CULTURA Y JUVENTUD: ACERCA DE LAS CIUDADANÍAS JUVENILES

Categoría: El punto es, EPSI21
noviembre 11 2015

Introducción

¿Por qué hablar de los derechos culturales de los jóvenes? ¿Qué relación existe entre estos derechos y la manera en que algunas juventudes están construyendo ciudadanía? Las anteriores preguntas parecen más que pertinentes en un país como el nuestro, donde los derechos de este sector de la población parecen haber entrado en una etapa de crisis.

El texto que aquí se presenta busca trazar algunas coordenadas que permitan la reflexión en torno a las ciudadanías juveniles, teniendo como referente la relación entre derechos culturales y derechos políticos. La idea eje que deseamos plantear aquí es que, para el caso de las juventudes, la exigencia y el ejercicio de los derechos culturales frecuentemente están relacionados con el ejercicio de ciertos derechos políticos; y es a partir de este vínculo que podemos pensar la manera en que en este sector de la población está construyendo, por diversas rutas, su ciudadanía.

De esta forma, parece necesario en primer lugar una reflexión mínima en torno a lo que podemos entender por juventud y por ciudadanía, para posteriormente plantear la posibilidad de hablar de una ciudadanía juvenil. Finalmente, el documento busca poner el acento en torno de algunas formas de organización juvenil en donde lo cultural y lo político parecen entreverarse.

¿Juventud o juventudes?

Definir a la juventud no resulta una tarea fácil, pues la multiplicidad de criterios, disciplinas y miradas que la atraviesan han generado una discusión que impide hablar de un concepto acabado y unívoco.

Una de las formas más comunes de referirnos a este sector de la población tiene que ver con su ubicación dentro de un rango de edad como criterio fundamental. Así, desde una mirada exclusivamente demográfica, la juventud sería el grupo de población que se encuentra dentro de un rango que puede ir —-dependiendo de las distintas legislaciones—- desde los 10 hasta los 30 años. Pero aquí es donde empiezan los problemas de la falta de acuerdo para una definición; pues, ¿cuáles serían los criterios que se utilizan para decidir que la juventud empieza a los 10 y no a los 12 o a los 15, y que ésta termina a los 24 años y no a los 29 o a los 35? Visto así, pareciera que la dimensión etárea resulta un criterio muy arbitrario para definir a los jóvenes.

Otra manera común de acercarse a la idea de juventud es equiparándola con la pubertad. Aunque en realidad ésta última, como dimensión biológica se relaciona más con un período de intensas alteraciones físicas y fisiológicas. “La formación de los caracteres sexuales primarios y secundarios, el crecimiento longitudinal acelerado, la muda de voz, etc., son [algunos de] los fenómenos más conocidos de esta fase.”1 Entonces, si la pubertad es una etapa de maduración fisiológica en el individuo, supeditada a procesos biológicos; la juventud parece ser más una condición determinada por factores sociales. Pubertad y juventud, aunque se complementan, son procesos diferentes en el individuo (Allerbeck, 1979).

De esta forma, desde la sociología se ha intentado mostrar que la juventud tiene significados muy distintos para los grupos y las personas pertenecientes a cada sector social específico, y que este periodo se vive de maneras muy diversas, según el contexto en que los jóvenes se desarrollan. Visto de esta manera, la juventud es una construcción social e históricamente determinada, lo que significa que la idea del “ser joven” varía en tiempo y espacio, dependiendo de las características políticas, sociales, culturales y económicas, que asume cada sociedad.

Lo anterior implica que “en ningún lugar ni periodo histórico cabría definir a la juventud mediante meros criterios biológicos o con arreglo a criterios jurídicos [Pensemos por ejemplo la mayoría de edad]. En todas partes y en todo tiempo, [la juventud] sólo existe revestida de valores y símbolos […] Más que una evolución fisiológica concreta, la juventud depende de unas determinaciones culturales que difieren según las sociedades humanas y las épocas, imponiendo cada una de ellas a su modo, un orden y un sentido a lo que parece transitorio, y hasta desordenado y caótico.”2

Sin embargo, aunque cada sociedad construye en su interior una concepción sobre la juventud, lo cierto es que también los propios jóvenes contribuyen a esa construcción, a partir de sus prácticas, sus preocupaciones e intereses y sus formas de producción y consumo cultural.

Lo anterior implica un constante ir y venir, “de la manera en que la sociedad concibe a la juventud, a la manera en que ésta va construyéndose a través de sus diferentes prácticas sociales”.3

De esa forma, entre otras instituciones, la escuela, el trabajo, el gobierno, las leyes, los medios de comunicación, los partidos políticos, etc.; van construyendo en conjunto “imágenes” de “lo que es” o “lo que debe ser” la juventud. Pero como dijimos, también el joven, con sus propias“prácticas”, construye su propia “imagen” de la juventud. Lo anterior plantea una “disputa” permanente, entre la manera de concebir al joven desde el “mundo adulto” y desde el “mundo juvenil”, disputa que se enmarca y es atravesada por diferentes condiciones: de clase, de etnia, de género, de generación, de cultura, de territorio.

Aún más, estas diferentes prácticas sociales, formas de producción y consumo cultural, preocupaciones, necesidades e intereses; implican la existencia no de una sola juventud, sino de muchas juventudes, o para decirlo de otra forma, de múltiples formas de “ser joven”. Esta afirmación no es menor, pues implica antes que nada, tomar en cuenta que las mismas diferencias y desigualdades que caracterizan a una sociedad como la nuestra, se pueden observar al interior de su juventud.

Finalmente, desde la antropología social se ha incorporado a la cultura como un criterio que permitiría identificar a la juventud como un grupo social específico. Esta perspectiva intenta mostrar la existencia de culturas juveniles, donde se hace hincapié en la noción de identidades juveniles como eje de la caracterización de este sector de la población, y en el estilo juvenil como la manifestación simbólica de esas identidades juveniles. Esa identidad se expresa en un conjunto de prácticas y formas de producción y consumo cultural: la música, el lenguaje, la estética corporal (vestido, peinado, modificaciones corporales, etc.), los espacios de reunión (fundamentalmente los del ocio y la diversión) y las prácticas y actividades específicas que realizan.4

Así, las culturas juveniles nos hablarían de “[…] la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente, mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios interinstitucionales. En un sentido más restringido, [las culturas juveniles] definen la aparición de ‘micro sociedades juveniles’, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas’, que se dotan de espacios y tiempos específicos […] Su expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles ‘espectaculares’, aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud…” (Feixa, 1997)

La crítica a esta manera de pensar a la juventud, es que ella supone que la condición juvenil se remite exclusivamente a lo cultural, y de manera particular a lo estético; como si, por ejemplo, un joven punk, además de ser punk, no fuera también hijo de familia, estudiante, buscador de empleo, etc. A pesar de lo anterior, esta última perspectiva es importante tenerla en cuenta pues es en ella, como eremos más adelante, donde podemos encontrar sentido al vínculo entre derechos culturales y derechos políticos.

El debate sobre la ciudadanía

Desde una definición formal, la ciudadanía alude a un status que se otorga a las personas que son miembros de una comunidad política, a partir del reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere ese conjunto de derechos y deberes.5

Estos derechos, en principio aluden a tres esferas de actuación de la ciudadanía, la civil, la política y la social. Los primeros, los derechos civiles, son aquellos necesarios para ejercer la libertad individual: libertad de expresión, justicia, acceso al sistema legal, seguridad personal, no discriminación, etc. Los derechos políticos son aquellos necesarios para la participación en el ejercicio del poder público: votar y ser votado, organizarse y en general participar organizadamente en la discusión de los asuntos públicos. Por último, los derechos sociales son aquellos que sientan las bases para el desarrollo de un mínimo de bienestar social —-esto es, la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas-—, y están generalmente vinculados a la seguridad social, la salud, la vivienda, el trabajo.

Sin embargo, esta perspectiva no ha estado exenta de críticas. Por ejemplo, los derechos que posibilitan la participación en la toma de decisiones en el campo de la política se limitan a un conjunto de personas que reúnen ciertas características de edad —-la mayoría de edad—-, o de adscripción a organizaciones políticas formales —-los partidos políticos—, dejando a un lado a quienes encuentran canales propios de expresión de sus opiniones y demandas en un sistema político excluyente. En el caso de los derechos sociales, éstos generalmente en sociedades como la nuestra, se han visto restringidos debido al acotamiento de la intervención del Estado en esa materia.

Es por ello que “la irrupción en la escena política de las dimensiones de la vida privada y cotidiana y la visibilización creciente del discurso de la diferencia cultural como un componente indisociable de las democracias modernas, han hecho estallar las concepciones clásicas de ciudadanía”,6 lo que permitió no hace mucho, reconocer la existencia que otras dimensiones que complementarán  a la inicial, concepción de ciudadanía.

Así, más adelante ésta última incorporó los derechos culturales, que aluden a la identidad, a lo simbólico y a las formas de producción cultural que se reflejan, entre otras cosas, en un conjunto de prácticas culturales: la identidad, el  idioma, las prácticas, las formas de producción cultural, etc. (Reguillo, 2000).

Esta idea formal de ciudadanía implica, en primer término el reconocimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar los derechos arriba mencionados; pero en esta concepción el ciudadano es concebido únicamente como receptor de los beneficios que el Estado provee. Esta manera de ver a la ciudadanía observa dos problemas que aquí deseamos subrayar.

El voto y la elección de los gobernantes se convierten en la culminación de la participación del ciudadano; más allá de este acto, la responsabilidad es delegada por el votante a sus gobernados electos. Por otro lado, la ciudadanía está fuertemente vinculada y determinada, en sociedades como la nuestra (desigual, excluyente), a los procesos de exclusión que limitan el acceso y cumplimiento de estos derechos. Lo anterior obliga a mirar a la ciudadanía como un proceso que implica un acceso diferenciado a esa ciudadanía, sujeto a condiciones de clase, etnicidad y género.

Esta aproximación conceptual permite considerar dos tipos de exclusión particulares, por un lado, la exclusión política, entendida como la carencia de derechos efectivos que permita participar en el ejercicio y discusión del poder político —-cuestión que iría más allá del simple voto—- y, por el otro lado, la exclusión social, entendida ésta como la ausencia de derechos efectivos para alcanzar un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social.

A partir de esto, podemos comenzar a distinguir dos líneas básicas de acepción acerca de la ciudadanía. La primera de ellas, relativa al conjunto de derechos y obligaciones atribuibles a los integrantes de una comunidad en donde el Estado se presenta como el eje de todo el proceso, pues el ciudadano no asume más que un papel pasivo del receptor. Los individuos en este tipo de ciudadanía, que bien podríamos llamar pasiva, mantienen una postura individualista frente a una serie de derechos en los que no se ven directamente implicados pero sí beneficiados; por la otra. Aquí el Estado contribuye en poca medida a incentivar la incorporación de los ciudadanos a las actividades de la vida pública.  La política, en esta perspectiva, es una esfera que atrae débilmente el interés de los ciudadanos, quienes la consideran ajena a su cotidianidad.7

La segunda acepción, sostiene que la ciudadanía no es una condición que deriva de un proceso que culmina con el voto; sino que se construye a partir de la existencia de un espacio en donde se expresan los intereses compartidos por todos los integrantes de un grupo social; lo anterior implica que la ciudadanía es un proceso que está permanentemente en construcción, y en dicho proceso intervienen actores e instancias propias del contexto social y territorial. Esta perspectiva asume que la ciudadanía se construye a partir de las prácticas sociales y encuentra terreno fértil en la peculiaridad de experiencias asociativas y en la movilidad de los grupos. (Zenil, 2009).

Este tipo de ciudadanía, que bien podríamos llamar activa, tiene como atributo central la posibilidad de que el sujeto traduzca su actuación en influencia en el ámbito institucional, materializada en la negociación en distintos niveles de lo público. En la ciudadanía activa se busca complementar el lenguaje de los derechos con el de las responsabilidades y las virtudes ciudadanas. La ciudadanía activa requierede ciudadanos que se integren a procesos de actuación desarrollados en la colectividad. El ámbito inherente a la ciudadanía, desde esta perspectiva, es el espacio público al que concurren los actores en calidad de ciudadanos, para poner de manifiesto sus demandas o sus formas asociativas (Zenil, 2009). Esta ciudadanía implicaría que el ciudadano no es solo receptor de los beneficios que el Estado le proporciona; es también un ciudadano que conoce sus derechos y exige su cumplimiento al Estado mediante la organización y el actuar en el espacio público.

Si la ciudadanía se construye a partir de contextos diferenciados -—determinados por la clase, la educación, la etnia-—, ¿qué implicaciones tiene esto en la construcción de una ciudadanía juvenil? Bueno, en principio, que así como debemos hablar no de una juventud sino de las diferentes maneras de “ser joven”, o para ser más exacto, de las diferentes juventudes; podemos sugerir la existencia no de una ciudadanía juvenil sino de múltiples formas de acceder y/o construir esa ciudadanía juvenil. Lo anterior, aún a pesar de las posiciones que sostienen que no tiene sentido agregar el calificativo “juvenil” a la ciudadanía, argumentando que a ésta tienen acceso todos los miembros pertenecientes a la comunidad política. De este modo, bien podemos afirmar que la gran mayoría de jóvenes en este país comparten un signo distintivo que bien puede sintetizarse en una palabra: exclusión.

IGNACIO RODRÍGUEZ ÁVILA

Descanso, oleo s/tela, 30 x 40 cm.

De los derechos culturales a los derechos políticos: las ciudadanías juveniles

Es un lugar común sostener que existe un fuerte distanciamiento entre la población joven y las instancias tradicionales de participación política. Sin embargo, esto es cierto solo si concebimos el “interés de la política” única y exclusivamente como el ejercicio del voto. En realidad, a muchos jóvenes les interesan los problemas de su sociedad, pues los viven y los sufren cotidianamente y sus formas de organización y participación trascienden el ámbito electoral y son mucho más grandes de lo que comúnmente se piensa. Muchos jóvenes —-aunque ciertamente no la mayoría—- se organizan y participan activamente en la vida pública fuera de las formas tradicionales e institucionalizadas.

Aunque sólo uno de cada 10 jóvenes ha participado en una marcha o acto político; cuando se les pregunta si estarían dispuestos a participar en algún tipo de actividad o manifestación pública, las relacionadas con la defensa del medio ambiente (86%), el respeto a los derechos indígenas (85%), a los derechos humanos (83%), la inseguridad (81%) y la paz (83%) son asuntos por los cuales los jóvenes sí estarían dispuestos a participar. Si en el año 2000 el INEGI reportó la existencia en el país de poco más de 27 millones de personas entre 15 y 29 años, esto quiere decir que más de 2 millones y medio de jóvenes en el país han participado en esos actos.

Los datos indican que los jóvenes están generando nuevas formas de organización que poco se han estudiado. Uno de cada cuatro jóvenes participa activamente en algún tipo de organización. Las de carácter deportivo, religioso y estudiantil son aquellas que los jóvenes más eligen para participar, mientras que del otro lado, las de carácter partidista, son las que menos frecuentan (ENJ, 2002).

Los jóvenes informalmente organizados en colectivos, clubes, grupos, barras, asociaciones, etc. están “haciendo cosas” en sus comunidades, en sus barrios y colonias.

En este sentido, la ciudadanía cultural es aquella que se define desde la articulación del derecho a la organización, el  derecho a la expresión, el derecho a la participación en el mundo, apartir de las pertenencias y anclajes culturales: el género, la etnia, la religión, las opciones sexuales, las múltiples adscripciones identitarias, el uso del cuerpo. De esta forma, lo que tenemos enfrente es que los jóvenes están culturizando lo político, es decir, están viendo y haciendo política desde la cultural desde su vida cotidiana. (Reguillo, 2000)

Es por lo anterior que se puede afirmar que para la mayoría de los jóvenes, la ciudadanía se define en el hacer: “si estudio o trabajo (en lo que sea), hago una revista cultural o toco en un grupo, soy ciudadano”, en cambio, “si no aparezco en listas (de admisión a las instituciones de educación) o no consigo trabajo, o la policía me reprime o carezco de espacios de expresión, no soy ciudadano”. (Reguillo, 2000)

Muchos jóvenes en el país están construyendo formas emergentes de organización, a partir de las cuales están cuestionando, expresando intereses, preocupaciones, problemáticas, elaborando productos culturales, pero sobre todo proponiendo cambios en temas muy específicos. Todo ello a pesar de una ciudadanía formal que constantemente se les niega.

Efectivamente, para muchos jóvenes, la práctica de lo político ya no se encuentra en las instituciones de organización política por excelencia, esto es, los partidos y las elecciones, sino en un ámbito que los trasciende. Para estos jóvenes, la práctica de lo político pasa en buena medida por el arte, la cultura y las formas emergentes de organización social en el barrio, la colonia y los espacios apropiados. Lo anterior nos obliga a revisar esas “otras políticas” o “micropolíticas”, cuyo poderío no está en el Estado ni en el aparato gubernamental, no busca centros de poder, no busca el control de lo social desde un lugar central, no busca mecanismos burocratizados en la administración y no pasa por un aparato tipo partido o sindicato. (Reguillo, 2000)

¿Dónde están ahora esos jóvenes y sus organizaciones?, ¿cómo se conforman?, ¿cómo se organizan?, ¿sobre qué temas están trabajando?, ¿qué actividades realizan?, ¿qué productos culturales están generando?, ¿cuál es la relación existente entre esas organizaciones?, ¿qué aprenden los jóvenes al participar en ellas?, ¿cuál es su relación con otros actores: por ejemplo ONG’s, partidos, gobierno?, ¿cuál es el papel que estas organizaciones juegan en la construcción de políticas públicas dirigidas hacia este sector de la población?, ¿cuál es el peso que estas organizaciones tienen en la construcción de una agenda pública de la juventud?

Estas son preguntas aún por resolver, pero sin las cuales difícilmente podremos entender por qué la política se ha vaciado de sentido y de significado para un número importante de jóvenes, y por qué la exigibilidad y el ejercicio de los derechos culturales se ha convertido, para esos mismos jóvenes, en herramienta para la construcción de ciudadanías.

1 K. Allerbeck y L. Rosenmayr, Introducción a la sociología de la juventud, Buenos Aires, Kapelusz, 1979, pp. 23-22.

2 Levy, Giovanni y Jean Claude Schmitt (Directores) (1996) “Introducción”, en Historia de los jóvenes, Tomo I, “De la antigüedad a la edad moderna”, Taurus, Madrid, pp.9.

3 Nateras Domínguez Alfredo. 2000 “Jóvenes, identidad y diversidad”. Revista Travesaño 2000. Temas de población. Año 3 no. 8: 10-15.

4 Feíxa Pàmpols Carles (1997) “De las culturas juveniles al estilo” en Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, Vol. XV, núm. 50, México, Octubre 1996, pp. 71-89.

5 Marshal, Tomas. “Ciudadanía y clase social”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no. 79, julio – septiembre 1997

6 Reguillo Rossana (2000) “Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto”, en Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación

7 Zenil Medellín Mónica (2009), Construcción de ciudadanía y apertura de espacios públicos. Prácticas sociales de jóvenes en la ciudad de México. Mimeo, FCPyS-UNAM.

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Fernando Aguilar Avilés

Fernando Aguilar Avilés

Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y Profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Fernando Aguilar Avilés
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