30 AÑOS DE DEMOCRACIA EN BRASIL

septiembre 9 2015

1. Introducción

Los brasileños tienen ante sí tres décadas de régimen democrático, el cual nos ha aportado un enorme conjunto de conquistas, entre las que se debe destacar, en primer lugar, la propia institucionalidad democrática, de la que sobresalen tanto la Constitución Ciudadana de 1988 como un Estado democrático clásico laico, cuyos poderes se moderan recíprocamente.

En nuestra calidad de ciudadanos, contamos con la salvaguardia, inclusive en virtud de la laicidad del Estado, de la libre manifestación de la propia opinión, de la libertad para expresar nuestras convicciones ideológicas y religiosas, y, también, disfrutamos de garantías para el ejercicio de nuestras diferencias en lo que concierne a aspectos tales, por solo citar algunos, como el género, la etnia o la orientación sexual.

Sin embargo, la realidad es que no solo se vive del pasado; una vez que se alcanza un determinado grado de desarrollo social, político y cultural, es natural que surja la necesidad de evolucionar. Al considerar este aspecto, al país no le ha acompañado el mismo éxito que experimentó durante la construcción de su democracia. Nos encontramos en una especie de anquilosamiento dentro de un modelo y ante unas posibilidades que ya no satisfacen las expectativas populares.

La razón de ser de esta situación responde a una gran complejidad, de suerte que no es posible abordarla en toda su extensión en el presente artículo. No obstante, con el objeto de explicar la presente situación del país, la remisión a dos elementos esenciales no representa ni un error ni, tampoco, una exagerada simplificación del escenario.

En primer lugar, es necesario considerar que luchamos contra el peso de toda nuestra historia pretérita, en la que el Estado representa, fundamentalmente, un instrumento inmediato de poder de las élites dominantes, que se insiere en un contexto de prácticas clientelistas y patrimonialistas. De este modo, hay que tener en cuenta que el país ha frenado su desarrollo económico, político, social, por hablar solo de algunas dimensiones, debido a que todo progreso hubiera requerido la definitiva ruptura con privilegios de honda raigambre en nuestra cultura, en nuestro modo de ejercer la política y en las prioridades escogidas a lo largo de nuestra historia. Lo que se impone es una ruptura con una tradición política muy precisa e históricamente determinada, además de antipopular en gran medida, tarea que no es posible acometer sin dificultades ni tensiones.

En segundo lugar, es necesario considerar que los órdenes hegemónicos que han gobernado el país durante el período democrático —con el posible interregno del gobierno Itamar Franco, a quien no siempre se le hace la debida justicia— no han cristalizado de veras los principios y expectativas de la Constitución Ciudadana. Por el contrario, esas fuerzas hegemónicas han representado elementos de resistencia a los avances preconizados por nuestra Carta Magna, inclusive, cuando en diferentes momentos se han visto doblegadas por movimientos originarios de la sociedad civil, los cuales han actuado como motor del país en la tarea de la universalización del acceso a servicios públicos básicos, como son los casos de la salud, de la educación, de la seguridad social, etcétera.

Tal y como demostraremos en el presente artículo, los períodos de gobierno del Partido de los Trabajadores, a pesar de tener su origen en la izquierda, se insieren en este mismo lugar común, en primer lugar, en función del poco aprecio que esta agrupación ha demostrado tener tanto por el esfuerzo constituyente como por las conquistas iniciales de la era de normalidad democrática.

En este sentido, cabe recordar para fines analíticos, que el PT se negó: i) a participar en el colegio electoral que eligió al Dr. Trancredo Neves, primer Presidente civil tras la dictadura, ii) a firmar la Constitución Federal de 1988 -seguramente, la más progresista de la historia republicana-, iii) a integrarse en el gobierno de unión nacional de Itamar Franco, de modo que sancionó a los militantes que así lo hicieron, como fue el caso de la diputada Luiza Erundina; y, por último, iv) a apoyar el Plan Real. Animados, tal vez, por un cierto izquierdismo que buscaba soluciones más radicales, dejó pasar de largo la oportunidad de radicalizar las conquistas sociales propiciadas por la atmósfera política que emerge de la Constitución, cuyas postulados podrían ser considerados como el nivel mínimo de lo que todos deseamos para Brasil, su transformación en un país de veras desarrollado.

Ahora bien, nuestras actuales dificultades no solo se circunscriben a la mencionada cuestión genética del orden hegemónico que ostenta el poder en la actualidad. Nuestro mayor fracaso hasta la fecha en cuanto país, mantiene un claro vínculo con la incapacidad de generar una inclusión social efectiva, condición que resulta de una solución de compromiso, cuyo lugar se sitúa en la base de la gobernabilidad de los últimos mandatos de los gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores.

De un modo sintético aunque también preciso, se puede afirmar que, con excepción de la política de aumento del salario mínimo, las políticas públicas escogidas en los últimos años, como estratégicas para el enfrentamiento de la pobreza, así como para la inclusión social, se reducen a aspectos asistenciales, es decir, son políticas que se limitan a plantar cara a la pobreza, incluso de modo suficiente como para domesticarla. He aquí la solución de compromiso: una vez serenados los ánimos en el ámbito de las tensiones redistributivas heredadas de la dictadura, las que salen ganando son las élites; tras la creación de una clientela sobre la base de los programas asistenciales, las que salen ganando en todo momento son las fuerzas políticas que están en el poder.

Este escenario de marasmo social —el cual se manifiesta en la actual crisis en todos sus matices— se completa con una profunda incapacidad para impulsar el desarrollo, dado que no se ha formulado ningún proyecto estratégico con este propósito. Aquí, de nuevo, nos deparamos con que el que se sitúa al frente es el orden conservador cristalizado en el poder: la ausencia de un proyecto consistente de desarrollo guarda una relación directa con el acuerdo al que se llegó con el capital financiero, en calidad de acto inaugural del periodo petista, y simbolizado por el nombramiento de un diputado del PSDB para la presidencia del Banco Central. Es probablemente por ello por lo que el gobierno petista no ha acometido, ni siquiera lo ha intentado, ninguna alteración estructural en nuestro país.

No es por acaso que, a pesar de todas las críticas que se hicieron a los gobiernos del PSDB, se preservara como dirigente, precisamente, al que llegaría a ser presidente del Banco Central de Brasil: a la inhibición del ímpetu desarrollista le prosiguieron los extraordinarios beneficios de los bancos, que jamás habían ganado tanto dinero en Brasil. Sin embargo, ni a los bancos ni al rentismo les interesa el desarrollo, a no sea que se produzca en el ámbito de una integración subalterna al sistema mundo, algo que el gobierno ha realizado de forma metódica durante los últimos años, con las consecuencias que todos hemos podido ver, particularmente, en nuestra industria de transformación.

Una vez presentado el escenario por el que discurre nuestro raciocinio en el presente artículo, pasamos a sustentar  nuestras tesis, a partir de un breve balance de los éxitos e insuficiencias de las que Brasil ha sido testigo a lo largo de los 30 años de normalidad democrática que han transcurrido tras la caída del régimen militar.

 

CLAUDIA GALLEGOS

Lluvia interior (políptico), panel 2, acrílico / óleo / tela, 20 x 25 cm, 2004

2. Las realizaciones del período democrático

 2.1. Superación de la crisis hiperinflacionaria

Tras la consolidación del proceso de redemocratización, algo que conllevó una adecuada y completa institucionalización del régimen democrático, lo que se imponía en Brasil era la derrota de la inflación, que además del descalabro monetario que suponía por sí misma, provocaba que los conflictos distributivos creados por la dictadura militar, a los que no supo dar solución, estuviesen a la orden del día. Debe subrayarse que el ciclo de crecimiento que se observó a lo largo de la dictadura se basaba en gran medida en el endeudamiento externo, estrategia que se vino abajo con la crisis del petróleo de 1974, tras la cual, la liquidez de los mercados internacionales de crédito se redujo de modo drástico.

La inversión cíclica, o dicho sea de otro modo, esa transición entre una etapa de crecimiento y otra de estancamiento, vino acompañada de una disputa distributiva que la inflación “resolvía” por medio de la penalización de todos aquellos que no conseguían indexar sus ingresos a la evolución de los precios. La derrota de la inflación representó, por lo tanto, la sustitución de un escenario en el que los segmentos populares eran sometidos a un perverso mecanismo de transferencia de renta que se basaba en lo que en aquella época se denominaba como “impuesto inflacionario”.

Por añadidura, debe notarse que la gestión macroeconómica de la crisis inflacionaria acometida por los gobiernos militares siempre implicó la contención salarial y el desempleo, como instrumentos de acomodación del conflicto distributivo a favor de los segmentos de mayor poder adquisitivo.

La trayectoria que llevó a la superación de la onda hiperinflacionaria fue larga y errática, hasta que la llegada, por último, del Plan Real, cuya consolidación hizo que la cultura de la corrección automática de precios quedase a tal distancia, que hoy, prácticamente, ni siquiera recordamos la indexación, el “disparador salarial”1, el overnight, etcétera.

La estabilización monetaria, esencial en sus propios términos, nos legó una mayor transparencia en la cuestión distributiva y eliminó esa situación en la que los segmentos populares siempre se veían perjudicados con la inflación, lo que servía de base para un perverso mecanismo de transferencia de renta desde los más pobres hacia los más ricos. Esta importantísima conquista se debe a la iniciativa de los gobiernos de Itamar Franco y de Fernando Henrique Cardoso.

 

2.2. Estrategias de enfrentamiento a la pobreza y de promoción de la inclusión social

 La atención que se dispensó al problema de la pobreza a partir de la Constitución ciudadana representó una completa novedad en términos de las políticas públicas en Brasil, ya que la actuación del Estado ya no se realizaba más desde una perspectiva de la benemerencia o de la caridad, sino desde la de los derechos sociales básicos de la población.

Con el objeto de hacer una evaluación, debe notarse que la institucionalización de las políticas sociales de Estado, que más adelante se detallan, es anterior al periodo de gobierno del Partido de los Trabajadores, de tal modo que es necesario reconocer que los avances de las fuerzas democráticas se deben en gran medida a los movimientos sociales y populares que influyeron de una forma  decisiva en la concreción de dichas políticas.

 Sistema Unificado de Salud SUS

La creación del Sistema Unificado de Salud (SUS) y la reorganización de la seguridad social, la cual comprende el Sistema de Prestaciones por Jubilación, la Salud Pública y la Asistencia, representa un papel de gran significado social, económico y político en la historia brasileña. En este sentido, basta recordar que la atención sanitaria y la asistencia social no se basan, en exclusiva, en criterios contributivos, de modo que lo que prevalece es la perspectiva del derecho, en vez de la cobertura exclusiva de los que integran el mercado formal de trabajo y, como tales, de los cotizantes al sistema de Seguridad Social. Por lo tanto, se trata de un sistema de salud público, universal y gratuito.

Cuando se evalúa el impacto de estas políticas, desde una amplia perspectiva se puede percibir la significativa condición de inclusión que conllevan, así como el alcance y capilaridad de las acciones por ellas desarrolladas. La promoción de la salud en los niveles en los que lo hace el SUS repercute en indicadores tales como el de la mortalidad, particularmente la materno-infantil; el de calidad y expectativas de vida; el de organización de la familia; y, consecuentemente, el de su composición, ingresos, etcétera.

Dentro de este contexto, debemos considerar que el SUS ha prestado asistencia y ayuda a los brasileños durante la transición demográfica, la cual nos ha transformado en una nación con más ancianos, con una menor tasa de fertilidad de las mujeres, con un menor número de hijos por pareja, entre otros aspectos, de modo que todas estas variables tienen un inmenso impacto sobre el modo en el que las personas organizan sus vidas, sus ingresos, sus expectativas, etcétera.

Para complementar, no se puede olvidar que cuando se consideran los impactos de la Seguridad Social, y en particular del SUS, estamos ante políticas de Estado y no de gobierno, de tal forma que tanto los servicios prestados a la población como la financiación de dichas políticas no dependen de un determinado dirigente u otro, y, de igual modo, ningún partido político en particular se apropia de las mismas, proclamándolas de su exclusivo patrimonio.

Universalización de la educación

Todos los cánones académicos reconocen el papel esencial que tiene la educación en la determinación de una serie de variables de naturaleza socioeconómica, de las que son ejemplos significativos la renta individual y familiar, la calidad del empleo en un determinado territorio, la divulgación de valores democráticos y de ciudadanía, la competitividad general de la economía vis a vis con el resto del mundo.

Al sumar estos diferentes factores, se puede deducir que la educación y la universalización del acceso a sus diferentes modalidades y etapas desempeñan un inmenso papel en la inclusión social, que además tiene la ventaja de promover concomitantemente tanto la autonomía como la ampliación de la vida ciudadana. Estas dos dimensiones —educación para la vida y educación para el trabajo— contribuyen de forma complementaria a la emancipación de los segmentos populares de las políticas asistencialistas y clientelistas que, por regla, efectúan sus entregas a cambio de la demanda del servilismo de sus destinatarios.

En este sentido, la universalización del acceso a la enseñanza primaria debe ser considerada como una importante conquista del período democrático, en términos del enfrentamiento a la pobreza y a la inclusión social en el marco, de nuevo, de una política de Estado. 

 

Jubilación social rural

La jubilación social rural data de un período anterior al que se inicia con la Constitución de 1988, aunque con su promulgación se reconoció un relevante conjunto de derechos, entre los que cabe destacar los siguientes:

  • Equiparación de los derechos de los empleados rurales a los de los urbanos;
  • Reducción de la edad de jubilación;
  • Los respectivos cónyuges pasaron a tener derecho a la jubilación, y;
  • El beneficio se equipara al salario mínimo.

Asimismo, debe señalarse que la diferencia entre las cuantías que perciben sus beneficiarios en relación con las cobradas gracias a subsidios vinculados a políticas asistenciales —de las que son ejemplos los subsidios “Bolsa Familia” y “Beneficio de Prestación Continuada”— es significativa. A este respecto, basta observar que la cuantía básica del subsidio «Bolsa Familia» supone 770 reales mientras que los beneficiarios de la jubilación social rural perciben el equivalente a un salario mínimo, es decir, 788 reales.

Al hacer un análisis desde la perspectiva del enfrentamiento de la pobreza, la comparación entre estos dos programas en términos de su capacidad de ofrecer soluciones no se sostiene. El jubilado rural, a pesar de que aún permanezca en la pobreza desde el punto de vista de su capacidad adquisitiva, no se encuentra en una situación de miseria. A su vez, el beneficiario del subsidio Bolsa Familia se mantiene en dicha situación de miseria, inclusive, si se llega a considerar que la cuestión de su seguridad alimentaria queda mínimamente resuelta.

Seguro de desempleo

Otra gran conquista de los segmentos populares radica en el seguro de desempleo, que es un elemento de la política de seguridad social y que ha permitido que los trabajadores encaren las angustias de la pérdida de sus puestos de trabajo. Pese a que su previsión es anterior a la Constitución de 1988, es a partir de esta fecha cuando adquiere un nuevo estatuto, al ser objeto de regulación por medio de la Ley 7.998, de 11 enero de 1990 (Gobierno de José Sarney), que estableció su fuente de financiación, con la constitución del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT).

Si bien es cierto que, por lo general, no se hace referencia a este elemento de protección social, es importante destacar que su participación en el PIB es equivalente a la del “Beneficio de Prestación Continuada” (0.6 por ciento) o, también, a la de la ayuda “Bolsa Familia”.

En 2014, la cuantía total que se abonó en concepto de Seguro de Desempleo ascendió a la cifra de R$ 36.000 millones (valores corrientes), mientras que el número de beneficiarios pasó de 5.1 millones (2003) a 9.2 millones (2014).

 

2.3. Las políticas asistenciales

Por más que las gestiones del Partido de los Trabajadores aboguen a favor de la tesis de la fundamental importancia de programas como el Bolsa Familia, para el logro de la inclusión social y la superación de la pobreza es importante enfatizar que dichos programas forman parte de la batería de políticas de gobierno.

Es fundamental observar, en consecuencia, que la crítica que se hace a este tipo de políticas no se refiere, por ejemplo, a la importancia del Bolsa Familia en sí mismo, sino a la calidad de su institucionalización, una vez que está sujeto a la posibilidad de ser interrumpido con el inicio de cada nueva legislatura, esto sin olvidar que crea una especie de “clientela”, lo que en todo momento beneficia a las fuerzas políticas que ostentan el poder.  

Este escenario quedó muy patente en las elecciones presidenciales de 2014, en la que la candidatura que aspiraba a la reelección reclamó como propio al Bolsa Familia, como si cualquier otra agrupación político-partidista se hubiera comprometido a extinguir los programas de transferencia de renta —algo que es a todas luces inexacto—.

De todas formas, al considerar el conjunto de las políticas destinadas al enfrentamiento de la pobreza y a la inclusión social, tanto el Bolsa Familia como el Beneficio de Prestación Continuada, además de ser políticas de gobierno y no de Estado, no sobresalen desde el punto de vista de sus recursos presupuestados, pues, una vez sumados, representan alrededor del 1% del PIB.

 

3. Las fuerzas políticas conductoras de los cambios

Las realizaciones logradas por el país hasta la fecha durante el período democrático, han tenido como protagonistas, principalmente, al pueblo brasileño y a las fuerzas políticas posicionadas en el centro–izquierda del espectro político–partidista, entre las que cabe mencionar, inclusive, a las que se agruparon dentro del antiguo MDB-PMDB, para, desde dicha posición, hacer oposición a la dictadura.

Es importante reconocer este elemento, para que se pueda comprender, inclusive, la naturaleza de nuestras elites y el tipo de desarrollo que predican, que por lo general, es al mismo tiempo excluyente y autoritario —para ello basta verificar las políticas puestas en marcha por el Régimen Militar—.

Cabe la posibilidad de que, durante los últimos treinta años, hubiéramos podido avanzar más y de modo más rápido, si dichas fuerzas hubiesen caminado con más unidad en lo que respecta a los intereses populares, algo que, desgraciadamente, no ha ocurrido. Una pequeña evaluación de las insuficiencias del periodo democrático indica cuánto queda por hacer en la senda de la efectiva materialización de las temáticas populares.

 

4. Las insuficiencias del período democrático

 4.1. Los desafíos en el ámbito político

Hoy en día, cuando lo que se discute en el Congreso Nacional es la reforma política, no queda la más mínima duda de que nuestro sistema democrático, político, electoral y partidista aún está repleto de precariedades que precisan ser superadas. A este respecto, lo que salta a la vista de un modo particular es la atomización partidista, ya que la cifra de partidos existentes, que ronda la increíble cifra de tres decenas, no encuentra correspondencia en las convicciones ideológicas y políticas disponibles.

Evidentemente, lo que explica tal número no son las diferencias o matices político-ideológicos de nuestra sociedad —lo que de ser así, justificaría dicha gran cantidad de partidos, en nombre de la libre organización y manifestación de opinión— sino los «negocios» relacionados con el tiempo en televisión, el posicionamiento crítico con relación a uno u otro candidato, el «alquiler» de las siglas para facilitar iniciativas en las cámaras parlamentarias o, también, para fines exclusivamente electorales.

Junto con este problema, de naturaleza específicamente política, se debe observar otra cuestión de enorme gravedad en nuestro modelo democrático: la financiación de campañas electorales por medio de empresas. Esta práctica, en esencia, lo que crea son medios para la subordinación de la acción política al poder económico, lo que no solo desvirtúa la democracia, sino que limita la soberanía popular.

Tanto en un caso como en el otro, los últimos gobiernos que, al final, se prolongarán en dicha posición por unos largos 16 años, poco han hecho y poco harán para alterar este escenario general, si no es que han contribuido de forma decisiva para agravarlo con la profundización en la cultura del mercadeo previamente existente. A lo largo de todo este periodo no se han desarrollado iniciativas que pudiesen, al menos, encaminar reformas políticas estructurales que creasen una expectativa objetiva de mejora futura.

Es a las fuerzas de la izquierda, más alineadas con las perspectivas populares, a las que les cabe la superación de este escenario, mediante la profundización e intensificación de nuestra democracia, lo que significa promover un reordenamiento de las instituciones partidistas que propicie la desaparición de las siglas de alquiler, además de facilitar y estimular el uso de instrumentos de democracia participativa, de los que son ejemplo el plebiscito, el referéndum, los proyectos de iniciativa popular, etcétera.

4.2. Las limitaciones al desarrollo

Los éxitos logrados por los brasileños durante el período democrático, especialmente en lo que se refiere a la superación del fenómeno hiperinflacionario, han supuesto un significativo coste en términos de dinamismo económico. El Gráfico 1 indica que las tasas medias de crecimiento del PIB durante los diferentes mandatos acaecidos desde el Gobierno Sarney fueron poco favorables para los gobiernos democráticos.

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A su vez, el bajo crecimiento económico es resultado de los significativos desórdenes de nuestras políticas, entre los que sobresalen las bajas inversiones en infraestructuras y logística, la limitada oferta de condiciones para la cualificación de la mano de obra y, también un orden macroeconómico (tasa de interés y de cambio) que castiga de forma severa a la industria nacional. Además, se puede observar una gestión de las políticas cambiaria y monetaria que, hasta fechas recientes, ha hecho mucho más atractiva la importación que la producción en territorio nacional.

Aparte de esas cortapisas, es de notar la parca inversión en investigación e innovación, así como en ciencia y tecnología, factores que sumados a los anteriores hacen que Brasil caiga en una posición subalterna en las redes del sistema mundo, lo que ha provocado la supremacía de la industria extractiva (minería) y del agronegocio, en detrimento de la industria de transformación.

Para los brasileños, para el pueblo, lo que resta de toda esa operación son los empleos de poca cualificación, mal remunerados, la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, sin olvidar las limitaciones de diferentes órdenes, que van asociados a economías con un patrón de bajo crecimiento o que se adentran en largos períodos de estancamiento.

4.3. Cuestiones por resolver en las políticas sociales

 Si bien es cierto que Brasil ha avanzado en sus políticas sociales, siendo relevante el hecho de que han pasado a ser consideradas como un derecho del ciudadano, el primer elemento que debe señalarse como algo no resuelto en el período democrático es la precariedad de la atención, aspecto asociado a la universalización del acceso. Dicho sea de otro modo, a pesar de que todos tenemos derecho a la salud, hay un costo implícito que se materializa en las largas filas o, incluso en ciertos casos, en la mala calidad de la atención médica. No obstante, hay que reconocer que ciertas personas que antes no tenían ni siquiera el derecho a acudir a una consulta médica, hoy en día pueden pasar, sin costo alguno, por cirugías de alta complejidad.

En este sentido, lo que es definitivo es la necesidad de hacer una fuerte inversión en la cualificación del SUS, en la entrega de una educación pública de calidad, en la seguridad pública, de modo que las políticas de Estado destinadas al enfrentamiento de la pobreza y la exclusión social salgan fortalecidas.

Por lo que toca al ámbito urbano, en el que reside aproximadamente el 85% de la población brasileña, hay que acometer una verdadera reforma urbana que priorice las políticas de transporte y movilidad, habitabilidad, cultura, deporte y entretenimiento, todo ello con el propósito de garantizar el derecho universal a la ciudad, que en la actualidad se limita a aquellos que, en virtud de su situación económica, residen en las áreas en las que se dispone de una adecuada oferta de todo tipo —empezando por las facilidades que se pueden comprar con dinero y finalizando por los servicios públicos que sobran en los barrios de alcurnia y de los que carecen las periferias—.

Por otro lado, debe concederse prioridad al tema de la seguridad pública, donde, con raras excepciones, impera una total semejanza tanto en la derecha como en la izquierda, desde una perspectiva dotada de una visión socioterritorial de las ciudades, mediante la que se logre superar la guetificación tras la que prosperan el crimen organizado y el narcotráfico. La constitución de una sociedad segura requiere la divulgación de una cultura de la paz, lo que no se hace en sociedades y ciudades completamente alejadas, en las que el Estado solo está presente en ciertos territorios, mientras que se aparta por completo de otros.

  1. La expectativa de un nuevo quehacer político

Hay evidencias inequívocas de que los brasileños esperan una renovación del quehacer político, así como de las instituciones partidistas, sin olvidar el de los políticos propiamente dichos. Estas expectativas se alimentan, en gran medida, en los elementos que quedaron pendientes en el período democrático, a pesar que representaran promesas de la época en la que el mismo tuvo inicio.

Los desórdenes del sistema político-partidista, la prevalencia del poder económico en las elecciones, la corrupción endémica, fenómenos que representan la pura, simple y directa usurpación de la soberanía popular, por la que todos luchamos con ocasión del movimiento Directas ya, en la que reclamamos la celebración de elecciones presidenciales directas y, también, a lo largo del proceso constituyente, por hablar solo de algunos episodios de la construcción de nuestra democracia.

El hecho de que las prioridades de las políticas públicas continúen tendiendo hacia los pudientes, de modo que las temáticas populares permanezcan postergadas indefinidamente, ¿qué más podría suponer sino un asalto a los principios democráticos populares? El hecho de que la permanencia al servicio de la deuda pública prevalezca sobre cualquier otra meta; el de que la responsabilidad fiscal, prácticamente dé motivo a la irresponsabilidad social; el de que la cuenta de las penurias, como ahora ocurre con el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno Dilma recaiga casi en exclusiva sobre los de abajo. ¿No tiene derecho el pueblo a desencantarse?

Sí lo tiene y lo ha hecho. Es necesario, por lo tanto, una recualificación de la política, de las instituciones partidistas y de los políticos. Los desafíos son inmensos, pues la batalla se traba en contra de los siglos de predominio conservador sobre la agenda nacional. No obstante, el sentido del desencanto de la población para el beneficio de las fuerzas progresistas es simple: precisamos que todos los actores políticos se subordinen a las demandas populares, tenemos que desarrollar un verdadero sentimiento de estar al servicio de la población, de tal modo que el objetivo del partido, del diputado, no sea su exclusivo interés electoral, sino la realización de un proyecto político emancipador, para el cual, el mandato es un medio y no una finalidad en sí misma.

No se trata, por lo tanto, de un proyecto de poder -incluso porque ya existen iniciativas de este tipo, y en cantidad-. Precisamos urgentemente concebir y realizar un proyecto de país, lo que requiere actores renovados y convencidos de que la atención a las urgencias populares es inaplazable. Entre las muchas fuerzas que se pueden sumar a dicha tarea se encuentra, con seguridad, el Partido Socialista Brasileño, el cual se prepara desde hace mucho para ofrecer a la población brasileña una eficaz alternativa de construcción de nuestro lugar común en el mundo.

Nuestro proyecto parte de la sencilla idea de que el Brasil que todos deseamos dista mucho de estar ya finalizado, y su construcción no debe ser tan solo para los brasileños, lo que los colocaría una vez más en la situación de quien “asiste al nacimiento de la República”, sino por los brasileños, lo que requiere un amplia reorganización tanto de nuestro quehacer e institucionalidad política, pues exige una intensificación de nuestra democracia, en la que el protagonismo popular se realice de forma plena, en cual aúna una democracia representativa carente de los vicios que ocurren hoy en día, con una pujante democracia participativa.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la solución para la crisis en la que se encuentra Brasil no está en el gerencialismo, ya se sitúe éste a la derecha o a la izquierda, sino en la cualificación de la actividad política, a quien le cabe, de forma irremplazable, la definición de estrategias, prioridades y recursos, para llevar a la práctica un proyecto nacional de desarrollo sustentable e integral. En Brasil, a diferencia de lo que nos dice el sentido común, lo que falta es ejercicio político, en virtud de que la política se ve reducida a un negocio, a una transacción entre grupos de interés y poder económico. Dicha práctica, a la que se la denomina política solo por una convención, nada tiene que ver con la noble actividad de organizar la polis, de donde emerge la verdadera política.

1 Se trataba de un sistema de reajuste automático de los salarios, el cual se activaba siempre que la inflación alcanzaba el 20 por ciento.

Carlos Siqueira

Carlos Siqueira

Presidente Nacional del Partido Socialista Brasileño. Presidente del Consejo Rector de la Fundación Joäo Margabeira
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