Un nuevo consenso-hegemonía del crecimiento con pobreza al desarrollo con bienestar

Categoría: El punto es, EPSI34
febrero 7 2018

1.- Introducción

El actual sistema político/régimen de gobierno/Estado nació de la Constitución de 1917 y seguirá dominando en tanto que el acuerdo social/productivo/hegemónico constitucional siga vigente. Y podría cumplirse la maldición de que el PRI no es inmortal, sino inmorible. Ha atravesado por crisis que se anunciaron terminales y ha salido indemne: el estallido juvenil de 1968, la ruptura sistémica en 1988, el alzamiento guerrillero en 1994 y la alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2012. Con votos sólo del PRI, el presidente Peña Nieto gobierna con el 32% electoral, menos de un tercio…, y el PRI sigue muy campante.

La tesis central de este ensayo se expone así: el proyecto nacional de la Constitución de 1917 no se logró porque no fue un proyecto republicano sino un modelo de Estado de bienestar definido por la clase revolucionaria dirigente –que después se transformó en priísta– como elemento de legitimación en el ejercicio del poder y sus desviaciones sentaron las bases de crisis recurrentes. Los tres objetivos de toda república siguen latentes: bienestar social (México crece de 1983 a 2018 a un promedio anual de 2.2%), democracia (el PRI gobierna con menos de un tercio) y el modelo de desarrollo (hoy depende de la estabilidad macroeconómica pactada con la estructura supranacional financiera: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización Mundial de Comercio y Banco de Pagos Internacionales).

A diferencia del periodo autoritario 1951-19711, México vive hoy una situación de más democracia, pero la crisis social genera inestabilidad política: sólo el 22% de los mexicanos vive en situación no-pobre y no-vulnerable y el 78% tiene una o varias restricciones2, el salario mínimo por hora es de .55 centavos de dólar, el 55% de la economía es informal, el 70% de los mexicanos tiene el 36% de los ingresos en tanto que el 10% de los más ricos acapara otro 36%3, el PIB promedio anual en 1983-2018 será de 2.2% contra el 6% en el periodo 1934-1982, y el dólar ha pasado de 3.60 pesos en 1934 a 19 mil pesos al cerrar 2017.

2.- Caracterización de la crisis

Si las relaciones sociales y políticas son expresión de las relaciones de producción, entonces los avances democráticos en México han sido procedimentales y, a la larga, legitimadores de la desigualdad social. El saldo de la crisis política-reformas procedimentales es negativo y se prueba en las cifras de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Esas reformas políticas y electorales no han resuelto la crisis social determinada por la desigualdad en la distribución de la riqueza como falla estructural de la función social del Estado.

La tesis mexicana de la justicia –anterior, por cierto, a la de John Rawls4– la definió Luis Cabrera en 1931 y establece la dimensión de la crisis social por la desigualdad: “no puede haber libertad política sin igualdad económica y social; pero tampoco puede haber bienestar económico y social sin libertades”5. Aunque más que tesis, hoy en día es una paradoja: más democráticos, sí, pero más desiguales, estábamos mejor cuando estábamos peor.

Si México ha avanzado, a jalones y trompicones, en materia de democracia procedimental, se ha retrasado en modelo de desarrollo con objetivos de igualdad social. El Óptimo de Pareto6 como referencia de un modelo de equilibro social-económico establece un 80% de bienestar y un 20% de marginación, pero en México aparece al revés: 20% de bienestar y 80% de marginación. La riqueza acumulada por los doce mexicanos más ricos en la lista de la revista Forbes –el 0.00001% de los 120 millones de mexicanos– en 2016 acapara una fortuna total de 2.4 billones de pesos7, el 38% del ingreso nacional disponible en 20168 y 10.5% del PIB esperado paras 20189.

La pobreza como efecto de la distribución inequitativa de la riqueza producida socialmente constituye el centro del modelo de desarrollo nacional del Estado reformado por Miguel de la Madrid-Carlos Salinas de Gortari en el periodo 1979-1994, del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en enero de 1994. La economía no debe crecer más de 2.5% promedio anual porque los cuellos de botella productivos provocan presiones inflacionarias superiores a 5% y éstas inevitablemente afectarían la relación peso-dólar por su cotización derivada del diferencial inflacionario México-EE.UU.

La reforma económica neoliberal en ese periodo 1979-2017 canceló la función social del Estado para conducir un reparto de la riqueza que evitara la concentración en pocas manos de la riqueza. El objetivo de la reforma delamadridista-salinista fue la de controlar la inflación a tasas compatibles con la de los EE.UU.: se logró bajarla de 143% en 1987 a 3% promedio anual hasta 2016. El instrumental fue el monetarista: bajar demanda con disminución del salario real, abatir el déficit presupuestal con recortes al gasto social y mantener el PIB a tasa menores de 2.5% anual. El costo fue social: el empobrecimiento del 80% de los mexicanos.

La despresurización política fue producto primero del relevo en la vieja élite dirigente revolucionaria militarpragmática-política por una clase tecnocrática educada en las universidades de los E.UU. y luego de la apertura en la democracia procedimental en cuando menos tres tiempos: el registro del Partido Comunista Mexicano en 1978 para llevarlo al Congreso, la reforma que le dio independencia total al Instituto Federal Electoral en 1996 y la alternancia partidista en la presidencia en el 2000. Esta mayor democracia, sin embargo, no incidió en la definición anual-sexenal de la política económica porque el PRI ha mantenido o pactado la mayoría simple en el Congreso como paso para definir una mayoría absoluta con alianzas con pequeños partidos.

México ha vivido con una política económica neoliberal y concentradora del ingreso y la riqueza en pocas manos gracias a la hegemonía política del PRI como gran coalición de intereses de poderes fácticos. Pero el horizonte no es el mejor: para mantener un ritmo de oferta de bienestar social medio a las nuevas generaciones –sin contar con los rezagos de más de treinta y cinco años–, la economía mexicana debiera crecer a tasas de 6% anual; y para atender los rezagos del periodo 1983-2018 (PIB promedio anual de 2.2%), esa tasa tendría que ser del doble. Pero la meta de los Criterios Generales de Política Económica para 2018 ofrece un promedio anual de PIB en 2018-2023 de 3.1%, lo que quiere decir que la economía sólo podrá atender al 50% de los mexicanos.

Por tanto, la crisis de México no es de democracia procedimental, sino de desigualdad social, marginación y pobreza productos del modelo de desarrollo, la política económica y el Estado ajeno a compromisos sociales. Las tensiones políticas provocadas por la desigualdad social afectan la estabilidad democrática.

3.- Nuevo consenso y nueva hegemonía

La crisis política de 1958 a 2018 –de las protestas y represiones obreras y estudiantiles a la liberación electoral– se ha atendido con reformas a los procedimientos electorales:

el PRI tocó fondo con el tercer sitio electoral en las presidenciales del 2006 con 22.2% de los votos, pero recuperó la presidencia en el 2012 y gobierna hoy con el 32% de los votos presidenciales, 14 de 32 gobiernos estatales, 41% de la Cámara de Diputados y 40.6% del Senado; sin embargo, la clave del poderío priísta se localiza en su capacidad de iniciativa: luego de la victoria electoral del 2012 que lo reinstaló en Los Pinos, convocó al Pacto por México para realizar reformas constitucionales que requerían del 67% de los votos en el Congreso.

A ese dominio priísta ha ayudado la división-fragmentación de la oposición: en las elecciones del 2015 la oposición se desensambló: PAN con 21.8% de los legisladores, PRD 10.8%, Morena 9.4% y Partido Verde 7.8%. De ahí que las decisiones en el legislativo dependan más de las alianzas de sus agendas que de la capacidad de definir una propuesta concreta. En las cuentas de bancadas, PRI y Verde suman 48.8% y con cualquiera de los chicos alcanza la mayoría absoluta de 51 por ciento.

El dilema de México está claro: seguir por el camino actual de un modelo de desarrollo/política económica/Estado propuesto por el PRI –estabilidad macroeconómica vía gasto, PIB y salarios, es decir, sacrificando bienestar social– o buscar el cambio de rumbo en el desarrollo. Pero no bastan sólo los buenos deseos. Para lograr el nuevo rumbo, la oposición necesita construir un nuevo consenso desarrollo/ bienestar, pero solo lo puede lograr a través del armado de una nueva hegemonía social, política, de clases. El PRI ha ido abandonando sus compromisos con la clase trabajadora, los campesinos y las clases medias populares y se ha concretado a construir una dependencia de sectores urbanos y semiurbanos desclasados –el lumpenproletariado o la lumpensociedad– para intercambio de votos por asistencia.

Hasta ahora no existe otro modelo de construcción de fuerza que el proletariado organizado en su lucha contra el capital. El partido o la fuerza electoral que reactive su presencia en los sindicatos obreros, campesinos y populares tendrá la posibilidad de fijar una base política-electoral; lo escribió Revueltas en 1958: “la única clase llamada a hacerle al ‘gobierno revolucionario’ una concurrencia política es aquella que también viene a ser la única que puede hacerle una concurrencia económica10”. Este modelo fue la estructura de los viejos partidos comunistas y de los populistas como el PRI en su fase de Partido de la Revolución Mexicana; sin embargo, en México, el corrimiento de los líderes y funcionarios del PRI del centro-izquierda al centro-derecha hubo de pasar por el abandono de la política tutelar de los derechos de los trabajadores y llegó a la pérdida de votos. Sin sindicatos reales y sin capacidad para trasladar las conquistas obreras al sistema legislativo de toma de decisiones, el proletariado perdió su noción de clase y de masa y se individualizó.

La nueva hegemonía debe de reconstruir las bases sociales del modo de producción para consolidar una fuerza política capaz de fijar las directrices del nuevo desarrollo y de la nueva política económica. La vieja hegemonía priísta de sectores productivos, empresarios, aprobación financiera internacional y sus aparatos ideológicos de propaganda no ha podido revalidarse con el nuevo PRI y de ahí su baja votación. Por tanto, la fuerza política y social que reconstruya una hegemonía en base a propuestas de bienestar de trabajadores, campesinos y clases medias será la que pueda conducir la república hacia metas de bienestar y desarrollo.

4.- Las tres reformas

La nueva hegemonía sólo podrá fortalecerse si se construye no en las élites y liderazgos de conducción, sino en las masas asumidas como clases. Pero su viabilidad dependerá no nada más de la capacidad de organización social y política de los ciudadanos en torno a partidos de clase, sino en función de sus propuestas. Y ahí las tres grandes reformas que puedan dar por terminado el ciclo neoliberal –crecimiento bajo con pobreza alta– están de muchas maneras esbozadas en planteamientos, debates legislativos, definiciones partidistas y magros resultados socioeconómicos:

1.- Un nuevo modelo de desarrollo. Con altas y bajas, las metas de los gobiernos posrevolucionarios mexicanos buscaron el crecimiento con distribución de la riqueza. De 1934 a 1983 hubo un crecimiento promedio anual del PIB de 6%, inflación entre 2%-4%, empleo en el sector formal, salario real y políticas sociales en alimentación, salud, educación y vivienda. El conductor del modelo fue el Estado. En 1983-1985, el Estado pasó a su fase ajena a la sociedad y se redujo a administrador de las contradicciones sociales derivadas del sistema productivo. Sin la dirección política y social del Estado, el modelo de desarrollo pasó a la etapa del crecimiento con pobreza. En 1989 Francis Fukuyama celebró el fin de la historia con la derrota del comunismo de Estado11, pero en el 2004 rectificó y reconoció que todo modelo de desarrollo-bienestar necesitaba de la dirección política y social del Estado y entonces fijó el concepto de estatalidad o regulación del Estado de los equilibrios sociales sin dominar la producción12.

2.- Una nueva política económica. Las tensiones negativas en las variables que impulsaban la inflación llevaron a cambiar los parámetros: controlar las variables de los precios –consumo, demanda y deuda– en lugar de aumentar la oferta de bienes y servicios. El eje de la política económica actual es el de controlar la inflación por la vía de la demanda –principio neoliberal de Milton Friedman: “la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario”13–, pero con el dato de que la baja de la inflación impone una disminución del crecimiento. La inflación, en este modelo, disminuye la oferta y los precios se engullen la nueva demanda. En el modelo neoliberal, el PIB se subordina a la meta de inflación; el nuevo modelo debería ser de crecer para aumentar oferta de bienes y servicios y absorber la inflación. El PIB de 6% en el periodo 1934-1983 se diluyó en el salario real, el crecimiento del mercado interno y en el aumento en la oferta de bienes y servicios.

3.- Un nuevo pacto constitucional. La nueva hegemonía de fuerzas sociales y políticas podrían regresar al Estado a su obligación constitucional de buscar el bienestar social de los ciudadanos. La reforma constitucional de De la Madrid-Salinas de diciembre de 1982 le quitó funciones sociales al Estado, disminuyó la intervención del Estado en la economía –que había crecido de manera desordenada y deficitaria– y trasladó la dinámica de la producción al mercado, sobre todo en la lógica de la globalización de los mercados14. La nueva hegemonía alrededor del nuevo modelo de desarrollo y de la nueva política económica se debe constitucionalizar para modificar la Constitución priísta 1917-2018.

5.- Para salir de la crisis

Una dirección política reformadora logró el Pacto por México para hacer más funcional el modelo económico de mercado. Esas reformas dinamizaron un poco la producción, pero no impactaron en el bienestar de los mexicanos. El modelo productivo de mercado puede llevar a nuevos objetivos sociales si una nueva hegemonía político-social completa las metas estabilizadoras con instrumentos de bienestar social que al final de cuentas se convierten en factores multiplicadores de la demanda de bienes y servicios.

La reconstrucción del Estado social no implica regresar al Estado-empresa burocratizado, deficitario en finanzas públicas, como capitalismo monopolista de Estado; la verdadera rectoría del Estado es la que define metas de bienestar social, relaciona producción con distribución, estimula la producción redistribuye el ingreso. Y sólo la izquierda tiene la fuerza y la autoridad para la definición de una nueva etapa de desarrollo con distribución social de la riqueza.

[1] Jardón, Raúl, La represión en México 1951-1971, Revista Rebeldía No. 2, diciembre 2002.
2 https://tinyurl.com/ydhqtcpd
3 https://tinyurl.com/y8tlsvc6
4 Rawls, John (1971), Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica.
5 Cabrera, Luis (1975), Obras completas. Obra política, Editorial Botas, pág. 694.
6 Pareto, Vilfredo (1991), Economía Política y Ciencias Sociales, Instituto Politécnico Nacional, México, Tomo II, El equilibrio económico.
7 https://www.forbes.com.mx/la-lista-forbes-de-los-mexicanos-masricos-en-2017/
8 Inegi, nota 3.
9 Criterios Generales de Política Económica 2018, pág. 115.
10 Revueltas, José (1983), México: una democracia bárbara, Obras Completas Tomo 16, Editorial Era, pág. 58, cursivas y comillas de JR.
11 Fukuyama, Francis (1992), El fin de la Historia y el último hombre, Editorial Planeta, pág. 11.
12 Fukuyama (2004), La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, Ediciones B, Barcelona, págs. 23-24.
13 Friedman, Milton (1992), La economía monetarista, Gedisa Editorial, pág. 29.
14 Mann, Michael (2006), El poder autónomo del Estado, Revista Académica de Relaciones Internacionales, No. 5, noviembre; Skocpol, Theda (1984), Los Estados y las revoluciones sociales, Fondo de Cultura Económica, págs. 53-56, y Salinas de Gortari, Carlos (1985), La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, Editorial Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, págs. 9-10.

Carlos Ramírez

Carlos Ramírez

Lic. en Periodismo, Mtro. en Ciencias Políticas, candidato a Dr. en Ciencias Políticas. Director de la revista La Crisis y del diario Indicador Político en versión digital.
Carlos Ramírez
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