Desigualdad y crisis del sistema: la renta básica o la opción a la vida digna

Categoría: El punto es, EPSi36
mayo 1 2018

Después de algunas décadas de intentos por ubicar el tema de renta básica o ingreso de ciudadanía en los debates de política pública, las distintas y sistemáticas crisis del sistema han logrado lo que la propia democracia había impedido: hoy la renta básica ya no se mira como una reivindicación salida de tono, sino que empieza a constituirse en una alternativa a las dificultades estructurales del sistema, en tanto la generación de puestos de trabajo no sólo se dificultó en el modelo postfordista sino que hoy, con la llamada cuarta revolución, el trabajo comienza a perder su naturaleza como fuente de ingresos para la sociedad.

Este artículo recoge algunos elementos para la discusión sobre la necesidad de una renta básica como garantía de derechos, no sólo económicos, sino de vida para las poblaciones, individuos y familias en las sociedades capitalistas. Alternativa sin duda a las formas precarias de vida impuestas por una sociedad caracterizada por la pobreza y la desigualdad.

Crisis y desigualdad

Tal vez uno de los hitos económicos de mayor relevancia en la historia del capitalismo ha sido la crisis de 2007 (de la cual continúan sus efectos, profundizados incluso por las nuevas guerras comerciales y nacionalistas), producto de los desafueros financieros del sistema, o mejor dicho, de su propia inmoralidad, manifestada desde la crisis inmobiliaria, hipotecas, subprime, en fin de los engaños que, desde el sistema financiero, se realizó a miles y miles de familias que terminaron por perderlo todo cuando creían estar ganándolo, estar protegiendo su futuro al obtener ganancias extraordinarias en inversiones de papel.

Como ha sido siempre en la propia evolución del sistema capitalista, que ante todo es un sistema de crisis sucesivas, son los trabajadores quienes deben asumirlas desde las pérdidas de sus puestos de trabajo, o con la pérdida de garantías laborales o debiendo soportar la diminución real de los salarios. Esto ha conducido no sólo a mantener unas magras condiciones para los trabajadores, sino que las estructuras del sistema mantienen en lo general dos características que le son propias: la pobreza, que ya es de por sí un lastre que el sistema ha llevado siempre y que le es funcional en tanto le permite mantener bajos los salarios de los trabajadores; y la segunda, que se trata de un elemento propio de la injusticia redistributiva del sistema: la desigualdad, que es más abrumadora en cuanto más pobres son los países, tal y como es el caso particular de América Latina.

En efecto, la instauración de los regímenes militares en América Latina sirvió no sólo para contener los miedos frente a la expansión de la revolución cubana, sino, ante todo, como una forma de instaurar el modelo neoliberal en el continente. Así, las armas, el miedo, el terror, se unieron al endeudamiento, al despilfarro, al saqueo continuado de recursos, para posteriormente verse el continente obligado a asumir las estrictas agendas del mal llamado Consenso de Washington, una serie de reformas estructurales que, tras la idea de lograr equilibrios macroeconómicos, condujeron a la privatización de los bienes públicos y a acrecentar los niveles de concentración de la riqueza, ya de por sí exagerados como reflejo del atraso productivo, las precariedades laborales y sociales, en definitiva, producto del subdesarrollo.

La reacción social y política en el continente condujo a la elección de gobiernos con una visión social de reivindicación y del pago de la deuda social histórica, un intento de rescate a los trabajadores de sus precarias condiciones, pero también unos logros que sin duda alguna le significaron a algunos países de la región, presentar mejoras sustanciales en temas como accesos a servicios públicos domiciliarios, educación, goce efectivo de derechos, que permitieron reducir brechas, fortalecer las condiciones económicas de la población reduciendo pobreza y desigualdad (Rendón, 2016).

Sin embargo, las pretensiones políticas de conservar el poder condujeron a estos movimientos, que en algún momento desde Venezuela se les llamó el Socialismo del Siglo XXI, a cambiar las condiciones normativas y constitucionales, y lo que tal vez es peor, a realizar actos –no en todos los casos– de corrupción y negociaciones con grupos de poder para conservar el control del gobierno. Todos los casos fueron disímiles, lejos están de haber sido un modelo homogéneo de desarrollo para el continente (Buendía y otros 2013), pero lo que sí es cierto es que permitieron encontrar caminos distintos a los tradicionales. Entre los casos que vale la pena mencionar, están los de la Bolsa Escuela en Brasil o la renta Ciudadana para personas mayores y en condición de discapacidad en Ecuador, sólo para citar dos casos exitosos de generación de ingresos y mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de las familias.

Después del gran auge de los precios de los commodities, en particular de los precios del petróleo, con las influencias de la crisis en la región y el marchitamiento de los gobiernos llamados alternativos, las derechas han retomado el poder en los distintos países de la región y han comenzado a desmontar aquellos logros que en materia económica y social han permitido disminuir las brechas de pobreza y desigualdad. Ya han comenzado los ajustes fiscales y se retoman temas de privatización, en especial en aspectos sensibles como pensiones o en educación. Dicho de otra manera, es un péndulo donde las posiciones neoliberales, las derechas del continente, retoman el poder para satisfacer ansias de concentración y control de la riqueza.

Los años venideros, sin duda alguna, serán de reversión de los logros mencionados, de pugnas, de limitaciones de derechos, incluso de reorganización de los movimientos y partidos progresistas que hicieron posible algunos cambios, pero que hoy están en situaciones difíciles, en crisis. A todo esto y, lo más seguro, resistiendo el embate neoliberal que se comienza a respirar en el continente, empezando por Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, se suma un elemento que hará más fuerte no sólo el tema del empleo, sino los temas de seguridad social que están atados al contrato de trabajo: la cuarta revolución industrial, es decir, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, las búsquedas de mayores productividades con base en los logros de la ciencia, la tecnología y la información (Schwab, 2016).

Así, la región comenzará a experimentar una nueva época de deterioro de sus condiciones de vida, reflejadas sustancialmente en la precariedad del mundo laboral; el cual, dadas las dificultades estructurales en el continente, se mantiene bajo fenómenos como los bajos salarios o la informalidad, es decir, cerca del 40 % de la población en el continente vive del trabajo informal, lo que implica no poder acceder a sistemas de seguridad social, a no ser que sean suministrados por el Estado como regímenes subsidiados (Gutiérrez, 2018).

El modelo neoliberal ya había profundizado las dificultades estructurales, socavando incluso los logros, por cierto, débiles, del modelo de sustitución de importaciones. El sector manufacturero, así como el sector rural, han venido perdiendo participación en la economía, pero también valor en términos absolutos. Es decir, hoy, exceptuando casos como Brasil, estos sectores han cedido participación y valor ante industrias de extracción minero, energéticas o ante sectores como comercio y comunicaciones. Los primeros son poco generadores de empleo, y los otros generan empleo, pero precarios, de baja calidad.

Difícil entonces el panorama social y económico de América Latina. A lo ya vivido, a los fracasos de los distintos modelos, sean de izquierda o de derecha, para generar mejores condiciones de vida, hoy se suma un fantasma bastante real, una revolución tecnológica sólo imaginada en las películas de ficción, pero que es ya una realidad que atacará como ninguna otra el trabajo humano, haciendo más complicadas las ya difíciles situaciones de pobreza y desigualdad en la región.

La renta básica como justicia redistributiva

Distintos países en el mundo han empezado por auscultar el tema de la renta básica, del ingreso de ciudadanía como una opción posible y necesaria para garantizar la vida de las personas. Han sido los países de mayor desarrollo los que han comenzado a explorar esta alternativa como una forma de garantizar la estabilidad económica de las familias. Si se prefiere entender de esta manera, el capitalismo, como hace 90 años, después de la primera gran crisis mundial, cuando asumió las propuestas keynesianas del Estado benefactor para salvaguardar la demanda agregada; se apresta hoy a diseñar una nueva forma de pervivencia, lo distinto es que se niega a reconocer que el modelo de la competitividad, del libre mercado, lo ha llevado al fracaso, y el cual se profundiza no sólo con la revolución tecnológica sino con guerras comerciales y los nuevos nacionalismos como expresión no de reivindicaciones de desarrollo y crecimiento endógeno, sino como resultado de posiciones extremas de negación a los otros, una paradoja en el supuesto fundamental de un mundo libre y globalizado.

Pero si la renta básica es una alternativa para los países de altos ingresos y condiciones estructurales sólidas, también lo puede y debe ser para los países pobres. No obstante, la renta básica como propuesta de política pública ha estado ligada, desde sus detractores, a una serie de mitos que la misma evidencia ha venido desmontando. Probablemente, el más afincado, que se ha utilizado como sofisma para desmontar el Estado benefactor y el Estado de derechos, es el que la renta básica se convierte en un instrumento no virtuoso que conduce a la pereza productiva y a la dependencia absoluta de las personas en las rentas proporcionadas por el Estado.

Nada más insensato. El sistema capitalista, que basa sus ganancias en la explotación del trabajo, ha encontrado también en los bajos salarios y en el desempleo, argumentos suficientes para mantener al máximo las condiciones de sometimiento de la población. La escasez de trabajo y por ende de recursos, conduce a una situación inhumana de sumisión monetaria, a una dependencia absoluta de las decisiones económicas del capital o a lo sumo de las bondades que desde el Estado se quieran proporcionar.

De esta manera, el tema de los subsidios y de los derechos cobra relevancia. La renta básica debe ser un derecho de ciudadanía, no un subsidio que dependa de la benevolencia del gobernante. Es un derecho, por lo tanto, innato a la condición humana y al derecho de tener una vida digna, sin depender económicamente de nadie, esto es un derecho que posibilite la libertad económica de las personas y por ende la dignidad de su existencia.

Al obtener la renta básica los individuos y sus familias eliminan su grado de dependencia del salario para poder garantizar sus condiciones mínimas de existencia. Esto le resta entonces al sistema su principal instrumento de sometimiento: si no se tiene un trabajo y con este algún ingreso, las familias no pueden tener acceso a los bienes necesarios para su subsistencia. La renta básica tiene el propósito esencial de garantizar la vida material de las personas, es entonces un principio esencial para la dignidad humana.

Ahora, la entrada al sistema productivo se realiza con base en capacidades y en oportunidades (Sen, 2000), es decir, la educación se constituye en un aspecto fundamental para la vida, pero a la vez, las oportunidades son esenciales para la concreción de los proyectos de vida que se promulgan desde la formación. Quiere decir esto que uno de los elementos sustanciales es el primer empleo, por ejemplo, de los jóvenes, su inicio al mercado laboral es con base en los emprendimientos; pero éstos tienen impedimentos a la entrada, entre ellos está el capital de trabajo, los distintos apoyos para lograrlos, pero en especial, el que las familias les exigen a los jóvenes aportar dinero para el ingreso familiar, cuando no es que ellos ya deben hacerse cargo de su sostenimiento.

La renta básica cumple entonces esta primera función: es la posibilidad de que la juventud, o si se quiere, los que desean hacerlo no siendo jóvenes, puedan realizar y dedicarse a sus emprendimientos, sin que la necesidad de hacerse de ingresos para satisfacer sus demandas básicas sea un impedimento para desarrollar nuevas empresas. La renta básica se convertiría en un aliciente para la formación de emprendimientos, el autoempleo (Raventós, 2007), ya que facilitaría la no dependencia a una relación salarial para el sostenimiento individual o de las familias (Rendón, 2008, 76).

Por otra parte, una renta básica se convierte en un incentivo económico fundamental, es decir, al tener un mayor ingreso, o lo que podría considerarse un aumento real de los salarios, los trabajadores tendrían dos impactos fundamentales: el primero es un efecto microeconómico, es decir, con un mayor salario, la productividad por trabajador tendería a aumentar, lo que representa una ganancia para el sistema en su conjunto. El segundo impacto, ya de carácter macroeconómico, se refiere al incremento de la demanda agregada producto de los mayores salarios disponible entre la ciudadanía.

Como se ve entonces, fuera de los miedos y los desafueros conceptuales en épocas de la posverdad, la renta básica, más que un instrumento perverso para la sociedad, debe convertirse en todo lo contrario, esto es, en un elemento generador de espirales virtuosas, donde un mayor ingreso, producto de la justicia redistributiva en el sistema (Sen, 2010), deberá conducir a la sociedad hacia estadios superiores de crecimiento y desarrollo.

La renta básica entonces no puede ser un instrumento de política pública solamente para los países de altos ingresos, que son los lugares donde se vienen realizando procesos de implementación, presionados por los movimientos sociales cansados de la alta concentración de los ingresos y de las crisis donde son los trabajadores quienes terminan soportando el peso de los ajustes (Piketty, 2014).

También en los países subdesarrollados, en especial en América Latina, pobre, estructuralmente rezagada y desigual, deben ser objeto de estas medidas, cumpliendo, como se ha dicho, un papel de fortalecimiento al sistema productivo y a la demanda agregada, a través de la protección de los ingresos, la promoción a la productividad, el emprendimiento, el autoempleo y el fortalecimiento financiero a los sistemas de seguridad social, es decir la Renta Básica también está atada a los aportes sociales para lograr un sistema de protección social universal. Esto será esencial en momentos en los que el mundo se enfrenta a los impactos que tendrá sobre los mercados laborales, la llamada cuarta revolución, el desarrollo de inteligencias artificiales y, por lo tanto, el sometimiento del mundo del trabajo a unas lógicas aún escasamente conocidas, pero que ya no hay duda de que harán del mundo del trabajo un escenario completamente distinto al que hoy se conoce.

Por otra parte, la propuesta de renta Básica tiene que ver con la justicia redistributiva, de lograr que todos los seres humanos tengan derecho a una vida digna, libres económicamente, libre políticamente, instrumentos que posibiliten la dignidad humana (Raventós, 2007, SP 2013).

 


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Jaime Alberto Rendón Acevedo

Jaime Alberto Rendón Acevedo

Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid. Docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
Jaime Alberto Rendón Acevedo
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