La guardia nacional del 27 de marzo

El 27 de marzo entró en vigor las reformas a la Constitución en materia de creación de la Guardia Nacional en la época lopezobradorista; aún con las reformas al proyecto original del Presidente, sigue manteniendo en esencia la misma directriz que hemos cuestionado desde el sexenio de Calderón, pero más allá de la letra de sus transitorios lo que es determinante es la decisión del Presidente López Obrador para que la GN esté militarizada.

En medio de una compleja situación política derivado del resultado de la votación del 1 de julio del 18 que lleva a Morena el movimiento del Presidente, a tener una amplia mayoría absoluta en las dos cámaras, y con una oposición que todavía no logra salir del impacto al quedar minimizada, fue un acierto la negociación parlamentaria por parte de la oposición en el Senado al lograr quitar el carácter militar de la Guardia Nacional, sin embargo los transitorios señalan que las Fuerzas Armadas participarán durante 5 años en tareas de seguridad pública y se ha mencionado que 40,000 efectivos militares, así como alrededor de 20,000 efectivos de la Policía Federal conformarán la Guardia Nacional. En los hechos enfrentamos una decisión presidencial que no es la que se espera derivado de la discusión de las y los especialistas en la etapa de consultas realizadas por el Congreso de la Unión. He aquí algunos asuntos a considerar:

a) López Obrador ha dicho que las 266 regiones en que ha dividido el país tendrán como responsables a un militar en funciones o en retiro; como sabemos aún en retiro no desaparece su rango militar, siguen siendo militares. Esta decisión, así como encomendar a un militar la presentación de los nuevos uniformes reflejan que el Presidente constituirá su Guardia Nacional con militares de manera preponderante, contrario a lo que señala la Constitución que deben ser las Fuerzas Armadas complementarias y subordinadas a la autoridad civil;

 b) nadie puede ser ingenuo respecto de que la intención de mantener 5 años a las FA en tareas de la GN va a retrasar la implementación de la guardia civil, o mucho peor: la va a imposibilitar;

JESSICA FELDMAN

Relax… no te enredes, serie Move, óleo sobre lino, 120 x 120 cm.

 

 c) el gobierno del presidente López Obrador no toma en consideración el acervo derivado de la discusión trascendental en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revolver la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior impuesta por el PRI y aliados en el Congreso anterior. Desdeña también las soluciones hacia la implementación de una estrategia a corto y a largo plazo sobre la seguridad pública y humana que urge en nuestro país;

 d) si quienes, como se avizora, dirigirán los distintos mandos de la GN provienen de las FA pueden determinar directrices inscritas en la disciplina militar que se caracteriza por el mando vertical y uso de la fuerza desmedida y letal, podemos anticipar que delitos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamientos forzados, no serán contenidos y las cifras de violaciones a los derechos humanos seguirán a la alza;

 e) los miles de policías militares que ya existen no cambiarán con sólo cambiarles el uniforme; seguirán siendo lo que son: militares, adiestrados en la doctrina militar. Esa dinámica se trasladará a quienes no provienen del adiestramiento militar;

 f) en los hechos, se seguirá implementando la misma fórmula de los dos sexenios anteriores, ergo nada cambia, todo sigue igual. Quien gobierna a partir del 1 de diciembre no ha hecho una evaluación apegada a la realidad, no ha tomado en cuenta los estragos de la guerra que ha dado como consecuencia en miles de personas desaparecidas de manera forzada, miles de personas desplazadas, torturadas, vejadas, asesinadas;

 g) continuará latente la violación a los derechos humanos como consecuencia del uso excesivo de la fuerza; las FA están adiestradas para enfrentar al enemigo. Los delincuentes propiamente son enemigos de la sociedad, no del Estado;

 h) con esta decisión del Presidente anticipamos que los retrocesos a lo concebido en materia del debido proceso legal, reestructuración de centros de privación de libertad, reinserción social, prevención social del delito y protección a los derechos humanos son serios. Estamos ante el riesgo de volver al sistema inquisitivo;

 i) México padece situaciones propias de un país en guerra que no van a cambiar porque se sigue aplicando la misma fórmula que nos ha llevado a esta situación de crisis y violencia generalizada: la concreción de una seguridad pública eficiente y la persecución de la paz seguirán siendo una utopía;

j) México ha sido señalado desde los organismos de derechos humanos como un país en donde la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, constituyen violaciones a los derechos humanos, con esta decisión del Presidente, el Estado Mexicano puede recibir recomendaciones señalándose que la directriz de la GN en los hechos es inconvencional.

Aquí algunas líneas de lo que se tiene que hacer, para evitar que México sea señalado por los organismos Internacionales de Derechos Humanos y las OSC defensoras de derechos humanos y realmente transitemos hacia una ruta distinta a la implementada por Calderón hace 12 años y reafirmada por Peña hace 6 años:

a) las instituciones académicas que formen a las policías de la GN necesariamente deben ser del orden civil y formadas en las ciencias más avanzadas que están diseñadas desde la OEA y la ONU, así como desde instituciones académicas y especializadas de México;

 b) las corporaciones policíacas deben tener controles internos y externos;

 c) valoración de las buenas prácticas que existen en algunos municipios;

 d) respeto irrestricto a la ley contra la tortura, la responsabilidad penal abarca a toda la cadena de mando;

 e) revisión periódica formal de la estrategia de seguridad: gobierno, CNDH, organizaciones especializadas de la sociedad civil, con acompañamiento de los organismos internacionales de Derechos Humanos;

 f) Cámara de Diputados y Hacienda deben etiquetar recursos suficientes para que se constituyan las policías que urgen en las entidades federativas y municipios. Un problema tan complejo como lo es la falta de policías capaces no se resolverá de un día para otro, sin embargo hay que superar el obstaculizador que representa la falta de recursos que garanticen la formación y actualización de las policías, así como la implementación de tecnología especializada en investigación criminalística;

 g) es necesario que las y los especialistas y las OSC defensoras de DH participen en la redacción de las leyes de la Guardia Nacional, para el uso de la fuerza pública y del registro de detenciones, y evitar su aprobación particularmente sin consenso de la oposición;

 h) es imprescindible la dignificación de los cuerpos policiales para garantizar su respeto y sean “asimilados como parte de una respuesta colectiva de proximidad con la sociedad civil” para que haya respuestas duraderas como lo señala José Miguel Insulza ex secretario de la OEA. Por lo tanto se debe reformar el artículo 123 constitucional para que gocen de plenos derechos laborales igual que cualquier trabajador del Estado;

 i) debe promoverse la política de que las y los policías se jubilen con honores;

JESSICA FELDMAN

Believe, óleo sobre lienzo, 80 x 80 cm.

 j) la crisis policial resulta de la sensación de inseguridad que impide, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su transformación en la fuerza de seguridad con vocación de servicio y de protección a la ciudadanía contra la alarmante delincuencia. Ante esta crisis urgen directrices desde un enfoque integral en un contexto más allá de nuestras fronteras, puesto que las víctimas lo son también de delitos trasnacionales como la trata de personas, uso de armas ilegales, narcotráfico, violencia contra migrantes, además de delitos del fuero común que deben seguir en ese orden de gobierno, lo que nos obliga a un diseño transversal para el ámbito local y municipal con una correcta coadyuvancia con la federación tomando en consideración la prevención social del delito, uso legítimo de la fuerza pública, funcionamiento en los centros de privación de la libertad conforme lo señala la Ley, entre otros aspectos;

 k) la seguridad pública para que sea efectiva y eficiente en proteger a todas las personas debe legitimarse resolviendo el reclamo social de que la inseguridad amenazan la vida y la democracia como lo ha escrito Juan E. Méndez quien abunda que el reto de la seguridad es mejorar la gestión y control policial, de atención y protección a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos como prioridad.

Cualquier gobierno democrático que busca soluciones en esta materia, debe observar el fenómeno integral a la luz de la seguridad humana y la relación entre seguridad y derechos humanos como requisito indispensable. México ha sido señalado reiteradamente desde los organismos de derechos humanos como un país en donde la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, constituyen violaciones a los derechos humanos. Es necesario por lo tanto, que las sociedades desde diversas esferas tengan un papel más activo y relevante, tanto para incidir en la participación y prevención, como para promover rendición de cuentas y exigir políticas que coadyuven a la construcción de acciones eficientes y eficaces contra la inseguridad pública derivada por la omisión o comisión de los gobiernos en los tres órdenes de gobierno. Si una niña o adolescente camina segura por cualquier calle de su comunidad, esa comunidad es segura para toda la sociedad.

 

 

 

 

 

Angélica de la Peña Gómez

Angélica de la Peña Gómez

Senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática. LXII Legislatura.
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