SEIS PUNTOS PARA DEBATIR LAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO

febrero 7 2018

El debate nacional de 2018 tiene un peculiar arreglo de vectores. Los temas clásicos de la economía y el poder están presentes, por supuesto, pero no son los únicos que definen el entorno y tampoco los determinantes del tablero de juego. A diferencia de otros años recientes de elecciones presidenciales, las tensiones trascienden la alternancia política, las crisis sexenales o los ajustes operativos del régimen.

En esta ocasión concurre un factor externo crucial, y no solo en la relación con Estados Unidos o en la vinculación trilateral norteamericana, pero sobre todo destacan la asfixia interna de inseguridad y violencia, el fastidio por la corrupción y la impunidad, y, como telón de fondo, el malestar o descontento con la manera en que evoluciona nuestra democracia y el entorno institucional con el que nos gobernamos y resolvemos los asuntos públicos.

En esta circunstancia nacional, en la que están presentes tantos rasgos de crisis, resultan inevitablemente limitadas las aproximaciones temáticas parciales, en las caracterizaciones o en las plataformas propositivas. Estas líneas solo señalan elementos a considerar en el intento de componer una mirada de conjunto al panorama de 2018 y los años siguientes.

1. Los nutrientes profundos del malestar. Los dos temas más sentidos para la sociedad en 2018 son la inseguridad y la corrupción. Esto aparece reiteradamente desde hace al menos cinco años en cualquier encuesta. Son los dos principales nutrientes del malestar, es cierto, pero no hemos discutido a fondo la influencia que sigue teniendo en el ánimo nacional el largo periodo de deterioro social, económico y ambiental de las últimas tres décadas. Algunos sostenemos que aun siendo urgentes el control y erradicación de la corrupción y la pacificación nacional, requerimos reencauzar a México por una senda de desarrollo inclusivo, sostenido y sustentable.

El malestar nacional es palpable, además, por la desconfianza en instituciones, órganos de gobierno y partidos políticos, por la ínfima credibilidad de la política y de los políticos. El sistema democrático viene perdiendo preferencias desde hace década y media, desde 2003 o años cercanos, según se mida, mientras crecen las simpatías por opciones autoritarias o muchos se decantan por la indiferencia o la autoexclusión de las acciones públicas.

Hoy nos encontramos en un nudo social en el que el malestar se retroalimenta con la corrupción y la inseguridad, y el nudo se aprieta por la disfuncionalidad del sistema, la ineficiencia de las prácticas institucionales, los malos resultados de los proyectos públicos, la falta de proyectos imaginativos, el mal desempeño de los arreglos legislativos. En el imaginario y en los hechos, todo esto se atribuye al marco político, a la dificultad de alcanzar acuerdos cooperativos, a la debilidad de los liderazgos, y sobre todo a la deshonestidad.

Se trata de una situación tan compleja como inédita. Por difíciles que hubieran sido las condiciones de las elecciones presidenciales pasadas, en ninguna de ellas se había presentado esta ruda interacción de componentes. Como sea que se ordenen las plataformas electorales, y aun cuando los temas ineludibles de la inseguridad y la corrupción tomen la delantera, tarde o temprano afrontaremos algunos dilemas del desarrollo, del telón de fondo del bienestar. Menciono algunos de éstos.

2. ¿Será posible mantener durante más tiempo el ritmo tan bajo de expansión productiva? Ya estamos cumpliendo 30 años de un crecimiento promedio de menos de 1% anual por persona. No es sostenible tal trayectoria. Los esfuerzos por crecer más están centrados ahora en el funcionamiento de las reformas estructurales, pero casi todas las estimaciones esperan que durante la próxima década nos mantengamos en la misma ruta, que no es suficiente para generar el empleo necesario, ni para incorporar a los informales, ni para generar más ingresos laborales, ni para conseguir mejores pensiones para el retiro de esta y la siguiente generación.

Hay dos grandes oportunidades para que la economía se expanda más. La primera es incentivar más el ahorro y la inversión, en una mejor complementación público-privada. Por el lado público, la inversión tendría que aumentar entre tres y cuatro puntos porcentuales del producto para impulsar a la inversión privada. Se puede esperar que con ese esfuerzo el crecimiento por persona de los próximos 10 años aumente a casi 3% anual, que es lo que México creció en la época del desarrollo estabilizador.

Por otro lado, la productividad del sector informal y de las pequeñas y medianas empresas tendría que elevarse significativamente para generar más valor y empleo mejor pagados. Esta es una tarea de capacitación y adiestramiento, no solo de educación, pero también de una estrategia de crédito más agresiva, que supone una mayor inducción a la banca privada y un rol más activo de la banca de desarrollo. No es lo único, pero estas dos medidas parecen indispensables.

3. ¿Qué hacer ante el endurecimiento y masificación de la pobreza, y ante la elevada concentración del ingreso? Lo primero: cambiar la política de ingresos y modificar la política social. Aun con las nuevas mediciones, la pobreza mexicana es inaceptable y vergonzosa. El empeño gubernamental por cambiar la estadística no dejó mejores resultados, pues cerca del 40% de la población enfrenta ingresos insuficientes y/o carencias que la dejan en la pobreza.

El ingreso laboral representa siete de cada 10 pesos de lo que recibe una familia en promedio. Sin atacar esa parte del ingreso no habrá salida de la pobreza. La mayor parte de este ingreso está vinculado al salario. Los salarios mínimos son el punto de partida para iniciar una recuperación que se podría llevar entre 15 y 20 años, pero más allá de los mínimos habrá que revertir la precarización de los asalariados que ganan entre uno y cuatro mínimos. Junto con ese proceso, se impone formalizar el ingreso mínimo vital, e irlo extendiendo, comenzando por la población adulta mayor hasta grupos vulnerables, para volverlo universal en unas dos décadas.

Por su parte, la política social debe actuar con mayor agilidad para conseguir la cobertura total de educación, salud, servicios básicos y vivienda y los demás bienes públicos, y mejorar su calidad. Los programas de transferencias monetarias directas se deben conservar mientras no sean reemplazados por ingreso mínimo vital. Con ambos grupos de medidas, se puede lograr una redistribución inicial de ingresos hacia los primeros cuatro deciles de la población, que no sería costosa para el 10% de mayores ingresos, y que no repercutiría negativamente en la inversión, el consumo y el crecimiento.

La distribución puede mejorar, así, de forma directa, aunque se consiga progresiva y paulatinamente. Lo que ya está claro es que ni la salida de la pobreza ni la mejora distributiva serán un resultado inercial de la ruta actual de desarrollo. Este es un dilema de fondo: ¿México seguirá apostando a las políticas que ya durante décadas han ido generando más concentración y más pobreza, o decidirá cambios estratégicos que tengan como centro la cuestión social?

4. La inevitable cuestión fiscal como acompañante de una reorientación de políticas. Es explicable que ninguna plataforma postule un incremento de impuestos y en consecuencia del presupuesto, pero no es razonable esperar que las cosas cambien con el actual nivel de erogaciones públicas. El panorama se complicó con la reforma fiscal impulsada por Trump en Estados Unidos, que incluso alienta la reducción de tasas impositivas en México.

Las medidas de control de la corrupción en la aplicación del gasto público federal y de los estados y municipios; las medidas de mayor eficiencia en los programas y proyectos; la reorientación hacia los grupos más pobres (progresividad de gasto); el control de la evasión y la elusión fiscal; la eliminación de los privilegios a grandes empresas y medidas similares, son indispensables, pero lo más seguro es que no sean suficientes.

Ante las dificultades de una nueva reforma fiscal, sigue teniendo sentido el aprovechamiento del espacio fiscal disponible, que existe, aunque la ortodoxia lo niegue. La ruta fijada de 2018 a 2023 es bajar los requerimientos financieros del sector público unos cuatro puntos porcentuales del producto, lo cual implicará bajar también el gasto programable y mantener comprimida la inversión pública. De este modo, se cuadrará una economía pública que mantendrá el crecimiento bajo, sobre todo si la reforma fiscal estadounidense logra repatriar o redirigir inversiones.

Por esta razón será necesario discutir las formas de mantener la deuda pública mexicana en los niveles en que se encuentra ahora, y activar una intensa política de negociación con los organismos financieros internacionales y con la banca privada para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Sería un error dar por hecho que no hay más alternativa que seguir bajando el gasto público, o esperar que sólo el control de la corrupción libere recursos para la inversión pública o los programas sociales.

5. Enfocarnos en las regiones y ciudades más afectadas por el bajo crecimiento y el deterioro urbano-ambiental. México está viviendo una silenciosa crisis regional derivada tanto del efecto diferencial del Tratado de Libre Comercio como de la baja en la producción y los precios del petróleo, y también a causa de la inexistencia de una política regional de desarrollo. Es una crisis silenciosa porque no está en el debate nacional ni se transmite por los medios ni aparece en las redes sociales y no parece importarle a casi nadie, pero es una crisis en toda regla.

Un grupo de 10 estados de la República tenían a fines de 2017 un nivel de producción apenas igual al de 2007. Ha sido una década de estancamiento o incluso de retroceso para algunas entidades. La brecha interestatal se profundiza, y con ello se amplía la fractura social, pues son esos estados rezagados los que ven aumentar la pobreza. El problema se amplía por ciudades o microrregiones, y cuando se compara la tendencia que viven los más prósperos con los más rezagados, aparece con toda crudeza la urgencia de reorientar esfuerzos para frenar la gran división que estamos propiciando.

Este gran problema concentra los grandes retos de la distribución, la modernización, el impulso al empleo, el dilema fiscal y otros más. Es un asunto estratégico del más alto rango, que muy bien podría ordenar la mayoría de las prioridades nacionales, pero exige una reordenación del federalismo fiscal y de las relaciones intergubernamentales. Sobre todo, exige un esfuerzo serio de planeación regional, de movilización social y política alrededor de la integración social y territorial.

6 Nuestro trilema global. El entorno global mexicano se complicó a fines de 2016 con la elección de Trump y luego con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin duda. Son retos suficientemente intensos como para absorber la energía diplomática, pero, por si fuera poco, están acompañados de otros cambios que ponen en entredicho nuestra relación con el mundo, y en especial con la globalización económica.

No está claro si la globalización llegó ya a un tope, aunque en algunos sentidos ya fue más allá de lo que se esperaba. Parece haber concluido el ciclo de expansión del comercio mundial y del crecimiento de los flujos financieros. Mientras que la época de las grandes aperturas se ha cerrado, incluso con pulsiones proteccionistas, otras formas de globalización siguen al alza: flujos migratorios, comunicaciones, turismo. El multilateralismo y los grandes foros de negociación enfrentan problemas mayores.

Hay una implicación central del panorama global para México: la era del crecimiento hacia fuera como apuesta central debe complementarse con el fortalecimiento de las capacidades y los mercados internos. Y, no, esto no viene de una pulsión nacionalista, ni es una vuelta al proteccionismo. Es simplemente una opción de blindaje seguridad interna, en el marco de la inserción externa alcanzada y de la que depende buena parte del dinamismo.

El punto no es algún tipo de desconexión del mundo: es asumir como prioridad el éxito interno, la fortaleza de un desarrollo robusto por las capacidades locales, la inclusión y la integración social nacional. Un cuarto de siglo es evidencia suficiente: podemos ser –y lo somos- una potencia exportadora, y a la vez una sociedad frágil y vulnerable, socialmente precaria. ¿Por qué no equilibrar las prioridades, por qué no reorientar las energías hacia políticas productivas que articulen mejor la matriz productiva y activen un mayor dinamismo en áreas que pueden ofrecer más y mejores empleos asociados a los intercambios nacionales?

Esto tiene grandes implicaciones para la regulación, promoción del desarrollo, salario, consumo, inversión, desarrollo regional e innovación. Se trata, sobre todo, de una estrategia activa, no derivada del éxito exportador, que da fruto para ciertas ramas y regiones, pero que excluye la mayor parte de la economía y el territorio. El dilema fue alcanzar más competitividad externa con crecimiento. El trilema ahora suma la necesidad del éxito interno en inclusión e integración social, con capacidades políticas para reorientar nuestro desarrollo.

México se convirtió en una economía exportadora mientras la seguridad interior se degradó, las instituciones se debilitaron, el Estado de derecho se corrompió aún más, la violencia se generalizó, la desigualdad se fortaleció y la pobreza se asentó estructuralmente. En estas condiciones, es hasta penoso apelar a la emoción por sentirse potencia global.

No son todos, pero estos seis temas pueden ayudar a articular y reorientar nuestra estrategia de desarrollo. Enfatizo la reorientación porque la continuidad de políticas no puede ni debe darse por hecho. Hay opciones, hay que deliberar en torno a las alternativas.

Enrique Provencio Durazo

Enrique Provencio Durazo

Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de
la UNAM
Enrique Provencio Durazo
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