El fenómeno de la migración en México como una crisis humanitaria

Categoría: El punto es, EPSI15
noviembre 1 2014

Reflexiones acerca de la situación de niñez y adolescencia migrante en la Iniciativa preferente por la que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

México es un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes; sin embargo las mujeres, niñas y niños son quienes enfrentan, principalmente,  diversos tipos de riesgos que configuran comisiones de delitos, como la trata, tráfico, explotación o extorsión. Entre las causas de la migración está la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar, o huir de la violencia que asecha constantemente los países centroamericanos.

Me referiré especialmente a las niñas, niños y adolescentes porque son, quienes debido a su edad, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Es necesario apuntar que, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño1 (CDN) surge una nueva concepción de la niñez y adolescencia, este nuevo paradigma reconoce a la niñez como sujetos de derechos y da paso a una teoría de protección integral de los mismos.

La Convención se traduce en un catálogo de derechos de quienes no han cumplido la mayoría de edad, y obliga a los Estados Partes a tomar medidas para reconocer, respetar, difundir y protegerlos, asegurando su desarrollo y formación de una vida digna.

La CDN mandata observar la protección de las personas menores de edad contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, así como hacer valer el principio del interés superior de la niñez. Nuestro país, al suscribir este Tratado de derechos humanos, obligó a adoptar medidas para garantizar que las niñas y niños que soliciten el estatuto de refugiado (acompañado o no) reciban la asistencia y protección humanitaria adecuada para el disfrute de sus derechos. Lo anterior implica que debe verse a las niñas y niños como sujetos de derechos y no desde una calidad migratoria irregular.

México, ha presentado tres informes al Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. En el tercer y último informe (periódico de México del 2006) el Comité externó su preocupación por el gran número de niñas y niños no acompañados que son repatriados a sus países de origen desde México y la ausencia de medidas para protegerles. Entre otros preceptos, recomendó concretamente al Estado mexicano, tener en cuenta la Observación general Nº 6 (2005) del Comité sobre el trato de los niños no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, y tomar todas las medidas necesarias a fin de:

a) Velar por que se elabore un marco jurídico y operacional adecuado para la tutela de menores extranjeros no acompañados;

b) Identificar a los menores no acompañados que solicitan asilo a lo largo de la frontera meridional dentro de la corriente migratoria masiva, y velar por que reciban atención adecuada;

c) Aumentar la capacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para proteger a los niños migrantes no acompañados, en particular mediante la organización de programas de capacitación y sensibilización sobre los derechos específicos y la vulnerabilidad de los menores no acompañados;

d) Velar por que los niños que buscan asilo y los niños que tienen un estatuto de migración ilegal no sean detenidos y tengan acceso a servicios especiales de recepción y atención, como los que ofrece el centro Tapachula;

e) Velar por que todos los menores no acompañados que son repatriados al Estado Parte reciban protección y atención adecuadas, en particular asegurando que se adopten medidas para su reinserción social;

f) Entablar nuevas negociaciones bilaterales o multilaterales con los países limítrofes a fin de que se dé un trato adecuado a los menores no acompañados en toda la región;

g) Procurar la asistencia técnica a este respecto del ACNUR, entre otras organizaciones.

Recientemente el tema de la niñez migrante se ha posicionado como una crisis humanitaria que requiere un compromiso urgente, debido al gran número de personas menores de edad que se encuentran en nuestro país, procedentes principalmente de Centroamérica, así como de aquellas que han llegado a los Estados Unidos de Norteamérica.

Como puede observarse, la percepción sobre la situación de la niñez migrante de 2006, es la misma o peor en 2014, de tal forma que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones del Comité de los derechos de la Niñez de Naciones Unidas.

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En nuestro país, el principal estado expulsor de niñas, niños y adolescentes no acompañados es Sonora, con 2 348; le siguen: Oaxaca con 1 227; Tamaulipas con 1 188; Guerrero con 6,000 y Guanajuato con 779, según cifras del Colegio de la Frontera Norte (Milenio, 2014), otro estado expulsor de menores es Michoacán.

Es importante subrayar que 40% de las personas menores de edad no acompañadas, y que han sido aprehendidas de enero a mayo de 2014 son niñas (El Universal, 2014), quienes se encuentran en una gran vulnerabilidad y discriminación múltiple, debido a su sexo, edad, origen étnico, situación migratoria irregular y falta de acompañamiento.

Recientemente, el Senado de la República dictaminó la Iniciativa del Ejecutivo Federal (remitida en trámite preferente) en materia de niñez y adolescencia, la cual contaba con un apartado sobre “El derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados”, la cual fue enriquecida con las aportaciones de las y los legisladores, así como de la organización de la sociedad civil y organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Después de su análisis y a la luz de los principales instrumentos internacionales sobre niñez, se transformó en un capítulo sobre las “niñas, niños y adolescentes migrantes”.

Desde su título, se planteó modificarlo a fin de asegurar los derechos a niñas, niños y adolescentes, independientemente si se encontraban en compañía de una persona adulta o no.

En ese contexto, se determinan disposiciones que aseguren los derechos de personas menores de edad migrantes, acompañadas, no acompañadas, nacionales, extranjeras y repatriadas en el contexto de movilidad humana.

La nueva redacción pone énfasis en el principio del interés superior de la niñez, el cual se define como un principio jurídico garantista que obliga a todas las autoridades, al tomar decisiones y en sus actuaciones, a promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, lo cual se traduce en que ningún interés estará por encima de los derechos, intereses y necesidades de las personas menores de edad.

Para el supuesto de niñas y niños migrantes, deberá primar esta consideración durante todo procedimiento administrativo migratorio al que están sujetos, y se valorarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso particular.

Por otro lado, se destacó la pertinencia de incorporar a la ley en materia de infancia, las garantías del debido proceso, específicamente de los procesos migratorios en que estén involucrados, entre otros, el que todo proceso sea llevado por un funcionariado especializado (en el conocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia); el derecho de niñas y niños a ser escuchados y a participar en todas las etapas procesales; a que en la decisión que se tome, sea evaluado su interés superior, así como un plazo razonable de duración del proceso.

Otro tema que se inscribe en las preocupaciones de las y los legisladores para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, es la relativa a su alojamiento. En ese sentido, se mandata a los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitar espacios de alojamiento o albergues en tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio correspondiente.

Entre las características que los lugares de alojamiento deben tener, se decreta el respeto al principio de separación y el derecho a la unidad familiar (siempre que no sea contraria a su interés superior). Por otro lado, los Sistemas DIF, deberán identificar a quienes requieran protección internacional, por ejemplo los refugiados, y en su caso brindarles el tratamiento necesario e individualizado, así como medidas de protección especial.

Asimismo, se contempla que el Sistema DIF diseñe y administre las bases de datos de niñas, niños y adolecentes migrantes extranjeros no acompañados para compartir esta información con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar información y colaborar con el Sistema DIF en este sentido.

Un avance que debo subrayar, es el de no criminalizar a las niñas, niños y adolescentes migrantes, pues queda prohibido expresamente el devolver, expulsar, deportar retornar, rechazar en la frontera o no admitirles, cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro.

Destaco la facultad de los Sistemas Nacional o estatal DIF de brindar protección a niñas y niños, en tanto el Instituto Nacional de Migración determine su condición migratoria, así como el mandato de las autoridades de todos los órdenes de gobierno a proporcionar los servicios correspondientes, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de niñas y niños.

Otro aspecto relevante, es el de privilegiar la reunificación familiar, salvo que ésta sea contraria a su interés superior o a su voluntad, pues muchas veces la causa de su migración, es precisamente huir de hogares en los que sufren violencia o bien de comunidades en las que existen  grupos delincuenciales que representan un entorno social inseguro que les impide desarrollarse adecuadamente en su entorno.

Los derechos de la niñez deben observarse desde un enfoque holístico, puesto que  son interdependientes y no pueden existir uno sin el otro; nuestra obligación, sin duda, es protegerles integralmente, sin olvidar ser congruentes y resguardarlos independientemente si los menores se encuentran acompañados o no, o bien si son nacionales o extranjeros.
Finalmente, considero un avance importante, que la disposición relativa a la decisión sobre la reintegración de una niña, niño o adolescente a su país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse en su interés superior.

Angélica de la Peña Gómez

Angélica de la Peña Gómez

Senadora de la República por el Partido de la Revolución Democrática. LXII Legislatura.
Angélica de la Peña Gómez

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