La iniciativa no ciudadana en “Defensa de la familia natural”

Categoría: EPSI26, Otros puntos
octubre 1 2016

El 23 de febrero pasado, el Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P., representado por su presidente, Juan Dabdoub Giacoman, entregó a la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el texto de una iniciativa ciudadana que pretende reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañada con diversas cajas que contenían las listas de los nombres de las y los ciudadanos que apoyaban dicha iniciativa.

Una vez realizada la verificación correspondiente por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) del porcentaje requerido por ley, del número de ciudadanos que suscribieron la propuesta –alrededor de 122 mil, de acuerdo con el informe del órgano electoral– fue presentada ante el pleno del Senado de la República, el día 12 de abril del presente año, y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, de la Familia y Desarrollo Humano, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta iniciativa deberá ser discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia este primero de septiembre, por lo que es conveniente hacer un análisis de lo que el Consejo Mexicano de la Familia propone reformar del texto constitucional y de sus alcances.

En primer término, la iniciativa pretende establecer que el hombre y la mujer son diferentes y complementarios entre sí. La propuesta no dirime en qué ámbitos los hombres y las mujeres somos diferentes, sino simplemente establece, por decreto, esta diferencia para fines indeterminados; sin embargo, y de acuerdo al texto, ningún hombre o mujer, por sí mismo, sería una persona integral, puesto que necesita a alguien del sexo opuesto para completarse o perfeccionarse. En segundo término, la propuesta intenta inscribir en la Carta Magna que el matrimonio únicamente será susceptible de realizarse entre un hombre y una mujer, eliminando la posibilidad de que las entidades federativas legislen en relación al matrimonio igualitario. De aprobarse esta iniciativa, aquellas legislaciones que ya contemplan la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo deberán declararse inconstitucionales, y los matrimonios ya establecidos serían nulos.

Por otra parte, pretende establecer al matrimonio de hombre y mujer como el arreglo familiar idóneo para el Estado mexicano. Cualquier otra conformación diferente a esta no podrá ser reconocida como familia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI),1 únicamente el 62.8% de las familias en México corresponden a una familia nuclear, es decir, integrada por papá, mamá e hijos(as); mientras que el otro 37.2% tiene una conformación diversa (familias extensas, familias monoparentales, familias homopartentales o lesbomaternales, etcétera).

Pero la iniciativa pretende ir más allá de la simple declaración del matrimonio entre hombre y mujer como un espacio natural para el desarrollo de la familia, estableciendo que exclusivamente los matrimonios o concubinatos –obviamente conformados por hombre y mujer– tendrán el derecho a decidir, de manera libre e informada, el número y espaciamiento de sus hijos. Lo anterior implica que una mujer o un hombre solteros no pueden decidir tener hijos, es decir, por sí mismos no tienen el derecho a formar una familia, sino únicamente a través del matrimonio o concubinato. Esto resulta congruente con el primer párrafo de la reforma, puesto que una persona necesita a otra del sexo opuesto para considerarse integral, y el Consejo Mexicano de la Familia, preocupado por la niñez de México, no podría permitir que una persona “incompleta” se encargara de la crianza de niñas o niños.

Sin embargo, ¿qué sucedería con aquellas madres o padres solteros? El mismo texto de la reforma plantea la solución, puesto que establece que todas las niñas y los niños tienen el derecho a crecer en una familia, bajo el cuidado y protección de una madre y un padre, y que, con base en el interés superior de la infancia, el Estado tiene la obligación de preservar este derecho. De esta manera, si una niña o un niño fuesen privados de su familia –es decir, de tener una madre y un padre– las instancias gubernamentales tendrían la obligación de procurarles una.

Los alcances de esta reforma podrían conllevar a que, con base en el derecho de las niñas y los niños a vivir con ambos progenitores, se pudiera dar el caso de negar el divorcio a una mujer víctima de violencia intrafamiliar; ya que, sobre su derecho a vivir una vida libre de violencia, tiene primacía el derecho de sus hijos a vivir con su padre. Más allá, las hijas e hijos de madres o padres solteros estarían “disponibles” para adopción por parte de parejas que, pudieran o no, ser parientes de sus hijos. Y en caso de que ambos progenitores fallecieran, las niñas y niños no podrían quedar al cuidado de su abuela o abuelo, si estos no viven juntos o uno de ellos falleció, ya que la reforma explícitamente establece que éstos deberán ser adoptados por una pareja de madre y padre.

La misma suerte podrían correr aquellas familias que, aun sin estar legalmente o emocionalmente divorciados o separados, han decidido dejar la crianza a uno de ellos, mientras que la otra parte integrante de la pareja se encuentra trabajando lejos del hogar, como los miles de migrantes que, en busca de un mejor nivel de vida para sus familias, decidieron emigrar a otros países que les garanticen un mejor ingreso.

Por supuesto, las mujeres solteras no tendrían derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida, ya que, por encima del derecho de una persona a conformar una familia, está el derecho de las niñas y los niños a vivir con un hogar al cuidado de un padre y una madre. De igual manera, sin importar si la interrupción del embarazo es legal en ciertas entidades federativas o en ciertas circunstancias, para que esta pudiera ocurrir, se requeriría el consentimiento del cónyuge o concubino.

Esto es, a grandes rasgos, lo que se propone en la iniciativa del Consejo Mexicano de la Familia. Pero ¿por qué le llamamos la iniciativa NO ciudadana? Esta propuesta de reforma a la Constitución Federal fue impulsada por Juan Dabdoub Giacoman, quien preside el Consejo Mexicano de la Familia y representa a las y los ciudadanos que la suscribieron.

Juan Dabdoub, de acuerdo a su curriculum, es originario de Monterrey, Nuevo León, mercadólogo, con diversos estudios de posgrado. Su hoja de vida también indica que en diciembre de 2009 fue condecorado por el Presidente de la Republica de Honduras, por su labor en ese país a favor de la democracia con la Orden “José Cecilio del Valle” en el Grado de Comendador.

En el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no se encontró ningún registro a nombre de Juan Dabdoub Giacoman o Juan Manuel Dabdoub Giacoman, por lo que es imposible afirmar que tenga estudios de licenciatura en mercadotecnia y mucho menos de posgrado. Pero lo que más llama la atención es que en 2009 haya aceptado la condecoración por parte del gobierno hondureño de manos del tristemente célebre Roberto Micheletti.

De acuerdo al inciso C) del artículo 37 de nuestra Constitución, la ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

En una consulta realizada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable del registro de los permisos para aceptar condecoraciones, Juan Dabdoub Giacoman nunca solicitó el correspondiente permiso, por lo que desde 2009 Giacoman no sería ciudadano mexicano, y no contaría con las prerrogativas inherentes a la ciudadanía, como tomar parte en los asuntos políticos del país, asociarse con otros ciudadanos para ello, ejercer el derecho de petición y de iniciar leyes, como es el caso.

Juan Dabdoub ha criticado abiertamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la legalidad del matrimonio igualitario y la inconstitucionalidad de los ordenamientos legales que circunscriben la figura del matrimonio a la pareja de hombre-mujer, llegando incluso a decir que la SCJN violó la constitución por estas decisiones, sin embrago, como puede observarse, quien sí violó la Constitución fue él.

Esperemos que las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, en un ejercicio responsable de análisis, desechen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promovida por el Consejo Mexicano de la Familia. Lo veremos a partir de septiembre.

(1) Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Base de datos. México, INEGI.

 

 

Olivia Rubio Rodriguez

Maestra en Criminología y Política Criminal por el
INACIPE. Especialista en Derechos Humanos y Sistema Penal. Asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

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