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Drogas, ética, y política pública. Hacia la legalización-regulación de las drogas

Categoría: El punto es, EPSI31
agosto 1 2017

A continuación ofrezco un análisis y una reflexión de cómo ha fracasado la política pública prohibicionista y punitiva en contra de la producción y consumo de drogas. Los gobienos, a pesar de la contundencia de la evidencia, en un claro error técnico-administrativo, pero sobre todo ético, continúan en la implementación de una política que hace mucho daño a la sociedad. La actual estrategia no resuelve los problemas, pero sí los agrava.

Aquí se expone, de manera sintética, qué son las políticas públicas, qué es la ética pública y cuál es la relación que existe entre las dos. La idea central es que insistir en la estrategia prohibicionista y punitiva, después de su probado fracaso, implica irresponsabilidad y falta de ética del gobierno. Se dan las razones que fundamentan esta afirmación.
Se ofrece también la visión de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por expresidentes y exprimeros ministros, empresarios y personalidades del mundo de las artes y la cultura. Ellos insisten que el paradigma que se implementa desde hace 50 años fracasó y que se requiere avanzar en otra dirección, comenzando con la legalización de la marihuana. Aseguran que este es el camino para la solución a los problemas de salud pública, para frenar la acción del crimen organizado y la violencia.

La relación entre ética y política pública

La política pública, entendida como la acción razonada y planeada que realizan las autoridades para hacer frente a sus responsabilidades de gobierno para promover el desarrollo de la comunidad y resolver los problemas de la sociedad, está sujeta a la ética pública, que es la ética general aplicada al comportamiento de quien se hace cargo de la política pública. Hay una relación directa entre política pública y ética pública. Son dos caras de una misma realidad.1

El objetivo central de las políticas públicas es el desarrollo de la comunidad o la construcción del bien común. En otras palabras, las políticas públicas deben siempre beneficiar a los integrantes de la comunidad. Si esto no se cumple, esas políticas públicas no tienen sentido. La ética a nivel general se concibe como lo bueno o valioso, lo que debe hacerse, para vivir correctamente y ser feliz. Lo mismo vale para la ética pública. La acción del gobierno y sus políticas públicas deben normarse por la ética y no por el pragmatismo relativista.

La ética se sustenta en cuatro principios básicos: autonomía; beneficencia; no maleficencia; igualdad. 1) autonomía es la facultad de la persona de decidir por sí mismo sobre su desarrollo, respetando sus creencias y convicciones; 2) beneficencia es hacer el bien a la persona a través del empleo de las posibilidades de la ciencia y la tecnología; 3) no maleficencia es el actuar teniendo en cuenta evitar daños y males de cualquier naturaleza; 4) igualdad es la imparcialidad en el otorgamiento de recursos, bienes y servicios, sin que medie ningún tipo de discriminación. Estos principios valen para la ética personal, pero también para la pública.

En todo momento hay que relacionar, compaginar la ética y las políticas púbicas. Esta relación se debe garantizar en todas las fases del proceso de las políticas públicas: 1) definición del problema; 2) diagnóstico del problema; 3) formulación de las alternativas de solución al problema; 4) elección de una alternativa al problema; 5) implantación de la alternativa seleccionada; 5) seguimiento de la alternativa; 6) evaluación de los resultados obtenidos.

Subrayo que la evaluación, la última etapa del proceso de las políticas públicas, debe responder a por lo menos cuatro preguntas fundamentales: 1) ¿Tenemos elementos, para decir que la política ha sido ética?; 2) ¿Tenemos elementos para asegurar que se han alcanzado los propósitos que se pretendía obtener?; 3) ¿Cuáles son los criterios para juzgar los resultados positivos o negativos de la política?; 4) ¿Debemos, en relación a los resultados, continuar o desechar esa política? La respuesta a las cuatro preguntas exige de la ética.

Entre los especialistas se enlistan errores diversos, para explicar por qué fracasan las políticas públicas. La ineficiencia y el mal uso de los recursos son de los más recurrentes. Para el caso subrayo, de manera especial, el incumplimiento de los objetivos, para los que fue diseñada la política. Si los objetivos no se cumplen, seguir implementando esa política no es solo un error técnico-administrativo, que tiene grandes costos, sino sobre todo ético. Si el problema no se resuelve, se agrava y se impide el desarrollo de la comunidad y, entonces, la autoridad nacional e internacional está obligada a cambiarla.

El resultado de la política pública prohibicionista y punitiva

La tesis central de la propuesta prohibicionista y punitiva es que a partir de prohibir-perseguir la producción y consumo de las drogas el precio de las mismas sube, se reduce el consumo y la producción. Y que en virtud de lo mismo disminuyen los efectos colaterales, como la violencia. En los cincuenta años de aplicación de esta política pública de carácter mundial nada de lo que sostiene se ha hecho realidad: los precios no suben, el consumo aumenta y también la producción. Lo más grave, la violencia, se incrementa de manera exponencial.

Los gobiernos y los organismos multilaterales continúan, a pesar de la evidencia, con la política pública de la prohibición y la persecución, que implica el encarcelamiento de decenas, a veces cientos de miles de personas por delitos menores. No eran criminales, pero con el aprendizaje que reciben en las cárceles y las relaciones que establecen terminan por serlo. En todos los países la aplicación de esa política ha producido resultados que son más negativos que el problema que se pretende resolver. A pesar de eso, los gobiernos, entre ellos el de México, siguen implementando esta política.

Así, los gobiernos violan los supuestos básicos de la evaluación de la política pública, relacionados con la ética, sobre todo el que exige la necesidad de cambiar, de optar por otro camino, si la política elegida produce de manera sistemática resultados que son contrarios a lo que se proponía. A esto hay que añadir que, si el resultado de la política es negativo, incluso perverso, se violentan dos de los principios fundamentales de la ética: el de beneficencia y el de la no maleficiencia, a los que ya se he hecho referencia.

El último documento de la Comisión Global de Políticas de Drogas asegura, con sólida documentación, que después de 50 años de aplicación de la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, a partir de 1961, y a 40 años de que el presidente Nixon declarara la “guerra” global al narcotráfico, esta política ha fracasado. Lo que se obtiene tras la aplicación de la Convención, prueba el texto, como también lo señalan otras investigaciones, es que se expande “dramáticamente” el mercado global de las drogas y crece la capacidad operativa del crimen organizado.

Esta estrategia conlleva

el riesgo de que las agencias de Estado y los cárteles quedan atrapados en una especie de `carrera armamentista´, donde los esfuerzos del gobierno llevan a un aumento en la fuerza y violencia empleadas por los traficantes (…) desafortunadamente, eso parece ser lo que estamos presenciando en México y en muchas otras partes del mundo.

El informe es enfático en que toda la experiencia acumulada señala que la violencia generada por el narco no disminuye con el enfoque punitivo a cargo de las fuerzas del orden público. El caso de México, junto a otros, se ofrece como ejemplo.

El texto sostiene que la “guerra” contra el narcotráfico en el actual paradigma nunca se va a ganar, e insiste en que llegó el momento de abandonar la actual estrategia, para sustituirla por la de salud pública y avanzar en la legalización-regulación del consumo en el caso concreto de la mariguana. El punto central del nuevo enfoque se propone reducir la demanda del consumo por la vía de la prevención y la educación.

A pesar del peso de la evidencia, la mayoría de los gobiernos van en sentido contrario de lo propuesto y asumen la postura de que “el sistema internacional de control de drogas es inmutable y que cualquier enmienda, por razonable o pequeña que sea, es una amenaza a la totalidad del sistema”. La Comisión califica de “mirada estrecha” esta visión. Y añade, a través del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que firma el documento, que “ha llegado el momento de rendirse a la evidencia” del fracaso de la estrategia prohibicionista y punitiva.

En noviembre de 2015, la que fuera presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, y el de Colombia, César Gaviria, participaron (junto con integrantes de la Comisión) en el seminario Asumiendo el control: Caminos hacia políticas de drogas más eficaces, organizado por el Senado mexicano. Su intervención da idea de la valoración que en el mundo se hace del resultado de la estrategia prohibicionista y punitiva y cómo se ve a México en el marco de la misma. Dreifuss sostiene que con la actual política los gobiernos del mundo “hemos abandonado en manos criminales un mercado de 300 mil millones de dólares. Hay que acabar con la prohibición, el Estado debe regular el mercado de la droga”.

En su versión, las soluciones parciales como la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el combate a la corrupción, las políticas de salud para reducir los daños y el que se permita que particulares cultiven sustancias para uso personal no van a resolver de fondo el problema de las drogas. En el mejor de los casos, si se es exitoso, lo palian, pero no acaban con él.

Gaviria sostiene que

los países que han tenido guerra son naciones mucho más endurecidas al cambio de política. En mi país es igual, la palabra legalización genera mucho rechazo. Pero también sabemos que si nosotros no cambiamos y México no cambia, Estados Unidos se va a tomar quién sabe cuántos años más cambiando, o sea que vamos a seguir poniendo miles y miles de muertos para que Estados Unidos cambie una política que ya reconoce como fallida.

Y añade que

el fracaso de las políticas de Estados Unidos es porque los controles fracasaron, la gente está optando por la legalización porque sabe que la prohibición falló. No hay que simplemente pensar en que la gente consuma drogas sin límites, lo que hay que pensar es que el Estado asuma la responsabilidad de regular los consumos de drogas con todas las exigencias que quiera hacer, pero regularlos y tomar el control de los mercados.

El camino a seguir

Cambiar el paradigma prohibicionista y punitivo, que ya fracasó, implica, en el marco de una nueva política pública que tome en cuenta la ética, la legalización-regulación de la producción, venta y consumo de las dogas. Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992, sostiene, como lo hacen otros premios Nobel y especialistas, que

la completa legalización en ambos lados del mercado (vendedor-comprador) bajaría el precio de las drogas, reduciría el papel de los delincuentes en la producción y venta de las drogas, mejoraría la calidad de vida de muchos barrios marginales, incentivaría a más estudiantes de minorías étnicas en Estados Unidos a terminar su educación secundaria y aliviaría sustancialmente los problemas en México y otros países involucrados en el suministro de drogas.

En la actualidad el valor global del mercado de las drogas ilícitas ronda en los 322 mil millones de dólares y de ellos corresponden 140 mil a la marihuana, 70 mil a la cocaína, 65 mil a los opiáceos y 44 mil a las metanfetaminas. De esas cantidades el 76% de los recursos generados por esa actividad ilegal se queda en los países consumidores y solo el 24% en los productores y de paso.

La marihuana, como se puede ver, representa un poco menos de la mitad del negocio de las drogas ilegales en todo el mundo. México no es la excepción. La legalización-regulación de la marihuana tiene, de entrada, las siguientes ventajas:

-Al narco se le cortan los ingresos exorbitantes que ofrece la ilegalidad, se transparenta esa actividad económica y el gobierno se hace de recursos fiscales.

-Disminuye el poder de los narcotraficantes y la violencia.

-Disminuyen los costos sociales colaterales como la prostitución, el robo y la extorsión.

-Se reduce la actual población carcelaria a menos de la mitad y se evitan abusos de la policía.

-Crece la posibilidad de regenerar barrios marginales e inmuebles tomados por el narcomenudeo.

– Se liberan recursos públicos hoy dedicados a la persecución, para canalizarlos a la educación y la salud.

-Los esfuerzos de los aparatos de seguridad se ponen donde están los verdaderos problemas de la ciudadanía.

– Se garantiza, como sucede con el tabaco y el alcohol, la calidad industrial del producto.

-Disminuye la importancia que se da al tema en la agenda Estados Unidos-México y México-Centroamérica.

-Mejora la rendición de cuentas del gobierno al tener que informar de los resultados de esta política y la evaluación de su impacto.

La legalización-regulación de la marihuana no es magia y es evidente que, por sí misma, no es capaz de resolver todos los problemas sociales y los asociados al consumo. Seguirán estando presentes realidades como la existencia de adictos y consumidores problemáticos de otras drogas, la pobreza y la falta de oportunidades, la violencia y la presencia del crimen organizado.

Lo que sí es evidente es que la legalización-regulación de la marihuana, como ahora se hace con el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, es una mejor opción que la política prohibicionista y punitiva que hoy se sigue y que ha demostrado ha fracasado y no va a ningún lugar. El gobierno de México debe seguir el ejemplo de Uruguay y también del vecino del Norte, y asumir como política pública la legalización-regulación de la marihuana.

Una posición ética de política pública, para solucionar el problema social de las drogas

El 4 de noviembre de 2015, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presenta una propuesta que se vota de manera favorable, por la mayoría de los integrantes de la Primera Sala de la SCJN, para garantizar el derecho de un grupo de mexicanos a cultivar, procesar, transportar y consumir mariguana a nivel personal. Esta decisión da lugar a una política pública que responde a las exigencias técnico–administrativas y de ética pública. 2

a) La demanda

Los ciudadanos que presentan la demanda plantean que la actual prohibición les afecta en razón de la restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación y la libertad individual, que están relacionados con el principio de la dignidad humana. Y añaden que el Estado no puede suprimir las acciones que realicen los individuos para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que lo justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que va a lograr los objetivos que considere relevantes. En otras palabras, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de su esfera personal y privada.

En su alegato sostienen que mediante el consumo de marihuana las personas proyectan sus preferencias y rasgos que la diferencian y singularizan del resto de la sociedad. Así, la prohibición del consumo de marihuana resulta inconstitucional, pues implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada. Esto porque la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.

Señalan, también, que la elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona.

Los demandantes sostienen que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. Además, advirtieron que el Estado ha tomado una postura paternalista mediante la que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.

b) La propuesta

La propuesta de sentencia recoge los argumentos planteados por los demandantes y termina por darles la razón. Así, plantea que la prohibición del consumo de marihuana implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. En razón de los argumentos esgrimidos por la propuesta de sentencia, la Primera Sala dio la razón a los demandantes y ordenó conceder el amparo para que la autoridad correspodiente les permita el cultivo, procesamiento, transportación, almacenamiento y consumo de la marihuana exclusivamente, para uso personal.

Efectos de la resolución en las políticas públicas

La votación de cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala de la SCJN va más allá del caso particular y abre una nueva etapa en la historia del país. Sus implicaciones no pueden pasar desapercibidas. Esta resolución tiene tres efectos relevantes: es el principio del fin del trato paternalista del gobierno y el Legislativo a la ciudadanía; es el principio del fin de la manera de enfrentar la realidad de la producción y consumo de las drogas; es el principio del fin del actual modelo de enfrentar el narcotráfico y la violencia.

Los ministros, al considerar inconstitucional cinco artículos de la Ley General de Salud por restringir la libertad, abren el espacio para que los adultos, en el ejercicio pleno de su libertad, en el marco de su concepción ética, decidan lo que estimen pertinente para el “desarrollo de su personalidad”, siempre que no afecten a terceros. El gobierno y el Congreso no pueden tratar a los adultos como menores de edad. Su responsabilidad es garantizar más derechos y libertades. El único límite es el daño que se pueda causar a los otros.

La resolución es un primer paso para tratar la realidad de las drogas, ahora la mariguana, en el marco de la legalizaciónregulación, como sucede con el alcohol, el tabaco y otras drogas que ya se usan con fines medicinales. Por ahora la medida beneficia solo a cuatro personas. Los ministros, con esa resolución, invitan a que las autoridades del país abandonen el paradigma prohibicionista y punitivo. A México le ha costado cientos de miles de muertos y miles de millones de dólares implementar una estrategia que, es evidente, ha fracasado en todo el mundo. La legalización-regulación, implica llevar la realidad del consumo de las drogas, por ahora la mariguana, al campo de la salud pública, como sucede con el alcohol y el tabaco, y sacarlo del ámbito de la seguridad pública o de la seguridad nacional.

Es la única manera que el gobierno puede ganar al crimen organizado que se reproduce y crece en la ilegalidad. Quienes se oponen a la legalización-regulación, quiéranlo o no, favorecen a los narcotraficantes que no quieren que esto suceda. Ese es el principio del fin de la acumulación perversa del capital, para comprar autoridades y matar. Entre más rápido las autoridades tomen el camino de la legalización-regulación, que va a terminar por imponerse en el mundo, cederá la violencia y se podrán destinar los recursos que ahora se gastan en el actual paradigma en acciones rentables y productivas para la ciudadanía.

1 La bibliografía que se utiliza en éste texto son notas personales, artículos que he publicado en los últimos ocho años en periódicos y revistas. Hay también ideas que se encuentran en dos libros elaborados junto con Jorge G Castañeda: Los saldos del narco: el fracaso de una guerra (Punto de lectura, 2012) y El narco la guerra fallida (Punto de lectura, 2009).

2< /sup> Este apartado se redacta a partir del texto original de la sentencia, pero se hacen modificaciones, para sintetizarlo y hacerlo más sencillo y asequible.

Rubén Aguilar Valenzuela

Rubén Aguilar Valenzuela

Doctor en Ciencias Sociales. Socio Fundador de Afan, Consultores Internacionales, S.C. Profesor de Ciencias Políticas y de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Articulista de El Universal
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