Evaluación de los resultados electorales de 2018 y desafíos de la democracia en Brasil

febrero 26 2019

En las elecciones presidenciales de 2018, Brasil eligió a Jair Bolsonaro1 un candidato que hasta mediados del año tenía como mejor pronóstico demostrar la consolidación de un electorado de extrema derecha en el país, pero en niveles aún incipientes.

Este pronóstico, sin embargo, fue ampliamente superado por los hechos. Un parlamentario, hasta entonces relativamente apagado, sin proyectos relevantes, autor de discursos encendidos contra los derechos humanos y segmentos asistidos por políticas públicas, en función de su vulnerabilidad, como mujeres, negros, poblaciones tradicionales etc., fue llevado a la Presidencia de la República por el Partido Social Liberal (PSL), que contaba con una bancada de siete diputados, en un universo total de 513.

En ese mismo proceso, hubo una amplia renovación en el Congreso Nacional, que quedó más fragmentado en términos de bancadas, pero con un perfil más conservador en sus dos casas en el ámbito de la federación, hecho que reprodujo, en ese aspecto, un giro semejante al que ocurrió en las elecciones a la Presidencia de la República.

Octavio Urbina

Abstracto. Fecundidad orgásmica II, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm.

Para que se comprenda las proporciones del giro ocurrido en la política brasileña, es preciso calificar adecuadamente a su principal personaje. Jair Bolsonaro ha militado a lo largo de sus mandatos parlamentarios por dar notoriedad a la dictadura militar de 1964; teniendo como uno de sus principales referentes el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido torturador, a quien distinguió en varias manifestaciones. Asimismo, descalifica ampliamente los derechos humanos y postula soluciones en términos de políticas de seguridad que, por ejemplo, amenazan de forma objetiva y clara a los segmentos más pobres de la población. Dadas esas características no se puede mitigar los riesgos que se presentan de forma objetiva a la democracia brasileña y al más largo período de normalidad democrática de la historia republicana, han pasado 32 años desde que se construyó un nuevo sentido de nación y, particularmente, de los derechos de ciudadanía.

La escala política de tales hechos exige consideraciones más amplias que la evaluación de la disputa electoral en sí misma, aunque se debe reconocer que hubo en ella elementos inusuales que contribuyeron al resultado final, entre los cuales se encuentra el atentado contra la vida del candidato, y un uso al menos heterodoxo de las redes sociales, en el que destaca la transmisión de contenidos políticoelectorales por parte de empresarios a través de grupos de WhatsApp, cuya legalidad es al menos dudosa.

¿Qué pasó? Una evaluación política más circunstanciada requiere retroceder al año 2013, cuando la población envía a los agentes políticos indicaciones claras que siguieron ampliándose, de su deseo de cambios en las prácticas políticas; de su desaprobación del canje de cargos por apoyo político; de la inconformidad con las maniobras que pretendían la perpetuación en el poder.

Además, en 2013 hubo algo que no se percibió de forma precisa en aquel momento, pero que dio inicio a un escenario político significativamente distinto del que existía hasta entonces. Es decir, el protagonismo del ideario conservador en la movilización poblacional, basado inicialmente en la temática del combate a la corrupción, pero evolucionando rápidamente hacia otras banderas, con especial énfasis en la defensa de la familia tradicional y de los valores que ésta evoca.

¿Cómo respondieron los agentes políticos a la inconformidad de la población, con relación a sus prácticas corrientes? Con la protección corporativa de políticos imputados jurídicamente por sus conductas individuales; con una “reforma política” que atendió principalmente a los que ya poseían mandato; con la ampliación de la autofinanciación de campañas, es decir, con un intento amplio y conscientemente articulado por el parlamento nacional de limitar la libertad del elector, conduciendo a éste, subliminalmente, a votar en beneficio de un sistema político-partidario que repudiaba, y que ya se encontraba visiblemente carcomido.

El ápice del divorcio entre el comportamiento de los agentes políticos y las expectativas de la población se puede encontrar en la lenidad con que se trató el tema de la corrupción, a pesar de las muchas manifestaciones públicas de repudio a esa práctica. El escándalo de las relaciones promiscuas entre agentes públicos y privados, la detención del expresidente Lula da Silva, del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; las acusaciones que pesan sobre Michel Temer2; la prisión de empresarios de la envergadura de Marcelo Odebrecht, produjo la firme convicción de que sería necesario refundar de algún modo el sistema político-partidista, liberándolo de sus vicios históricos, algo que no se podía hacer por las fuerzas tradicionales, dada su clara implicación con el escenario que se pretendía superar.

Muchos analistas, al evaluar las tensiones resultantes de las elecciones de 2018, afirmaron que el elector “votó con rabia”. Esto es un hecho, en el sentido de que hubo una fuerte reacción al intento de tutela de los votos que el statu quo pretendió imponer a los votantes. Dejando de lado la calidad de las elecciones pasadas, el hecho es que el elector quiso sacar del poder a aquellos que, en su entendimiento, la utilizaban esencialmente para perpetuarse en sus cargos; para crear feudos y ampliar beneficios propios y de grupos de intereses que circundan el Estado Nacional.

El resultado final fue lo que vimos: el elector penalizó a los que hace mucho hacían malabarismo para permanecer en el poder y entre ellos, marcadamente, instituciones y agentes políticos que se asociaron a la agenda antipopular de Michel Temer. Los resultados electorales del PSDB, PTB, DEM, MDB demuestran esa tesis de forma cristalina.

Consideradas las bancadas de 2014 y 2018, el MDB fue de 66 a 34 diputados; el PSDB de 54 a 29; el PTB comenzó el período con 25 escaños y terminó con 10. En el caso del DEM, cabe hacer una comparación específica, ya que ha sido el partido al cual se destinaron muchos de los parlamentarios que fueron expulsados del PSB, por apoyar medidas antipopulares del gobierno de Michel Temer. Una vez computada la bancada posterior al hiato partidista, los Demócratas bajaron de 43 diputados a 29. El PSB, por su parte, fue para las elecciones con 21 diputados federales y eligió a 32 parlamentarios.

En este marco merece registro, especialmente para matizar el voto de la población en cuanto a su conservadurismo, que el Partido de los Trabajadores, numéricamente el mayor partido de oposición al gobierno de Michel Temer, conformó también la mayor bancada en la Cámara de Diputados, eligiendo a 56 representantes. Resultado que debe ser cotejado, sin embargo, con la evidencia de que las elecciones se transformaron, en síntesis, en un juicio político del PT y de sus 13.5 años en el poder, y que se resolvió en perjuicio del proyecto político que venía siendo impulsado por el conjunto de las fuerzas democráticas, existentes en la sociedad brasileña. Ese “perjuicio” que se impuso al proyecto democrático brasileño requiere, más que cualquier otro factor, una autocrítica del Partido de los Trabajadores, hasta aquí pendiente a pesar de las demandas persistentes de varios segmentos de la sociedad brasileña.

Para completar el análisis del escenario es obligatorio tomar en consideración, además, el hecho de que llegó a Brasil una ola conservadora, que ya hace carrera en muchas partes del mundo. Con respecto a eso, se observa que democracias antiguas y consolidadas pasan por desafíos semejantes a los nuestros, comprendidos aquí: Estados Unidos, Italia, Francia, Dinamarca, Suiza, España, además de los pueblos hermanos de América Latina –Argentina, Chile, Perú, Colombia y Paraguay–.

En Brasil, tal vez con cierta especificidad, esa vuelta conservadora adquirió, sobre todo, los aires de un ajuste de cuentas con las viejas prácticas políticas, con el “sistema” –como se demostró arriba–, observándose también un predominio de la agenda ultraliberal, envasada, más que perceptible, junto con propuestas predominantemente orientadas a cuestiones de costumbres.

Precisamente aquí vale la pena mencionar uno de los factores que llevaron a Jair Bolsonaro a la victoria en la carrera presidencial, dado que se consolidó como la figura política que mejor representó la ira de los votantes en su búsqueda para expresar el rechazo al establishment que había sido fomentado desde 2013. También supo capitalizar en su beneficio la percepción de inseguridad de una parte expresiva de la población, al proponer soluciones simplistas y en línea con el imaginario del elector común. Por ejemplo, como soluciones para la seguridad pública, medidas que, a menudo, coinciden pura y simplemente con la idea de exterminio de los que confronten las fuerzas del orden.

Es muy importante observar, también, que Jair Bolsonaro ha defendido soluciones regresivas, para problemas complejos de la contemporaneidad, incluso los que están en lo que podríamos llamar ámbito de la intimidad. Es decir, el protagonismo femenino y el papel de los hombres ante él; las cuestiones relativas a la orientación sexual, derechos sexuales y reproductivos, que establecen una cierta tensión con las concepciones de la familia tradicional; los modos y temas por medio de los cuales los niños deben o pueden ser educados en la red pública. A todo esto, el remedio que se propone es una especie de restauración de los valores tradicionales de la familia brasileña, que se llevaría a cabo por el gobierno y su base parlamentaria.

En cuanto al ultraliberalismo, prácticamente ocultado por la enorme agenda de costumbres del gobierno que se eligió, no habiendo un detalle más significativo de lo que en realidad se pretende, es posible prever la inclinación general, una vez que el futuro ministro de Hacienda profesa las tesis de la Escuela de Chicago, radicalmente favorable a lo que llaman “Estado mínimo”, a la privatización salvaje de bienes públicos, a políticas sociales restrictivas, acompañadas de los más amplios favores públicos, en el sentido de mejorar el “clima de negocios”.

Planteado el escenario, queda una cuestión esencial: ¿cómo debe comportarse la oposición, ante una agenda política que, hasta donde se puede ver, es sumamente regresiva? No se trata, por supuesto, de inviabilizar el gobierno, pero sí de empujarlo hasta el punto de que prevalezcan los argumentos y las agendas de interés nacional y de nuestra población, ofreciendo para ello la más resuelta resistencia, envolviendo especialmente la movilización popular en los temas más estratégicos.

Bajo este aspecto, cabe señalar que el gobierno Bolsonaro, a pesar de contar con expresiva presencia de militares, ha dado muestras de tendencias antinacionales, hecho que tiende a producir tensiones con las convicciones históricas de las fuerzas armadas brasileñas, que se han demostrado históricamente nacionalistas.

Por otro lado, las disputas políticas y legislativas entre los ultraliberales y aquellos que defienden los derechos sociales, como responsabilidad del Estado y resultado deseado de la ejecución de las políticas públicas, ofrecen oportunidades para que toda la población se manifieste, en el momento en que ocurran los desdoblamientos concretos de las promesas de campaña, situación en que el conocimiento del “verdadero programa de gobierno” se realiza.

Se producirán, por lo tanto, en el Congreso Nacional, debates fundamentales para la vida concreta de las personas y, por esa razón, no cabe perseguir una perspectiva opositora “abstracta”, estrictamente ideológica, en la cual se consuma energía política por tensiones inherentes a visiones de mundo que, en su literalidad, son irreconciliables.

En nombre, por lo tanto, de los brasileños que necesitan empleo; que tienen expectativas de perfeccionamiento del Sistema Único de Salud (SUS); que desean ir y venir de sus casas, caminar hacia el trabajo con seguridad; en la defensa de un proyecto soberano de desarrollo, de la calificación tecnológica de nuestra industria, la oposición debe ofrecer una resistencia sin tregua, que permita seguir en las direcciones que más interesan a la población, y rumbo a un proyecto inclusivo de desarrollo.

Cabe, por fin, un pensamiento sobre el papel de los poderes constituidos de la República, en el esfuerzo de moderación de un gobierno radicalmente conservador, ultraliberal y, hasta donde se puede ver, antipopular y antinacional.

Octavio Urbina

Santo Tomás de los plátanos, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.

El Congreso Nacional tiene el inmenso desafío de ser, de hecho, la casa del pueblo, o sea, de respetar el hecho objetivo de que la agenda política del gobierno Bolsonaro tuvo, a pesar de la victoria que alcanzó, una fuerte oposición de parte expresiva del electorado. Por lo tanto, le corresponde moderar las iniciativas de gobierno, asegurar los espacios y ritos adecuados a la actuación de la oposición y demostrarse sensible a las expectativas e inquietudes de la población, escuchándola a través de los recursos propios del proceso parlamentario, las audiencias públicas.

En cuanto al poder Judicial, y particularmente al Supremo Tribunal Federal (STF), es fundamental que vele por el fiel cumplimiento de la constitución brasileña, impidiendo que el gobierno sobrepase las previsiones de la Carta Magna, en particular para todo el arreglo de cláusulas pétreas que aseguran derechos inalienables, alcanzados después de décadas de lucha y mucho sufrimiento.

Si no se ejercen esos papeles moderadores del Congreso Nacional y el poder Judicial en su plenitud y si no se crean las condiciones para que el sistema de pesos y contrapesos funcione adecuadamente, Brasil correrá riesgos permanentes de sumergirse en un nuevo período autoritario, los cuales, como demuestra grandemente nuestra historia, siempre se dieron en contra de la población en general, y de los más pobres en particular.

Esta es, por lo tanto, la principal tarea que surge de las elecciones de 2018: fortalecer los mecanismos democráticos y, al hacerlo, priorizar los mejores intereses de la población brasileña en favor de un proyecto soberano e inclusivo de desarrollo. La realización de dicha meta, sin embargo, precisará contar con una fuerte movilización popular, correspondiendo justamente a las instituciones del campo democrático ejercer un papel para el cual no tienen sustitutos: organizar la sociedad civil, en la defensa de la libertad y de sus legítimos intereses sociales, económicos y culturales, amenazados de muerte por la restauración conservadora liderada por el futuro presidente de la República.

 

1 N. del E. Bolsonaro entraría en funciones el 1 de enero de 2019.

2 N. del E. Al momento de escribir el artículo, Temer era todavía presidente de Brasil, y dejaría el cargo el 1 de enero de 2019.

 

 

Carlos Siqueira

Carlos Siqueira

Presidente Nacional del Partido Socialista Brasileño. Presidente del Consejo Rector de la Fundación Joäo Margabeira
Carlos Siqueira
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México: Militarismo y Guardia Nacional


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