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Drogas: prohibicionismo vs regulación

Categoría: El punto es, EPSI31
agosto 1 2017

Las políticas de carácter prohibicionista para combatir la producción, comercialización y el consumo de las drogas, tienen su origen en la Convención Única sobre Estupefacientes celebrada en la sede de las Naciones Unidas en 1961, en la que 73 países –entre ellos México– acordaron adoptar medidas prohibicionistas y punitivas para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Recientemente, en la 30 Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas de 2016, la comunidad internacional, luego de más de cinco décadas de implementación, reconoció el fracaso de la guerra contra las drogas, concluyendo que la agresiva estrategia prohibicionista no ha logrado reducir el consumo de estupefacientes ni ha debilitado el narcotráfico.

Por el contrario, las políticas prohibicionistas de control de drogas han provocado sociedades extremadamente violentas. Tal es el caso de México, donde la errática “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde los años ochenta, posteriormente realizada masivamente por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y continuada por el de Enrique Peña Nieto, ha costado alrededor de 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos en los últimos dos sexenios, según las cifras oficiales. Tan solo en 2016 murieron 23 mil personas a causa de la violencia, cifra que coloca a México como el segundo país del mundo más violento por el número de muertos, justo después de Siria, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres.

Esta ha sido una manera inhumana de entender que los costos de una política prohibicionista siempre serán mayores al de la regulación. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido de ideología de izquierda progresista, el dilema entre prohibicionismo y regulación es un debate superado. Actualmente, nuestra atención está enfocada en las distintas formas y etapas de la regulación.

El tema de las drogas ha estado presente en México desde hace varias décadas como un hecho real y también como una preocupación de la sociedad mexicana. Hasta hace poco, hablar públicamente del tema era prácticamente satanizado y sus usuarios, estigmatizados. No obstante, el crecimiento de la violencia asociada al tráfico de estupefacientes, la criminalización de sus consumidores, el alarmante crecimiento de las adicciones, el mercado negro de medicamentos, los altos índices de impunidad, la sobrepoblación de las cárceles, así como el fortalecimiento de una cultura de derechos y libertades humanas, reforzada por la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) al Amparo 237/2014 el cual avala el consumo personal de la marihuana, nos ha obligado a los legisladores a no eludir más un tema pendiente: la regulación de la drogas, en específico la regulación de la marihuana.

En este tenor se explica que una de mis primeras acciones como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados haya sido lanzar y formar parte de una abierta convocatoria para realizar reuniones de trabajo vinculatorias entre los tres poderes de la Unión –el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial–, para que cada uno desde sus ámbitos aportara, en un esfuerzo común y coordinado, el primer paso hacia una efectiva política de drogas del Estado mexicano, reconociendo el fracaso de las políticas prohibicionistas.

La convocatoria derivó en un ejercicio inédito de diálogo constructivo: las llamadas Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, reuniones de trabajo interdisciplinarias llevadas a cabo del 25 de enero al 17 de febrero de 2016, organizadas conjuntamente por ambas cámaras del Congreso de la Unión con el respaldo de los diversos grupos parlamentarios y que tenían por objeto abordar desde el poder Legislativo los distintos enfoques (social, científico, cultural y político) en relación  con la regulación de la marihuana. La convocatoria derivó en un ejercicio inédito de diálogo constructivo: las llamadas Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, reuniones de trabajo interdisciplinarias llevadas a cabo del 25 de enero al 17 de febrero de 2016, organizadas conjuntamente por ambas cámaras del Congreso de la Unión con el respaldo de los diversos grupos parlamentarios y que tenían por objeto abordar desde el poder Legislativo los distintos enfoques (social, científico, cultural y político) en relación  con la regulación de la marihuana.

Como resultado de este ejercicio, en el que participaron amplios sectores de la sociedad y prestigiadas instituciones, se identificaron varias aristas relacionadas con el uso de la marihuana, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:

Fines terapéuticos.

A pesar de que existe suficiente evidencia científica demostrando la eficacia de algunos de los derivados de la marihuana para fines terapéuticos, nuestra política prohibicionista también contemplaba el uso de la marihuana con fines medicinales. La importación de cualquier medicamento, que contuviera sustancias derivadas de esta planta, tenía que tramitarse de manera individual a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Esta dificultad provocaba un mercado negro y el contrabando de este tipo de medicamentos, lo cual implicaba un riesgo no solo para el paciente, sino para su familia. En este apartado no puedo dejar de mencionar el caso emblemático de Grace, niña con síndrome de Lennox-Gastaut, cuyos padres lograron un amparo para importar cannabidiol, lo que representó el primer gran paso hacia la regulación de la marihuana para uso medicinal.

Consumo personal.

En México existe una permisibilidad para portar 5 gramos para consumo personal e inmediato de la marihuana, mientras que en diversas partes del mundo la convención ha sido de 28 gramos. El reducido umbral de permisibilidad en México está penalizando y criminalizando a los consumidores al equipararlos con narcomenudistas. Hoy en día, según datos de la Procuraduría General de la República, siete de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión, entre ellos muchos jóvenes. Se ha identificado la posibilidad de un cambio de la política prohibicionista en términos de la cantidad que se pueda portar legalmente para uso personal, lo que implica una revisión en la legislación penal sobre el tema. Este uso personal tiene un vínculo directo con la seguridad pública y con el Sistema Penitenciario del país. Se calculaba que entre 2 mil y 2 mil 500 presos quedarían libres, de incrementarse el umbral a 28 gramos.

Salud pública. No hay mejor forma de enfrentar el problema de las drogas que con políticas de educación, información, prevención y también con políticas de reducción de daño, tratamiento, rehabilitación y reintegración de las personas a la sociedad. Una de las conclusiones más importantes de las audiencias fue que una política pública responsable de control de drogas, necesariamente debe contemplar el establecimiento de una estrategia nacional basada en un enfoque de salud pública que abandone las medidas represivas, la criminalización y el encarcelamiento de los usuarios, instaurando alternativas orientadas a reducir los daños que las drogas provocan tanto a las personas como a la sociedad.  Por lo que es necesario fortalecer, con mayores recursos presupuestales, las instituciones que brinden servicios de salud a quienes tengan un problema de consumo y dependencia.

El uso de la marihuana como ejercicio de las libertades individuales.

La resolución de la SCJN abrió la puerta para la discusión sobre el derecho a la autodeterminación que tienen los individuos o su libertad individual. Esta es otra de las vertientes en las cuales el cambio de la legislación podría permitir tener un marco normativo para el ejercicio de la libertad individual y de los derechos humanos. No obstante, hay que reconocer que existe un número importante de voces que manifiestan su firme oposición a que esta regulación se pueda concretar en el país.

Por su parte, el Ejecutivo federal –casi de manera simultánea al poder Legislativo– también convocó a sus propios ejercicios de consulta. Es importante subrayar que las diversas fuerzas políticas del país tuvieron la disposición para hacer converger ambos ejercicios, lo cual permitió nutrir nuestras conclusiones, decisiones políticas y políticas públicas.

Después de estas audiencias, nos correspondió a los legisladores armar las piezas para la construcción de un marco jurídico que considerara las implicaciones que tienen el uso de la marihuana en sus diversas modalidades. Este marco debía tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales vigentes en el país tanto en los aspectos de salud, como de derechos humanos y de seguridad, además de los aspectos económicos implícitos en el diseño e instrumentación de las herramientas normativas.

En lo que va de la LXIII Legislatura y derivado de las conclusiones de las audiencias públicas se han presentado numerosas iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que buscan regular, no prohibir, el uso de la marihuana. Lo que nos habla de un nuevo paradigma, en el que se ha generado un consenso y un reconocimiento en torno a los enormes costos que han tenido las políticas prohibicionistas de drogas a nivel mundial.

Entre las iniciativas, destacó la del Ejecutivo federal, enviada al Senado de la República, la cual buscaba reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y reformar el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal. Dicha iniciativa tenía por objeto permitir el suministro, empleo, uso y consumo del cannabis sativa, índica y americana o marihuana con fines medicinales y terapéuticos. Además, dicha iniciativa especificaba que se entendía para estricto uso personal cuando se posea marihuana en cantidad inferior a 28 gramos, es decir, incrementaba la cantidad permitida, lo que impactaba retroactivamente en la pena de miles de personas que están en las cárceles mexicanas por el delito de posesión de marihuana superior a los 5 gramos.

Sin embargo, durante el análisis, discusión y dictamen de dicha iniciativa en comisiones del Senado, las diversas fuerzas políticas acordaron mantener sin modificación el umbral de portación para consumo personal de 5 gramos y únicamente reformar y adicionar en materia de marihuana, de la especie que contiene un bajo contenido de sustancia psicotrópica, con fines medicinales y terapéuticos; además, se resolvió agregar la permisibilidad del uso de esta planta para fines industriales.

El 28 de abril de 2017, en la última sesión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de la LXIII legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones la minuta enviada por el Senado. Por lo que el proyecto se turnó al Ejecutivo federal y, finalmente, se publicó el 19 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de las limitantes e insuficiencias que presenta la reforma actual, significa un gran avance en la regulación de las drogas. Ya vendrán otros momentos para otras piezas legislativas. Lo que no podemos dejar de señalar es que nos encontramos en un momento crucial en el que se ha generado un consenso nacional e internacional frente a un nuevo enfoque: la regulación.

Jesús Zambrano Grijalva

Jesús Zambrano Grijalva

Fundador del Partido de la Revolución Democrática. Procurador Social del D.F. y Delegado en Gustavo A. Madero; Subsecretario de Gobierno, Ex Presidente del Partido de la Revolución Democrática, y actualmente Diputado Federal en la LXIII Legislatura.
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