Contaminación atmosférica por ladrilleras

abril 10 2018

Los datos que publicó el INEGI en 2009, en su Censo Económico, dice que existían en ese momento aproximadamente unas 10 mil 159 unidades económicas (que podríamos entenderlo como 10 mil 159 hornos ladrilleros) que generaban 35 mil 483 empleos que pudieran producir de ocho a 10 mil ladrillos/mes/horno con un valor de aproximado de 3 mil 117 millones de pesos anuales. Y que esta actividad se realizaba en prácticamente todo el territorio nacional, con excepción del estado de Campeche, donde no se tiene ningún dato de actividad de producción de ladrillos.

Nuestro país ha tenido un mediocre crecimiento económico en los últimos 30 años, que en promedio no ha sido superior al 2 % del PIB anual. Por lo que esta actividad económica informal y artesanal se ha ido incrementando no solo por la falta de empleos formales sino también por el aumento de la demanda de ladrillos que exige la construcción de vivienda.

Debido al caos y desorden del desarrollo urbano en las ciudades medias de nuestro país, donde los enormes intereses inmobiliarios predominan, el crecimiento de fraccionamientos habitacionales ha generado una indebida convivencia con estos asentamientos irregulares donde se ubican los hornos ladrilleros. Aunque originalmente se habían asentado en terrenos alejados de las manchas urbanas, ahora han quedado prácticamente rodeados de estos fraccionamientos, generando permanentes crisis de contaminación atmosférica, debido a sus emisiones tóxicas.

Este fenómeno existe en todas las regiones de nuestro país, pero en los últimos años se ha agravado en las entidades federativas del centro del país. Especialmente en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, específicamente en la zona conurbada de León, que tiene a más de 11 mil leoneses que viven alrededor de una zona donde se ubican más de 300 hornos ladrilleros; por lo que respiran diariamente sus emisiones tóxicas. Ahí, desde hace más de nueve años existen asociaciones civiles, como Organización Leonesa Brisas del Lago, AC, Medio Ambiente y Calidad de Vida, AC, que han estado luchando por que se reubiquen, sin ningún resultado. En 1998, fue publicada la norma técnica ecológica (estatal) NTE-IEG-001/98 que establece

las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones para la operación de los hornos en la elaboración y cocido de piezas elaboradas con arcillas para la construcción.

En este documento se señala claramente que solo podrán usar como combustibles: gas LP, gas natural y diésel. “Queda prohibida la ubicación dentro de la mancha urbana. Deberá ubicarse (o reubicarse) a una distancia mayor a 5 kms de cualquier asentamiento mayor a 2 mil 500 habitantes”. En el caso de la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí, también existe una crisis de contaminación atmosférica por la enorme contaminación de los hornos ladrilleros que están asentados en la zona norte de la mancha urbana, dentro del municipio de la capital, San Luis Potosí.

En el caso de León, la autoridad municipal, denominada Dirección General de Gestión Ambiental León, y su titular es Ricardo de la Parra Barnard, así como la autoridad estatal –el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato que dirige Juan Angel Mejía Gómez– no han resuelto el grave problema de contaminación atmosférica que representan las ladrilleras. Y en el caso de San Luis Potosí, ni siquiera cuentan con una norma técnica estatal para regular los hornos ladrilleros. Tanto la dirección de ecología del ayuntamiento de San Luis Potosí, como la autoridad estatal, que en este caso es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, que dirige la contadora pública Yvett Salazar Torres, tampoco han resuelto su grave crisis de contaminación atmosférica que desde noviembre pasado existe en esa zona. En las dos entidades federativas, Guanajuato y San Luis Potosí, desafortunadamente la autoridad federal, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus delegaciones estatales, ni las dos delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, han querido intervenir para poner orden a este caos que existe en estas dos zonas conurbadas de León, Guanajuato, y de la ciudad capital San Luis Potosí.

La enorme contaminación que generan estos arcaicos hornos ladrilleros que queman toda clase de materiales, como leña, llantas, plásticos de todo tipo y residuos peligrosos (que contienen metales pesados), incluyendo aceites gastados que contienen piloclorobifenilos (los conocidos askareles, que son compuestos orgánicos persistentes), y al ser quemados generan cantidades gigantescas de dioxinas y furanos, óxidos de nitrógeno (precursores de ozono troposférico), monóxido de carbono, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, carbono negro como material particulado PM2.5 y PM10.0 además de metano, representa enormes daños a la salud de casi 2.5 millones de habitantes de la dos zonas conurbadas mencionadas, sin que las autoridades estatales de salud ni la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, que depende de la Secretaría de Salud federal, hayan intervenido para evitar estos graves daños que finalmente nos cuestan a todos. Me refiero a las enfermedades del sistema respiratorio, cáncer de pulmón, de esófago, de estómago, de páncreas, de hígado o de riñón. Además de las afectaciones al sistema inmunológico que resulta disminuido por estas emisiones tóxicas.

También sabemos ahora, después de más de 35 años de estudios sobre las consecuencias a la salud de las dioxinas y furanos, que destruyen la testosterona en los varones y por ende se reduce la calidad y producción de espermatozoides. Por eso fue creado el Convenio de Estocolmo que nos obliga a la eliminación y reducción de dioxinas y furanos. México es parte obligada desde el año 2004, en que fue ratificado por nuestro país. Sabemos por estudios que realizó la Organización Mundial de la Salud, difundidos en el año 2012, que cada año en nuestro país mueren anticipadamente 20 mil mexicanos por los daños de la contaminación atmosférica. Y que los daños por esta contaminación atmosférica, desde el año 2012 en que fue cuantificada por el INEGI, no ha disminuido la enorme cifra de 500 mil millones de pesos anuales. Lo que supone cuando menos unos 3.0 puntos del PIB.

Desde hace más de 25 años hemos estado tratando de resolver unos de los problemas más importantes de contaminación atmosférica que ocasiona la fabricación artesanal, –diría yo arcaica– de ladrillo o tabique para la construcción. Pero en los hechos, no hemos avanzado. Necesitamos que los ayuntamientos se decidan de una vez por todas a invertir recursos y también la voluntad política para reubicar a todos estos grupos vulnerables de nuestra sociedad que desafortunadamente tienen que dedicarse a esta contaminante actividad, pero que si pudiéramos contar con el apoyo de los gobiernos estatales y del gobierno federal, podríamos sacarlos de este infierno en el que malviven, para darles en primera instancia predios alejados de las manchas urbanas y crear mecanismos económicos para que en realidad pudieran quemar en sus hornos combustibles como gas LP o gas natural. Por supuesto en hornos modernos, más eficientes y mucho menos contaminantes. Se requiere del concurso de los tres niveles de gobierno y de la voluntad de diputados federales y locales a fin de lograr una nueva normatividad y tratamiento de este grave problema de contaminación atmosférica que nos afecta a todos los mexicanos.

Nuestro acuerdo político-administrativo de los tres niveles de gobierno no responde –cuando menos en el ámbito ambiental– a las necesidades de coordinación y concurrencia. Por lo que deberíamos crear una nueva forma de resolver, en este caso, la contaminación atmosférica. Por ejemplo, podríamos cambiar el esquema de los tres niveles de gobierno y crear en cada región o zona conurbada, un comité ciudadano de calidad de aire, conformado no solo por representantes de los tres niveles de gobierno en materia ambiental, sino por todos los actores, las instituciones de salud municipales, estatales y federales. Con la participación instituciones educativas y centros de investigación, organismos intermedios de la sociedad civil, sindicatos de trabajadores y por supuesto las organizaciones empresariales. Y que entre todos crearamos los mecanismos económicos necesarios para poder ayudar a estos miles de mexicanos que se envenenan diariamente y que nos generan a todos los mexicanos un daño grave en nuestra salud, a fin de que abandonaramos estos hornos artesanales que realizan prácticas arcaicas de combustión de toda clase de residuos, que evidentemente violan todas nuestras normas oficiales mexicanas en materia de emisiones al ambiente y por supuesto que también en materia de gestión de residuos.

No podemos, en aras del interés particular de estos cuantos miles de mexicanos vulnerables dedicados a esta actividad informal y contaminante, sacrificar la salud de millones de mexicanos. Todos los sectores productivos de nuestro país deben cumplir con nuestra normatividad ambiental vigente; pero sobre todo las autoridades ambientales y de salud deben jugar un papel más responsable y activo para que podamos tener un desarrollo armónico de nuestras actividades productivas y los 126 millones de mexicanos, sin poner en riesgo los recursos naturales y la salud de todos.

 

Carlos Álvarez Flores

Carlos Álvarez Flores

Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Concejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat en dos Períodos: 1998-2000 y 2008-2011. Articulista y editorialista en Revistas Especializadas. Presidente de la asociación “México, Comunicación y Ambiente, A.C.” y Asesor Ambiental.
Carlos Álvarez Flores
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