Constitución de la CDMX: Un dogma que rija a todos.

Categoría: CDMX, EPSI23
abril 13 2016

Sirvan estas líneas para abordar un tema que hoy retumba en la mente no solo de quienes viven en la ciudad más grande del mundo, sino de todo aquel que tenga relación de cualquier tipo con ella; empecemos entonces por aclarar que nuestra ciudad ha dejado de llamarse Distrito Federal para denominarse Ciudad de México, ello a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, mismo que fuera publicado por el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero del 2016, mismo que hemos de observar bajo una óptica imparcial y meramente crítica, sin ninguna tendencia política, pero sin dejar a un lado un sentir, mezcla de una cultura jurídica, criminológica y humanista, que rige mis pensamientos.

Al observar el decreto de referencia en una lectura detenida, me llama la atención su redacción, misma que hace nacer en mí dudas y, por qué no decirlo así, hasta una cierta desconfianza, pues me hace pensar que tal reforma en su mayor parte no constituye más que un cambio de nombre para la capital de la república; y es que el lenguaje empleado por sus redactores, quiero creer que por desconocimiento y no en un “error” doloso, emplean palabras y denominaciones en forma constante que recalcan que la Ciudad de México no es un estado más sumado a los 31 ya existentes y por tanto las consecuencias jurídicas y económicas que esto conlleva simplemente no tienen lugar.

Ycara africana, ROMGO.

A fin de ilustrar lo referido hemos de aclarar que cuando el legislador hace referencia a los estados, únicamente hace alusión a los 31 estados existentes desde siempre en la República, pero no a la Ciudad de México, a la que denomina como tal en todos sus apartados, pues cuando se quiere hacer mención a los 31 estados del país y a la Ciudad de México, el legislador utiliza la denominación “entidades federativas”, lo que espero no sea más que el interés del legislador de enmarcar el cambio de denominación y no cuestiones discriminativas o con otra finalidad.

Lo anteriormente mencionado, se ve también reflejado al momento de que el creador de la reforma, al referirse a las circunscripciones territoriales en las que se dividen los estados, conserva para ellas el término “municipio”, lo que no ocurre con la Ciudad de México; en este caso las llama “demarcaciones territoriales”, mismas que en obvio no contarán para su gobierno con un presidente municipal, sino con un alcalde, y, no, qué decir de quienes integran su equipo de trabajo, estos también tienen una denominación totalmente distinta, y es que ello comienza a notarse desde el hecho de que esta ciudad no tiene un gobernador, sino un jefe de Gobierno, como ha sido desde hace ya varios años; lo que me detiene a pensar que la intención del redactor de esta reforma no muestra intención de un cambio verdadero al interior de nuestra ciudad, sino parece más un nuevo bautizo asignado.

Ante tal contexto, merecen especial atención las modificaciones que al orden interno observan los Estados Unidos Mexicanos respecto a tal cambio; y es así como se observa que el decreto de 29 de enero de 2016 encierra la reforma de 49 artículos Constitucionales (2°., Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción IX; 3°., párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5°., párrafo segundo; 6°., Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17, párrafo séptimo; 18, párrafos tercero y cuarto; 21, párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26, Apartado B, párrafo primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos primero y segundo; 28, párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31, fracción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo primero, así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 55, párrafo primero, fracciones III y V párrafos tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 62; 71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3°., 6°. y 7o., IX, XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V y VI; 79, párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82, fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero; 103, fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos primero, tercero y cuarto; 110, párrafos primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; la denominación del Título Quinto; 115, fracción IV, párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; 117, fracción IX, párrafo segundo; 119, párrafo primero; 120; 121, párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124; 125; 127, párrafo primero y fracción VI del párrafo segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto y séptimo; y 135, párrafo primero) y la derogación de diversas fracciones de 2 artículos más (fracción IX del artículo 76; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo, ambas del artículo 105), mismos que sería casi imposible analizar en tan pocas líneas. Sin embargo haré énfasis en algunas apreciaciones muy particulares.

Salvo algunos artículos muy particulares, el decreto en su mayoría solo hace el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México, de jefe de Gobierno del Distrito Federal a jefe de Gobierno de la Ciudad de México y así sucesivamente, pero merecen mayor énfasis por ejemplo los ordinales 122, y todos los artículos transitorios del decreto, en donde observo se encierra lo más trascendente de la reforma política, pues en el primero de los mencionados se enmarca toda la estructura administrativa, política, social, y económica de la ciudad, es justo el ordinal que en forma expresa dice que la Ciudad de México es una Entidad Federativa (no un estado) que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior, en su organización política y administrativa, situación esta que es verdaderamente cuestionable, pues como se verá en las líneas que preceden, el gobierno federal no ha tenido, ni tiene, en mente soltar la Ciudad de México y menos aún los beneficios que de esta obtiene y que son precisamente de lo que hoy más de un político se jacta haber logrado. Como ejemplo de ello observamos que a efecto de los inmuebles que hoy ocupa el gobierno federal en la Ciudad de México y por lo cuales no paga remuneración alguna, seguirán siendo ocupados por el mismo, igualmente sin pagar por ello cantidad alguna, de acuerdo a lo establecido en los ordinales 122 fracción V párrafo quinto y décimo primero Constitucionales, en donde se deja en claro que dichos bienes inmuebles quedan bajo la jurisdicción de los poderes federal y quedan igualmente exentos del pago de impuestos.

Otro punto interesante de la reforma lo es la creación de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, mismas que estarán a cargo de alcaldes y consejeros, y como ya bien se señalara no son municipios, a cargo de presidentes municipales y cabildos (ayuntamientos), pero sin atribuciones importantes en cuento a la designación presupuestal de la ciudad.

En múltiples apartados del decreto en análisis está anunciada la Constitución Política de la Ciudad de México, cuerpo de leyes donde habrá de verse reflejado el sentir del legislador y sus aspiraciones para esta ciudad, en un marco humanista, así como, por supuesto, el sentir de la ciudadanía, por ello la trascendencia de que los habitantes del Distrito Federal participen o al menos crean que participan en su creación, pues esta carta magna encierra un pequeño secreto en cuanto a su creación que no muchos conocemos.

Todos sabemos que se elegirá una Asamblea Constituyente para que redacte la Constitución de la Ciudad de México, deben ser 100 constituyentes los que participen en ello y para elegirlos se requerirá un proceso de selección: 60 de ellos por parte de la ciudadanía, esto está previsto en el ordinal. Es decir se elegirán a 60 según el principio de representación proporcional, mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal, pudiendo participar en la elección candidatos de partidos políticos y candidatos independientes, pero también participaran 14 diputados federales, 14 senadores, seis legisladores designados por el Ejecutivo federal (el presidente de la República) y seis más por el Ejecutivo de la Ciudad de México (jefe de Gobierno de la Ciudad de México), mismos que en su conjunto constituirán la Asamblea Constituyente.

Cabeza de Ycaro doble cara con luna, ROMGO.

Observando con atención la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se percibe una participación muy activa de los representantes del gobierno federal e incluso de otros estados de la Republica , los cuales nunca permitirán que sus intereses se vean afectados en la carta magna que está por nacer.

Es así como se hace necesario preguntarnos en qué consistirá el trabajo de los legisladores constituyentes en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, esto es sencillo de contestar, si se revisa con calma el contenido de los artículos transitorios del decreto de 29 de enero de 2016, donde se establece con toda claridad que el trabajo de los constituyentes es la discusión en pleno o en comisiones para su aprobación, del proyecto que le entregará el jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su aprobación.

Así las cosas, el día 15 de septiembre del año en curso el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, deberá entregar a la Asamblea Constituyente un proyecto de Constitución para su discusión y aprobación, proyecto que está siendo elaborado por un grupo de especialistas a los que se ha denominado 28 notables integrantes de la Comisión Redactora del proyecto, mismo que es un grupo plural de formación profesional y en su procedencia. Este grupo tiene entre sus filas líderes políticos, juristas, activistas y académicos, bajo la bandera de equidad de género y de ideas convergentes con la izquierda mexicana, por lo que de alguna manera es de presumirse su inclinación, la cual estará quizá mermada en la asamblea que la discutirá, cuya representación política es más equilibrada en cuando a ideales y banderas, lo que puede dar origen a verdaderas discusiones con miras a la pluralidad y hasta un cambio radical en su contenido, pero ello solo depende del ánimo e intereses de los asambleístas participantes, mismos a los cuales se les ha tomado ya protesta para laborar en su encargo, figurando en la lista nombres tan importantes como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Lol Kin Castañeda Badillo, Miguel Concha Malo, Carlos Cruz Santiago, Enrique Fernández Fassnacht, Aidé García Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Mónica González, Clara Jusidman Rapoport, Marta Lamas Encabo, María Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mauricio Merino Huerta, Loretta Ortiz Ahlf, Enrique Ortiz Flores, Ariel Rodríguez Kuri, María de Lourdes Rojo Einchaustegui, Pedro Salazar Ugarte, Gustavo Ramón Sánchez Martínez, Martha Sánchez Néstor, Francisco Valdés Ugalde, Juan Luis Villoro Ruiz, Alicia Ziccardi Contigian, Rogelio Muñoz Ledo; grupo del que a simple vista destacan lideres morales de izquierda, de quienes al menos uno ha sido representante del poder Ejecutivo de esta ciudad, un expresidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y hoy Ciudad de México, intelectuales, artistas, etcétera, pero todos identificados en su pensamiento con la corriente izquierdista de la política mexicana. Y es justo, en este punto, reconocer que es la izquierda mexicana la que entre sus estandartes ha pugnado por el reconocimiento de la Ciudad de México como un estado más de nuestro país, sin embargo y pese a 20 años o más con esta meta, debo decir que esta lucha aún no ha concluido, y que es quizá esta una etapa de las más duras a enfrentar, pero también su gran oportunidad de trascender en este logro.

Cabe mencionar que de acuerdo al pensamiento del economista y abogado alemán Ferdinand Lassalle, plasmado en su obra ¿Qué es una Constitución?,

los problemas constitucionales no son, primeramente, problemas de derecho, sino de poder, la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en este país rigen; y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social […].

Esta es una interesante cita que arroja al constituyente la carga de que esa Constitución que habrá de aprobar en torno a la Ciudad de México, deberá encerrar los poderes reales de nuestra sociedad, que van más allá de los intereses de un grupo político, pues aquí convergen también los grupos empresariales, intelectuales, artísticos, académicos, constituidos por personas en situación de vulnerabilidad, etc. Por tanto considero que el mayor reto que hoy enfrenta el legislador constituyente de la Ciudad de México es precisamente el plasmar en este documento nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, en una forma tal que representen la realidad de cada uno de sus habitantes. En ello es justamente que se basará el éxito de su misión: crear no solo un libro, sino un dogma que rija a todos, dándole a cada uno lo que le corresponda, pero siempre con equidad, con miras a una mejor realidad social.

En esa tesitura afirmo que habrá de ser elegido con sumo cuidado cada uno de los constituyentes, pues no basta con la buena intención de ser representantes de un pueblo, para conseguir para este lo mejor; se necesitan también conocimientos de mayor alcance, como por ejemplo en el lenguaje, mismo que habrá de ser técnico, pero congruente en su significado con lo que el legislador quiso plasmar, no bastando con que se “oiga bonito” un texto, pues lo que lo hace valioso y trascendente es lo que encierra y refleja, lo que ordena o permite. Tal vez, sea cierto, no se necesita ser propiamente jurista para representar a una sociedad, pero sí se requiere tener conocimiento de la norma, para que en la creación o modificación de la misma no se contravenga con lo ya establecido o se hagan todas las modificaciones conducentes a ese fin, así como tampoco se tomen como estandarte propuestas no viables de cumplir a un pueblo sediento de seguridad y de justicia. Por ello es que si no tienen estas bases, tengan al menos la decencia de allegarse de buenos asesores que les guíen en su empresa, que es lo mínimo con lo que pueden pagarle su confianza a quienes les eligieron.

Basta entonces de jugar con sus representados, señores legisladores, señores constituyentes, es tiempo de devolverle al pueblo un digno trabajo que en verdad le favorezca y le represente, difícil tal vez en este tiempo de crisis, pero necesario para recuperar su confiabilidad ya perdida y pisoteada, es tiempo de construir una nueva realidad para esta ciudad, no basada en engaños, ni falacias, sino con miras hacia el progreso e igualdad social. Difícil tarea la suya…

 

Laura Olivia Saavedra Márquez

Laura Olivia Saavedra Márquez

Licenciada en Derecho con Maestría en Criminología y en Juicios Orales
Laura Olivia Saavedra Márquez

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