La reforma política de la CDMX desde la perspectiva federalista

Categoría: CDMX, EPSI23
abril 13 2016

Estamos frente a un hecho histórico para los ciudadanos que habitan la Ciudad de México y para la transición a la democracia de nuestro país. La conclusión de este paso trascendente que se encontraba en estado de latente desde hace 30 años es, sin lugar a dudas, un triunfo de la izquierda mexicana, del PRD, que luchó de la mano de los ciudadanos de esta capital desde 1988 por la democratización de la vida pública de México, y en particular, de la Ciudad de México, para que dejara de ser un apéndice de la Federación.

Las fundamentales reformas en materia política-electoral de 1996 representaron un importante paso para concretar no solamente la transición política de nuestro país, sino también para nuestra ciudad. Es así como se avanzó en el reconocimiento de que fuesen electos los titulares tanto del Gobierno del Distrito Federal, en 1997, como de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales, en el año 2000. Aunque se debe reconocer que no se registró un avance en cuanto a las facultades y ámbitos de competencia de estas últimas, manteniendo tan solo una visión administrativa al considerarlas como órganos desconcentrados, optando por un modelo político que dependía altamente de los poderes federales.

A pesar de que cuenta con representantes al Congreso de la Unión y participa en la formación de la voluntad federal, y que desde 1986 cuenta con una Asamblea de Representantes y después Legislativa, su representación se encontraba impedida, hasta ahora, de participar del poder constituyente, sin que se le reconociera su voz en el Congreso de la Unión, lo cual era totalmente contrario a los principios federalistas que fundaron nuestro sistema político, una exclusión que afortunadamente se eliminó en el texto aprobado y que permitirá que nuestra Asamblea Legislativa sea tomada en cuenta para dar su aquiescencia a las reformas constitucionales que se pretendan incorporar a nuestra Carta Magna, como sucede con los congresos locales.

Cabe recordar que, la autodeterminación de los ciudadanos de la Ciudad de México se terminó por perder por motivaciones políticas en 1928, toda vez que ante el problema de la coexistencia de dos soberanías en un mismo territorio, se optó por fortalecer la esfera federal en detrimento de lo local. Esa fue la base del problema jurídico que se resolvió mal en los terrenos de la política, con el presidente Álvaro Obregón, quien decidió suprimir de facto los derechos de una entidad federativa, como así lo reconoce el capítulo geográfico de nuestra Constitución, para pasárselos literalmente a la Federación, y, en los hechos, a engrosar las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente de la República.

A pesar de su condición sui generis de ser también la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en estricto sentido jurídico ello no debía haber sido una limitante para el reconocimiento de su autonomía. Lo cierto es que el asunto se definió por razones de índole política que fueron limitando cada vez más su esfera de competencia, a tal grado de que las funciones ejecutiva y legislativa del Distrito Federal fueron ejercidas en gran medida por los poderes federales, en particular sometidos a los intereses del presidente en turno y de ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde lo presupuestal y lo político.

Un rasgo sobresaliente de esa incapacidad política se sostenía en el artículo 122 que no reconocía el carácter de poderes a los órganos de gobierno del Distrito Federal, y los conceptuaba como funciones de órganos políticos-administrativos, del legislativo y del judicial de carácter local, con facultades restringidas por la esfera competencial de la Federación; lo cual es todavía una situación que debe resolverse en la ley, ya que aún se complican las decisiones de gobierno para enfrentar los problemas del desarrollo político, social, urbano y económico no solamente de la Ciudad de México sino también en lo que se refiere a la zona conurbada del Valle de México, y que deberá resolverse todavía por el Congreso de la Unión, ya que esta materia se mantiene todavía en el ámbito federal, por obvias razones.

De la familia de los Ycaros, ROMGO

Se derogan todas las facultades del Congreso de la Unión sobre la Ciudad de México, aunque en el mismo artículo 122 apartado B se expresa que: “Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución”. Y en razón de ello, falta el estatuto de capitalidad que establezca el pacto entre la federación y las autoridades locales para el buen funcionamiento de los poderes federales.
La convivencia forzada por la historia, de dos soberanías en un mismo territorio, al conformarse la República Federal y el asiento territorial, para el funcionamiento de los poderes de la Unión, se tradujo en términos prácticos en la definición de un ente administrativo más que de un gobierno propio, que administrara el espacio territorial y resolviera los problemas que enfrentaba su población, y por otro lado, fuera el guardián de las garantías mínimas para que los poderes federales no se vieran obstaculizados en su funcionamiento por el ejercicio de las facultades mínimas de los órganos locales.

Por ello, es que esta reforma política es fundamental para completar la transición a la democracia de esta ciudad, que se había visto estancada en los últimos veinte años, porque no habían los consensos necesarios que compartieran una visión sobre su futuro político, que hoy será su presente.
Será su presente al reconocerle como primera facultad soberana, el derecho de darse su propia Constitución bajo los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una entidad con un gobierno republicano, representativo, democrático y laico, con un constituyente plural y representativo del nuevo pacto político fundacional al que le estamos dando vida.
Será su presente porque suprime la denominación “Distrito Federal” y se sustituye por “Ciudad de México”, para darle un tratamiento equiparado al del resto de las entidades federativas.
Será su presente porque deroga la fracción IX del artículo 76, que era altamente intrusiva para la estabilidad política de la Ciudad, ya que facultaba al Senado de la República para nombrar y remover al jefe de Gobierno.
Será su presente porque plantea un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos del Distrito Federal, que elimina la intromisión del Congreso de la Unión, a través de la declaración de procedencia para que sea aprobado por su propio Constituyente y tutelado por sus autoridades locales.
Porque reconoce a la Asamblea como poder Legislativo local, cuyos integrantes podrán reelegirse hasta por cuatro periodos, como se aprobó en la reforma político-electoral, y al igual que los demás congresos locales de las entidades federativas, estará facultado este poder Legislativo local para aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Local por mayoría calificada.
Se garantiza el derecho de minorías por medio del acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y a los de mayor representación, a la presidencia de los mismos.
Se diseña una entidad de fiscalización de la Legislatura de la Ciudad de México, como un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones que coadyuvará con el nuevo sistema nacional anticorrupción.

Aunque se establece un nuevo régimen de gobierno para las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México las cuales dejarán de ser órganos de gobierno unipersonales, para contar con un cabildo plural que funcionara como un contrapeso real a las decisiones de su titular, este diseño parece que se queda corto frente a las aspiraciones de otros partidos o partidarios de una mayor apertura política que se reflejará en este nivel de gobierno, que es el de primer contacto con la ciudadanía y las problemáticas locales.
Y en parte no se avanzó más en este tema, porque existen asuntos que, por su importancia, se mantienen centralizados como son el de la seguridad pública y el presupuestal.

En el primer caso, se optó por continuar con el mando centralizado de las fuerzas policiacas de la Ciudad, el cual determina que corresponde al jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública. Con esto se evitó que cada demarcación territorial contara con su propia fuerza bajo el mando del Alcalde, lo que se pensó que podría poner en tensión el modelo de sistema de seguridad pública de la Ciudad, que hubiera tenido que replantearse de manera radical, para ponderar nuevos equilibrios entre los intereses de la Ciudad y los de las demarcaciones territoriales.

Ycaros azules en fondo rosa, ROMGO.
Aunque en la reforma se dice que el Gobierno de la Ciudad de México tendrá la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como la facultad para nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública, queda un resabio de la misma injerencia, ya que se afirma que en la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. O sea que el Ejecutivo federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta Base, o sea que otra vez pasará lo mismo en este tema que se viene arrastrando desde hace muchos años.

En el segundo caso antes citado, en la parte presupuestal, hay que decirlo, todavía existe dependencia de la Cámara de Diputados y del gobierno federal a través del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque con términos más suaves, se dice que analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos así como las bases para su ejercicio. Para determinar los recursos que se requiera, ahora ya tiene una base normativa para ejercer sus recursos con mayor certidumbre jurídica, pero esta derrama de recursos pasará por un primer control del gobierno de la ciudad, para llegar posteriormente a los gobiernos de las alcaldías, en esto esperamos que la Federación se abstenga de menoscabar los recursos que por derecho le corresponden a esta ciudad y a sus alcaldías, como parte del arreglo institucional fundamental de nuestro país, que significa el Pacto Federal Fiscal como son parte las demás entidades federativas.

Por otro lado, la federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los estados y municipios conurbados en la zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos más eficientes, con un Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

Con estas nuevas bases constitucionales y otras más, ciertamente se están fundando los cimientos de una nueva Ciudad de México como una nueva entidad soberana, en la que hoy los ciudadanos que la habitamos podremos ejercer plenamente los derechos que históricamente nos corresponden. Quedará como responsabilidad de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México desarrollar con responsabilidad soberana los contenidos de esta reforma política, en ejercicio de una autodeterminación que se ha reconocido a los ciudadanos que habitamos esta Ciudad de México. Por ello, al escribir estas líneas me congratulo de este logro histórico en el que contribuimos desde hace años desde la propuesta parlamentaria. Enhorabuena y que sea por el bien de México.

Mario Maldonado

Mario Maldonado

Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional. Asesor de Política Interior y Reforma del Estado
Mario Maldonado
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México: Militarismo y Guardia Nacional


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