Gobiernos de Coalición y Representación Proporcional

Categoría: El punto es, EPSI32
octubre 1 2017

El sistema político mexicano está agotado y por ello es urgente construir y consolidar uno diferente. Necesitamos un nuevo régimen político en donde el presidente de la República y los gobernadores sigan siendo titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, respectivamente, pero con cámaras del Congreso de la Unión, y congresos locales empoderados, que tengan los elementos necesarios para ser corresponsables de la gobernabilidad democrática y del propio ejercicio, y sobre todo de la evaluación permanente de los gobiernos.

Hemos insistido históricamente en el cambio de régimen político, porque una de las causas principales de los atropellos autoritarios vividos por nuestra sociedad en las últimas décadas del siglo XX, fue el presidencialismo exacerbado que diluyó en los hechos la división de poderes republicanos, los contrapesos institucionales, la pluralidad política y, en síntesis, el Estado de derecho mismo, arrojando al país y a la sociedad a un inmenso abismo de corrupción e impunidad que no hemos podido superar hasta nuestros días.

La llamada transición democrática de principios de este siglo no tuvo la fuerza ni la capacidad para convocar todas las voluntades sociales, económicas y políticas, y articular una gran reforma del Estado que facilitara adecuar la realidad política, social y económica de un país cada vez más complejo, diverso y plural, con un entramado institucional que estuviera a la altura de estos retos que implicaban cambios de gran calado.

Al contrario, la transición fracasó porque no se pactó un cambio de régimen, y los gobiernos de minoría que resultaron de las alternancias políticas a nivel federal –dos del PAN y el actual del PRI– enmarcados en Congresos muy plurales y sin mayorías políticas claras, hicieron naufragar el impulso de cambio registrado en aquellos años, y los gobiernos estatales que logró mantener el PRI, sobretodo, en este mismo periodo de tiempo, se atrincheraron en la resistencia al cambio, en una especie de “zona feudal” y en buena medida lograron ahogar o cooptar, a los agentes de ese cambio que nunca llegó.

Pero también hay que decir, que a nivel local, los gobiernos de la alternancia de todo signo, durante este periodo al que hago referencia, no consiguieron implantar en sus territorios la cultura de cambio, ni las mejores prácticas de gobierno, ni una mística de honestidad a toda costa, ni el germen de cambio local para preparar y avanzar hacia un cambio nacional. Es decir, no se pudo y también hay que decirlo, y a veces no se quiso –hablando de nosotros– construir un sello democrático, que distinguiera a nuestros gobiernos de los demás, salvo honrosas excepciones en donde se lograron aplicar políticas públicas de avanzada y en donde se logró legislar cambios estructurales en lo local.

Al contrario, una mayoría de los gobiernos emanados de la pluralidad –y, subrayo– de todo signo, fueron mediocres, cortoplacistas, cooptados por los elementos del viejo régimen, por la delincuencia o por los sectores más conservadores y no lograron crear modelos de gobierno que se fueran replicando por todo el país.

Atrapados en la vorágine de la utilización de los recursos públicos para la promoción y la competencia política, los cuadros de la alternancia real o embozada, no se tomaron la molestia de priorizar programas de cambio profundo, porque lo que se proyecta a mediano o a largo plazo, no tiene, en la mente tradicional de la clase política, un resultado electoral tangible y benéfico para el gobernante en turno.

Los congresos locales, famosos por el uso discrecional de los recursos, por el dispendio, por la opacidad, por la creación al por mayor de comisiones “legislativas” bajo la estricta lógica de reparto de poder, son tan solo un botón de muestra. Congresos cuyo número de integrantes es igual o menor al número de comisiones legislativas. Comisiones que tienes dos o tres integrantes, que no se reúnen, que no dictaminan, etc. Saquen ustedes sus propias conclusiones

Sin duda los gobiernos de la Ciudad de México aportaron mucho en tratar de construir un modelo democrático de gestión, con éxitos y fracasos, igual que la Asamblea local, que logró la expedición de algunas leyes muy progresistas, ahora replicadas en otras entidades del país, pero, sin embargo, la propia Asamblea no atinó nunca a erigirse en un modelo legislativo democrático, eficaz, transparente y austero.

La reciente aprobación de la Constitución Local de la Ciudad de México apunta a un horizonte democratizador y esperanzador, sin embargo, la votación por un Cabildo monocolor, es otra muestra de la contradicción inherente a nuestra herencia autoritaria y antidemocrática. Haber legislado en pro de cabildos de “carro completo” equivale a trastocar la esencia democrática de nuestra Constitución, moderna, claramente enclavada en el siglo XXI, que incluye derechos de tercera y cuarta generación, y trasladarla al pasado, al no comprender que la pluralidad es la esencia del buen gobierno, y que el equilibrio es la garantía del ejercicio democrático del poder.

Ante esta realidad de estar atrapados entre la incapacidad de generar un nuevo modelo político democrático, transparente, incluyente, por un lado, y por el otro, estar ante un modelo político rebasado por los fenómenos de parálisis, ineficacia, corrupción, opacidad, impunidad, inestabilidad y bloqueo permanente, proponemos con urgencia un sistema presidencial pero con verdaderos instrumentos parlamentarios que hagan más eficaz y más responsable la marcha del gobierno. En primer lugar, un sistema que dote al gobierno de mayoría para gobernar, a través de una coalición de partidos.

La Constitución reconoce como un derecho y una facultad del titular del Ejecutivo federal generar los consensos necesarios junto con otras fuerzas políticas para formar una coalición de gobierno de mayoría, basados en objetivos comunes en cuanto a políticas públicas y de Estado que dicten las pautas para el desarrollo a corto y largo plazo del país, y que establezcan los objetivos prioritarios y estratégicos del gobierno.

El presidente nombra a su gabinete y sus integrantes deben ser ratificados por mayoría en las cámaras del Congreso, y a la vez, pueden estas solicitar la remoción de dichos funcionarios, por mayoría calificada, y a través de una moción de censura, ante un desempeño deficiente de sus responsabilidades.

La mejor fórmula para la aprobación y ratificación del gabinete presidencial es a través de una mayoría plural construida en las cámaras del Congreso, a partir, precisamente, del acuerdo que sustenta la coalición de gobierno.

Es por ello que si el presidente y su partido no tienen mayoría absoluta en ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión, aquél tendría que, obligadamente, construir un gobierno de coalición, con un programa de gobierno y una agenda legislativa comunes. La relación entre el Ejecutivo y el Congreso debe ser transparente, permanente y fluida.

El poder Ejecutivo tendrá una gobernabilidad democrática diferente, sustentada en el respaldo mayoritario y plural de las Cámaras del Congreso, y éstas a su vez actuarán como un contrapeso y un órgano de control que obligue al Ejecutivo a observar estrictamente sus facultades, así como rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el poder Legislativo.

Obligaría al titular del Ejecutivo a gobernar de manera colegiada con su gabinete, y a su vez, obligaría a que él mismo y los integrantes de su gobierno estuvieran permanentemente en contacto, a través del debate sobre los asuntos nacionales y las políticas públicas y a través de la rendición de cuentas ante las cámaras del Congreso.

Aunque el gobierno de coalición no es esencialmente un tema electoral, idealmente se trataría para nosotros de emprender la ruta desde el ámbito electoral, y establecer un convenio, para ir en coalición desde el arranque de las campañas electorales, en donde cada partido postule a sus precandidatos y se invite a organizaciones y ciudadanía a participar, incluso a precandidatos independientes.

Después, tendríamos que establecen mecanismos de selección de los precandidatos mejor posicionados en las diferentes entidades, distritos, y desde luego para la candidatura presidencial, en aras de construir el Frente Amplio desde abajo.

Posteriormente, y de resultar ganadores, hay que constituir un convenio específico para el programa de gobierno y la agenda legislativa de la coalición de gobierno específicamente. Con un plan de acción concreto, que permita a México reconstruir un Estado de derecho con un potencial de desarrollo económico, y social significativo, cimentado en el respeto a los derechos humanos y en los parámetros de sustentabilidad que exige hoy nuestro país y nuestro planeta.

Este esquema de gobierno que reconoce y le da cauce a la pluralidad política del país, también logrará el efecto de concentrar en una coalición la responsabilidad del gobierno, y en la oposición, la crítica de las políticas públicas, la construcción de las alternativas políticas, y con ello, eventualmente, el surgimiento de una nueva mayoría, y de un gobierno o una coalición de gobierno alternativa.

Toda esta mecánica para el funcionamiento de los gobiernos de coalición, ya tiene una base constitucional, en los artículos 76, fracciones II; y 89 fracción XVII, y estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo mandatado en el artículo décimo segundo transitorio del decreto de la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014. Además ya el propio artículo 76, fracción II alude a lo “que la ley disponga”; por lo tanto, es imperativo para las cámaras del Congreso de la Unión, expedir la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, la cual desarrollará al detalle todo el entramado legal que requiere un gobierno de coalición para funcionar.

Esta ley, que, aclaro, no tiene contenido electoral alguno, tendrá que ser aprobada durante el próximo periodo legislativo con carácter de urgente. Hasta el momento, solo hay dos iniciativas presentadas con proyectos de decreto para expedir esta Ley, una del GPPRD y otra del GPPAN. Ambas turnadas a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y ambas son coincidentes en lo fundamental. Es urgente impulsar su dictaminación.

Los gobiernos de minoría que hemos tenido desde 1997 hasta la fecha, que corresponden a la época de la transición fallida, o inconclusa, para no herir susceptibilidades, de la alternancia sin cambios profundos, han sido ineficaces justamente por no contar con un respaldo parlamentario suficiente para desarrollar sus programas y planes de gobierno y su agenda legislativa.

No es exagerado decir que en México nunca ha habido un gobierno de coalición. Ha habido gobiernos que han querido ser plurales, pero ninguno ha construido una mayoría legislativa eficaz, con un plan de gobierno específico, ni mucho menos con una agenda legislativa que obedezca a la lógica de una coalición gobernante.

Por cierto, quienes siguen aspirando a gobernar en solitario, desde una mayoría relativa que al final no es más que una minoría frente a una mayoría plural, tienen una vocación autocrática, anclada en el pasado, ya que pretenden gobernar sin el respaldo suficiente de la sociedad, y además frente a una representación política mayoritaria en su contra. Esta condición, ineludible en nuestro tiempo, es la muestra contundente de que el programa que prometen, quienes esto quieren, es irrealizable, es mentiroso, y por tanto encuadra en una segunda caracterización, es decir, el autócrata es demagogo por definición, por estrategia y por vocación.

El esquema que estamos proponiendo debe replicarse en las entidades federativas. También debe haber coaliciones gobernantes que construyan un mayor respaldo en la representación política de los congresos locales.

En congruencia con este nuevo modelo político, proponemos impulsar reformas integrales al sistema de representación, para adoptar un sistema de representación proporcional puro, como mecanismo para eliminar la sobrerrepresentación y subrepresentación política de cualquier partido político en los congresos locales y en las cámaras federales.

México está inmerso en un proceso de transición democrática desde hace 40 años, y es probable que sea la más larga que se haya experimentado en la parte del mundo que aspira a tener sistemas democráticos.

El intento por cambiar hacia un régimen político más democrático se puede documentar desde los años setenta, incluso desde una década antes, cuando a partir de reformas constitucionales y legales, aparecieron en el escenario político los diputados de partido, y luego, en el 77, los diputados de representación proporcional, los hoy tan denostados y conocidos coloquialmente como “diputados pluris”.

Vale la pena hacer una pausa en este punto para reconocer el mérito histórico de este tipo de representación proporcional, que fue lo que permitió que el sistema político mexicano, cuando menos en una de las cámaras del Congreso de la Unión –es decir, en la Cámara de Diputados–, se abriera un poco a la pluralidad política de aquellos años, admitiendo en su seno a 100 diputados de distintos partidos políticos, sin que tuvieran que ganar uno de los 300 distritos electorales, sino que a través del peso de la votación proporcional de cada partido.

Los esquemas de representación proporcional se abocan a reconocer, en el mapa político, a gran parte de las expresiones políticas minoritarias. Paradójicamente resulta ser más democrática que la representación de mayoría, ya que se representa con precisión la fuerza de cada partido, y por ende la voluntad ciudadana, en los sistemas de representación proporcional pura. Por lo tanto, este principio de representación proporcional debe ser un componente permanente en el sistema político mexicano.

Proponemos un sistema de representación proporcional pura en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con 400 diputados y diputadas, y 96 senadores y senadoras. La Cámara de Diputados se integrará a través de listas regionales que posibiliten la representación de todas las entidades federativas, y la Cámara de Senadores se conformará a partir de circunscripciones por entidad federativa que representen al pacto federal de la república. Ambas cámaras deben integrarse de manera paritaria entre géneros, y garantizar la representación política de jóvenes e indígenas.

Igualmente las cámaras de diputados locales deben integrarse a través de listas que posibiliten la representación de todas las regiones de las entidades, y deben conformarse también, de manera paritaria entre géneros, y garantizar la representación política de jóvenes e indígenas.

Estos dos componentes que proponemos, es decir, los gobiernos de coalición y la representación proporcional pura, haría posible la mutación de un sistema presidencial caduco e inoperante a un sistema presidencial con muchos elementos parlamentarios, que lo harían funcionar mucho mejor; es decir, transitaríamos de un sistema político ineficaz a otro más eficaz, democrático, representativo, plural, con un mayor margen de gobernabilidad, y con una constante relación entre poderes que traería como consecuencia la colegiación de la toma de decisiones, la planeación estratégica, la conducción transparente, la continua evaluación del gobierno, pasando por la ratificación y remoción de sus componentes y la rendición de cuentas de los funcionarios y de los representantes populares.

 

 

Ricardo Álvarez

Ricardo Álvarez

Maestro en Ciencia Política por la London of Economics and Political Scince (LSE) Secretario Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
Ricardo Álvarez
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Globalización versus nacionalismos


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