La era del constitucionalismo progresista

Categoría: El punto es, EPSI30
mayo 31 2017

Danzón (fragmento), , Margarita Chacón, mixta/tela, 120 x 100 cm, 2011

Danzón (fragmento), , Margarita Chacón, mixta/tela, 120 x 100 cm, 2011

La voluntad de la sociedad debe verse reflejada en los principios constitucionales que le rigen y no de sociedades pasadas o de leyes en letra muerta que solo adornan con los buenos deseos aspiracionales.

La época progresista

Referirnos a la connotación progresista es vincularnos a un pensamiento trasformador desde la abstracción filosófica, sociológica, política y social. Pensadores griegos como Sócrates, con su idea moral del ser humano; Platón, en La República al referirse al Estado ideal y describir una sociedad de avanzada en los asunto públicos; Aristóteles con su reflexión de idea política con base en principios éticos y de valores, podemos destacar ideas orientadas a construir un pensamiento trasformador y progresista; sin embargo solo por pensamiento y enseñanza, poco común en la vida diaria de aquel tiempo.

Más allá de ello, fueron doctrinas de aspiración a las ideas políticas del espíritu ilustrado las que encontraron su apogeo en los cambios y las trasformaciones del pensamiento de signo progresista, en dos grandes movimientos que caracterizan el aspecto político del siglo XVIII: La independencia de los Estados Unidos de América, de carácter notablemente económico, y la Revolución Francesa, la cual da origen a los cambios y trasformaciones de lo político y lo social.

La Revolución Francesa fue un hecho histórico de gran trascendencia en la conducta social con relación al pensamiento progresista, no solo por los cambios que operó en Francia y en Europa, sino por su repercusión en el resto del mundo.

John Locke concede a los gobiernos despóticos la voluntad del pueblo como un orden supremo; Juan J. Rousseau, y el pacto social por un orden común y socialmente posible, es considerado en aquellos tiempos como un libre pensador,  teórico del romanticismo y creador del nuevo pensamiento de la democracia; Montesquieu, y la división de poderes para organizar la estructura de quienes ejercerán el poder frente a lo que después se llamara Estado; Voltaire, con su influencia racional de alcanzar la felicidad por el solo pensamiento que engloba el reconocimiento de los derechos sociales y el enorme freno al fanatismo religioso; Roberto Owen, en la practicidad del reconocimiento a los derechos sociales de los trabajadores con la plena convicción de reconstruir una nueva moral, impulsador del movimiento obrero británico, siguiendo los principios dogmáticos de platón; Agusto Comte y su principio metodológico del positivismo; Emilio Durkheim, y la formación  educativa a partir del hecho social; Engels y Marx, en la unificación de clase sociales y la crítica del modelo económico del liberalismo de Adam Smith; Max Weber y su extensa obra de Economía y Sociedad; Kant y sus avances en el empirismo y racionalismo, llevan a la orientación del pensamiento de la Escuela Crítica Alemana a la publicación de una escuela del pensamiento occidental de innovación y cambios que podemos considerar en la justificación de progresividad.

Es necesario resaltar, para el tema de pensamiento progresista, el suceso importante que formalizó la Revolución Francesa en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, al igual que había hecho el congreso norteamericano en 1776. Los constituyentes franceses, el 26 de agosto de 1789, adoptan y consideran que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, declarando que los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre hacen que el fin de esta declaración se enfoque a todos los sectores de la población, y así les recuerdan sus deberes, y que frente a cualquier institución política, sean más respetados todos los ciudadanos, a fin de que en un futuro se base en principios indiscutibles para la humanidad permanentemente.

Los anteriores son algunos de los sucesos que van a motivar al constituyente de 1917 en nuestro país plasmar los derechos sociales y agrarios en la Constitución, justificados en los sucesos históricos del movimiento de la Revolución Mexicana, y llevando con ello el espíritu progresista hasta ser eje conductor de la primera constitución en reconocer tales derechos.

Actualmente nos encontramos en el año del bicentenario de nuestra Constitución Federal, de la cual hemos presenciado diversos cambios y modificaciones al texto original del 17. Sin embargo, de las modificaciones o reformas que han sido efectuadas hasta nuestros días, podemos identificar que las que reflejan cambios significativos en la trasformación de nuestra vida en la sociedad ha sido el reconocimiento de los derechos humanos, la protección a los usos y costumbres de los pueblos originarios, la protección a los derechos de la familia y de los niños niñas y adolescentes, la protección de los derechos políticoelectorales, la transparencia de los derechos a la información, la protección ecológica a la biosfera, su principio rector de legalidad, seguridad jurídica y trasformación en la adopción de los procedimientos de los juicios orales, entre otras reformas.

No obstante, ninguna de ellas alcanza a desprender un avance tan significativo como lo expuesto por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el 5 de Febrero de 2017, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución de la Ciudad de México.

Dentro de sus artículos constitucionales se encuentra el 5, que establece la ciudad garantista, y en su letra «A» denomina el término progresista de los derechos como el hecho de que todas las autoridades, conforme a su competencia, deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas hasta el máximo de los recursos que se dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de la Constitución de la Ciudad de México.

Esto quiere decir que desde su índole enunciativa y como principio constitucional, conlleva su carácter progresivo, para ser acatado dicho principio por toda autoridad en la facultad de su competencia, pudiendo garantizar en los ciudadanos y en la población de la Ciudad de México el pleno desarrollo de sus derechos.

Compromiso adoptado

Entre los compromisos adoptados en el texto constitucional de la Ciudad de México se identifica el de que las autoridades tendrán el pleno compromiso de lograr los derechos reconocidos en la propia constitución.

Más allá de muchos de los compromisos adoptados en la propia Carta Magna, debemos tomar en cuenta que son principios de una constitución con muchos deseos transformadores, como lo son el tema de salud, protección a la ecología, a los animales, protección a los grupos vulnerables, participación ciudadana, contribución social, creación de nuevos organismos públicos y, en general, mayor involucramiento del ciudadanos en los asuntos de interés público en relación con sus instituciones y acciones en la toma de decisiones.

Debemos hacer hincapié en que, en general, los modelos adoptados de nuestras legislaciones han sido unos que no atienden a un modelo sociocultural de nuestra sociedad; los sucesos histórico-políticos del mundo ha sido propicios para motivar nuestros cambios en el contenido de nuestras legislaciones.

La Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución del país en la que el ejercicio de poder para su creación potestativa y legitimada de sus actores involucrados fueron los propios ciudadanos, no solo los representantes de los poderes institucionalizados del Estado.

Involucrar a los ciudadanos en las decisiones legislativas y administrativas del ejecutivo involucra su interés en la participación de sus acciones y permite mayor legitimidad de las instituciones en la gobernabilidad de los representantes.

Recordando al gran teórico Giovanni Sartori, cuando se le preguntaba sobre la crítica al modelo democrático y decía, en su opinión de tratadista, que “el modelo democrático puede ser un modelo que tiene errores, pero no existe hasta nuestros días un modelo el cual lo haya superado, entonces hagámoslo perfectible conforme a su necesidad”.1

Blue Marine, Margarita Chacón, mixta/tela, 50 x 50 cm, 2013.

Blue Marine, Margarita Chacón, mixta/tela, 50 x 50 cm, 2013.

Alcances comprendidos en los derechos del ciudadano de la Ciudad de México

El alcance de nuestras legislaciones debe ir acorde con las necesidades y trasformaciones de la sociedad; no podemos seguir repitiendo los grandes errores de tener legislaciones desapegadas a nuestra realidad social.

Los derechos reconocidos y comprometidos en la Constitución de la Ciudad de México conllevan a una serie de modificaciones a la forma de gobernar y propiciarán en el nuevo gobierno, en el año 2018, una serie de cambios significativos en los diversos sistemas en el ámbito de la administración, transformaciones que deberán ser no solo de disposiciones jurídicas sino de infraestructura y estructura. De ellas tenemos ejemplos como el reconocimiento de su conformación y reconocimiento de sus habitantes de la ciudad como plurilingüe, pluriétnica y pluricultural con los principios rectores por la dignidad humana y sistematización de los derechos humanos; derecho a un ambiente ecológico y sustentable con apego a la naturaleza del entorno y protección de sus recursos, como el agua; avances en su sistema de protección a la salud desde el carácter de difusión para la prevención, atención de los servicios básicos y de especialidad, y el reconocimiento a la libre autodeterminación hasta de la propia vida humana.

Tal constitución describe una ciudad pensada en el futuro, que impulse la sociedad del conocimiento, la formación educativa formal e informal que conlleve lo integral, científico, de innovación tecnológica y sus alcances del saber: aspiraciones.

Se identifica a la Ciudad de México con la idea de promover una presencia global en el mundo, en relación con los diversos gobiernos locales y mediante acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia. Así, asumirá su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad, bajo los principios que rigen la política exterior.

Garantiza una libertad de expresión y de información bajo la protección de los datos personales e instrumenta los modelos de democracia directa, participativa y representativa sin alcanzar a situar el modelo deliberativo que permita instrumentar la posibilidad de sus mecanismos de participación ciudadana como es la iniciativa ciudadana del referéndum, el plebiscito y las consultas.

Deuda encomendada

La Constitución de la Ciudad de México compromete cambios no solo en el reconocimiento de los derechos de inclusión de las personas y los habitantes de la ciudad, sino en la facultades de los poderes y en el ensachamiento de sus instituciones las cuales involucrarán una mejor administración sin duda, pero con mayores exigencias que cumplir y recursos que obtener.

Es adecuado referirse a la palabra “progresista” que el constituyente mostró en las definiciones de los términos utilizados en el contenido de sus derechos innovadores y de avanzada que enunciativamente plasmó en el texto constitucional. Sin embargo, el compromiso ético y moral que involucra garantizarlos a la población de la Ciudad de México es aún aspiracional, pues debe ser en las leyes secundarias y adjetivas donde se nos pueda aclarar las forma de garantizar esos derechos.

Los retos para poder gobernar y administrar la Ciudad de México tienen la encomienda de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución; los legisladores deben acotar y delimitar la viabilidad del conjunto de derechos que involucran los cambios propuestos. Los adornos legislativos propiciarían el descontento social y la deslegitimación del avance logrado en el reconocimiento de derechos de avanzada para la sociedad trasformadora en la que vivimos; las justificadas y fundamentadas resoluciones del poder judicial de la ciudad deben ir argumentadas ante los nuevos conceptos de derecho que involucren los razonamientos lógicos jurídicos que el legislador plasmó en la Constitución.

Solo estamos en espera de los enormes cambios que, lejos de poder ser criticados por su aspiración futura, comprometen enormes cambios de las autoridades y de los comportamientos de los ciudadanos.

1 Conferencia magistral dictada por Giovanni Sartori, titulada: “Medios de Comunicación, información y decisiones públicas: un reto para la democracia”, dictada el 21 de noviembre de 2001 en la Ciudad de Monterrey, obtenida de https://www.youtube.com/watch?v=xV_5Yb6FvIk y puede consultar la obra Sartori, Giovanni, Qué es la democracia, México, Taurus, 2004.

Alexy, Robert, Derecho y razón práctica, México, Fontamara, 1993.
Apel, Karl-Otto, Teoría de la verdad y ética del discurso, Barcelona-Madrid, Paidós, 1998.
Huntington, Samuel P., El orden político en las sociedades de cambio, España, Paidós, 1996.
Reyna Lara, Mauricio, El Estado democrático de derecho en México y sus mecanismos de participación ciudadana. Un análisis desde el derecho comparado. Porrúa, 2010.
Sartori, Giovanni, Qué es la democracia, México, Taurus, 2004.
Tocqueville, Alexis, La democracia en América, 2a. ed., México, FCE, 2005.
Weber, Max, Economía y sociedad, 2a. ed., México, FCE, 2008.
Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 6a. ed., Madrid, Trotta, 2005.
Zimmerman, F. Joseph, Democracia participativa. El resurgimiento del populismo, México, Limusa, 1992.

Mauricio Reyna Lara

Mauricio Reyna Lara

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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