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De impresionismo, drogas y política: Una mirada desde España

Categoría: El punto es, EPSI31
agosto 1 2017

Escribió Francisco E. Thoumi, reputado economista colombiano y actual miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en su libro Illegal Drugs, Economy & Society in the Andes (2003) que investigar en el campo de las drogas ilícitas se parece más a pintar un cuadro impresionista que a pintar un cuadro realista. Utilizaba esta sugerente metáfora para explicar las dificultades a las que se enfrenta el investigador social que se adentra en la aventura de conocer y explicar los pormenores de la política, la economía y el alcance social de las drogas ilegales. Expresaba de este modo que la falta de datos fiables, representativos y exhaustivos de un fenómeno social con un calado tan impresionante como son los mercados de drogas obstaculiza enormemente la realización de análisis comprensivos y recomendaciones contundentes, pues siempre habrá una parte de la realidad que nos pase desapercibida.

La metáfora de Thoumi me suscita, además, otra reflexión: Quizá el campo de las políticas de drogas es el ámbito en el que con mayor impresionismo se formulan las decisiones, y con mayor realismo se imponen sus consecuencias. En ningún otro campo de la política pública con un impacto tal sobre la vida y sobre la muerte, sobre la economía y la desigualdad, sobre la consciencia y la cultura, las decisiones son tomadas con base en consideraciones morales, lugares comunes y prejuicios, o persiguiendo objetivos al margen de los debatidos y declarados pública y abiertamente. O al menos no en una proporción tan grande.

Conseguir poner esta idea en el centro de los debates, deconstruyendo así la aparente racionalidad de las políticas prohibicionistas, ha sido uno de los logros más destacados de quienes abogan por enfoques más humanos y eficaces para gestionar las consecuencias del consumo de drogas, de los mercados ilícitos, y de las propias políticas de drogas.

Esta deconstrucción se aceleró en los últimos años, cuando el debate internacional sobre las políticas de drogas se ha abierto, diversificado e intensificado y, con ello, el intercambio entre académicos, activistas, clase política y partidarios de la reforma. Nunca antes, en la evolución del sistema internacional de control de drogas –que cuenta con algo más de un siglo de historia– habíamos asistido a un debate de tal calidad y alcance sobre los diferentes aspectos de este fenómeno complejo y transversal. De tal calidad porque, por encima de todo, se ha puesto de manifiesto que detrás de las políticas de drogas existe una carencia evidente de bases científicas, de procesos de toma de decisiones democráticos e inclusivos y de mecanismos de evaluación de sus impactos y resultados. Y se han aportado datos, análisis y propuestas destinados a revertir esta carencia. De tal alcance porque ha llegado a todos los niveles de gobernanza (internacional, regional, estatal y local), se ha abierto paso en foros del máximo nivel y ha irrumpido, por tercera vez, en la sede de las Naciones Unidas. De hecho, ha sido la sesión especial de la Asamblea General dedicada al llamado ‘Problema Mundial de las Drogas’ (UNGASS 2016), que tuvo lugar el pasado año en la sede del organismo en Nueva York, la que ha actuado como una suerte de fuerza centrípeta que ha canalizado las discusiones y las acciones de todos los actores relevantes en los años previos y posteriores a su celebración.

Detrás de la convocatoria de esta Sesión Especial se encontró nuevamente América Latina y la urgencia que vive la región debido a la violencia relacionada con los mercados de drogas (las dos anteriores habían tenido lugar en 1990 y en 1998). Fue a petición de los gobiernos de México, Colombia y Guatemala, y tras el discurso de Felipe Calderón en las Naciones Unidas de 2012, que tanto recordó al de Virgilio Barco en 1989. Sí, aquel en el que el expresidente colombiano afirmó rotundamente que “la única ley que los narcotraficantes no violan es la ley de la oferta y la demanda”.

Pero muchas cosas habían cambiado entre un discurso y el otro, entre una UNGASS y las otras, y al llegar 2016 muchas personas e instituciones se estaban preguntando si el enfoque prohibicionista y represivo que se ha aplicado por más de cien años no generaba más problemas de los que resolvía. ¿Se está aplicando un enfoque efectivo si, tras más de cien años de existencia, su objetivo primordial –poner fin, o reducir significativamente el consumo, la producción y el comercio de drogas en el mundo– nunca había sido alcanzado? ¿Se está aplicando un enfoque pragmático si se muestra claramente inoperante para reducir la violencia relacionada con los mercados ilícitos? Y, por último, ¿se está aplicando un enfoque humano si las medidas punitivas se han concentrado en la represión de los eslabones más débiles de la cadena de la economía política de las drogas ilegales –los campesinos de cultivos ilícitos, los traficantes a pequeña escala y los consumidores pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos?

Con estos cuestionamientos sobre la mesa, surgió de manera natural quizá la que sea la pregunta más fundamental de todas: ¿por qué, a pesar de todo, las drogas están prohibidas? ¿Es la prohibición la mejor respuesta para paliar los daños del consumo y de los mercados de drogas? La respuesta es tan sencilla como contundente: La prohibición no es sino el resultado de un conjunto de decisiones políticas adoptadas por un conjunto de Estados, en un momento determinado de la historia y en respuesta a percepciones, intereses y valores específicos. Desde una perspectiva histórica, el enfoque prohibicionista supone la excepción y no la regla para gestionar el consumo, la producción y el comercio de un conjunto de sustancias psicoactivas bien delimitado. Y, por eso mismo, es susceptible de evaluación y transformación.

Colocar la política de drogas al mismo nivel que otros ámbitos de decisión pública (a lo que antes hacía referencia como la deconstrucción del prohibicionismo) ha sido la clave para abrir un debate tan necesario como urgente. Y, lo que es más importante, ha supuesto la ruptura de un consenso que, si bien en la práctica política de los Estados era cuestionado y esquivado de manera más o menos abierta, en la retórica de las reuniones internacionales era respetado y aceptado.

Esto también ha cambiado durante el proceso de UNGASS 2016, en el que la diversidad de políticas y la divergencia de posicionamientos (muy a pesar del contenido del Documento Final y de los deseos de los organismos internacionales de control de drogas) han sido la norma y no la excepción. Y es que resulta difícil imaginar a gobiernos que defienden la pena de muerte por delitos de drogas, como Indonesia, o que ejecutan sistemáticamente a usuarios y pequeños traficantes, como Filipinas, llegando a un consenso con otros países que han decidido regular los mercados de cannabis, como Uruguay, o que defienden los usos ancestrales de sus plantas tradicionales, como Bolivia con la hoja de coca. De hecho, la Sesión Especial puso de manifiesto la evidente división entre aquellos países que desean explorar enfoques diferentes y revisar los tratados internacionales sobre drogas, y aquellos que desean una escalada de la represión y de la prohibición.

Sin duda, esta división obstaculiza los acuerdos en este ámbito, pero también abre posibilidades para experimentar con enfoques alternativos.

Y, mientras tanto, ¿qué sucedía en España? La sociedad española no ha quedado al margen de este debate y, tras varias décadas de relativo consenso (más retórico que real) respecto del enfoque más apropiado para gestionar este ámbito de la política pública, el escenario español se ha teñido de posicionamientos críticos y crecientes demandas de reforma de políticas de drogas, en particular en relación al cannabis.

Numerosas iniciativas han surgido alrededor de este nuevo foco de debate público, tales como la creación del Grupo de Estudios de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), que recientemente ha hecho pública su propuesta de regulación de cannabis para España; la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI en la Universidad Complutense, con un fuerte lazo con los debates latinoamericanos; o la Plataforma Regulación Responsable que, inspirada en su homónima uruguaya, aúna a diversas organizaciones y personas en busca de una regulación integral del cannabis. Asimismo, se han impulsado Iniciativas Legislativas Populares a nivel autonómico –consiguiendo miles de firmas– para regular las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, y ha eclosionado el debate científico y mediático respecto a la regulación del cannabis medicinal, abriéndose paso hasta los Parlamentos Autonómicos y el Congreso de los Diputados.

La llegada de las discusiones internacionales a España irrumpen en un país con una posición muy particular en los mercados globales de drogas: por un lado, cuenta con una de las tasas de consumo más elevadas del mundo, en especial de cannabis y cocaína; por otro, ocupa un lugar estratégico en las rutas ilícitas de tránsito de drogas hacia los mercados europeos procedentes de América Latina y África del Norte y Occidental. Asimismo, las complejas intersecciones de este campo de la política con otras cuestiones, entre ellas los derechos humanos, la gestión de fronteras, la lucha contra el terrorismo o la crisis de refugiados, con frecuencia se entremezclan en el discurso público y en el propio proceso de elaboración de políticas.

Desde la década de los ochenta, España ha desarrollado una política de drogas ambivalente que ha compaginado visiones fuertemente punitivas con enfoques centrados en la salud pública. La combinación de decisiones políticas que han incluido el establecimiento de altas penas de prisión por delitos relacionados con el tráfico o elevadas multas por consumo en la vía pública, la puesta en marcha de programas de intercambio de jeringuillas y de salas de consumo higiénico-asistido, o diversas maneras de gestionar el florecimiento de los clubs sociales de cannabis hacen del caso español una expresión viviente de las paradojas normativas y políticas del actual régimen global prohibicionista. Y por lo tanto, un caso que merece ser analizado con especial atención.

A pesar de ello, llama la atención la poca centralidad que ha tenido España en los debates internacionales, tanto como caso de estudio que despierte el interés de los expertos internacionales, como el bajo perfil del gobierno español en los foros de debate sobre la reforma de políticas de drogas. Por ejemplo, la gran atención recibida por Portugal tras su proceso de descriminalización contrasta con el desconocimiento del caso español, donde el mero consumo nunca ha sido criminalizado y ha habido intervenciones pioneras en el ámbito de la reducción de daños o en el contexto de las prisiones. Esta tendencia parece estar cambiando en la actualidad, en particular gracias a la atención que está recibiendo el modelo de los clubs sociales de cannabis y a una nueva generación de activistas e investigadores que cuentan con mayor capacidad para llevar la experiencia española a los foros de debate internacional y que están presionando a sus propias instituciones políticas para afrontar los cambios que demanda la sociedad española actual en materia de drogas.

Sin embargo, a corto plazo resulta difícil visualizar que se produzcan cambios políticos de gran calado, debido a la resistencia mostrada por parte del gobierno central, dirigido por el conservador Partido Popular, y por parte de los dirigentes del Plan Nacional sobre Drogas, que consideran que el enfoque actual de los tratados internacionales ha sido útil en el caso español y que por tanto no resulta conveniente introducir cambios significativos a las políticas actualmente vigentes.

No obstante, la sociedad tanto española como global pide cada vez más un replanteamiento de las políticas de drogas en todos los niveles. Expresado en términos economicistas, podríamos decir que la oferta de políticas públicas resulta insuficiente ante la creciente demanda de enfoques innovadores tanto en el plano internacional como en el nacional y local. La sociedad civil y los mercados parecieran ir por delante de las instituciones y de las políticas implementadas, como sucede con tantos otros ámbitos de la política y las relaciones internacionales. Tanto la investigación como las respuestas políticas sobre drogas en España y en el mundo precisan de análisis originales e imaginativos, impresionistas pero también realistas, que aporten una visión comprensiva y a la vez crítica del momento en el que nos encontramos y de los caminos que están por recorrer. El proceso que se abre con la próxima reunión de alto nivel que acogerá nuevamente Naciones Unidas en 2019 es una oportunidad que no podemos permitirnos dejar escapar.

Quizá este artículo pueda resultar demasiado obvio para las personas “ya convencidas”. Pero, ¿y si cae en mano de alguien “no convencido”? Ahí, entonces, residirá su utilidad. Es posible que la pregunta que debamos plantearnos a partir de ahora no sea solamente qué impacto puede hacer el cambio de políticas de drogas sobre el fenómeno de las drogas en sí, sino qué puede hacer la reforma de estas políticas por la sociedad en general.

Constanza Sánchez

Constanza Sánchez

Directora del área de Leyes, Políticas Públicas y Derechos Humanos, Fundación ICEERS. Doctora en Derecho internacional público y Relaciones internacionales, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
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