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Drogas: prohibicionismo versus regulación

Desde su fundación, en Estados Unidos ha existido en el seno de su sociedad una corriente mayoritaria que se ha opuesto a una excesiva intromisión del Estado en la vida de las personas. Teóricamente, esta cultura liberal es lo que diferenció la democracia norteamericana de los totalitarismos del siglo XX. Sin embargo, en Estados Unidos ha persistido, también desde su origen, un puritanismo extremo.

El puritanismo norteamericano está enraizado en sus instituciones políticas, lo que ha llevado a que el Estado intente controlar esferas personales de la vida de sus ciudadanos y los de otros países.

A principios del siglo XX cobró gran fuerza en Estados Unidos el movimiento prohibicionista que tenía como objetivo prohibir el alcohol. En 1919 fue aprobada la decimoctava enmienda a la Constitución de ese país, conocida como la Ley Volstead, en virtud de la cual se prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas.

La prohibición del alcohol provocó el surgimiento de un mercado ilegal controlado por violentas organizaciones criminales. Además, el consumo de esta sustancia no disminuyó considerablemente. Tras el rotundo fracaso de esta política, en 1933 fue abrogada la Ley Volstead.

En 1970 el presidente Richard Nixon aprovechó el sentimiento prohibicionista en Estados Unidos para lanzar la Guerra contra las Drogas, la cual, desde ese entonces, fue utilizada como instrumento de control social e intervención a nivel internacional.

Así, durante casi medio siglo, la política prohibicionista impuesta por Estados Unidos ha resultado en la creación de grandes organizaciones criminales, una especial de violencia, la corrosión de instituciones y servidores públicos, sin haber disminuido los índices de consumo de sustancias ilícitas.

En el caso de México, las políticas prohibicionistas fueron adoptadas de manera natural por el antiguo régimen dado su carácter represor y corrupto. Las violaciones a los derechos humanos en nombre de la Guerra contra las Drogas en nuestro país han sido numerosos y reiteradas. El poder público y el crimen organizado se coludieron de manera funcional para el régimen durante décadas.

Actualmente, los efectos de las políticas prohibicionistas son ingredientes de un cóctel compuesto además por un neoliberalismo devastador y la crisis terminal del fin del presidencialismo autoritario y corrupto. Resulta urgente superar las visiones sustentadas en el prohibicionismo, tanto por un imperativo de respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, como por la necesidad de replantear las estrategias y políticas públicas sobre la seguridad humana y de salud pública.

Como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, salvaguardándola contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectarla. En otras palabras, la Constitución garantiza la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros, al tiempo que también establece límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen limitaciones para intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión.

Para la SCJN, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo primero constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. El derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo de Estado, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas.

Por otro lado, es urgente replantearse, de manera soberana y con el claro objetivo de mejorar la vida de la gente, las políticas de seguridad. Se requiere un nuevo consenso internacional sobre la lucha contra las drogas: Deberá hacerse una amplia revisión de las leyes y estrategias para, entre otras cosas, “poner fin a la criminalización y marginación de las personas que consumen drogas sin dañar a otros; instar a la experimentación, por parte de los gobiernos, con modelos de regulación legal de drogas” como se ha planteado por ejemplo en el informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas de 2014. La política de seguridad debe cambiar para dejar de incidir de manera negativa en la vida cotidiana de la gente. Se debe de terminar con la espiral de violencia y la degradación del nivel de vida que sufren la gente día con día en las calles por las consecuencias que acarrea una política de seguridad meramente punitiva.

Es indispensable un nuevo paradigma en la política de drogas alternativo a la política prohibicionista que tanto daño ha generado a nuestra sociedad. Un nuevo paradigma que ponga énfasis en prevenir, alertar y proteger a las personas de los riesgos que implica el vínculo con la producción, la comercialización y el consumo de drogas; confrontar las consecuencias negativas en la salud, la seguridad, la economía, la corrupción y la impunidad que surgen del consumo y distribución de sustancias, reduciendo la influencia del crimen organizado en todos estos flagelos; impulsar la no criminalización del consumo y promover garantías para evitar la discriminación de los usuarios. Se debe impulsar una nueva política de drogas que permita hacer frente a los desafíos que representan el crimen organizado, la violencia, la violación a los derechos humanos y la salúd pública.

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Jesús Ortega Martínez

Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido Diputado Federal y Senador de la República. Director General de la Revista El Punto Sobre la i
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