Apuntes sobre la estrategia de seguridad de EPN. Primer Informe de Gobierno

Categoría: El punto es, EPSI08
septiembre 1 2013

Sin lugar a dudas, los gobiernos de la alternancia de Fox y Calderón heredaron a los mexicanos, y a la actual administración de Enrique Peña Nieto, una serie de asignaturas pendientes de incalculable peligrosidad, que constituyen el mayor reto de gobernabilidad al que se haya enfrentado el Estado mexicano desde su fundación. La escalada criminal, el creciente entorno de inseguridad y la violencia a la que están expuestas grandes regiones del país, así como la debilidad institucional y corrupción en los tres órdenes de gobierno, que todavía a estas alturas se muestran incapaces para hacerle frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico, serían las notas más graves de este fenómeno de descomposición social que tiene a los mexicanos al borde del colapso personal y colectivo.

Cabe recordar que el 21 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), que en ese momento fue un hecho de gran trascendencia, ya que se involucraron tanto el Ejecutivo federal como varias de sus dependencias, el poder Judicial federal, el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales y municipales, así como la sociedad civil. El ANSJL es un documento en el que se comprometieron a dar cumplimiento a una serie de acciones, así como a la autoridad responsable del cumplimiento de cada una de ellas y la precisión temporal de la consecución de sus metas. A punto de cumplirse cinco años, podemos afirmar que, hasta la fecha, fue un afán retórico y mediático desplegado por el gobierno de Calderón que pretendió cambiar la percepción sobre la inseguridad en el país, y que los problemas de fondo, lejos de presentar una mejoría siguen subsistiendo.

La militarización del país es evidente debido a que, en grandes regiones de este, se requiere la presencia del Ejército, la Marina y de la Policía Federal para hacerse cargo directa o indirectamente de la seguridad pública, supliendo en sus funciones a las policías estatales y municipales que, en incontables casos, han sido cooptadas por el crimen organizado; y en donde la línea que debiera separar a unos y a otros se ha roto o, al menos, es tan delgada que no se logra distinguir a la autoridad.

Nuevamente, la cruda realidad que se impone frente a los hechos de violencia registrados en las últimas semanas en varias regiones del país puso a prueba el cálculo del gobierno. La violencia que se desató entorno a los procesos electorales del pasado 7 de julio –que se desarrollaron en 14 entidades– dejó su huella de sangre y zozobra, afectando directamente a partidos políticos, candidatos y a la población que quedó en medio de estos hechos lamentables.

También hay que recordar el reciente escalamiento de la violencia en Michoacán, pese a la presencia del Ejército, de la Policía Federal y la implementación del Operativo Conjunto Michoacán, que experimenta el fenómeno de expansión y la sofisticación, que podríamos calificar de paramilitar, de las operaciones criminales que buscan, primordialmente, posicionarse como el cártel dominante en los corredores de siembra y trasiego de droga en la entidad, así como en la comisión de otros delitos graves.

Con estos hechos, y otros cometidos en diversas entidades del norte y centro de la República–a los que los medios de comunicación local y nacional les han dado seguimiento–, más allá de los números, queda claro testimonio de los verdaderos contrastes de la realidad cotidiana con la percepción oficial que se nos ha querido imponer desde el gobierno federal. Como recordaremos, en el evento conmemorativo del 85 aniversario de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el gobierno de la República está determinado “a hacer valer el Estado de derecho, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad que exigen las familias mexicanas”. Añadió: “Estamos decididos a reducir la violencia y el delito, a través de la aplicación eficaz de la ley”. Y puntualizó que “en el deber del Estado de combatir al crimen organizado, no debe alentarse el uso de la violencia; lo que se debe hacer es superar y vencer a la delincuencia con el uso eficaz de inteligencia”.

Con estas palabras, Peña Nieto quiso marcar un derrotero diferente sin haberlo logrado hasta ahora; ya que continuó de manera voluntaria o involuntaria con parte del discurso oficial de su antecesor, para justificar en buena medida las acciones emprendidas por su naciente administración, con la aplicación eficaz de la ley, pero también con el uso de la fuerza y de la inteligencia, como ingredientes vertidos en diferentes proporciones.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, precisamente fue diseñado en congruencia con una serie adicional de instrumentos en la materia, en particular con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad antes mencionado, y que fue pieza fundamental del gobierno de Calderón, en el que se reconocía que el modelo “tradicional” de actuación policial basado en políticas, estrategias y esquemas reactivos, no cumplió con las expectativas de mejorar las condiciones de seguridad en el país.

En el programa de Calderón se privilegiaron varios objetivos, estrategias y líneas de acción que, me parece importante, se deben contrastar con los señalados por EPN en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública del 17 de diciembre del 2012, cuando delineó seis ejes de acción que tienen enormes coincidencias conceptuales y de acción con los establecidos en el gobierno anterior, pero que también cuentan con varias propuestas de contraste.

Para lograr una identificación más adecuada, tanto de las similitudes como de los contrastes, se propone dividir en varios subtemas los objetivos generales de ambas estrategias de la manera siguiente:

Coordinación interinstitucional

FCH: La coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

EPN: “El gobierno de la República fortalecerá y asegurará la colaboración entre sus propias instituciones, así como con las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios” (eje 4).

En ambas estrategias se pondera el mismo elemento, ya que con Calderón se pretendió llevar acabo también la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, en tanto que EPN lo fraseó en los siguientes términos: asegurar la colaboración entre sus propias instituciones y con las autoridades de estados, Distrito Federal y municipios.

Mara Silva

Decantando el vacío. Técnica: Ensambles/baja temperatura. Medidas: 110 x 215 cm. Año: 2013.

Sin embargo, aquí se encuentra un punto de contraste, ya que EPN ha puesto hincapié en la necesidad de poner orden, en primer término, la coordinación entre sus propias instituciones, ya que como parte de su diagnóstico reconoció la dispersión en la información y el mando en las acciones policiales, por ello, puso al frente de la estrategia de seguridad al secretario de Gobernación. A diferencia de Calderón, que prodigó las responsabilidades y ventanas de información entre las secretarías de Estado y sus colaboradores, así como la protección a ultranza de la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con las divergencias y confrontaciones; la actual administración optó por la concentración del mando y de información y la desaparición formal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en tanto que su estructura y la Policía Federal pasaron a formar parte del nuevo Comisionado, conjugando los esfuerzos y tareas tanto del Ejército, la Marina, el CISEN, la PGR bajo la coordinación y mando del secretario de Gobernación.

Prevención del delito

FCH: La participación de la sociedad en la prevención del delito, la evaluación de las acciones implementadas y la comunicación con las instancias encargadas de la seguridad pública.

EPN: Habrá un programa transversal en esta materia, que alineará las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las escuelas de tiempo completo y promover proyectos productivos, entre otras acciones (eje 2).

Este es un punto clave de su estrategia, que retomó la propuesta original de la izquierda, que ha promovido durante varios años la implementación de una política de prevención social del delito, que en términos reales no es un programa transversal, como se afirma en el propio documento, sino una especie de cajón de sastre en el que se etiquetaron como prevención del delito una serie de programas y políticas públicas que no estaban contempladas bajo este enrutamiento. Un ejemplo de ello es que desde el discurso oficial se publicitó contundentemente que en el PEF 2013, se destinarían 118 mil millones de pesos para el “Programa de Prevención del Delito”, lo cual no fue así, ya que se le dio esa orientación a diversos temas coordinados por varias secretarías de Estado en materia de salud, rescate de espacios públicos, educación, proyectos productivos, entre otros.

Fortalecimiento institucional

FCH: El combate y sanción de la comisión de delitos mediante la modernización y mejora de los instrumentos empleados por las corporaciones en la operación policial […] así como la modernización de los recursos tecnológicos para la prevención del delito y el combate frontal a la delincuencia.

EPN: Convencido de la transformación institucional, el éxito de esta política de Estado requiere un cambio estructural en dos ámbitos: el policial y el de la procuración de justicia.

En este rubro, agrupando dos objetivos generales del documento calderonista, quizá se encuentra un punto de mayor coincidencia entre las dos visiones, aunque se observa específicamente fraseado su contenido en el documento de Calderón, en cuanto a las evidentes necesidades de modernización, en los procedimientos de investigación y en los instrumentos de política pública empleados por las diversas corporaciones policiacas. Se coincide en estas necesidades, pero no de manera explícita en el sentido del cambio que se pretende experimenten las instituciones policiales y de procuración de justicia.

En este rubro debe tomarse en cuenta la inversión multimillonaria que el Estado mexicano ha hecho en sus tres órdenes de gobierno, en la adquisición de grandes cantidades de armamento, equipamiento y entrenamiento de los elementos policiacos para enfrentar la creciente capacidad de fuego de los delincuentes que se nutren del tráfico ilegal de armas provenientes principalmente del mercado abierto de Estados Unidos y cuyos resultados saltan a la vista.

Evaluación

FCH: La implementación en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno del Servicio de Carrera Policial, SCP, procesos de evaluación del personal, esquemas de profesionalización y ascensos en la carrera policial.

EPN: La evaluación también será útil para retroalimentar y en su caso, ajustar esta política de Estado. Lo importante es dar resultados y cumplir con el objetivo de darle paz y tranquilidad a los mexicanos, reduciendo sensiblemente la violencia.

Este es un punto delicado, en el que se observa un estancamiento heredado de la pasada administración federal y responsabilidad de los gobiernos locales, ya que se registra una cifra muy por debajo de las metas fijadas para la evaluación de los cuerpos policiacos, a través de la aplicación de los controles de confianza.

Inteligencia frente al uso de la fuerza

FCH: La generación de inteligencia policial a través de la integración y comunicación de información criminal.

EPN: No lo menciona explícitamente en estos ejes; sin embargo, sí se contempla en el discurso oficial como lo citamos líneas arriba.

En este rubro, podríamos considerarlos discursivamente coincidentes, ya que persiste la militarización de la seguridad pública, así como el manejo e intercambio de información clasificada a altos niveles del gobierno e, inclusive, de manera bilateral entre gobiernos. Aquí la diferenciase refleja por el diseño de la ventanilla única de EPN, es decir, el esquema de coordinación a través de la Secretaría de Gobernación, para “poner orden” en todo el sistema de seguridad, un orden que se anuncia horizontal, pero que en los hechos es vertical, que no está exento de generar tensiones institucionales entre los distintos actores responsables, que se acostumbraron a trabajar por su cuenta, particularmente entre autoridades civiles y militares, entre las fuerzas armadas y con la policía federal como ocurrió en el pasado.

 Identificación de temas desagregados

Aquí identificamos dos temas importantes que no tienen un correlativo precisado en los objetivos generales tomados en cuenta para el estudio comparativo.

FCH: sí consideró el fortalecimiento del sistema penitenciario como un instrumento de reinserción social, aunque no se contempla de manera explícita por EPN, ya que pasa a un segundo plano en la orientación conceptual de su estrategia, solo se retoma en cuanto a la inversión pública en la construcción de penales y sin una clara innovación sobre el tema.

EPN: sí se toma como parte de los ejes centrales de su estrategia, la protección y respeto a los derechos humanos, para lo cual se considera poner en marcha un Programa Nacional de Derechos Humanos, que fortalezca las áreas del gobierno en la materia, así como la creación de la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos.

Con este breve análisis queda claro que la coincidencia de las líneas discursivas entre las dos estrategias puede generar las mismas tensiones institucionales que se dieron en el pasado, pese a que se rediseñó la estructura de mando, y la implementación del Programa Transversal de Prevención del Delito, que serían en resumen sus dos principales instrumentos. Las coincidencias de fondo nos demuestran que el nuevo gobierno nos puede llevar a los mismos resultados de la pasada administración, si no se corrige la estrategia de fondo en términos reales con la instrumentación de nuevos paradigmas de justicia y seguridad, que obliguen a la autoridad a conducirse de otra manera y a los criminales a someterse al verdadero Estado derecho.

Mara Silva

Soles insólitos. Técnica: Modelado, ensambles / pigmentos. Medidas: 213 x 115 cm. Año: 2013.

 

Mario Maldonado

Mario Maldonado

Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional. Asesor de Política Interior y Reforma del Estado
Mario Maldonado
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