TRANSITAR HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

febrero 8 2018

Planteamiento estratégico

Hoy en día, el sistema global del planeta está enfermo, buena parte de nuestros ecosistemas están en crisis, muchos de ellos, de plano se han colapsado. Los distintos escenarios de diversos modelos coinciden en que las amenazas a la vida humana seguirán creciendo en los próximos años.

La sociedad ya no puede seguir actuando en un modelo económico, que actúa como si los ecosistemas fueran ilimitados. De hecho, debe eliminarse esa idea de que el crecimiento económico es la solución a nuestros males económicos y ambientales. Hoy se sabe que se consumen más recursos naturales que los que el planeta puede renovar.

Por ello, la pérdida acelerada de la biodiversidad, así como el cambio climático son identificados por los científicos relacionados con temas ambientales como los principales problemas ambientales globales del siglo XXI. La posibilidad de una catástrofe ecológica global es real en este siglo, lo que provocaría poner en riesgo la vida misma, como la conocemos.

Debe quedar claro que esta crisis económica global es coyuntural y la del cambio climático y la de la biodiversidad es estructural. Es decir, la crisis económica está aquí temporalmente y en un plazo de tiempo breve habrá sido resuelta, mientras que el cambio climático y la de pérdida de la biodiversidad estarán por siempre y habrá que afrontarlo. Por ello, no debe existir dilema entre las acciones para conservar la biodiversidad y protegernos del cambio climático, y la economía, aunque algunos pocos gobiernos y sus gobernantes lo lleguen a observar así.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica (INEGI), informó que en el año 2016, los costos totales de agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental de México equivalían a 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que equivale a un monto de 921 mil 814 millones de pesos (el PIB del país en el 2016 fue igual a 20 billones 099 mil 594 millones de pesos). Del citado 4.6% del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.6 por ciento y el deterioro ambiental a 4.0% del PIB.1

De un 100% de los costos ambientales totales, se estima que el agotamiento de los recursos naturales representa el 13.7% y abarca el agotamiento de los hidrocarburos (8.5%), del agua subterránea (3.9%), y de los recursos forestales (1.3%). El restante 86.3% representa a los costos del deterioro ambiental, que comprende las emisiones al aire (64.5%), la degradación del suelo (9.8%), la contaminación del agua (4.9%) y la generación de residuos sólidos (7.1%). Debe agregarse que los costos de las emisiones al aire provienen en un 62.2% de fuentes móviles, otro 2.2% de fuentes fijas y un 0.2% de fuentes de área. Esto debería orientar las prioridades de asuntos por atender en la prevención y protección ambiental.

Es importante resaltar que los gastos relacionados a la protección ambiental equivalen al 14.2% (130 mil 770 millones de pesos) de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o a solo el 0.7 por ciento del PIB. Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2016 a cero debería haber sido de por lo menos siete veces más que la registrada. Y eso, si es que se acepta que la totalidad de los gastos de la protección ambiental realmente contribuyen a reducir el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental del país.

Ante este escenario, se puede ofrecer y promover otro nuevo modelo de desarrollo para México. No se puede continuar con un actuar gubernamental, donde los recursos de los ecosistemas parecen ilimitados. Es decir, se tiene que promover un nuevo modelo, que debe tener en cuenta los límites biofísicos de nuestro planeta y país, para que este pueda seguir funcionando tanto para las generaciones del presente, como para las futuras generaciones de la humanidad.

Transitar hacia el desarrollo sustentable

Por lo anterior, se requiere modificar el modelo de desarrollo, que privilegia solamente el crecimiento económico en detrimento del medio ambiente y los recursos naturales del país. Un objetivo inmediato sería disminuir o eliminar los actuales costos ambientales, tanto por el agotamiento de los recursos naturales, como por la degradación ambiental.

La propuesta es impulsar un modelo de desarrollo sustentable, con un tipo de crecimiento que nos permita vivir sin rebasar la capacidad de carga del país y del planeta y que permita reducir la pobreza. Esta capacidad de carga abarca tanto la disponibilidad de recursos naturales, como los límites de absorción de los desechos y la contaminación.

Alcanzar la sustentabilidad del desarrollo sería el objetivo fundamental del nuevo modelo para México. Se trata de generar un modelo de desarrollo, que pase de la retórica a la acción en lo relativo al desarrollo para buscar el tránsito hacia la sustentabilidad. En consecuencia, debe ser tarea fundamental plantear la necesidad de imprimirle al desarrollo nacional el carácter de sustentable y considerar las políticas ambientales como un componente fundamental de las estrategias del desarrollo nacional. Se debe asumir como prioridad para los objetivos de igualdad, equidad y bienestar social y económico, la necesidad de promover un desarrollo sustentable que aproveche en forma racional y sostenible los recursos naturales y preserve el medio ambiente, tomando en cuenta no sólo el interés de la actual generación, sino el de las futuras generaciones.

La particularidad del desarrollo sustentable es que coloca en un mismo nivel de prioridad la calidad de vida (de las generaciones actuales) y la conservación de los recursos naturales y protección al ambiente (para asegurar la calidad de vida de las generaciones futuras).

En conclusión, el desarrollo sustentable es la vía para integrar una sociedad más justa y en relación armónica con la naturaleza, en la cual los límites de crecimiento se establecen de acuerdo a los potenciales ecológicos de producción de una región, a su vocación ecológica y a las mejoras y recuperación que se hagan en los ecosistemas, manteniendo o incrementando las reservas de recursos naturales renovables, y que promueva la sustitución de recursos naturales no renovables por renovables, estableciendo también el derecho fundamental para los seres humanos de mejorar su calidad de vida.

Renovar los instrumentos de la gestión ambiental y de los recursos naturales en México

Se considera que, para impulsar el tránsito hacia el desarrollo sustentable en México, se deben renovar los actuales instrumentos de la gestión ambiental y de recursos naturales. A continuación se presentan algunas propuestas, que no son necesariamente limitativas, pero son indicativas del posible camino a seguir.

Integrar la dimensión ambiental

Es evidente que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental, junta a la social y la económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. No solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conoce la gran desvinculación de programas públicos con la variable ambiental. El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no solo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover el desarrollo sustentable a través de sus diversos programas. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso que incorpore la dimensión ambiental en sus programas y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.

Una causa importante de lo anterior es que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental junto a la dimensión social y la dimensión económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. En general, no solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de planes y programas con la variable ambiental.

Por todo lo anterior, se requiere incluir de manera urgente y prioritaria la dimensión ambiental del desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha concedido a los aspectos económicos y sociales del mismo. De no ser así, se seguirán dejando crecer los problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo. Por ello, debe existir un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes, programas y proyectos de todas las áreas de la administración pública que garantice la atención de los grandes retos ambientales de México.

Se propone:

1. Considerar en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal, la dimensión ambiental de manera transversal, definiendo indicadores de sostenibilidad que permitan monitorear, reportar y evaluar su cumplimiento por los distintos sectores de dicha Administración. Asimismo, se debe incrementar el peso de los criterios ambientales en las políticas de la administración pública federal, estatal y municipal para el desarrollo sustentable.

2. Desarrollar e impulsar que los programas ambientales gubernamentales de las entidades federativas, coordinen, integren y articulen objetivos y acciones de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito territorial estatal de referencia. Se trataría de articular, armonizar y hacer sinergia tanto de los programas ambientales del gobierno federal, como de los gobiernos estatales y municipales en el mismo territorio.

3. Promover la priorización y observancia de los criterios ambientales en todas las actividades y sectores de la administración pública y de la sociedad, de tal manera que sean un elemento incorporado a los aspectos del desarrollo mediante nuevos instrumentos de planeación a legislar, como es la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas de la administración pública. Junto con ello se debe impulsar programas federales con reglas de operación, que favorezcan su sinergia en la implementación. Se trata de que las acciones ambientales, sociales y económicas del gobierno federal actualmente desvinculadas y en muchos casos con impactos ambientales adversos logren una lógica ambiental de mayor coherencia y reducción de dichos impactos ambientales.

4. Enfatizar y afianzar mediante reformas legales el carácter preventivo, y no justificativo de la evaluación del impacto ambiental de proyectos. En el actual procedimiento de evaluación del impacto ambiental, los impactos ambientales adversos sin importar su magnitud, como son los acumulativos, son aparentemente mitigables o pueden ser compensados.

Nueva arquitectura de la Administración Pública Federal Ambiental

Es importante destacar que los ecosistemas no pertenecen o son propiedad de partido político alguno. Uno de los grandes obstáculos para el tránsito hacia el desarrollo sustentable en los últimos años en México es que una causa noble, como es el de la conservación de la naturaleza y la protección del ambiente, haya sido secuestrada a través del mérito partidista o lealtad al jefe político en turno por representantes de agentes económicos contrarios a los fines del propio ecologismo y del desarrollo sustentable. Esto ha provocado una desprofesionalización en el servicio público de los sectores ambientales, ya que en muchos casos los espacios de trabajo especializado en materia ecológica han sido asignados a personas sin compromiso o con formación profesional no apropiada en ciencias ambientales. Eso no sucede, por ejemplo, todavía en el Sector Salud, la Seguridad Nacional, la Marina y antes en la Diplomacia. Esto en detrimento del servicio profesional de carrera, que privilegie el mérito o capacidad profesional en la gestión ambiental. La consecuencia es una debilidad institucional en el sector ambiental que ha sido totalmente favorable a los intereses de grupos depredadores de la naturaleza y el ambiente en diversos ámbitos de la actividad económica del país. Así, se ha retrasado el fortalecimiento de la agenda ambiental en México, con los resultados de aumento del deterioro ambiental y destrucción de ecosistemas del país.

Por ello se requiere enviar un mensaje diferente a la sociedad mexicana, en especial a quienes han sido enormemente críticos a este estado inadecuado de la política ambiental en México, como son las organizaciones ambientalistas y sociales defensoras de la naturaleza y de los recursos naturales, así como a la comunidad académica dedicada especialmente a la investigación en ecología y ciencias ambientales. La alianza natural de quienes pretendan gobernar debe ser –por lo antes señalado– precisamente con ellos. Es a estos representantes de dichas organizaciones y de la comunidad académica, de probada competencia y trayectoria en la defensa del ambiente, que deben ofrecérseles el mayor número de espacios de candidaturas plurinominales, para que sean factibles de convertirse en legisladores del Congreso de la Unión. Así como los principales puestos de decisión en una nueva administración pública federal ambiental. Eso sería enverdecer de manera real el Congreso de la Unión y el gobierno federal. El propósito desde una visión democrática es, desde el Gobierno, ser un aliado congruente con el movimiento ambientalista en México, defendiendo siempre las mejores causas ambientales.

En el proceso de fortalecer la gestión ambiental en la Administración Pública Federal, se propone articular e integrar la planeación ambiental y la planeación de los asentamientos humanos en una sola institución, sumando a las actuales atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), atribuciones que son ahora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respecto a los asentamientos humanos, desarrollo urbano y aquellos elementos relacionados con la planeación del desarrollo del territorio. En el mismo sentido se deben retornar las atribuciones de pesca y acuacultura al sector ambiental y de los recursos naturales. Se debe comprender que el manejo de pesquerías tiene un sentido diferente al de la producción agropecuaria, ya que se trata de aprovechar en forma sostenible recursos de la vida silvestre en ambientes naturales no controlados o seminaturales (en el caso de la acuacultura).

Se propone:

5. Impulsar una profunda revisión del quehacer de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Criterios como capacidad y conocimiento de las ciencias ambientales, profesionalismo, honestidad, transparencia y austeridad, deben ser la orientación cotidiana del personal adscrito a dicha Secretaría y no el simple mérito de pertenencia partidista. Aunado a ello, deben de aumentar los recursos presupuestales y los recursos humanos especializados necesarios para el quehacer de la Secretaría.

6. Integrar al actual marco de atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las atribuciones del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como las relacionadas a los ecosistemas acuáticos con poblaciones de especies acuáticas de la vida silvestre, que deben ser aprovechadas de manera sostenible a través de la pesca.

7. Evitar conflictos de interés entre organismos adscritos al sector de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de una definición precisa de funciones. El Sector Central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debería concentrarse en el desarrollo de políticas y en funciones normativas. Sus organismos desconcentrados trabajarían en la implementación de dichas políticas y funciones normativas, con clara separación de atribuciones de organismos que realizan actos de autoridad como son concesiones, autorizaciones y permisos, de aquellos que realizan actividades de inversión y fomento

Fortalecimiento del federalismo y descentralización de la gestión ambienta

Las instituciones ambientales –en especial de los gobiernos de las Entidades Federativas del país– por lo general carecen del personal especializado suficiente para atender las políticas en materia ambiental y desarrollo sustentable, además de la permanente escasez de recursos materiales y financieros. Sin embargo, ante la magnitud de la crisis ambiental cada vez más perceptible y menos difusa, no se puede continuar así. Esto se agrava cuando la gran variedad de instituciones ambientales de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera cotidiana con escasa integralidad y con poca sinergia en sus acciones.

Por ello, se debe promover un cambio real de la gestión ambiental. Lo que urge es una nueva cultura de cooperación, confianza, integralidad y en su caso corresponsabilidad diferenciada, entre los diversos actores que actúan en el quehacer ambiental para lograr justicia ecológica, aquella que se centra en asegurar que los ecosistemas, comunidades y poblaciones de especies vivas puedan seguir sus procesos vitales, más allá de las compensaciones económicas. En este sentido, es necesario impulsar un esquema real de federalismo y descentralización ambiental, que abandone cualquier esquema centralista, en especial en la administración pública ambiental. Centralismo en la gestión ambiental ha significado lentitud de respuesta, desconocimiento y lejanía de la problemática ambiental local. Descentralizar significaría lo contrario toma de decisiones rápida y oportuna con conocimiento de lo local. Ser eficientes y eficaces tanto en la Federación, como en las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México.

Es decir, se trata de que las instituciones federales responsables de los asuntos ambientales asuman un esquema federalista y descentralizador cada vez más normativo y estratégico, cuidando en especial que los objetivos globales y nacionales en materia ambiental sean incluidos y alineados en las políticas ambientales de las instituciones estatales y municipales. Fomentar y estimular que las instituciones ambientales estatales se preparen a través de un mínimo desarrollo institucional, para asumir plenamente sus facultades en materia ambiental, así como una mayor responsabilidad para regular, planear, coordinar y gestionar los aspectos ambientales en las entidades federativas.

Por lo anterior, es necesario generar una alianza entre las instituciones ambientales del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, para que se puedan ir haciendo efectivas las políticas públicas ambientales en materia de federalismo y descentralización. Se requiere por parte de las instituciones ambientales de los gobiernos de las entidades federativas y de las instituciones ambientales del poder Ejecutivo federal de un espacio de concertación, con el objeto de analizar e intercambiar opiniones de manera coordinada en relación con los programas y las acciones en materia ambiental y de recursos naturales, evaluar y dar seguimiento a esto.

Además, la federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México deben contar con los recursos presupuestales para atender en forma oportuna e inmediata las competencias que la legislación ambiental les otorga, con criterios de integralidad, transversalidad, multisectorialidad y de equidad en la gestión gubernamental. Se requiere captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. Esto significa innovar y mejorar de manera continua los esquemas de asignación de recursos presupuestales. Así, se plantea la creación del Fondo Ambiental Mexicano, cuyo objetivo sería captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales, e internacionales para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.

Se propone:

8. Impulsar las medidas legislativas y políticas para la creación del “Consejo Nacional de Autoridades Ambientales”, como una instancia de coordinación de esfuerzos en materia de federalismo ambiental de las autoridades ambientales de la Federación y de las Entidades Federativas. Dicho Consejo establecería una Agenda Integral, de carácter prioritario en donde se definan temas específicos para ser programados, proyectados y financiados a través de los fondos establecidos con un alcance local, regional y nacional.

9. Promover por parte de las entidades federativas y el poder Ejecutivo federal, una agenda común de descentralización de la gestión ambiental que considere no solamente la transferencia de atribuciones las instituciones ambientales de las entidades federativas, sino también los recursos necesarios para su operación, teniendo como una de las fuentes de financiamiento recursos federalizados vía los programas correspondientes.
10. Impulsar la creación del Fondo Ambiental Mexicano con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones que se refieran a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.

A manera de colofón

Se concluye, a partir de estos primeros apuntes, que es necesario promover una nueva agenda de sustentabilidad ambiental que impulse la discusión y el debate constructivo de diversos objetivos de dicha agenda, que no son tratados en este texto por razones de espacio, como serían: conservar y aprovechar de manera sustentable los ecosistemas terrestres y su biodiversidad; promover la gestión integral de los recursos hídricos; prevenir y controlar la contaminación; impulsar la transversalidad de las políticas públicas para el desarrollo sustentable y la integración territorial, y fomentar la ciencia y tecnología ambientales con compromiso social.

Octavio Klimek Alcaráz

Octavio Klimek Alcaráz

Doctor en Ciencias Forestales (doctor rerum silvaticarum), por la Universidad Técnica de Dresden, República Federal Alemana. Ex-Secretario técnico de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cámara de Diputados. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero de enero a octubre de 2015.
Octavio Klimek Alcaráz

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