DES-MILITARIZACIÓN DES-CRIMINALIZACIÓN DE MÉXICO

Autor: Zara Snapp
febrero 12 2018

Introducción

México es un país contradictorio, un país resiliente, un país desigual y, más que nada, un país que ha logrado normalizar un estado de excepción. Tener las fuerzas armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública, durante los últimos 11 años, ha vuelto normal una situación que es injustificable. No solo nos hemos acostumbrado a ver el Ejército en espacios públicos, en las plazas principales y en los retenes por todo el territorio, sino que, ahora, ya no sentimos una rabia, una indignación o una tristeza cuando escuchamos de las cifras de homicidios, las desapariciones o las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas. Ya no nos afecta igual. Hemos normalizado la militarización del país.

Ahora los legisladores mexicanos y las propias Fuerzas Armadas van a convertir la “excepcional” situación de la última década en ley, con la Ley de Seguridad Interior (LSI). La ambigüedad de la ley permite la intervención de las Fuerzas Armadas durante protestas sociales, permite que puedan actuar sin subordinarse a las autoridades civiles, reprime la transparencia y acceso a la información y sus definiciones no alcanzan los estándares internacionales. Más que fomentar la participación de las Fuerzas Armadas en el trabajo de la seguridad pública, la evidencia nos demuestra que deberíamos estar retirándolo de estas tareas, por las cifras tan altas de violaciones a los derechos humanos y el alza en conflictos violentos en el país. Militarizar el país solo ha tenido resultados devastadores para las comunidades de México.

La justificación de la militarización del país se hizo bajo el lema de control de drogas y erradicar el crimen organizado. A eso se ha aunado una política de descriminalización de las drogas, que no ha resultado ser efectiva por no estar basada en las realidades de consumo en el país, y que, de la mano de la política de combate frontal con grupos criminales, continúa criminalizando a simples usuarios de sustancias.

Lo que hemos atestiguado no ha sido una reducción del poder del crimen organizado ni una mayor protección a los derechos humanos. Más bien, ha habido un aumento en la encarcelación de usuarios de sustancias, una criminalización de jóvenes de bajos recursos y un aumento en los grupos de crimen organizando operando en el país. México requiere una estrategia para desmilitarizar y descriminalizar efectivamente. No podemos seguir con las mismas estrategias y esperar resultados distintos. Desafortunadamente, parece que los legisladores no han escuchado ni los reclamos ni la evidencia sobre el desastre que ha sido y que continuará siendo la militarización en México. La tarea ahora es de la sociedad civil, de continuar presionando y creando espacios en los que las autoridades puedan dialogar con la ciudadanía y, así, crear un plan que no privilegie la presencia del Ejército en las calles.

¿México está militarizado?

Sería imposible describir el momento exacto en el que comenzó la militarización en México. Desde la década de los noventa, las distintas administraciones presidenciales han recurrido paulatina y gradualmente a las fuerzas armadas para hacer frente a los problemas derivados de la presencia del crimen organizado en varias partes del país y para reprimir ciertos movimientos sociales percibidos como una amenaza al Estado.

Sin embargo, el proceso se ve más claro desde la Iniciativa Mérida y la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, quien, desde 2006, declaró abiertamente la guerra contra las drogas y los grupos criminales, estableciendo así una política de seguridad basada en el empleo de las fuerzas armadas, llevando a cabo actividades de seguridad pública, con el ingenuo objetivo de eliminar o reducir sustancialmente la oferta de las drogas.

La Iniciativa Mérida es un plan impulsado por los Estados Unidos que consiste en una ayuda de 1.6 mil millones de dólares entre 2008 y 2017, contemplados a invertirse en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Con ésta, en tan solo tres años después de la elección del presidente Calderón, alrededor de 15 mil oficiales del Ejército se incorporaron a la policía federal y otros quinientos –retirados o con licencia– asumieron puestos de mando en los cuerpos policiacos federales, estatales o locales1.

La idea era que los soldados desempeñaran un papel secundario y regresaran a los cuarteles en cuanto los agentes de procuración de justicia se hubieran profesionalizado lo suficiente y estuvieran listos para reemplazarlos. Sin embargo, nada indica que la función de las fuerzas armadas sea únicamente de apoyo. En algunos lugares, incluso han sustituido por completo a los organismos de orden civil2.

La Iniciativa Mérida debe verse como parte de las viejas tácticas de intervencionismo norteamericano.

Primero llamada “Plan México”, la Iniciativa Mérida hace recordar al “Plan Colombia”, un paquete de financiamiento y acciones bilaterales entre Estados. El plan para mejorar las fuerzas de seguridad en Colombia se tradujo en un gasto de aproximadamente 6 mil millones de dólares en los primeros ocho años, un 76% destinado a operativos militares y armamentos. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo recibido, muy poco cambió respecto al narcotráfico. Algunos estudios indican que el número de campos de cultivo de coca ha permanecido constante, o incluso en aumento3. En México, de los 2 mil 300 millones de dólares que incluye originalmente la iniciativa Mérida, mil 600 ya se han gastado, de 2008 a 2017, en equipamiento, aproximadamente 200 millones por año4.

La Iniciativa Mérida existe para el fortalecimiento de la seguridad, erróneamente traducido en el fortalecimiento y empleo de las fuerzas armadas en tareas de órganos civiles. Esto implica aumentar el armamento del Ejército, y sacarlos a las calles para combatir el crimen organizado. Sin embargo, la política puede verse como un negocio redondo, en el que Estados Unidos (a quien le encanta lucrar con las guerras, contra conceptos cada vez más ambiguos) gana dinero derivado de la compra de armas; y la clase política (tanto mexicana como norteamericana) logra tener más control social sobre lo que pasa en el país, y de lo que hagan sus ciudadanos. La mayoría de los contratos dentro de la Iniciativa Mérida van directo a empresas estadunidenses como Haliburton, KBR y Blackwater,5 creando y promoviendo incentivos perversos para seguir en un estado de excepción y guerra.

¿Y qué ha pasado con las drogas en México?

Desde 2009, los legisladores aprobaron una serie de reformas (conocidas como la Ley de Narcomenudeo) a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. El decreto –cuyo principal objetivo fue combatir la modalidad del comercio de drogas al por menor– determinó las cantidades máximas de las sustancias permitidas en México para consumo personal.

La nueva legislación eliminó todas las sanciones por las siguientes cantidades de drogas para uso personal: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, medio gramo de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetaminas o MDMA6. Asimismo, aumentaron las penas para los casos de producción, transporte, tráfico, comercio y suministro; reduciendo (aunque aún contemplando) las penas por la siembra, cultivo y cosecha7.

Las cantidades permitidas son simplemente absurdas, ya que la ley no toma en cuenta el contexto del mercado y de consumo en el país. De este modo, se permite imponer penas a personas que porten cantidades mayores de las permitidas (lo cual es muy probable) incluso para uso personal, y deja la puerta abierta a que las autoridades de seguridad lleven a cabo extorsiones al detener a consumidores, y en algunos casos, sembrar una cantidad mayor de las drogas que el inculpado en realidad portaba.

Irónicamente, en la mayoría de los casos, se trata como narcomenudistas a simples consumidores.

La decisión de descriminalizar efectivamente las sustancias es una política que, a grandes rasgos, reduce la criminalización de usuarios. Sin embargo, para que esto pase, se necesita procurar otros aspectos, para prevenir posibles efectos adversos. En México, la descriminalización en bajos umbrales de sustancias psicoactivas, frente a la política prohibicionista que pretende erradicar la oferta de las drogas por parte del crimen organizado, ha provocado dichos efectos adversos.

Es incongruente despenalizar el consumo de sustancias, mientras se pretende erradicar la oferta de las mismas. Los cuerpos militares han sido encomendados a detener el crimen organizado, pero esa lucha se ha enfocado a los niveles más bajos de la cadena de producción. De este modo, ese enfrentamiento ha provocado numerosas violaciones de derechos humanos, en los que se detienen a personas que en muchas ocasiones son sometidas a tortura y otros tratos degradantes, en nombre de la guerra contra las drogas.

Ley de Seguridad Interior

Recientemente, la Cámara de Diputados decidió aprobar la llamada “Ley de Seguridad Interior”. Ésta implica la utilización del Ejército para ejercer actividades de seguridad pública y mantenimiento de la paz social. Desde hace un año, las autoridades gubernamentales comenzaron a hablar de la necesidad de formar una ley que, con base en lo que se ha aprobado hasta ahora, pretende restablecer el orden interno del país frente a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberataques y los desastres naturales o provocados por el hombre.

La iniciativa –que cabe resaltar, fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto– incluye 31 artículos que, a grandes rasgos, posibilita a la oficina presidencial de la República a hacer uso total de las fuerzas armadas (el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea), y encomendarlos a detener fenómenos o sucesos que podrían tener un impacto al orden social de México.

Las ambigüedades en los conceptos de la ley y la ausencia de pesos y contrapesos entre los poderes del gobierno no previenen una arbitrariedad presidencial. Esta implica que los militares puedan determinar con total discrecionalidad, en situación de afectación a la seguridad interior, si una protesta se realiza o no “de conformidad con la Constitución”; no genera controles de supervisión en materia de derechos humanos, y fomenta la opacidad, al establecer de manera implícita que toda la información de Seguridad Interior será en los hechos, confidencial y reservada. Se están poniendo parches plagados de una inconstitucionalidad que nos hace retroceder en la crisis humanitaria por la que está pasando el país8.

Desde eso, el colectivo #SeguridadSinGuerra que está integrado por más de 200 organizaciones sociales, ciudadanos y activistas, se ha pronunciado reiteradamente en contra de esta y otras iniciativas que regularicen la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad Pública: “Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, ha declarado el colectivo.

Desde que la iniciativa comenzó a discutirse en el Senado, numerosas organizaciones, activistas, defensores de derechos humanos e individuos que han sido afectados por la política punitiva frente a las drogas, y la militarización del país, salieron a las calles a manifestarse, para impedir la ahora inminente aprobación de la legislación que, más que regular, pretende normalizar la situación que probablemente ha provocado la peor crisis de derechos humanos por la que haya atravesado el país.

¿Ha servido de algo la guerra contra las drogas?

El gasto público ejercido en las funciones de justicia, seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior se disparó, y supone 1.8 billones de pesos, incrementando gradualmente cada año9. A pesar de esto, aún se sabe de la presencia de siete cárteles en 29 estados del país10.

En 10 años de la guerra contra las drogas, 2007 fue el año con menos homicidios, con 8 mil 867 decesos registrados. Sin embargo, la intervención militar provocó un aumento en el número de asesinatos, duplicando esa cifra dos años después, llegando a la cúspide de la violencia en la administración de Calderón, con 27 mil 213 casos de homicidio en 2011. En el gobierno de Peña Nieto, las cosas empeoraron. Los sexenios de ambos presidentes suman 234 mil 996 homicidios dolosos hasta octubre de 201711, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Este año [2017] se convirtió en el más violento del que México tenga registro.

El proceso de militarización para la guerra contra las drogas no ha dejado, ni de cerca, los resultados esperados. Recientemente el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) publicó una investigación titulada “Seguridad interior: elementos para el debate”, en el que explica que la estrategia de combate al crimen organizado, con la participación de las Fuerzas Armadas “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”12.

El estudio ha revelado que, en el año 2007, cuando se puso la estrategia en marcha, “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”. A pesar de que, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para diciembre de 2016 había 52 mil soldados participando en operativos antinarco, según el IBD, hasta ahora no hay información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares13.

Con base en estudios del INEGI, el centro de estudios legislativos del Senado determinó que antes de que iniciara la guerra contra el narco, en México había un índice anual de 9 mil asesinatos, que se disparó a 27 mil a raíz de esta confrontación directa14. Y lo que es peor, no ha reducido el crimen organizado.

Varios estudios realizados por investigadores del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) han encontrado que los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón. De hecho, desde 2007, operaban en el país 20 organizaciones criminales; pero en 2011, tres años después, ya se encontraban en operación 200 grupos. Asimismo, el promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4, a un crecimiento de más del 300%. Sin embargo, se calcula que cada enfrentamiento adicional a manos de la Secretaría de Defensa Nacional representó un incremento del 8% de los homicidios en el trimestre inmediato al evento15.

Es así que el IBD incluso ha pronunciado una postura en contra de las iniciativas que pretenden regular la seguridad interior, estableciendo que éstas

presentan deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es ‘acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública’, ya que otorgan amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente16.

Durante las discusiones en las dos Cámaras, las numerosas organizaciones de la sociedad civil, #SeguridadSinGuerra, se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior, incluyendo instancias internacionales como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, cinco relatores de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y dos grupos de trabajo17. El Alto Comi- sionado manifestó su profunda preocupación diciendo estar

convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana.18

Sin embargo, esto no va suceder por la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Interior el día 15 de diciembre 2017, primero pasando por lo general y en lo particular del Senado con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones19. Durante la sesión, se rechazaron todas las reservas que fueron presentadas, turnando el texto con algunas modificaciones a la Cámara de Diputados ese mismo día, la ley fue aprobada en ese recinto con 262 votos a favor, y 25 en contra20.

Un plan para la desmilitarización y descriminalización del país

Con base en lo expuesto anteriormente, es posible observar los fracasos de un proceso de militarización que se ha enfocado en reducir la oferta de las drogas, mediante la captura de supuestos líderes y miembros de organizaciones criminales. Aunado a esto, México ha atravesado por un camino de descriminalización de las drogas, que desafortunadamente, en vez de proteger a los usuarios de sustancias, los criminaliza tratándolos como narcomenudistas.

El país ha llegado a la cima en las violaciones a derechos humanos, las muertes, y las detenciones. Las autoridades han preferido evadir el tema de la seguridad pública, encomendándolo a órganos cuya preparación y funciones no son las adecuadas para estar vigilando las calles, sin importar a quién se deje desprotegido. Por otro lado, las autoridades han implementado políticas que son supuestamente más humanas con los usuarios de sustancias, cuando lo que se hace, es buscar más pretextos para criminalizar el consumo, y detener a personas que no juegan un papel sustancial en la producción o distribución de las drogas, ni en el fortalecimiento del crimen organizado.

Por eso, México debe optar por una ruta de desmilitarización y descriminalización. Mediante la implementación de políticas que permitan ir prescindiendo cada vez más de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se podría reducir la violencia bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Por otro lado, la política de descriminalización efectiva configuraría un plan en el que, por fin, se vea el tema de las drogas desde una perspectiva de salud pública, sin criminalizar a quienes las consumen, y en cambio, proporcionando servicios dirigidos a reducir o eliminar los riegos asociados al uso de sustancias psicoactivas.

1. Preparación de policías y aumento de beneficios

Un policía debe ser un modelo a seguir en México. Sin embargo, las bajas condiciones laborales en las que se encuentran los policías, con sueldos precarios y beneficios y prestaciones de ley que apenas rebasan los mínimos, las fuerzas policiacas han recurrido al crimen organizado en búsqueda de nuevos ingresos y oportunidades. Como resultado de eso, las extorsiones se han convertido en prácticas comunes en todo el territorio del país, aumentando la corrupción.

Debido a esto, se debe implementar un plan de capacitación a los policías, en donde se puedan fortalecer los procedimientos de prevención e investigación del delito. Aunado a esto, se necesitan más y mejores beneficios, prestaciones y servicios para que las personas encomendadas a cuidar las calles, y a proveer seguridad a los habitantes, no se vean en la necesidad de incurrir en prácticas poco éticas y delictivas.

 

2. Descriminalización efectiva

El objetivo principal de una política de descriminalización de las sustancias psicoactivas en un Estado es proveer una verdadera protección a los derechos humanos de los usuarios de dichas sustancias. La legislación debe estar basada en realidades, y aceptar el consumo de drogas, para evitar y prevenir sus posibles efectos negativos. Para esto, es necesario aumentar las cantidades permitidas de posesión de sustancias para uso personal en la Ley General de Salud proporcional a lo que consume la persona en siete días; y al mismo tiempo, crear una estrategia de reducción de riesgos y daños, para ejecutar programas como las salas de tratamiento asistido, análisis de sustancias, o intercambio de jeringas, cuya efectividad ha sido probada en varios países o incluso estados de Estados Unidos.

México es el lugar donde las leyes existen, pero falta aplicarlas. Serviría de poco el aumentar las cantidades permitidas, si se siguen persiguiendo a usuarios de sustancias. Aunado al cambio legislativo, se necesita una política de menor persecución, y más tolerancia, en los que se eliminen tabúes respecto a los usuarios de drogas, y se entienda que existen pocas o nulas pruebas21 de que existe una relación indiscutible entre la comisión de un delito, y el consumo de sustancias psicoactivas.

3. Implementación de medidas de control, a partir de los mecanismos ya previstos

– No es suficiente con fortalecer y capacitar a los cuerpos policiacos, cuando lo que se quiere es implementar una política con menor violencia y prácticas irregulares, y mayor justicia y respeto a los derechos humanos. Proponer e implementar nuevos sistemas judiciales que están basados en proyectos con una efectividad poco probada y fundamentada, contribuye al deterioro del sistema de impartición de justicia, y la desconfianza en las instituciones. Es así que se debe trabajar para hacer más eficiente lo que ya se tiene.
– Lo principal es fortalecer el poder Judicial, para lo cual, se necesitaría reformar los protocolos de actuación de las procuradurías para impedir irregularidades o anomalías en las detenciones. Pero lo más importante es hacer que los jueces y los funcionarios actúen bajo la misma línea. La política de descriminalización necesita sensibilizar tanto a los encargados de vigilar las calles (los policías), como a los encargados de impartir la justicia, para que se detengan y arresten a menos usuarios de sustancias, y más líderes de grupos delictivos. De este modo, y cumpliendo con los estándares internacionales en el tema, se podría atender la crisis penitenciaria que ha provocado hacinamientos en las cárceles del país.

4. Desmantelamiento de la presencia de las fuerzas armadas, por fases

– De manera transversal al proceso propuesto, se debe ir haciendo cada vez menos uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Para eso se necesita implementar un plan de desmantelamiento gradual y paulatino, en el que se pueda prescindir cada vez más de la presencia del Ejército en las calles.
– Para eso, se podría pensar en un plan dividido en fases y territorios. La primera fase consiste en poner un alto a los enfrentamientos directos entre el ejército y los grupos criminales, y así, dejar de cobrar vidas inocentes indirectamente. La segunda fase implica retirar los elementos en grupos, comenzando por las entidades con una baja presencia de grupos delictivos, y alta producción de cosechas de plantas con fines tradicionales o religiosos, para así, en la tercera fase, centrarse en los territorios donde los grupos criminales han logrado posicionarse mejor. Para esta última fase, es imprescindible una colaboración entre los policías y las fuerzas armadas. El Ejército ha tomado la batuta en la lucha contra el crimen organizado desde hace diez años, y ahora, debe mostrar a los policías cómo funciona, para que se puedan tomar mejores decisiones.

5. Monitoreo y evaluación

Durante todos estos años, debido a los herméticos protocolos de actuación tan característicos del Ejército para asegurar estrategias de seguridad, la información sobre sus actividades y resultados en la lucha contra las drogas ha sido difusa. Las cosas serían más transparentes cuando los policías entren en su lugar, pero no del todo. Es imprescindible implementar mecanismos de monitoreo, evaluación y acceso a la información, con la finalidad de que las secretarías del Estado puedan tomar decisiones sobre la estrategia en curso, y los ciudadanos y las organizaciones civiles podamos vigilarlos.

Conclusiones

México está atravesando un momento histórico. Uno de los pocos países que no ha sido liderado por una dictadura militar, ha dado suficiente poder a las fuerzas armadas como para que un inminente golpe de Estado pueda posarse en nuestro panorama. Es por eso que es momento de pensar en esquemas novedosas, sin alejarse de lo convencional.
La política de descriminalización y desmilitarización es una urgencia en donde la llamada guerra contra las drogas ha provocado numerosas violaciones a derechos humanos, entre los que se encuentran la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales –y en donde, en lugar de proteger a los usuarios de sustancias, se les está criminalizando–. El desplazarnos a una política más humana y menos violenta aseguraría que los habitante puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y sus derechos humanos.

 


1 Armando Rodríguez y Carlos Rodríguez. El rol de las Fuerzas Armadas mexicanas en la guerra contra la delincuencia organizada y la inseguridad pública. México, Friedrich Ebert Stiftung, 2009, p. 5.
2 Wolf, Sonja. La Guerra de México contra el narcotráfico y la iniciativa mérida: piedras angulares en la búsqueda de legitimidad. Colegio de México. 2011, p. 691. Disponible en: https://tinyurl.com/y8vm5f3j
3 Laura Carlsen. “A Primer on Plan Mexico”. Center for International Policy: Americas Policy Program, 5 May. 2008, (31 Jul. 2008)
4 Soto, Cecilia. Gracias y adios a la Iniciativa Mérida. Excelsior. 5 de junio de 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/y8oafykp
5 ENFOQUE: México-Iniciativa Mérida, nueva fase en la lucha contra el narcotráfico. Servicio Internacional para la Paz. S.f. Disponible en: https://tinyurl.com/y8ptkzhz
6 Ley General de Salud, art. 479. DOF: 17-11-2017
7 Código Penal Federal, art. 196 ter. DOF: 17-11-2017.
8 Seguridad sin Guerra. seguridadsinguerra.org
9 Nota informativa: Recursos para lograr la Meta de México en paz. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 24 de octubre de 2014. Disponible en: https://tinyurl.com/yasqor4g
10 El nuevo mapa del narcotráfico en México. BBC Mundo. 10 de octubre de 2012. Disponible en: https://tinyurl.com/y7jtj2p2
11 Hernández, Manuel. Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México. The Huffington Post. 23 de noviembre de 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/y8tryhyk
12 Seguridad interior: elementos para el debate. Temas estratégicos. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. Enero 2017. P. 5. Disponible en: https://tinyurl.com/yapa8dw5
13 Seguridad interior: elementos para el debate. Temas estratégicos. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. Enero 2017. P. 2. Disponible en: https://tinyurl.com/yapa8dw5
14 ídem p. 4
15 Extraído de los siguientes estudios: La Guerra contra las drogas en los hechos, Militarización de la lucha contra el narcotráfico, ¿Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia? y Fragmentación y Cooperación. Evolución del Crimen organizado. Todos de la serie Política de Drogas del CIDE.
16 Seguridad interior: elementos para el debate. Temás estratégicos. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. Enero 2017. P. 9. Disponible en: https://tinyurl.com/yapa8dw5
17 Martínez, Irma. Siete entidades de Consejo de ONU contra Ley de Seguridad. La Silla Rota. 14 de diciembre de 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/yb4y2sru
18 Alto Comisionado de la ONU pide al Senado frenar la Ley de Seguridad Interior. Proceso. 5 de diciembre de 2017. Dispobible en: https://tinyurl.com/y7p2mywe
19 Villamil, Jenaro. Con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, el Senado aprueba la Ley de Seguridad Interior. Proceso. 15 de diciembre de 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/ycs6yu8z
20 Diputados aprueban Ley de Seguridad Interior y va a promulgación. El Financiero. 15 de diciembre de 2017. Disponible en: https://tinyurl. com/ybq56op6
21 CICAD, Exploring the Relationship between Drugs and Crime. p. 1. Disponible en: https://tinyurl.com/y8aqga5s

Zara Snapp

Zara Snapp

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Directora de Incidencia Internacional. Es integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y
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