Elección presidencial y recomposición del Congreso de la Unión, clave para el 2018

mayo 25 2018

Estamos ya formalmente en la primera mitad del periodo legal de las campañas y la mayor parte de la opinión pública y del interés general se centran en la carrera presidencial.

Leales a nuestra tradición presidencialista, y a nuestra cultura ancestral vertical, estamos en general muy entusiasmados en seguir la contienda para lo que ridículamente se llama la primera “magistratura” del país, es decir, para la presidencia de la República.

Es curioso como todo mundo se vuelca en esta campaña; comentaristas, periodistas, opinadores, estrategas, y ciudadanía en general, ya que sin duda es relevante, pero lo hacemos con esa actitud propia de un interés absoluto y total que recrea las actitudes sociales registradas en las mejores décadas de la época de oro del presidencialismo mexicano.

El entusiasmo que existe en seguir las campañas presidenciales y su desenlace, revela el interés legítimo y hasta morboso que tenemos por saber quién nos va a gobernar para los próximos cinco años, y diez meses, porque dicho sea de paso, la próxima persona que ocupe la presidencia de la República no durará seis años, en caso de que concluya su mandato, debido a que la reforma política de 2014 mandata que quien ocupe la presidencia para el periodo 2024-2030, habrá de tomar protesta el 1 de octubre de 2024, conforme lo indica el artículo 83 de la Constitución Política.

Admito que sí desata mucha mayor pasión en la opinión pública y en nuestro interés el hecho de que al parecer el PRI ya se va de la Presidencia y que como fuerza política perderá un gran caudal de respaldo político, y que la competencia se perfila entre el puntero de todas las encuestas que es Andrés Manuel López Obrador, y el segundo lugar en casi todas ellas, que es Ricardo Anaya.

Sin embargo, la pluralidad política es un componente básico, esencial de la sociedad mexicana y eso se refleja en las mediciones para la intención del voto. Todavía falta un buen trecho para el día de la elección. Todavía pueden variar las tendencias. La franja de indecisos es considerable. El volumen de quienes se abstendrán puede ser muy grande. Pero lo que reflejan todas las encuestas, desde las más serias hasta las más “cuchareadas” es que ningún partido político por sí solo, y tampoco ninguna de las coaliciones que están contendiendo, y por ende, ninguno de sus candidatos, ni tampoco la candidata independiente ni el candidato independiente lograrán una mayoría absoluta.

Poco importa si la próxima persona que ocupe la titularidad del Ejecutivo federal obtiene una mayoría absoluta, ya que en nuestro país no hay segunda vuelta. Es decir, no se requiere por ley ganar con una mayoría absoluta. Recordemos que en donde existe la segunda vuelta electoral o el llamado “balotaje”, si el candidato o candidata que gana la elección no obtiene por sí solo más del 50 % de los votos, o una ventaja muy amplia –que puede ser de más de 10 o 15 puntos porcentuales respecto al segundo lugar– éste va a una segunda elección contra el candidato o candidata que esté justamente en segundo lugar, para que obligadamente alguna de las fuerzas, ya con el apoyo de otras que quedaron más rezagadas, logre obtener una mayoría absoluta de votos.

Para muchos esa mayoría que otorga la segunda vuelta electoral es artificial, y el procedimiento fortalece el presidencialismo, y además resulta muy oneroso tener dos elecciones presidenciales en un breve periodo de tiempo, pero ese tema amerita una discusión más amplia, en otro espacio.

Pero regresando a nuestra elección en curso, técnicamente, quien gane lo puede hacer con cualquier porcentaje de votación que sea mayor a la de sus competidores. Es decir, que algún candidato o candidata podría ocupar la presidencia de la República con el 15%, 20%, 30%, 40%, siempre y cuando gane la elección, es decir, siempre y cuando obtenga una mayoría relativa de votos.

Claro que ya sabemos que los últimos gobiernos que hemos tenido, y que han gozado de un respaldo menor al 40 % han sido en lo general, muy ineficaces. Desde la óptica del presidencialismo acendrado que nos caracteriza se puede decir que realmente fueron malos presidentes tanto Fox, como Calderón y Peña Nieto1, pero, desde otro ángulo, se puede afirmar que sin duda fueron malos presidentes pero sobre todo, fueron ineficaces porque carecieron de un respaldo mayoritario en las cámaras del Congreso de la Unión que hiciera prosperar sus propuestas de gobierno.

En el 2018, ¡para allá vamos! A repetir la historia. Ningún candidato obtendrá el 50%, ni siquiera con las coaliciones electorales que los respaldan, y mucho menos, ningún partido obtendrá una mayoría absoluta por sí mismo.

Además la votación por presidente de la República será muy distinta a la votación que reciban los partidos políticos por sus candidatos a gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores, en las diferentes entidades del país.

Estas reflexiones nos colocan ya en el centro de nuestro tema. La próxima persona que ocupe la titularidad del poder Ejecutivo federal será presidente de minoría, sin mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión. Esta aseveración se torna más grave, si nos salimos del ambiente festivo de las campañas y nos vamos al texto gélido de la Constitución Política y el marco jurídico vigente.

No obstante algunos sectores políticos están pensando en que un escenario futuro es un gobierno de coalición, esa categoría no está suficientemente desarrollada en la Constitución, y carece de un marco legal reglamentario.

En primer lugar, hay que esclarecer que en ningún lugar del marco jurídico vigente en nuestro país, dice que una coalición electoral se traducirá en una coalición de gobierno y mucho menos en una coalición parlamentaria. Lo que sí dice la Constitución es lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Es decir, que quien gane la presidencia de la República puede intentar gobernar por sí solo, con el respaldo de su partido político, o bien optar, en cualquier momento, por construir un gobierno de coalición.

Sin embargo, el gobierno de coalición deberá estar compuesto con fuerzas políticas que logren conformar una mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, ya que la ratificación de los secretarios de Estado requiere de una mayoría que le dé soporte al gobierno.

Es cierto que la coalición electoral “Por México al Frente” es la que más explícitamente se ha comprometido con la idea de formar un gobierno de Coalición. Incluso existe un compromiso por escrito y firmado en ese sentido, una suerte de “pacto entre aliados”. Sin embargo, el marco jurídico vigente no establece que una coalición electoral tenga que ser una coalición gobernante. Tampoco tenemos por qué dudar de un documento signado entre los dirigentes de los partidos que integran la coalición electoral “Por México el Frente” y su candidato presidencial. Pero el punto no es ese.

El dilema es que si de acuerdo a los datos que están arrojando las encuestas sobre el proceso electoral que se avecina, ningún partido político obtendrá mayoría absoluta por sí solo, ni tampoco la obtendrá ninguna de las coaliciones electorales que están en la contienda, ni mucho menos quienes se ostentan como independientes, ¿cómo será un gobierno de coalición que carezca de mayoría absoluta cuando menos en la Cámara de Senadores?

Aunque por costumbre, cultura y tradición nos aferremos en ver la contienda presidencial como la contienda central para el futuro de México, esto no es así, justamente por los datos que tenemos de la correlación de fuerzas entre los partidos políticos. Si atendemos con seriedad a la contienda presidencial tenemos que ninguna, o casi ninguna propuesta de los candidatos y de la candidata presidencial es viable, por el simple hecho de que no tendrá un respaldo mayoritario en las Cámaras del Congreso de la Unión, y si lo pudiera obtener, se tendrá que construir como se ha construido a lo largo de las últimas dos décadas, es decir, de manera muy tortuosa, con amagos y chantajes, para lograr un consenso un tanto descafeinado respecto a la idea original, en este caso del Titular del Poder Ejecutivo.

La profunda cultura presidencial en México hace que los candidatos y la candidata presidencial hablen de sus propuestas en un tono de cierta omnipotencia legislativa. Es decir, dando por descontado que contarán con mayorías legales e incluso constitucionales en las Cámaras federales para sacar adelante sus propuestas, lo cual es bastante improbable.

Es más, la nueva presidenta, o el nuevo presidente no tendrá los números necesarios ni siquiera para lograr la ratificación del nombramiento de su secretario de Hacienda2, ni el Plan Nacional de Desarrollo ni su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Visto así, entonces queda más claro que la contienda real y más significativa está por las cámaras federales y las cámaras locales. Ahí tenemos que enfocar nuestra atención, porque la conformación de una mayoría estable, plural y democrática es la que podrá cambiar el paradigma del desarrollo de México, sin poner el acento en quien pueda ganar la presidencia.

En síntesis, el dilema de 2018 no se resolverá el 1 de julio, sino se podrá resolver entre el 1 de septiembre y el 1 de Diciembre, o incluso hasta el 15 de Diciembre.

Es decir, el 1 de julio tendremos los resultados electorales y sabremos quién será el próximo presidente o presidenta de la República, y cómo estarán conformadas las fuerzas políticas en todo el país. Sin embargo, será hasta que se instale el Congreso de la Unión y sus Cámaras de Diputados y Senadores, cuando veamos claramente cuántos grupos parlamentarios se conformarán, cuántos legisladores tendrá cada grupo parlamentario, y qué combinaciones posibles podrán conformar una mayoría plural y estable en caso de que así se requiera, si es que el presidente opta por formar un gobierno de coalición.

Ante este panorama político, les comparto los tres escenarios más probables que tenemos en puerta, de acuerdo a la información que están arrojando las encuestas hasta estos momentos (tercera semana de abril de 2018).

El menos probable es el escenario que denomino “catastrófico”, que implica la victoria de José Antonio Meade. Un escenario más probable que implica la victoria de Ricardo Anaya, lo denomino “complejo”, y el escenario más probable –que no más deseable– y, subrayo, de acuerdo a los números de las encuestas con las que contamos hasta hoy, que implica la victoria de Andrés Manuel López Obrador, lo denomino “catastrófico y complejo”.

Escenario 1. Catastrófico

El escenario de la victoria de José Antonio Meade es catastrófico porque garantiza una perversa continuidad de todos los males que aquejan a la sociedad y anula en los hechos cualquier cambio sustancial al sistema político y al modelo de desarrollo.

De acuerdo a las cifras disponibles hasta esta fecha, el bloque denominado “Juntos por México”, formado por el PRI-PVEM-Panal, se perfila para ser el tercio menor en las cámaras del Congreso de la Unión, y aunque es prematuro decirlo, serán juntos una bancada de alrededor de 25 escaños en el Senado y de 100 curules en la Cámara de Diputados.

Esta composición hará del gobierno de Meade un ejercicio muy difícil e ineficaz. Esta situación extrema, de un presidente sumamente débil, quizás lo obligue a buscar formar un gobierno de coalición, pero la pregunta es con quién.

Curiosamente, los dos partidos que le pudieran dar a Meade y sus aliados una mayoría para gobernar serían el PAN o Morena. Pactar con el PAN sería pactar sobre las bases del neoliberalismo, y sería forzar una traición a la coalición electoral de “Por México al Frente”, lo cual se antoja improbable. Pactar con Morena, en una idea de restaurar el sistema presidencial vertical, también se antoja difícil, aunque no imposible.

Es interesante pensar que ante este escenario, el conjunto de la oposición, es decir, el bloque de “Juntos haremos Historia” y “Por México al Frente” constituirían una mayoría legal y constitucional en la oposición y podrían poner en jaque al gobierno priísta, y pactar el fin del régimen y forzar el cambio del sistema político y del modelo de desarrollo. Aún y dentro de esa posibilidad, aunque interesante en el mundo de las ideas, el entorno político sería muy difícil y el desarrollo del país se comprometería aún más.

Escenario 2. Complejo

El escenario de la victoria de Ricardo Anaya es complejo porque es el proyecto que intentaría cambiar el sistema político, e innovar el modelo de desarrollo, anclado en la construcción y consolidación de la sociedad del conocimiento, y por ende en la educación de calidad; en la elevación del salario, la inversión decidida en infraestructura, en el desarrollo científico y en las nuevas tecnologías para el desarrollo sustentable con energías limpias y renovables.

Todo lo anterior acarrearía grandes resistencias de sectores políticos conservadores y sectores económicos que han sido favorecidos históricamente por el régimen priista.

De acuerdo a las cifras disponibles hasta esta fecha, el bloque denominado “Por México al Frente”, formado por el PAN-PRD-MC, se perfila para ser un tercio muy relevante en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y aunque todavía es prematuro decirlo, estas fuerzas, de manera conjunta, tendrán más de 35 escaños en la Cámara de Senadores y más de 160 curules en la Cámara de Diputados.

Esta composición hará que el gobierno de Anaya sea un enorme reto para la imaginación y el talento político. Será un presidente de minoría, aun manteniendo unida a la coalición de partidos que lo postuló.

Esta situación quizás lo obligue a buscar formar un gobierno de coalición, pero la pregunta   -aquí también- es ¿con quién?

En el escenario más deseable, el gobierno de Ricardo Anaya tendría que ser uno de coalición que incluyera a los partidos que lo postularon, es decir, a todos los componentes de la coalición electoral “Por México al Frente”, y sumar otros partidos que ayudaran a construir una mayoría en las dos cámaras. En este escenario, que insisto, sería el más deseable, se antoja muy difícil incluir a Morena, pero se podría sumar tal vez a otros partidos minoritarios si es que con ellos se puede alcanzar una mayoría plural en las dos cámaras.

Ahora bien, en un escenario aún más complejo y paradójico, los dos partidos que le pudieran dar una mayoría para gobernar a Anaya y sus aliados son Morena y el PRI.

Pactar con el PRI, como ya lo comentamos líneas arriba sería una traición a la coalición electoral de “Por México al Frente”, lo cual se antoja improbable, porque sería perpetuar un modelo de alternancia bipartidista sin llevar a cabo los cambios que con urgencia requiere el país.

Pactar con Morena, en una idea de construir conjuntamente un cambio de régimen político, con un modelo económico distinto de desarrollo, sería muy difícil, mas no imposible, en el marco del quehacer político con visión de Estado. Sin embargo, esta posibilidad, podría ser factible sólo si Andrés Manuel López Obrador saliera de la escena pública. De otro modo, el líder de Morena, jamás aceptaría una alianza que él no encabece y se dedicaría a preparar el terreno para su cuarta candidatura presidencial.

Escenario 3. Catastrófico y complejo

El escenario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador es el más probable –que no el más deseable– según las encuestas hasta este momento, registradas hasta la tercera semana del mes de abril de 2018. Sin embargo, después del primer debate, el escenario se complica para este candidato y las posibilidades de su victoria empiezan a menguar.

No obstante lo anterior, la victoria de Andrés Manuel López Obrador nos arrojaría como país a un escenario catastrófico, por representar claramente una visión hacia el pasado, con un fuerte componente clientelar y populista, en donde el gobierno tendría una vocación asistencial muy acentuada.

El proyecto de Andrés Manuel López Obrador no implica ningún cambio en el sistema político, es más, implica una regresión al presidencialismo vertical y autoritario del pasado, y este esquema es complejo, ya que estando inmerso en un gran voluntarismo, no haría más que reeditar fórmulas del pasado de un Estado sumamente interventor en la economía, con una apuesta de un desarrollo industrial propia del siglo pasado, anclado todavía en un supuesto rescate de los hidrocarburos, sin reparar en construir esquemas de desarrollo compatibles con los paradigmas contemporáneos de las energías renovables, limpias y sustentables, y del impulso a la construcción y consolidación de la sociedad del conocimiento.

Ante esta falta de visión en el presente y en el futuro, el entorno para la inversión tanto nacional como extranjera también se torna muy compleja.

De acuerdo a las cifras disponibles hasta esta fecha, el bloque denominado “Juntos Haremos Historia”, formado por Morena-PT-PES, se perfila para ser un tercio muy relevante en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y aunque todavía es prematuro decirlo, –y la correlación de fuerzas está sujeta a cambios porque justo está en desarrollo la campaña electoral, estás fuerzas, de manera conjunta, podrían tener más de 40 escaños en la Cámara de Senadores y más de 180 curules en la Cámara de Diputados.

Si es que gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, el suyo será un gobierno de minoría. Él no ha anunciado que pretenda construir un gobierno de coalición, y la Constitución Política no lo obliga. Sin embargo, la Constitución sí faculta a la Cámara de Diputados a ratificar el nombramiento presidencial del Secretario de Hacienda, a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y también el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entonces, aunque sí existe una necesidad real de construir mayorías políticas, conociendo el perfil de AMLO, será casi imposible que quiera pactar con otras fuerzas políticas. Sin embargo, podría buscar el respaldo del PRI, si es que insiste en amnistiar a cualquier persona que haya cometido actos de delincuencia y rodearse de los personajes del viejo régimen. Además, ambas fuerzas políticas coinciden en fortalecer al sistema presidencial.

Aunque tampoco podríamos descartar del todo la idea de que Andrés Manuel López Obrador buscara pactar con los partidos de “Por México al Frente”, en esta idea que mencionamos anteriormente, para construir un cambio de paradigma para el desarrollo del país. Sin embargo, la escasa posibilidad para que esto suceda se desprende del hecho mismo, de que el propio López Obrador no propone un cambio profundo, simplemente propone gobernar de manera “honesta” un sistema político que ya se agotó, y que hace imposible la gestión honesta, dada la falta de equilibrios y contrapesos que entraña el vetusto presidencialismo.

Conclusión

Todavía faltan más de 60 días de campaña y dos debates presidenciales. Las cifras seguramente se van a mover y la moneda está en el aire. Nadie se puede levantar aún con la victoria. Lo cierto es que la contienda presidencial y su resultado tendrá su espacio determinante en otro proceso, que es la elección de las y los legisladores a las Cámaras del Congreso de la Unión, y que expresarán, nítidamente, la nueva correlación de fuerzas políticas en el país.



1 Fox 42.5%, Calderón 35.89%; Peña Nieto 38.20%
2El artículo 74 de la Constitución Política dice en su fracción III que: (Serán facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:) “III.- Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;” aunque también dice la Constitución en el artículo 89, fracción II párrafo tercero, que si en el caso de que el Presidente no opte por un gobierno de coalición y las cámaras no ratifican en dos oportunidades a las personas designadas por él para ocupar las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y Procuraduría General (en tanto no se expida la legislación secundaria de la reforma por la cual se le da autonomia a la Fiscalía General de la República), ocuparán los cargos las personas designadas por el Presidente.

Ricardo Álvarez

Ricardo Álvarez

Maestro en Ciencia Política por la London of Economics and Political Scince (LSE) Secretario Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
Ricardo Álvarez
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