Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

Categoría: El punto es, EPSI08
septiembre 1 2013

Introducción

En el primer apartado se ofrece una reflexión sobre el Estado de derecho y la democracia. Se discute sobre la ética política como elemento indispensable, para garantizar el respeto a los derechos humanos y la impartición de la justicia. Por otro lado se plantea que la aplicación de la ley es lo que puede garantizar la convivencia social y hacer realidad los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

La existencia de una relación fundamental entre seguridad y justicia es el tema del segundo apartado. Se plantea que el orden jurídico justo es la base de la seguridad jurídica y pública. Se habla de la tensión entre garantizar al máximo todos los derechos humanos y las limitaciones que puede imponer la autoridad al ejercicio de los mismos. En esta parte hay una elaboración de las obligaciones que tienen las autoridades de generar confianza y certidumbre en la ciudadanía.

El apartado tres trata sobre la relación que existe entre la ética y la seguridad. Se sostiene que sin principios éticos resulta imposible vencer la tentación de la corrupción o el abuso del poder. En las conclusiones, el último apartado, se dice que el Estado democrático para ser tal debe garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad y la aplicación de la justicia. Se sostiene que es indispensable la discusión sobre la ética pública.

Estado de derecho

La democracia exige la vigencia plena del Estado de derecho mismo que tiene como propósito garantizar el orden y la paz social. El fundamento de este tipo de Estado es la legalidad, que establece que los actos de las personas y las instituciones deben conducirse conforme a las leyes dictadas por las instancias correspondientes.

La legalidad formal, con todo, no basta para que un Estado se justifique éticamente. En la historia hay muchos ejemplos que muestran cómo gobiernos autoritarios o incluso dictatoriales, de izquierda o derecha, hacen valer leyes diseñadas para mantener el status quo que ellos mismos han establecido.

El Estado de derecho, en una visión que trasciende el formalismo, se manifiesta como un conjunto de instituciones y mecanismos que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitan el abuso y los excesos del poder. Así, el contenido ético del Estado hace relación al reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, que son o deberían ser inalienables. En esta visión, el Estado de derecho exige y se apoya de una concepción ética de la política y de los valores que la sustentan.

Estos valores, principios de actuación, están orientados a garantizar el bien de la persona y de la comunidad, que son el fin último de ser del Estado. La búsqueda permanente del bien, de la felicidad de la persona y la comunidad guía la acción cotidiana que da forma y contenido a un Estado social y de justicia. Solo la democracia es capaz de garantizar un Estado con estas características. Su contenido programático sigue siendo el planteamiento de la Revolución Francesa condensado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

La libertad de la persona debe garantizar el ejercicio consciente y responsable de quienes integran la comunidad. La libertad supone conocimiento y voluntad que implica la relación con el otro, con los otros, en el marco de unas instituciones y leyes aceptadas de común acuerdo, sino por todos sí por la gran mayoría, y consagradas, por lo mismo, en la Constitución. La ley, entonces, expresión del pacto social, constituye el eje que articula la acción personal y la interacción con los otros miembros de la comunidad y de estos con la autoridad responsable de gobernarlos.

La aplicación o no de la ley es lo que fortalece o debilita al Estado de derecho y con él la convivencia social. Su vigencia permite, junto con otros elementos, que se garantice la igualdad ante la ley y la equidad, a la que tiene derecho todo miembro de la comunidad, para contar con el “terreno parejo” que le permita el desarrollo de todas sus potencialidades en condiciones semejantes a los demás. Es también la posibilidad de que se haga valer la fraternidad. Si el Estado de derecho no existe, es la ley del más fuerte la que se impone, o que cada quien se haga justicia por su propia mano. Así, se niega el espacio de realización de la fraternidad, que necesariamente pasa por la vigencia plena de la ley.

Mara Silva, El Punto Sobre la i

Título: Casa de luz. Técnica: Porcelana. Medidas: 55 Ø x 15 cm. Año: 2010.

Seguridad y justicia

Son dos realidades que están íntimamente relacionadas. Una hace relación a la otra. El orden jurídico justo es fuente tanto de la seguridad jurídica como de la seguridad pública. Su existencia y aplicación exige normas claras e instituciones sólidas. Ese orden debe garantizar el espacio creativo de tensión, de suyo inevitable, entre el ejercicio libre y amplio de todos los derechos humanos y la existencia del orden público que permita el desarrollo de la vida plena de cada persona y del conjunto de la comunidad.

La seguridad jurídica debe ofrecer un sistema confiable constituido a partir de normas claras y de instituciones sólidas que permitan dirimir los posibles conflictos entre los miembros de la comunidad, y de estos con las autoridades. Se exige siempre la aplicación imparcial por parte de quien es responsable. La justa aplicación de la norma y de las consecuencias que se derivan de la misma es un elemento constitutivo de la convivencia social pacífica y también de la construcción del bien común. Sin seguridad y justicia no ocurre ninguna de estas.

El Estado, para existir y desarrollarse, requiere de la seguridad pública. Sin ella no es posible. Aquel, a su vez, es garante de la existencia de la misma a través del ejercicio de la autoridad que le otorga la sociedad en su conjunto, para que salvaguarde y defienda la integridad de las personas y de la comunidad sobre cualquiera que pretenda atentar contra ellas, a partir de las instituciones creadas para tal fin.

La garantía de la seguridad pública exige con frecuencia imponer limitaciones al espacio de libertad de las personas. Estas limitaciones, que son válidas y explicables, nunca pueden prestarse a abusos de autoridad y debe siempre quedar claro que son acciones de excepción que se realizan en bien de las personas y de la comunidad. La autoridad en una sociedad democrática está obligada a explicar y fundar sus decisiones frente a la comunidad. Todavía más cuando se trata de acciones que limitan el campo de actividad de los ciudadanos.

Las autoridades están obligadas a generar confianza y certidumbre en la ciudadanía sobre su accionar en materia de seguridad. Esto solo se logra con buenas realizaciones. De otra manera la ciudadanía pierde el respeto por la autoridad y las instituciones públicas. Se abre, entonces, un espacio de duda e incertidumbre que conduce, por un lado, a que no se respete la ley y, por otro, a que los que atentan contra la misma actúen en el espacio creciente de la impunidad.

La impunidad del delito se convierte en complicidad de las autoridades con los criminales, por la vía de la omisión. La ciudadanía, entonces, se siente traicionada y acrecienta su desconfianza y rechazo por la autoridad. Esta queda todavía más sola y desvalida en sus intentos de hacer valer la ley y aplicar la justicia.

El combate a la inseguridad solo es posible en la acción concertada de gobierno y ciudadanía. Sin esta no se dan las posibilidades que tienen las autoridades de salir triunfantes en la acción contra quienes violentan la ley.

Ética y seguridad

La seguridad entraña, antes que nada, un problema de carácter ético. Esta ofrece los principios generales que guían la actuación de la autoridad y cada uno de sus miembros. Sin ética, que se traduce en principios concretos de actuación, no hay posibilidad de hacer valer los derechos de la ciudadanía y tampoco de combatir a quienes violenten la ley.

No es un problema menor. El comportamiento ético es necesario en todas las profesiones, pero todavía se hace más necesario, es condición de posibilidad, en quienes se hacen cargo de hacer valer la ley e impartir la justicia. Sin altos principios éticos no se puede vencer la tentación permanente de la corrupción o el abuso de autoridad. No es un planteamiento idealista. Es necesidad.

Ética, seguridad y justicia están relacionadas. Quienes están a cargo de la seguridad y de la impartición de la justicia siempre están en situaciones límite que implican disyuntivas. Para decidirse ante las mismas se requiere de principios éticos. Si estos no se hacen presentes es evidente cuál será la elección.

La decisión del uso de la fuerza implica por parte de la autoridad, en sus más diversos niveles, una cuidadosa valoración ética. El respeto a los derechos humanos, condición del Estado de derecho, debe estar siempre presente. Si el ejercicio de la fuerza, que es una atribución legítima de la autoridad, no deviene fundado en valores éticos, la posibilidad de que su uso se desvirtúe es inminente.

Conclusión

Sobre el Estado democrático: vivimos en uno que todavía tiene mucho camino por andar, va de la mano o es el mismo Estado que respeta los derechos humanos, garantiza la seguridad y aplica de manera imparcial la justicia. Estos tres elementos –hay otros pero estos son centrales– dan cuenta del grado de desarrollo democrático de una sociedad.

No se puede aspirar a tener un verdadero Estado de derecho si no se tienen principios éticos y no se actúa conforme a los mismos. El comportarse en seguimiento de estos no es, como se pudiera pensar, una posición idealista sino que constituye una condición para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad pública. De otra manera no son posibles.

La discusión sobre la ética pública está ausente del debate. Es necesario traerla al mismo. Sin esta no es viable adentrarse con una posición consistente en temas que se asumen como “normales” en la cultura política del país. Sin una posición ética previa no es posible tomar postura ante hechos como la corrupción, el abuso de autoridad o el uso de la fuerza.

Mara Silva

Rutas invisibles. Técnica: porcelana. Medidas: 55 Ø x 15 cm. Año: 2010.

 

Rubén Aguilar Valenzuela

Rubén Aguilar Valenzuela

Doctor en Ciencias Sociales. Socio Fundador de Afan, Consultores Internacionales, S.C. Profesor de Ciencias Políticas y de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Articulista de El Universal
Rubén Aguilar Valenzuela
Compartir por Whatsapp:

México: Militarismo y Guardia Nacional


Sígueme en Twitter


Dirección: Av. Baja California No. 317, 2do. piso, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100 | Tel. 7159-4369

El Punto Sobre la i Facebook
El Punto Sobre la i Facebook
El Punto Sobre la i Facebook