios que proporciona el gobierno para el campo.

En estas circunstancias, por supuesto que la seguridad alimentaria de los mexicanos no está en manos del Estado, sino de estos conglomerados agroindustriales. Sus productos van, no donde hay necesidades humanitarias, sino donde hay más utilidades. Bajo este criterio movilizan cosechas enteras de una región a otra dentro del país; o, si hay ganancias suficientes, de una nación a otra en cualquier lugar del planeta. Solo para dar un ejemplo del poder de estas empresas: este año, Cargill invirtió en “su plan de negocios” en México 22 mil 800 millones de pesos, de los cuales 10 mil millones fueron para compra de cosechas totales a los productores6. Dichos recursos equivalen a la suma de los apoyos que brinda el gobierno a través de “Proagro Productivo” y el “Programa de Apoyos a la Comercialización”, dos de los programas oficiales estrella para el campo.

La otra cuestión fundamental que tenemos en la inseguridad alimentaria es la desigualdad en la distribución del ingreso, que impide la adquisición de alimentos aun cuando exista suficiencia en el mercado. En este aspecto los datos son dramáticos: de acuerdo con el INEGI7, el 50% del ingreso nacional se distribuye en el 10% de la población más rica del país, mientras que el 10% más pobre, o sea 12 millones de mexicanos, solo perciben lo correspondiente al 1.6% del total de los ingresos. De acuerdo con el mismo INEGI, esto equivale para los hogares más pobres a 8 mil 169 pesos trimestrales por hogar.

Entonces, la inseguridad alimentaria que padecen millones de mexicanos no tiene que ver únicamente con la autosuficiencia nacional de alimentos, que de hecho pueden importarse cuando no se producen con suficiencia; sino sobre todo, con la imposibilidad de adquirirlos, como resultado de la falta de ingresos. En concordancia con este enfoque, el problema de la alimentación se plantea no en la esfera de la producción sino en el ámbito de la distribución, como resultado de las desigualdades económicas.

La carencia de alimentación suficiente se presenta tanto en la población urbana como en la rural, inclusive el porcentaje de la población total es mayor en la población urbana.8 Sin embargo, la situación es más grave en las zonas rurales y más difícil de remontar por combinarse con factores como la pobreza (falta de ingresos), el aislamiento, la falta de infraestructura y de oportunidades en educación, empleo, etc. De hecho, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 arrojó que el 80.8% de la población del sector rural sufre de algún nivel de inseguridad alimentaria.

En este contexto, incrementar la producción de alimentos a nivel nacional para hacerlos accesibles a la población de menores ingresos es una condición indispensable para remontar la inseguridad alimentaria, aunque ciertamente no será suficiente.

Roberto O. Portillo Georgge

Manzana Möbius, acero Inoxidable, 60 x 58 x 30 cm, 2014.

Ahora bien, elevar la producción agroalimentaria cuando la frontera agrícola ha llegado a su límite y el modelo de la agricultura en grandes extensiones se encuentra agotado, nos coloca en el reto de poner el énfasis en los pequeños productores del sector rural y en la agricultura familiar. Es decir, establecer las prioridades de las políticas públicas para el campo en reactivar más de 3 millones de unidades económicas de ejidatarios, comuneros y pequeños productores minifundistas, dotándolos de crédito, insumos estratégicos, capacitación, tecnología apropiada a su escala productiva, vocación agroecológica de las tierras y visión sociocultural del productor; ello implicaría dejar de subsidiar a la gran agricultura para apoyar a los que padecen hambre, pero que pueden producir sus propias alimentos con la ayuda adecuada.

Un plan estratégico de este tipo pondría en movimiento los conocimientos y capacidades del sector más pobre del medio rural, el cual depende de la producción de alimentos o materias primas para obtener ingresos. En sí mismo, permitiría generar alimentos frescos para el consumo local, crearía empleos y ocupación de la mano de obra familiar, al mismo tiempo que ampliaría la base de la producción nacional, en cálculos de algunos investigadores hasta en un 30% más.

Por otra parte, incrementar la producción primaria no garantiza en sí mismo la alimentación de toda la población. Se requiere, además, que el gobierno, apoyado en los principios constitucionales de la rectoría del desarrollo nacional por el Estado y en el carácter prioritario del campo, imponga las políticas necesarias a los particulares (a los monopolios agroindustriales en primer lugar) para regular la producción, los insumos estratégicos agrícolas y los mercados agropecuarios, reorientándola en función de asegurar de manera efectiva la alimentación de los mexicanos; todo lo cual deberá ir acompañado de políticas globales para redistribuir el ingreso con dignidad y justicia para todos, con énfasis particular en generar empleos de calidad y mejorar los medios de vida de la población más pobre.

(1) La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf

(2) Atlas Agroalimentario 2015. SAGARPA; SIAP. http://nube.siap.gob.mx/publicaciones_siap/pag/2015/Atlas-Agroalimentario-2015

(3) Dip. Felipe Reyes Álvarez, declaración al periódico El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/01/5/solicitan-sedesol-y-liconsa-informes-de-contratos-de-leche-en

(4) Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.; reporte anual, pág. 16. https://www.gruma.com/media/522648/reporte_anual_gimsa_2013_versi_n_final_con_anexos.pdf

(5) David Whitford y Doris Burke, Cargill: una mirada al gigante de EU. http://expansion.mx/negocios/2011/10/27/

(6) Cargill y PROAOASS anuncian su Plan de Negocios en Sonora por $1.2 mil millones de dólares http://www.cargill.com.mx/es/noticias/NA31944059.jsp

(7) Desigualdad en México es peor a lo pensado: INEGI http://www.dineroenimagen.com/2016-04-04/70978

(8) De acuerdo con los datos del “Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018”, dos tercios de la población en condiciones de vulnerabilidad alimentaria es urbana; mientras que el tercio restante es de las áreas rurales.

 

 

 

Jorge Arturo Luna

Jorge Arturo Luna

Asesor para Políticas del Campo en la Coordinación de Desarrollo Sustentable del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura.
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