Seguridad social integral igual a trabajo, pensiones y salud

febrero 8 2018

Un programa viable para la transformación de México hoy debe iniciar demarcando –con precisión– aquellas áreas que las políticas públicas emergentes y de nuevo cuño no deben repetir.

Por supuesto que no se trata de innovar por innovar. Se trata, más bien, de establecer lo que no opera para las necesidades y los manifiestos reclamos de la gran mayoría ciudadana hoy. Aquello que no los atiende y cubre. Para establecerlo es necesario mostrar lo que las políticas inoperantes optaron por instrumentar.

En el debate contemporáneo para el análisis de políticas públicas se sugiere examinar, desde una perspectiva crítica, las nuevas formas que adopta la gestión pública1 y, muy en especial, cuando se refieren a las políticas públicas sociales.2 Tal es el caso de la seguridad social.

Como correctamente observa Manjone:

Ni siquiera los analistas técnicos de las políticas públicas pueden prescindir de la persuasión. Por una parte, los hechos y los valores están tan entrelazados en la elaboración de políticas, que los argumentos fácticos no apoyadospor la persuasión rara vez desempeñan un papel significativo en el debate público […] Parte esencial de la tarea del analista consiste en explicar y defender un plan de acción razonable cuando el óptimo teórico se desconoce o es prácticamente inalcanzable […] El que se llegue a un entendimiento mutuo es probablemente la contribución más importante que los analistas pueden hacer al debate público […] La parte dinámica y más importante es el descubrimiento de instrumentos para expandir las fronteras de lo posible. Esto requiere tanto el análisis objetivo como la persuasión: lo posible depende a menudo de lo que el sistema político considere justo a aceptable. Muchas restricciones de las políticas sólo pueden flexibilizarse cambiando las actitudes y los valores […] Esto involucra siempre un grado de persuasión.3

De ahí la relevancia de no repetir. En lo que sigue ordenaremos, sumariamente, tres aristas de un programa alternativo social que esté llamado a superar aquello que la administración inmediatamente anterior, la de Peña Nieto, acometió en el mundo del trabajo, las pensiones y la salud y que no hay que repetir.

TRABAJO

La reforma laboral Calderón-Peña (noviembre, 2012) y sus impactos sobre la salud y la seguridad social

1.- Constituye la primera de su proyecto de modernización. El paquete de reformas sumó 14. Por sus objetivos, concepción y, sobre todo, por la patente ausencia del debido debate social, frente a la magnitud, alcance e impactos de lo reformado, se trata, sin duda, de una reforma excluyente.

2.- Esa reforma perdió la naturaleza tutelar que el Estado mexicano, y su intervención, garantizaban para normar la estructuralmente asimétrica relación que priva entre las partes que signan el contrato individual de trabajo obrero-patronal.

3.- Sus impactos acontecen en el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par, en el horizonte latinoamericano. En 2012, el mercado laboral mexicano era ya uno de los más flexibles4 con una tasa de rotación del 70% anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya regía en 50 países del orbe, por la reforma los trabajadores mexicanos seguirán enfrentando una de las más largas.

4.- La reforma potencia los efectos regresivos de esta realidad. No busca mejorarla. Eso la hace ética, técnica y políticamente del todo inviable. Solo agrava el estado del asunto público. Al tercer trimestre de 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya alcanzaba el 25%; en Suecia 26; en Alemania y Reino Unido, 27 y 49% respectivamente, y, sí, 49% en Holanda.

5.- Ello pulveriza las contribuciones a la seguridad social (pensiones y salud) si se carece de los sistemas efectivamente universales con que cuentan esos países. Pero no es el caso de México.

6.- La reforma tampoco mejora el horizonte de la estabilidad laboral. Al contrario: impone una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No moderniza: precariza. Es un salto hacia atrás. Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados.

7.- No construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX. Pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.

8.- Al asumir nuevas figuras de contratación, afectó definitivamente los tipos de cotización de los jóvenes. Efecto que amplifica la terciarización. Reduce el costo de la fuerza de trabajo y permite que, en una misma empresa, coexistan trabajadores con las mismas funciones pero con salarios y prestaciones diferentes.

9.- La información en 2013 sobre el “dinamismo” (informalidad), alta rotación e inestabilidad del mercado laboral –a cargo de la STPS5–, ya trazaba un cuadro dramático. Al decir de la subsecretaria Martínez Cranss: entonces, 6 millones de personas salían y entraban del mercado formal, mientras apenas el 15% (o menos) de los ocupados permanecían más de dos años en el empleo. En mercados laborales maduros este dinamismo podría ser venturoso, de asociarse con segmentos innovadores. Que no es el caso de México donde, como resultado del desempleo, se vacía sobre el sector informal con menos salarios y más baja productividad.

10.- Ese análisis (2013) de Martínez Cranss confirmaba, también, que de los 42 millones de trabajadores que animaban la población económicamente activa, cerca de 32 millones (el 76%), sobrevivían con ingresos menores a los tres salarios mínimos. Y hasta el 44% de quienes buscaban trabajo, dilataban entre una y cuatro semanas en encontrarlo, aunque hasta un 30%, podían tardar hasta un año en alcanzarlo.

11.- Pero, por la reforma Calderón-Peña, se determinó que los patrones puedan contratar a prueba por 30 días y rescindir el contrato sin responsabilidad patronal, si el joven contratado no cumple con los requisitos y conocimientos para el trabajo encomendado en el plazo. Para puestos con mayor responsabilidad, el contrato podría extenderse hasta 180 días.

12.- Los contratos de capacitación inicial entrenan al joven durante tres meses para labores generales y hasta seis para niveles de dirección. Pero, de no desplegar competencias para asumir el encargo, se rompe el contrato sin derecho a indemnización.

13.- Ambos contratos deben constar por escrito, mostrando todas las prestaciones, salarios del puesto y seguridad social. Son improrrogables y ningún joven puede aplicar por ellas simultáneamente y sucesivamente. Además, el patrón está obligado a pedir la opinión (no vinculatoria) de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en empresas de más de 50 trabajadores.
14.- La propia Coparmex concluyó: que “quisimos hacer un bonito caballo y salió un camello lleno de bolas”. Las nuevas figuras de contratación “que iban a tener un impacto definitivo en la generación de empleo formal, han tenido un mínimo impacto”, sentenció. Y, al decir de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores: “los contratos a prueba ya se usan, en algunos casos, para violar derechos laborales. No les dan seguridad social”.

15.- La reforma no ha cumplido con su oferta mediática: ni “reducción” del desempleo; menos con el “aumento” de la productividad y, aún menos, con la “mejora” en la calidad de vida de los trabajadores.

16.- Las precarias condiciones de trabajo son ya casi norma en el México de Peña. Buscando abaratar las nóminas, apenas 18 meses después de su aprobación, la reforma Calderón-Peña ya mostraba devastadores consecuencias sobre la realidad laboral de los jóvenes. Para agosto de 2014, la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos reconocía una “tendencia preocupante”: creación de empleos de reducida calidad y contrataciones con bajos salarios, sin prestaciones o con las mínimas de la ley. Caída de los ingresos con precarización de los trabajadores y consecuentes impactos integrales sobre la economía a cambio de hundir los costos laborales.

17.- La primera reforma del ciclo reformista de Peña Nieto empezaba subastando el mercado laboral de los jóvenes para “insertar” a México “competitivamente” en el mundo global. Las nuevas condiciones para el despido se tradujeron, de inmediato, en la sustitución de trabajadores con salarios de cinco mínimos por nuevas contrataciones, en esos mismos puestos, con remuneraciones de entre tres y dos salarios y prestaciones mínimas.

18.- Además, no se crean fuentes de trabajo sin crecimiento económico. Los “nuevos” empleos sistemáticamente presumidos por el secretario Navarrete Prida no lo son: apenas suman “nuevos” asegurados que ya se encontraban trabajando y optaron por formalizarse –para ganar seguridad social– vía el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Sus cuentas alegres alcanzaban (en octubre, 2014) ¡apenas 127 mil nuevos empleos!

19.- Incluso, para la contratación por horas, el despacho Kronos estimaba que “en la nueva ley queda explícito que el trabajador no debe recibir menos de una jornada laboral. Entonces las empresas se preguntan para qué contratan por hora si de todas formas deben pagar la jornada laboral”.

20.- Sin embargo, para Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reforma es “insuficiente”. ¿Qué le falta? En su opinión, habría que cumplir el compromiso de Peña para “reformar” la seguridad social. Porque sin ella la LFT “seguirá sin funcionar”.

Para Molano lo preocupante es que en los años que han transcurrido de la actual administración no se ha querido abordar este tema y será difícil que se haga en lo que resta del sexenio. Por eso la reforma laboral sigue sin dar resultados tangibles en la creación de nuevos empleos.

21.- Como si no fuera suficiente, en enero de 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que el gobierno de Peña excluyó de la reforma laboral el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y criticó la ausencia de estadísticas para dimensionar la brecha salarial entre ambos géneros. Una Comisión de Expertos señaló que, pese a que Peña tuvo la oportunidad de incluir ese principio en la Ley aprobada en noviembre 2012, lo omitió. Por tanto, solicitaron a legisladores y autoridades tomar medidas para dar “pleno” cumplimiento al Convenio número 100 de la OIT.

22.- Además de que, por el nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la reforma, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS e ISSSTE no podrán ser financiadas adecuadamente, así como de los gravosos efectos de la legalización del outsourcing, hay aún que agregar otro severo impacto.

23.- La Tabla de Enfermedades de Trabajo y la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes que contemplaban los artículos 513 y 514 de la LFT dejaron de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa donde pierden el carácter de derechos laborales básicos. Y la Cámara de Diputados votó aprobatoriamente (21.2.17) modificaciones complementarias a la reforma de la LFT para que, ahora, la STPS actualice anualmente el listado de riesgos y enfermedades, previa aprobación de una Comisión Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con participación del gobierno Federal, el CCE, Canacintra y algunas centrales obreras. Una clara restricción a los derechos de los trabajadores con posible violación constitucional al artículo 123, fracción 14. La reforma minimiza y soslaya el costo social que ya impone la dinámica de nuestro perfil de morbi-mortalidad.

24.- Insertar a México en la lógica global de los mercados apostando integrarse con un proyecto de modernización que ostenta como su diamante fundacional el bajo costo relativo del mundo del trabajo, a pesar de que, al decir del estudioso Carsten Sorensen6, lo que imperará en el futuro cercano será “controlado” por las maquinas. Los servicios serán “automatizados y de autoservicio”. Los trabajos del mañana serán los que “sirvan” a esa maquinaria y relacionados con la innovación. Un “nuevo” sector manufacturero armado con firmas pequeñas y tecnologías de punta.

Primera arista: el trabajo, que no hay que repetir en un programa viable para la transformación de México hoy.

PENSIONES

Urge conformar un grupo multidisciplinario de estudiosos para evaluar los 20 años transcurridos del SAR y cuyas conclusiones sean vinculantes

1.- En enero 2012, último año del calderonismo, un informe de CTM7 comunicaba que, ante el cúmulo de trámites para cobrar una pensión, desconocimiento de ese derecho por los trabajadores, problemas de homonimia, errores en nombres en CURP, fechas de nacimiento y otros, “miles de millones de pesos no han sido cobrados. Se los queda el gobierno”. Hay que agregar, señalaba, que de los “más de un billón 500 mil millones de pesos” acumulados por los trabajadores desde 1997 (en 2017 redondean ya cerca de 3 billones), casi uno “ha sido prestado al gobierno” mediante papel gubernamental. Es decir: “60% de los fondos” están en manos de las autoridades y “otro 15%” corresponde a recursos que los trabajadores “no han reclamado” por diversos problemas.

2.- Según CTM el país enfrentaba, entonces, el “gran” problema social de las pensiones. Con su masa actual, subrayaba, los obreros tendrán que laborar 40 años para alcanzar una jubilación de “apenas 50% de su último salario” (los últimos estudios de OCDE –2015– lo sitúan apenas en 26 por ciento). Por tanto, proseguía CTM, cuando en 2025 se pensione el primer trabajador con la Ley-Zedillo-IMSS-1997 “podría generar una crisis social”. Como la que ya brotó en Chile y Uruguay durante 2016 y, antes, en Argentina.

3.- Además, puntualizaba, las autoridades capitalizan el desorden imperante. Hay trabajadores que “no saben dónde están sus cuentas”. En la construcción, por ejemplo, trabajando en “cuatro o cinco obras al año, ignoran el monto de sus descuentos y a cuánto ascienden sus ahorros”. En otras ramas “sus números están mal”, pero los trabajadores “ya no tienen los comprobantes”.

4.- Como si no fuera suficiente, el Informe cerraba reconociendo la “baja” densidad en las aportaciones de los trabajadores: “eso, porque cuando consiguen un empleo, están cotizando, pero luego les quitan el contrato, los corren y dejan de hacerlo hasta que consiguen uno nuevo. Pero a lo mejor en este ya no tienen prestaciones”.

5.- Con el amargo desenlace de Pensionissste a cuestas (diciembre, 2015) y después de que el, entonces, secretario Videgaray y Carlos Ramírez, presidente de la Consar, perdieran ostensiblemente ante la plaza pública el debate para recortar las pensiones escudándose en las recomendaciones de la OCDE (octubre, 2015), el secretario José Antonio Meade y Consar recurrieron, ahora, al auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

6.- Para ambientar la arena, poco antes, el regulador Carlos Ramírez había declarado que “se van a seguir destinando los recursos de parte de la Federación para el pago de pensiones. La pregunta es si eso es justo, equitativo, si contribuye a la equidad del país y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos y destinándolos a este rubro. Más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de beneficio definido y se seguirán consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar a otros propósitos: salud, educación, infraestructura y pobreza”.

7.- Y que, su costo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, ya equivalía “a tres veces el presupuesto destinado a la SEP”. En su opinión: “la dimensión del reto es gigante y no estamos preparándonos lo suficiente”. Emulándolo con cierta torpeza, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se había pronunciado también –en dos ocasiones sucesivas– a “operar” de inmediato las recomendaciones de la OCDE.

8.- Fue entonces que, pasando por alto el lamentable desenlace pensionario chileno-uruguayo reciente y buscando evitar emprender la impostergable evaluación y necesario ajuste de la controversial dinámica de los casi 20 años transcurridos en un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que acumula la fortuna de 2.7 miles de millones de pesos (15 por ciento del PIB), pero apenas paga miserables pensiones de un 25 por ciento del último salario devengado, José Antonio Mead ofreció “revisar y tomar con mucha seriedad” las recomendaciones que le puso sobre la mesa el FMI en noviembre 2016. En ellas se sugiere:

1) Que el sistema de beneficio definido pudiera ser cerrado, para futuras acumulaciones de derechos, con vistas a ahorrar recursos públicos y reducir gradualmente la inequidad entre las tasas de reemplazo de los dos sistemas (contribución definida). Tal y como recomendara la OCDE en octubre, 2015.

2) Elevar las contribuciones para impulsar las tasas de reemplazo del sistema de contribución definida.

3) Las autoridades de México consideraron como una opción fortalecer la integración entre las contribuciones obligatorias al Infonavit y el sistema de pensiones.

4) Incremento del ahorro voluntario y afiliación automática de nuevos cotizantes en planes dotados de alta contribución, como propone Consar8.

9.- Como Videgaray que, al recibir las recomendaciones del estudio OCDE –que había encargado el regulador Carlos Ramírez desde Consar– invocó el siguiente fantástico “diálogo” sólo identificado por él: “estamos en un diálogo con distintos actores de la sociedad para definir propuestas de cómo fortalecer el sistema de pensiones, incluyendo la posibilidad, en un futuro no lejano, de incrementar las aportaciones”, ahora Meade ofreció “revisar y tomar con mucha seriedad” unas recomendaciones del FMI que le vienen al dedo para intentar golpear todas las pensiones de quienes pasaran a retiro pretextando “presiones presupuestarias”. Ese es el secretario del priista Peña (antes también lo fue del panista Calderón): un consumado defensor del sistema Afore, sus cuentas individuales y de la controversial dinámica de los casi 20 años cumplidos del SAR.

10.- Y ya con las nuevas recomendaciones del FMI en la bolsa, el regulador Carlos Ramírez se atrevió a sostener que el en “sistema de cuentas individuales subestimaron que aumentaría radicalmente la esperanza de vida de la población” (¿Cómo?) Y agregó que “en 1997 era difícil imaginar los avances de la medicina y la tecnología”. (¿Perdón?) Y que “esa fue una de las principales fallas” (¡¡!!), pues el “nivel de aportación es insuficiente para generar pensiones que financien todos los años que a los mexicanos les resta por definir. Era imposible anticipar la revolución de la tecnología, pero sí se pueden hacer cambios. Hay que ahorrar más”. (¡¡!!) Como la esperanza de vida seguirá creciendo “es necesario aumentar la edad de jubilación y subir la aportación a la cuenta individual”. (¡¡!!) ¡Claro! Porque, como regulador, Ramírez estima que:

Con una aportación tan baja (6.5% del salario base de cotización) se condena a recibir una pensión menor a la deseada. Los temas de la baja aportación, el de la cobertura, la baja densidad de cotización son exógenos al asunto de ahorro para el retiro y los que corresponden al sistema mismo son los rendimientos y las comisiones.

(¿Exógenos? Pero ¿y dónde queda la evaluación de los casi 20 años del SAR?)

11.- Sin embargo y como si no fuera suficiente, Ramírez estima que “la reforma la deberá diseñar el Congreso” y reconoció que a las Afores les ha “faltado” ser proactivas en acercarse a sus clientes para “proveerlos” de que su pensión será muy pequeña. No han “alertado sobre las debilidades del sistema”.

12.-El debate en curso volverá a mostrar las limitaciones estructurales de este punto de vista gubernamental, así como de las recomendaciones recurrentes que recoge de organismos internacionales (OCDEFMI), incapaz de asumir –de una vez por todas– la urgencia de evaluar, para ajustar, el SAR garantizando seguridad social integral a ésta y a las próximas generaciones de jóvenes.

Segunda arista: pensiones, que no hay que repetir en un programa viable para la transformación de México hoy.

SALUD

Universalizar servicios constituye una fuerte demanda ciudadana: significa mejorar servicios ¡ya! Pero esa demanda, como propuso Peña Nieto, no puede operar reduciendo prestaciones y operando en el cuadro de servicios insuficientes

1.- El secretario José Antonio Meade sigue –con el FMI– disponiendo la política pública para que Funsalud reitere, con el próximo gobierno, los términos de su agenda para “universalizar” con prestaciones a la baja, sirviéndose para ello de los “altos costos” de los padecimientos crónicos, tal como publicita José Campillo: el crecimiento de las crónicas, sostiene, “nos va a llevar a gastos imposibles de sufragar en 2030”.

2.- Pero el 7 de abril 2016, Peña y el secretario Narro ofrecieron un acotado Acuerdo para la Universalización de los Servicios de Salud. Con él pretendían lavar la cara frente a la fracasada promesa –primero en campaña, y, luego, durante la primera mitad del sexenio– de instalar una demagógica seguridad social “universal” que nadie le solicitó. Frente al descalabro y con el segundo tramo sexenal por delante, el restringido Acuerdo –que cubre apenas intercambiar 100 intervenciones entre IMSS/ISSSTE/SSA como quiere la OCDE– evitaba, nuevamente, ocuparse de las carencias que determinan, desde el fondo, el ruinoso estado del sistema público de salud.

3.- Como era de esperarse, un año después la realidad se impuso. Lo que el año transcurrido mostró fue lo que ya era de patente dominio público desde antes de que Peña asumiera el cargo: que el sector público en salud carece de las condiciones de suficiencia que establecen la Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud para brindar un servicio digno. Su rasgo característico son sus patentes carencias: no cumple con los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado, así como de los medios disponibles para brindar la debida atención.

4.- Pero todas estas carencias nadan, ahora, en un mar de corrupción nunca antes visto. El desplome de los procesos descentralizadores emprendidos por Zedillo (1994), y operados inercialmente por los gobiernos panistas de Fox y Calderón (20002012), colapsaron del todo con el peñismo. Ya no se trata del debate serio sobre el destino y orientación de las políticas públicas: es una combinación letal entre corrupción e impunidad estructurales.9



5.- El entonces responsable del Seguro Popular, Dr. Gabriel O’Shea, reconoció (en diciembre, 2016) “fugas” por 8 mil 675 millones de pesos en Michoacán, Guerrero y Veracruz. El diseño del Seguro Popular, observó, “se hizo bien, pero le faltaron mecanismos de control sobre el uso del dinero en los estados”. Y agregó: “el destino de estos recursos se desconoce. No había manera de garantizar que los gobiernos locales hicieran ese desembolso para los servicios de salud”. Poco después asumió que los servicios de salud que atienden a afiliados del Seguro Popular “tienen carga excesiva” de personal administrativo y, “peor todavía”, subrayó, los estados contratan a los trabajadores “sin contar con una fuente de financiamiento” para pagar sus salarios: es un problema presente “en todo el país”, remachó. ¿Ejemplo? Oaxaca con 13 mil trabajadores de la salud. El Seguro Popular dispone los salarios de 3 mil 27; la Secretaría de Salud federal cubre otros 5 mil y el gobernador debe buscar cada 15 días el dinero para pagar al resto. Y “esto pasa en todo el país”. Sin duda, el problema sí es el diseño de ese malhadado Seguro Popular foxista (Julio Frenk).

6.- Pese a este lamentable y escandaloso cuadro dantesco, el secretario Narro declaró el 24 de febrero de 2017 que “estamos avanzando y me gustaría pensar que, con el gobierno del presidente Peña, pudiéramos alcanzar la cobertura real en materia de salud. No estamos lejos”. Y el 4 de marzo volvió a firmar un Convenio de colaboración SSA-IMSSISSSTE, para que los mexicanos reciban servicios “en cualquier unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social”. Con ello “se cumple” el compromiso del presidente Peña para que “todos los mexicanos tengan acceso a servicios”.

7.- La diferencia con el acotado Acuerdo del 7 de abril2016 fue que el Convenio alude a “aprovechar de mejor manera la disponibilidad de los servicios”. (¿En el ISSSTE hay “disponibilidad”? ¿Dónde?) Sólo 24 horas después, el secretario general del CEN del SNTSS, diputado Manuel Vallejo, comunicó que “no comparte” el Convenio porque “compromete” los servicios de calidad: “no hay espacios ni personal disponible”. En el IMSS, agrega, los servicios “no están ociosos. Por el contrario: están rebasados”.

8.- Cómo estará esa “disponibilidad” en los servicios de la SSA al cargo del Dr. Narro? Según el secretario general del SNTSA, diputado Marco Antonio García Ayala, “ante la prevalencia” de carencia de insumos, equipos obsoletos e inadecuado abasto de medicamentos, el Sistema Nacional de Salud “no está preparado para la universalidad de los servicios. No se “está en condiciones para su implementación”. También solicitó al Dr. Narro “revisarlo” y que antes se diagnostique bien la situación” del sector (9 de marzo). Y en el mismo sentido se pronunció la FSTSE del senador Joel Ayala: “no habremos de aceptar Convenios a espaldas de los trabajadores” (10 de marzo).

9.- Un programa de revisión hospitalaria en el IMSS –para identificar posibles riesgos y elaborar planes de corrección–, emprendido por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde 2013, encontró anomalías en 124 establecimientos: la misma cantidad que revisó. “Había cucarachas, moho en el techo, manchas y hongos en el piso. Las batas que usaban las mamás tenían sangre”10. En ese entonces, Mikel Arreola fungía como titular de la Comisión. Hoy dirige el IMSS.

10.- Diseñado como un intercambio de servicios en infraestructura médica “subutilizada” para referir pacientes de unidades que estén “rebasadas” a las que tengan equipo “disponible”, el Convenio de colaboración SSA-IMSS-ISSSTE, para que los mexicanos reciban servicios en “cualquier” unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social signado el 3 de marzo, porta un alcance más que limitado. Según el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud (SSA), José Meljem, el Convenio aplicará apenas en mil 66 unidades médicas y “solamente donde haga falta”. Por tanto, aclaró: no implica “afectación” de derechos laborales ni “privatización”. Únicamente se busca “mejorar” la calidad de la atención de los pacientes a un costo “menor”, remachó. Del universo de aplicación, 667 unidades (federales y estatales) corresponden a la SSA. Justo el subsector que ha enfrentado los problemas, protestas y paros más severos por insuficiencia de personal e insumos durante los últimos 11 meses. Esos han sido los casos de Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Colima, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, entre muchos otros. El universo se completa con 247 unidades del IMSS, 152 del ISSSTE y 7 Hospitales de Alta Especialidad. A marzo 2017, asegura Meljem, se han identificado –para incluirse en los convenios de intercambio de servicios– 301 intervenciones vinculadas a servicios auxiliares de diagnóstico, así como 65 de 15 especialidades médicas y 349 relacionadas con 21 especialidades quirúrgicas. Sobre ellas “ya existen” tarifas acordadas interinstitucionalmente. Y la “eficacia” del Convenio, estima, “ya se comprobó” en las ocho entidades donde empezó a operar ¡“desde 2012”!: Baja California Sur, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

11.- Resulta llamativo que los pronunciamientos descalificatorios de los contenidos del Convenio por parte de las centrales sindicales del sector, destaquen su franca inviabilidad por la plétora de carencias: “no es viable”; “se deben considerar los rezagos”; “el delicado desabasto de medicamentos e insumos, infraestructura insuficiente, equipamiento limitado y obsoleto”; “la SSA se encuentra con sentidas palpables limitaciones, notable desabasto en medicinas y prácticamente en abandono en proveer los insumos, equipo médico, falta de mantenimiento de la infraestructura”.

12.- Coincidiendo con la firma del repudiado Convenio, la SSA estimó oportuno inaugurar el Observatorio Nacional de Inequidades en Salud: entre los mexicanos “más pobres” son más frecuentes los embarazos adolescentes, las complicaciones por la diabetes y la falta de atención por “barreras” en los servicios. Su objetivo es “medir” el impacto de las políticas y “orientarlas” a reducir las brechas entre las poblaciones con diferentes niveles de ingreso. Para el subsecretario Meljem: la cobertura “no” ha mejorado las condiciones de salud. Entre 2000 y 2012 “aumentó” 32% la cantidad de enfermos, pero no se atendieron por “barreras” en el acceso. ¿Carencias? ¿inequidad? Como también gusta comunicar el Coneval: entre 2014 y 2015 “la carencia” por acceso a la seguridad social presentó la “mayor disminución”. Pese a esta reducción, el “acceso” a la seguridad social sigue siendo la “carencia” social con “mayor prevalencia”. Es decir: bajó, ¡pero “prevalece”! Justo la “evolución” que sólo Peña aprecia, exactamente ahí donde campea el retroceso. Y, ¡claro!, según Coneval, la “carencia” por acceso a los servicios de salud mostró la “mayor” disminución entre 2010 y 2015. ¡Vaya medición! Pero para “avances”, nada como la “estrategia” de impulso a los proyectos de Asociación Público-Privada que contempla otros siete hospitales: 4-IMSS y 3-ISSSTE, ordenados al sector salud por el secretario Mead11. Y aunque, Gabriel O’Shea responsable del Seguro Popular, reconoce que el crecimiento de la infraestructura “no es acorde” con el incremento de afiliados, estima que “no se trata de seguir construyendo grandes hospitales” (¿cómo los que ordena Mead?) sino de “avanzar sobre el tema de la universalidad en el intercambio de servicios”. ¿“Carencias” e inequidades en salud?

Tercera arista: salud, que no hay que repetir en un programa viable para la transformación de México hoy.

¿QUÉ UNIVERSALIDAD?

1.- Aunque no guardaba relación con las necesidades del ciudadano del siglo XXI, soportado en una fuerte campaña mediática12, como candidato del PRI a la presidencia de la República para la elección 201213, Enrique Peña Nieto, adoptó la propuesta de Santiago Levy para implantar, por “consenso”, un sistema de seguridad social “universal” que, subiendo los impuestos (IVA), reduciría sustancialmente el catálogo de prestaciones sociales. La oferta no contemplaba mejora efectiva de los servicios y actualización integral del cuadro de prestaciones a la realidad sociodemográfica, entre otras. Sin embargo se constituyó, una vez más, en la agenda financiera impuesta por una visión tecnocrática de lo que el país “requería”. Era una de las “reformas” que el país “necesita”14.

2.- Según Levy, la propuesta contemplaba:
Mi propuesta es extender los beneficios sociales a todos los trabajadores a través de un Seguro de Derechos Sociales Universales, porque no se les puede cobrar a unos sí y otros no. Propongo juntar todos los recursos que hoy en día se tienen en el Presupuesto, para programas de protección social, y crear un sistema a través del cual todos los trabajadores tengan los mismos beneficios, y yo propongo que sea una pensión de retiro para todos, un seguro médico, uno de vida y otro de invalidez. Además propongo, ahora sí, solamente en el caso de los asalariados, que tengan un seguro de riesgos de trabajo y que las regulaciones sobre indemnizaciones al despido sean reemplazadas por un seguro de desempleo modesto. Esto daría a México una política social mucho más equitativa, eficiente y, al mismo tiempo, mucho más conducente al crecimiento de la economía y la creación de mejores empleos. Es urgente que dejemos de subsidiar los empleos informales y de poner impuestos a los empleos formales. La propuesta es modificar la fuente de financiamiento a partir del fondo fiscal creado por las contribuciones equivalentes al consumo de las familias, que se refuerce con la inversión pública derivada de impuestos al consumo, especialmente el IVA. El costo de esta propuesta sería equivalente a 4.7 por ciento del PIB. Así, los factores que motivan la evasión por parte de las empresas desaparecerían, al eliminar las contribuciones a la seguridad social que tienen que pagar las empresas. Esta propuesta permitiría que desde el punto de vista de la política social ya no hubiese trabajadores formales e informales, sino que todos tendrían los mismos derechos sociales.

Hablar de una contribución para los derechos sociales universales implica un destino específico. Los recursos no se podrán usar para cualquier cosa. El Congreso no le diría a los ciudadanos: ‘legislaremos un aumento permanente de sus impuestos al consumo, pero confíen en nosotros, haremos buen uso de ellos’. El Congreso le diría a los ciudadanos: ‘legislaremos un impuesto permanente en sus impuestos al consumo y, en paralelo, legislaremos que esos recursos se destinen a garantizar a todos los trabajadores una pensión de retiro, un seguro de salud, un seguro de vida y un seguro de invalidez; además legislaremos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que todos tengan la certeza de que éste es el único destino de los recursos. Al mismo tiempo legislaremos una reducción de los impuestos al trabajo para fomentar la creación de empleos productivos e impulsar el desarrollo de las empresas’. Algo importante: haciendo caso omiso del nombre, hoy en día los trabajadores formales ya pagan una ‘IVA’ sobre toda su canasta de consumo, que es destinado a financiar sus beneficios de seguridad social. Cada quincena sus salarios son menores porque una parte toma la forma de cuotas obreropatronales. Sin estas cuotas sus salarios serían más altos. Mi propuesta es extender ese ‘IVA’ a todos los trabajadores con la diferencia de que no se recaudaría cuando el trabajador cobra su quincena en el puesto de trabajo, sino cuando hace sus compras en las tiendas. El cambio parece trivial, pero se logran tres grandes objetivos: uno, todos los trabajadores estarían cubiertos por la seguridad social sean o no asalariados. Dos, ni las empresas ni los trabajadores podrían evadirlo cambiando su tamaño, forma de contratación o lo que sea; los tránsitos entre trabajadores entre empleo por cuenta propia, por comisión o asalariado no afectarían sus derechos sociales. Y tres, los mayores impuestos al consumo permitirían extraer más recursos de los hogares de más altos ingresos. ¡No dejemos que el nombre de un impuesto sea un obstáculo para el desarrollo nacional!15.

3.- En marzo 2012, el Consejo Coordinador Empresarial planteó, como Iniciativa Privada, un sistema único de seguridad social y no pagar cuotas obrero-patronales:

En seguridad social buscan que exista un sistema único de salud que se financie con impuestos generales al consumo y dejar de pagar las cuotas obrero-patronales, con lo que, aseguraron, podrían generar más empleos si no es condición garantizar la seguridad social16.

En abril de 2012, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, concluyó que:

El actual sistema de seguridad social excluye a la mitad de la población, fomenta la informalidad y es financieramente insostenible por lo que urgió a reformar la política actual y construir un nuevo esquema que proteja a todos los mexicanos. La propuesta plantea que la seguridad social se financie a través de impuestos al consumo y no de nómina17.

En términos similares se expresó el titular del Coneval Gonzalo Hernández Licona:

En México debe haber una protección social universal que no dependa de que las personas tengan un empleo formal e informal. Se financiaría con impuestos generales al consumo que pagaría la población en su conjunto, la misma que sería beneficiaria del esquema de protección social universal18.

4.- Respecto al seguro temporal de desempleo, Peña se había comprometido en campaña a garantizar a “todos los mexicanos que pierdan su empleo y para que el tiempo que les lleve encontrar uno nuevo tengan un ingreso como sustento de vida”19. Igualmente, en la propuesta, el derecho universal “exigible” a la pensión ¿digna? para el retiro se reducía a dos salarios mínimos por familia, después de los 65 años. Ciertamente, un monto mínimo respecto a lo que garantizan las ya “reformadas” leyes del IMSS por Zedillo en 1995 e ISSSTE por Calderón en 2007. El horizonte del seguro de riesgos de trabajo también era profundamente oscuro20.

5.- Finalmente, también podía suponerse que el “acceso efectivo a los servicios de salud”, que propalaba esa propuesta de “universalidad” a través de una “nueva” versión del Seguro Popular, debería superar con creces los racionados Catálogos Universal de Servicios Esenciales (Causes) y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que acompañan a este seguro desde su primer diseño, al cargo de Julio Frenk. Tristemente sobre este derecho “exigible” crucial, Levy no pudo agregar absolutamente nada nuevo a su propuesta original:

Todos los trabajadores y sus familias podrían recibir el mismo catálogo de tratamientos médicos independientemente de las vicisitudes del mercado laboral, eliminándose la inequidad que representa el depender del tipo de trabajo para acceder a servicios públicos de salud de amplio alcance. Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales. El gran reto sería unificar los modelos de prestación de servicios médicos del IMSS con los de los programas no contributivos (Seguro Popular, IMSS-Oportunidades, Seguro Médico para una Nueva Generación).

6.- La propuesta constituyó la semilla de los seguros “universales” aplanados a la baja. Su rasgo distintivo más relevante mostró que absolutamente ninguno de los adoptantes –ni aún el autor– lograron, primero, detallar y, luego, desarrollar ninguno de los cuatro pilares inicialmente propuestos. Ello confirmó la inmadurez técnica de la propuesta y su franca inviabilidad política. La administración Peña culminó sin seguro “universal” en pensiones, desempleo y salud. El de riesgos de trabajo nunca más fue siquiera mencionado. Esa “universalidad” se reducía a una reforma hacendaria revestida de un tenue barniz social: una “universalidad” para recortar prestaciones, elevar impuestos y deslaboralizar.

7.- El electorado de 2012 recibiría del PRI de Peña Nieto, Levy y los grupos de interés y mediáticos que impusieron el “consenso”, justo lo contrario de lo que aguardaba: ninguna mejora en los servicios, ni actualización del catálogo de prestaciones, en consonancia con la ciudadanía plural del Siglo XXI. Sólo paquetes “universales” de cuatro derechos “exigibles”, empleados como coartada social para justificar el incremento generalizado de los impuestos al consumo (IVA).

8.- El curso de la administración Peña ratificó la inviabilidad de esa propuesta de “universalidad”. A noviembre 2017, ninguno de los pilares había sido materializado.

ECOS EN EL FIRMAMENTO

Pero aún se aprecian algunos ecos en el firmamento.

1.- El 12 de octubre de 2017, Rolando Cordera escribió:
Un mejor futuro es construir un México con protección social universal. Impulsar un régimen que descanse en un sistema de salud pública que, sin excluir los servicios provistos por el sector privado, se finque en un sistema público no fragmentado, de cobertura universal y financiado a través de impuestos generales. También impulsar un sistema de protección al ingreso de las personas y las familias bajo un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo formal y sustentadas en impuestos generales21.

2.- Por su parte, la UIA junto con la Fundación Konrad Adenaeuer en el estudio México: País de pobres y no de clases medias22 concluían establecer acciones en materia de:

Seguridad social universal con pisos mínimos y con factores que reduzcan la estratificación: la propuesta de seguridad social universal pasa por que el Estado cuente con mayores recursos para financiar un piso mínimo de seguridad o protección básica universal. Tal piso mínimo de seguridad o protección social (…) debe desvincular la seguridad social del trabajo y contar con un financiamiento sostenible.

3.- Mientras Vitor Gaspar, director del departamento de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), proponía que:

Para un eficaz combate a la desigualdad y acelerar el paso hacia el crecimiento potencial de cada economía se plantea una política fiscal que combine mecanismos innovadores como el Ingreso Básico Universal (IBU), que considera transferir un ingreso básico mensual a la población, junto con impuestos sobre la riqueza y mejor acceso a servicios de educación y salud. “Es posible aumentar el grado de progresividad fiscal preservando crecimiento. A través de una política fiscal basada en tres pilares: impuestos progresivos, un IBU -que son transferencias de dinero en efectivo- y mejorar el acceso a la salud y a la educación como vías para aumentar el ingreso y las oportunidades.

Es la mejor manera de enfrentar el impacto disruptivo de la tecnología en el mercado laboral. La idea es una redistribución fiscal en que quienes tienen mayores ingresos, aquellos en la parte alta de la pirámide poblacional, paguen más impuestos y quienes están en la base, los de menores ingresos se beneficien de nuevos programas sociales como el IBU. Los países emergentes deberían centrarse en ampliar de forma gradual la cobertura del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el aumento de impuestos indirectos -incluidos algunos selectivos sobre bienes de lujo y artículos de consumo que producen externalidades negativas, como la energía extraída de combustibles fósiles, el alcohol y el tabaco- para generar fondos destinados al gasto progresivo. Están desaprovechados los impuestos sobre los inmuebles y sobre las tierras23.

4.- Simultáneamente, Manuel Rico -socio de impuestos corporativos de la auditora KPMG- sostenía que:

México debe reducir el impuesto sobre la renta y en la parte de la recaudación debe enfocarse en los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS). La respuesta está en los impuestos indirectos, porque todos consumen estén o no dentro de la informalidad y esto favorecería la recaudación. Se deben eliminar las exenciones que hoy se tienen en el IVA, como en alimentos y en medicinas, se debe revisar una tasa máxima de 16% y una mínima de 12% para no perjudicar a las familias de menores ingresos, se pueden aplicar sistemas de retribución y tener tasas diferenciadas24.

5.- Y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) agregó:

Sí se deben cobrar impuestos en alimentos, pero se debe excluir ciertos productos de la canasta básica. Desde el 2012 señalamos la urgencia de hacer una reforma fiscal donde se cobren impuestos a alimentos y medicinas en forma general, exentando 20 alimentos de la canasta básica. Además, una reforma fiscal también debe ir acompañada de un cambio en el sistema de seguridad social. No se ha buscado tener un verdadero sistema de seguridad social universal. La seguridad social siempre ha estado ligada a la formalidad, entonces 57% de la población no tiene seguridad social25.

6.- Aunque, como oportunamente precisa Piketty:

Es importante darse cuenta de que la competencia fiscal regularmente lleva a una dependencia de los impuestos al consumo, es decir con el tipo de sistema fiscal que existía en el siglo XIX, donde no es posible la progresividad. En la práctica, esto favorece a las personas que son capaces de ahorrar, cambiar su país de residencia o ambas. En particular, gravando los diferentes bienes de consumo a un ritmo diferente solo permite la focalización en bruto del impuesto al consumo por clases de ingresos (…) La otra justificación estándar de un impuesto sobre el consumo se basa en la idea de alentar la inversión, pero la base conceptual de este enfoque no es clara (sobre todo en los períodos en que la relación capital/ingresos es relativamente alta).26

FINAL: UN NUEVO ACUERDO SOCIAL

Frente al fiasco de la seguridad social “universal” del peñismo, es preciso tomar todo el tiempo que sea necesario, todo y con la debida persuasión, para seguir armando un modelo equilibrado de universalidad en trabajo, pensiones y salud. Un modelo de seguridad social integral para la era de la globalización y a la altura de los ciudadanos mexicanos del siglo XXI.

Ese modelo debe partir del supuesto de que –en materia de trabajo, pensiones y salud– dar efectivo cumplimiento a esa universalidad integral no es ajeno a instrumentar un debate amplio sobre el rediseño institucional del actual esquema de seguridad social con vistas a que la universalidad sea, en efecto, para todos y no focalizada, acotada o racionante. Debe ser una universalidad que no repita las inoperantes políticas del período 1988-2018 y que opte –decisivamente desde su formulación– por atender y cubrir parejamente a todos.

Hoy, ninguna propuesta viable de universalidad integral puede escapar al debate de la fiscalidad que la hará posible. Es indispensable que, en la definición de su propia naturaleza, se establezca el destino de los recursos ganados. Ello demanda, obligadamente, un nuevo acuerdo social que visibilice el destino de esos recursos fiscales. En caso contrario, la fiscalidad estará incompleta.

Justo lo contrario de lo que postula el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). El 19 de octubre 2017, comunicó:

Que el Impuesto sobre la Renta (ISR) se elimine para las personas formales que perciben ingresos menores de 10,298.35 pesos mensuales (…) Ellos pagan una cuota fija de 786.54 pesos mensuales (…) Lo cual implicaría un mayor dinamismo del consumo y de la economía, ya que el asalariado podría consumir más o ahorrar más (…) 15.5 millones de trabajadores serían beneficiados (…) Manuel Molano agregó que parte de lo que el trabajador obtenga se podría destinar a la cuenta de la AFORE para mejorar su pensión.27

¿Para una cuenta individual en el SAR que, después de 20 años no garantiza pensiones dignas y que la tecnocracia hacendaría se resiste empecinadamente a revisar?

Se aprecia que, sin un acuerdo social para visibilizar el uso de los recursos ganados por la fiscalidad, la cuenta pierde su sentido.

Como bien concluye Manjone:

La elaboración de políticas y el asesoramiento de las políticas son ejercicios de capacidad, y no juzgamos la actuación talentosa por la cantidad de información almacenada en la cabeza de quién actúa, no por la cantidad de planeación formal. Más bien, juzgamos la actuación por criterios tales como la oportunidad y la atención de los detalles, por la capacidad de reconocer los límites de lo posible, por sacar provecho de las limitaciones y para aprender de los errores propios, no sólo por la capacidad de mostrar lo que debe hacerse, sino para persuadir a la gente de que haga lo que el planeador sabe que debe hacerse.28

 


1 Hupe, P. y Hill M. (2010) “The three actions levels of governance: re-framing the policy process beyond the stages model”, en Peters, G. y Pierre, J., The handbook of public policy, Sage Editores, Reino Unido, pp. 13-30.
2 Piketty, T. (2014) El capital en el siglo XXI, FCE, Ciudad de México; Pedrosa Sanz, R. (2009), “El desarrollo histórico de la política social de la Unión Europea y su estado actual”, Estudios de Economía Aplicada, Vol. 27-3, Madrid, pp. 613-638.
3 Manjone, G. (1997) Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. AC-FCE, Ciudad de México, p. 42.
4 Miranda González, S y Salgado Vera, M del C. (2013) “La Nueva Ley Federal del Trabajo formaliza la flexibilidad laboral”, Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica, Vol. VI, Núm. 2, UAEMex.
5 STPS (2013), Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Empleo y Productividad. Ciudad de México.
6 Carsten Sorensen (2013) “El futuro será controlado por las máquinas”, El País, 23 de mayo, Madrid.
7 Elaborado por Fernando Salgado.
8 International Monetary Fund, Country Report No.16/359, MEXICO, November, 2016.
9 Esos han sido los casos de Chiapas (junio, 2016); Tamaulipas (agosto); Oaxaca (octubre); Jalisco (octubre); Guerrero (octubre); Colima (octubre) Veracruz (noviembre); Quintana Roo (noviembre); Chihuahua (noviembre) y nuevamente, Veracruz-Jalisco (febrero, 2017) así como Chiapas (marzo), entre muchos otros.
10 El País, 16.3.17
11 SHCP, Comunicado No. 39, 10.3.17.
12 Aguilar Camín, H. (2009) “La propuesta Levy”, Milenio Diario, 22 de mayo; Beltrones, M. F. (2010) “Equidad social: asignatura pendiente”, El Universal, 12 de agosto; Castañeda, J. (2009) “Una agenda para 2012”, Enfoque, suplemento dominical del diario Reforma, domingo 9 de agosto, pp. 8-12; Coneval, Hernández, Licona, G. (2013) “Tiene el ingreso rezago de 10 años”, La Jornada, 4 de febrero; Esquivel, G. (2010) “La reforma integral”, Nexos 390, diciembre; Schettino, M. (2009) “Una propuesta”, El Universal, 7 y 11 de agosto; Scott, J. (2009) “Sobre el fracaso de la seguridad social en México”, Nexos, enero.
13 Peña Nieto, E. (2010) “Seguridad Social Universal”, El Universal, 26 de julio; Peña Nieto, E. (2011) México, la gran esperanza. Un Estado Eficaz para una democracia de resultados, Capítulo 5. Un México sin pobreza, pp.105-126, Grijalbo.
14 Pacto por México (2012), Castillo de Chapultepec, 2 de diciembre
15 Levy, S. (2008) “Se subsidia la informalidad”, Enfoque, suplemento dominical del diario Reforma, entrevista de Martha Martínez, domingo 7 de septiembre, 2008, pp. 4-6; Levy, S. (2009) “Buenas intenciones, pobres resultados. Entrevista con Santiago Levy”, Nexos, febrero, pp. 37-41.
16 La Jornada, 27 de marzo
17 Reforma, 20 de abril.
18 La Jornada, 8 de septiembre.
19 Pero ¿cuánto es ese “tiempo”? Cuando gobernó el Edomex, Peña Nieto implementó un programa de apoyo al desempleo que contemplaba la entrega de 2 mil pesos mensuales solo durante 3 meses. El derecho “exigible” era, pues, a todas luces, mínimo. Y en campaña, Peña insistía en ofrecerlo únicamente como un seguro “temporal”.
20 La pregunta era obligada ¿superaría la propuesta emergente de “universalidad” de Peña-Levy y su curioso “consenso” el seguro contra riesgos laborales, ya ajustado a la baja por los responsables que el Presidente Zedillo había puesto frente al IMSS desde el año 1995. Uno de esos responsables, Gabriel Martínez, luego secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CIEES) y ahora académico del ITAM, había expresado poco antes de la jornada electoral que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) disponen de una cobertura de seguridad social de apenas 10%, mientras el promedio de las grandes supera el 50%. ¿Cómo, cuándo y con qué modificaría esta situación la propuesta de “universalidad” de Peña-Levy
21 El Financiero, “Un México mejor pasa por ser igualitario y social (II). Ciudad de México. Y el 27 de octubre propuso: “una reformasocial” que ponga en el centro de la política pública la garantía de los derechos a la alimentación, salud, seguridad social, vivienda y educación. Esa reforma social debe combatir la desigualdad, para la cual se propone implementar una reforma hacendaria redistributiva que permita crear una red de protección social más robusta, única y universal. “De esta forma, los derechos fundamentales serían vistos también como el cemento básico de la cohesión social y, en particular, serían entendidos como el acicate moral e institucional para que desde la democracia se avance en la reforma social”, Reforma. Ciudad de México.
22 Abril, 2017, Ciudad de México, pág. 22.
23 El Financiero, 17 de octubre 2017. Ciudad de México
24 El Economista, 25 de octubre 2017. Ciudad de México.
25 Enrique Díaz Infante, Ibid.
26 Op. Cit., p. 547
27 El Economista, “IMCO propone ISR cero a trabajadores; favorecería pensiones y formalidad”, Ciudad de México.
28 Op. cit., p. 56

Odilia Ulloa Padilla

Odilia Ulloa Padilla

Asesora en el Senado de la República. Economista, especialista en la reforma de pensiones en México.
Odilia Ulloa Padilla
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